Categoría: Marcos Regulatorios

  • Índice de libertad económica municipal en las ciudades europeas 2021. Por qué importan

    «Índice de libertad económica local (LEFI) 2021. Ciudades europeas», acaba de ser presentado por la Fundación para el Avance de la Libertad en Madrid. Por qué son importantes para Panamá también.

    La comparación de la libertad económica es una herramienta eficaz en el debate social y político. La Fundación para el Avance de la Libertad, con sede en Madrid, ha desarrollado varios estudios nacionales e internacionales que comparan y clasifican la cantidad de libertad en la economía y otras áreas. Uno de ellos, el Índice de Libertad Económica de las Ciudades de España, que se publica anualmente desde 2018.

    El Índice de Libertad Económica Local (LEFI) es un paso adelante hacia la internacionalización de este tipo de investigación comparada. Su objetivo es evaluar la libertad económica en las comunidades o municipalidades a través de las fronteras, respondiendo así al desafío que plantea la diversidad de funciones y poderes de las autoridades municipales en diferentes países. Este primer LEFI se ha aplicado a un conjunto de treinta grandes ciudades de la Unión Europea, EFTA y Reino Unido, a través de datos proporcionados por fuentes oficiales. LEFI proyecta así un cuadro fijo de la situación de la libertad económica a nivel local en el continente europeo. Si bien la libertad económica todavía depende en gran medida de la formulación de políticas nacionales, las decisiones municipales tienen un impacto cada vez mayor en un mundo que se está volviendo mucho más urbano a un ritmo muy rápido. Cuanta más libertad económica disfruta una ciudad, más prosperidad, empleos y oportunidades generará para sus residentes. Para el caso, por ejemplo, Madrid vs el resto de comunas españolas, ha gozado de mayores libertades durante la pandemia, lo que le ha permitido salir rápidamente de la crisis económica y especialmente la laboral.

    La libertad económica opera como un atractivo de la actividad empresarial, generando así puestos de trabajo y oportunidades para todos los habitantes de una ciudad. Dependiendo del marco legislativo particular de cada país, las autoridades municipales tienen varios niveles de poder de decisión sobre asuntos que afectan su libertad económica local.

    índice libertad

    Los investigadores recomiendan a todos los gobiernos municipales que consideren cómo utilizar su poder de toma de decisiones existente a favor de una economía local más libre, e impulsar una mayor autonomía local de las autoridades regionales o nacionales, de modo que la ciudad pueda desarrollar su propia estrategia para ser más competitiva y atractiva.

    Además, dan especialmente tres tipos de recomendaciones para la libertad económica local, que, de adoptarse, sin duda mejorarían el desempeño de la ciudad no sólo en este particular índice, sino en otros similares: Reducir el gasto y la deuda locales; la austeridad municipal y las cuentas saludables generan prosperidad para todos.

    Es particularmente importante:

    • Pagar la mayor cantidad posible de la deuda existente, con el objetivo de que la deuda sea cero después de no más del período ordinario en el cargo de un ayuntamiento. Establecer mecanismos de contención de la deuda es una política inteligente para perseguir este fin.
    • Reducir sustancialmente el gasto local, particularmente conteniendo o, si es posible, reduciendo la planilla municipal. La subcontratación de servicios, especialmente los de mayor costo, es otra política eficiente. En muchas ciudades, un área de costo particularmente alto es la policía local.
    • Reducir o, idealmente, eliminar todos los subsidios de la ciudad y cualquier servicio que también sea proporcionado por un nivel de administración diferente (por ejemplo, regiones).
    • Reducir la carga fiscal local sobre los residentes de la ciudad. Menos impuestos significa más dinero en la economía real y en los bolsillos de los residentes.

    Es necesario:

    • Reducir los impuestos que recauda directamente la ciudad.
    • Elegir el pago ciudadano por los servicios en lugar de los “servicios gratuitos” pagados con impuestos.
    • Reducir la cantidad de sanciones (por ejemplo, multas de estacionamiento).
    • Impulsar que una mayor parte de los impuestos nacionales / regionales se delegue en las ciudades, con poder suficiente para decidir cuánto recaudar y, por lo tanto, competir mediante la reducción de impuestos.
    • Mejorar los servicios evitando el intervencionismo.
    • Los servicios altamente profesionales solo son posibles a través de la provisión del sector privado.

