La neutralidad también protege la libertad de comercio

la neutralidad

Hay una razón adicional para defender la neutralidad del Canal que suele perderse entre discursos patrióticos y declaraciones militares: su importancia para el comercio internacional.

El Canal no es solamente un activo estratégico panameño. Es una infraestructura que permite reducir distancias, tiempos y costos de transporte para empresas y consumidores de numerosos países.

Su funcionamiento eficiente beneficia a millones de personas que probablemente nunca han estado en Panamá y que, sin embargo, dependen indirectamente de las mercancías que lo atraviesan.

Desde una perspectiva liberal, ésta debería ser una consideración central.

El comercio internacional funciona mejor cuando las rutas comerciales están sometidas a reglas previsibles y no a las preferencias coyunturales de los gobiernos.

La neutralidad no significa ausencia de normas ni indiferencia ante amenazas reales. Significa que el acceso a una infraestructura esencial no debería convertirse en un privilegio político concedido a los aliados y negado arbitrariamente a los adversarios.

La seguridad jurídica, la igualdad de trato y la previsibilidad contractual son tan importantes para el Canal como sus esclusas, sus remolcadores o sus reservas de agua.

Y quizá más difíciles de reconstruir cuando se pierden.

La soberanía tampoco es un cheque en blanco para el Gobierno panameño

Aquí conviene introducir una precisión que suele incomodar a los nacionalistas de todos los países.

Defender la soberanía panameña no significa otorgar inmunidad política a las decisiones de sus gobernantes.

Que el Canal pertenezca a Panamá no implica que cualquier actuación de sus autoridades sea necesariamente correcta, eficiente o compatible con el interés de los usuarios.

La administración del Canal debe estar sometida a controles, transparencia, responsabilidad institucional y criterios económicos que permitan preservar su competitividad.

Lo mismo ocurre con las concesiones portuarias, las contrataciones y las inversiones vinculadas al sistema logístico.

La soberanía establece quién tiene la autoridad legítima. No determina que esa autoridad vaya a ejercerla bien.

Y precisamente por eso importa limitar el poder.

Un liberal debería desconfiar tanto de la pretensión de Washington de atribuirse facultades que no le corresponden como de cualquier intento del Gobierno panameño de utilizar la soberanía como excusa para eludir controles o favorecer intereses particulares.

No hay contradicción alguna en ambas posiciones.

El verdadero desafío de Panamá

Panamá tiene una ventaja extraordinaria: su posición geográfica. Pero esa ventaja no garantiza automáticamente prosperidad.

La prosperidad depende también de las instituciones, de la seguridad jurídica, de la apertura comercial y de la capacidad de resistir las presiones políticas que intentan sustituir las reglas por decisiones discrecionales.

La rivalidad entre Estados Unidos y China probablemente continuará. Y Panamá seguirá siendo un territorio de enorme interés estratégico para ambas potencias.

La respuesta inteligente no consiste en fingir que esa rivalidad no existe ni en adoptar una neutralidad retórica incapaz de enfrentar amenazas concretas.

Consiste en mantener relaciones comerciales abiertas, evaluar los riesgos con evidencia, cumplir los tratados y evitar que la política exterior se convierta en una sucesión de concesiones a quien ejerza mayor presión.

Estados Unidos puede ser un aliado fundamental de Panamá. China puede ser un socio comercial importante. Ninguna de esas relaciones debería conferir derechos de administración sobre el Canal que el ordenamiento jurídico no reconozca.

Al final, la cuestión trasciende a Panamá.

Se trata de decidir si las relaciones internacionales estarán gobernadas por compromisos jurídicos y reglas conocidas o por una versión contemporánea de aquella vieja doctrina según la cual las grandes potencias pueden disponer de lo que consideran su área de influencia.

Para quienes defendemos la libertad individual, la propiedad, los contratos y los límites al poder, la respuesta debería ser bastante clara.

El Canal no se comparte por declaración de un funcionario extranjero. Se administra conforme a las leyes panameñas y a los tratados vigentes. Se protege mediante cooperación legítima y se mantiene abierto al comercio bajo reglas de neutralidad.

Porque si la fuerza de una potencia bastara para reinterpretar los acuerdos a su conveniencia, los tratados dejarían de ser garantías para convertirse en simples permisos revocables.

Y ése sería un precedente mucho más peligroso que cualquier declaración desafortunada.

La soberanía no es un favor que conceden las potencias. Y la neutralidad no es una cortesía diplomática: es una regla que también debe limitar a quienes tienen poder suficiente para intentar ignorarla.

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