    Y por último sugieren:

    • Subcontratar los principales servicios e introducir elementos de competencia efectiva en su prestación.
    • Cierre o venta de empresas de la ciudad.
    • Evitar la concesión de licencias, la sobrerregulación local de las empresas y cualquier barrera a la economía colaborativa.
    • Evitar cualquier intervención en el mercado de alquiler residencial.

    Con todos estos parámetros en mente, posiblemente, cuando se realice el próximo índice más global, las ciudades que aparezcan mejores rankeadas, serán las que atraerán mayores inversiones. Panamá no es un estado federal, pero frente a una posible reforma constitucional, sería importante tener en cuenta discutir públicamente la posibilidad de dejar mayor autonomía a sus ciudades. Y es importante aclarar que autonomía no es lo mismo que descentralización.

    En un mundo competitivo, globalizado y con barreras bajas de entrada, estar a la vanguardia en políticas públicas livianas y flexibles, marcará la diferencia entre pertenecer al mundo desarrollado o continuar perpetuando la pobreza.

  • FDA autoriza «condicionalmente» nuevo medicamento para el Alzheimer

    El Adulhem, un medicamento que podría ralentizar las causas del Alzheimer, fue autorizado por la agencia regulatoria de medicamentos de Estados Unidos.

    Por Steve Baragona

    WASHINGTON D.C. – El primer medicamento nuevo contra la enfermedad de Alzheimer en casi dos décadas recibió el lunes una luz verde condicional y controvertida de los reguladores de medicamentos de Estados Unidos.

    La Administración de Medicinas y Alimentos de Estados Unidos aprobó el fármaco de anticuerpos Aducanumab de la empresa de biotecnología Biogen. El fármaco reduce las placas amiloides que afectan los cerebros de los pacientes con Alzheimer.

    Pero la aprobación provocó fuertes críticas de los expertos que señalan que la compañía no ha demostrado que frene el debilitador deterioro cognitivo en pacientes con la enfermedad.

    La FDA requerirá que Biogen continúe probando el medicamento después de su lanzamiento y, en última instancia, demuestre que a los pacientes les va mejor con el medicamento.

    Mientras tanto, la compañía dijo que el medicamento le costará a cada paciente 56.000 dólares por año, pero es probable que lo cubran la mayoría de las aseguradoras, incluido Medicare.

    El Alzheimer, una enfermedad neurológica degenerativa, es responsable de aproximadamente dos tercios de los 50 millones de casos de demencia en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud.

    Aducanumab, comercializado como Aduhelm, es el primer tratamiento aprobado para atacar el proceso subyacente de la enfermedad de Alzheimer en lugar de solo tratar los síntomas.

    En dos ensayos clínicos, aducanumab redujo las placas amiloides entre un 59% y un 71% después de 18 meses.

    Sin embargo, esos estudios se detuvieron temprano porque no mostraron que los pacientes que tomaban aducanumab estuvieran disminuyendo la función cerebral más lentamente que los pacientes que no lo tomaban.

    Biogen reevaluó los datos de un subconjunto de pacientes en un ensayo y encontró una ligera mejoría en los pacientes que recibieron la dosis más alta.

    La FDA decidió aprobar el medicamento bajo lo que se llama aprobación acelerada, que tiene un estándar de evidencia más bajo que la aprobación total. La FDA dijo que los datos de Biogen muestran que es «razonablemente probable que la reducción de las placas amiloides produzca un beneficio clínico».

    «Esta vía permite a la FDA brindar a los pacientes que padecen una enfermedad grave acceso más temprano a un medicamento potencialmente valioso cuando existe cierta incertidumbre residual sobre el beneficio clínico del medicamento», dijo Patrizia Cavazzoni, directora del Centro de Evaluación de Medicamentos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. e Investigación, en una llamada telefónica con los periodistas.

    Los grupos de pacientes celebraron

    «Esta aprobación es una victoria para las personas que viven con Alzheimer y sus familias», dijo Harry Johns, presidente y director ejecutivo de la Alzheimer’s Association, un grupo de defensa, en un comunicado.

    «Es un nuevo día», dijo. «Esta aprobación permite que las personas que viven con Alzheimer tengan más tiempo para vivir mejor. Para las familias, significa poder aferrarse a sus seres queridos por más tiempo. Se trata de revitalizar a los científicos y las empresas en la lucha contra este flagelo de una enfermedad. Se trata de esperanza».

    No todo el mundo estuvo de acuerdo 

    «La FDA está diciendo: ‘No importa la falta de efectividad determinada’», dijo Lon Schneider, director del Centro de Enfermedad de Alzheimer de California en la Universidad del Sur de California.

    Reducir las placas no es lo mismo que ralentizar el declive del paciente, anotó. Será como si los médicos les dijeran a los pacientes: «‘Debes tener la confianza (de que) porque estamos derribando las placas, te estás beneficiando’».

    Otros se mostraron escépticos de que Biogen haga un estudio de seguimiento satisfactorio para demostrar si la droga realmente funciona.

    «La experiencia pasada con ‘condiciones’ de aprobación acelerada ha sido decepcionante en muchos aspectos», dijo el profesor de la Facultad de Medicina de Harvard, Aaron Kesselheim, «con demasiados casos de ‘ensayos confirmatorios’ que toman demasiado tiempo, aún probando medidas sustitutas en lugar de puntos finales clínicos reales , e incluso mantener la indicación del fármaco en el etiquetado cuando los ensayos confirmatorios son negativos».

    Se están preparando otras terapias y algunos esperan que la medida de la FDA abra la puerta a mejores tratamientos en el futuro.

    «La historia nos ha demostrado que la aprobación del primer fármaco en una nueva categoría vigoriza el campo, aumenta las inversiones en nuevos tratamientos y fomenta una mayor innovación«, dijo en un comunicado la directora científica de la Asociación de Alzheimer, María Carrillo.

    «Si bien la aprobación de hoy es un primer paso importante en nuestra lucha continua contra el Alzheimer», dijo Cavazzoni de la FDA, «es solo eso: el primer paso».

  • La Constituyente: algunas reflexiones

    La Constituyente y su debate, si originaria o paralela, si conveniente o no su reforma en estos momentos, nos hizo recordar algunas sentencias muy valiosas que consideramos deben ser un punto de partida para reflexionar sobre la discusión pública de estos momentos.

    Juan Bautista Alberdi, conocido como el padre del constitucionalismo latinoamericano, en el capítulo XXXIV de su célebre obra, Las Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, nos  advierte sobre los peligros potenciales de los protagonistas: «La mejor política, la más fácil, la más eficaz para conservar la Constitución, es la política de la honradez y de la buena fe; la política clara y simple de los hombres de bien (…). Pero entiéndase que la política de la honradez requerida por la sana política no es la honradez apasionada y rencorosa (…). La sinceridad de los actos no es todo lo que se puede apetecer en política; se requiere además la justicia, en que reside la verdadera probidad.

    Para muchos, no todos, proponentes de la Constituyente,  los integrantes reformadores, saldrían de las bases mismas de los partidos políticos. ¿Sería esa una buena idea?

    «Cuando la Constitución es oscura o indecisa, se debe pedir su comentario a la libertad y al progreso (…).

    «… Para que los pueblos la amen [a la Constitución], es menester que la vean rodeada de prestigio y de esplendor…»

    Asimismo, nos da luces sobre el deber ser, del carácter perpetuo o duradero de una Carta Magna: «El principal medio de afianzar el respeto de la Constitución es evitar en todo lo posible sus reformas. Éstas pueden ser necesarias a veces, pero constituyen siempre una crisis pública, más o menos grave. (…) Deben evitarse todo lo posible, o retardarse lo más. La verdadera sanción de las leyes reside en su duración. Remediemos sus defectos, no por la abrogación, sino por la interpretación.

    «[…] Conservar la Constitución es el secreto de tener Constitución. ¿Tiene defectos, es incompleta? No reemplacéis por otra nueva. La novedad de la ley es una falta que no se compensa por ninguna perfección; porque la novedad excluye el respeto y la costumbre y una ley sin estas bases es un pedazo de papel, un trozo literario.

    «La interpretación, el comentario, la jurisprudencia, es el gran medio de remediar los defectos de las leyes. (…) La ley es un Dios mudo: habla siempre por la boca del magistrado. Éste la hace ser sabia o inocua. De palabras se compone la ley, y de las palabras se ha dicho que no hay ninguna mala, sino mal tomada».

    «… Cread la jurisprudencia, que es el suplemento de la legislación, siempre incompleta, y dejad en reposo las leyes, que de otro modo jamás echarán raíz.

    «Para no tener que retocar o innovar la Constitución, reducidla a las cosas fundamentales, a los hechos más esenciales del orden político. No comprendáis en ella disposiciones por su naturaleza transitorias, como las relativas a elecciones.

    «… Gobernar poco, intervenir lo menos, dejar hacer lo más, no hacer sentir la autoridad, es el mejor medio para hacerla estimable».

    Entonces, tanto legislación como interpretación de la ley, son las características claves para el sostenimiento de la Ley Fundamental, así , la función que la legislación debería tener, en relación con la estabilidad del sistema, sería integradora. Es decir, que la legislación debería interpretar la Constitución y así reglamentar las carencias normativas, no restringiendo los derechos y garantías por ella dictada, sino manteniendo la amplitud que ella otorga.

    De allí la importancia de la interpretación constitucional consiste en «desentrañar el sentido de la descripción efectuada por el autor de la norma».

    Concluyendo, si la legislación va contra el espíritu de la Carta Magna, con jueces interpretando, bastaría para lograr su respeto y desechar todo aquellos que el legislador actuara en contrario. Sin la necesidad de una Constituyente paralela u originaria que posiblemente mejorarían en mucho estos procesos ¿estos mecanismos ya no están establecidos en la actual Constitución?

    Con ello, se lograría ir sobre el aparato administrativo del estado, que es el que deformado y por sobre la Ley, avanza sobre los derechos fundamentales. Y esta diferencia es vital entender, porque ahora mismo, no se está demandando el cese de tal cuestión, sino algo más de una Constitución y para ello, recordar siempre que: “Las sociedades que esperan su felicidad de la mano de los gobiernos esperan una cosa contraria a la naturaleza” y que ”Todo pueblo que come de la limosna del suelo solamente será un pueblo de mendigos toda su vida”.

  • Mathias Cormann, nuevo secretario general de la OCDE: ¿vientos de cambio?

    El exministro australiano de Economía, Mathias Cormann, en una candidatura no exenta de polémicas, asume la dirección de la OCDE este martes. Cormann es un ferviente defensor del libre comercio, que generó gran controversia por su posición sobre el cambio climático, considerada escéptica y negacionista según algunas opiniones.

    De hecho, más de veinte ONGs emitieron una carta abierta en la que lo criticaban por afirmar que los objetivos de emisiones netas cero de CO2 para el 2050 son extremistas; por oponerse a sistemas para tasar emisiones en Australia o por decirles a jóvenes manifestantes contra el cambio climático «que volvieran al colegio«.

    Mathias Cormann, el funcionario que más tiempo estuvo en el cargo de ministro de Economía de su país, se convierte a sus 50 años en el sucesor del mexicano Ángel Gurría al frente de ese organismo internacional con sede en París.

    Nacido en septiembre de 1970 en Bélgica, se licenció en derecho en ese país y habla con fluidez francés, inglés, alemán y flamenco. Emigró a Australia a mediados de la década de 1990, donde entró en política. Como Vicepresidente del Partido Liberal de centroderecha, acabó tomando las riendas del Ministerio de Economía desde 2013 hasta 2020.

    El australiano es la primera persona de la región Asia-Pacífico que logra el principal cargo de esa organización y lo hace en medio de una de las peores recesiones globales jamás registradas.

    Pero su nombramiento preocupa a los grupos ecologistas que denuncian sus posiciones escépticas sobre el clima y sus estrechos vínculos con la industria minera australiana.

    El exministro también hizo campaña contra el plan de precios del carbono destinado a reducir las emisiones de la industria australiana, que fue derogado en 2014.

    Su candidatura para el puesto de secretario general de la OCDE causó sorpresa, aunque al final consiguió desbancar tanto a la sueca Cecilia Malmström, excomisaria europea de Comercio, como a otros ocho aspirantes. Para ello adoptó un discurso más ecológico, para seducir a una OCDE deseosa de dar prioridad a las cuestiones climáticas junto al desarrollo económico.

    En un giro suavizado en su posición, aseguró que el cambio climático era uno de los principales retos de la OCDE, junto con la educación y la «reducción de las diferencias en política fiscal».  Su mayor reto inmediato será llevar a cabo una amplia reforma de la fiscalidad de las multinacionales, que el G20 ha encomendado a la OCDE.

    Las discusiones, que llevan años en marcha, se han reavivado en las últimas semanas por la posición de la administración Biden a favor de una tasa de imposición mínima del 15% sobre los beneficios de las empresas a escala mundial.

    Pese a haber pasado más de una década en el Parlamento de Australia, donde ocupó la cartera de Finanzas durante siete años, Cormann no es muy conocido en su país, sin embargo, goza de una notable influencia en el Partido Liberal en el poder y fue clave en la victoria del actual primer ministro, Scott Morrison.

    Durante la campaña, Mathias Cormann generó cierta controversia en Australia cuando se supo que estaba usando un avión de la fuerza aérea para viajar a Europa y defender su candidatura, sin embargo, el gobierno australiano afirmó que el uso de ese tipo de avión era necesario porque si Cormann hubiera utilizado aviones comerciales, se hubiera expuesto al covid-19.

    La OCDE trabaja para impulsar el crecimiento económico y el comercio internacional y sus 37 países miembros representan el 60% de la producción económica mundial.

  • Se lanza campaña en Colombia para aumentar el acceso a consultas de cannabis medicinal

    Khiron y la Liga Colombiana Contra el Cáncer de Colombia, han lanzado la campaña «Cannabis: Medicina para tu vida» que tiene como objetivo aumentar el acceso seguro a las consultas con cannabis medicinal.

    Desde que en enero de 2019 la Organización Mundial de la Salud (OMS)  emitiera recomendaciones a favor de reconocer el uso de la marihuana con fines medicinales, el cannabis dejó de pertenecer a la lista de drogas más peligrosas debido a sus propiedades terapéuticas.

    De acuerdo a ello, la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas (CND, por sus siglas en inglés) decidió retirar el cannabis y la resina de cannabis de la Lista IV de la Convención de 1961 (la categoría de las drogas más peligrosas, integrada por opiáceos altamente adictivos como la heroína), pero aún mantenerla en la Lista I.

    De esta forma, aunque se aprueba el uso terapéutico del cannabis, la marihuana no deja de ser considerada como una droga al permanecer en esa Lista I, que abarca a «sustancias que son muy adictivas o de probable uso indebido, y precursores que se pueden convertir en estupefacientes que son igualmente adictivos y también de probable uso indebido». Para estar claros, el opio, la cocaína, la hoja de coca u oxicodona siguen siendo peligrosas y prohibidas. Lo mismo sucede con mantener la inclusión del derivado de cannabis tetrahidrocannabinol (THC), el principal constituyente psicoactivo del cannabis, en la Lista I.

    La recomendación de la OMS, fue fundamentada por las investigaciones que han demostrado el beneficio de los principios activos del cannabis en el tratamiento de enfermedades como el párkinson, la esclerosis, la epilepsia, el dolor crónico y el cáncer.

    Sobre ello, ya hay más de 50 países  que han iniciado distintos programas de cannabis medicinal y algunos como Colombia, incluso van más allá como la actividad que propone Khiron Life Sciences Corp. , líder de cannabis medicinal integrado verticalmente con operaciones en América Latina y Europa,  que anuncia hoy en alianza con la Liga Colombiana Contra El Cáncer, el lanzamiento de la campaña «Cannabis: Medicina para tu vida» en buena parte del territorio colombiano. A la Liga Colombiana Contra El Cáncer se le sumaron 21 clínicas en el país; los pacientes de dolor crónico, cuidado paliativo y oncología (para tratar síntomas asociados a la quimioterapia) podrán acceder a la primera jornada de acceso a consultas médicas gratuitas para cannabis medicinal.

    Álvaro Torres, CEO y Director comenta sobre la jornada: «Estamos muy emocionados de asociarnos con algunas de las principales instituciones médicas especializadas del país para aumentar la conciencia y brindar acceso seguro a los pacientes que buscan diferentes tipos de tratamientos. A medida que más proveedores de atención médica externos completan nuestro programa de educación sobre cannabis medicinal, la participación de los médicos y la disposición para recetar continúan mejorando, brindando un mayor acceso a los más de dos millones de pacientes que sufren de dolor crónico en Colombia. A su debido tiempo, esperamos ampliar el alcance de estas campañas para incluir patologías adicionales y más países en toda la región «.

    La campaña se realizará en 11 ciudades colombianas en alianza con 21 clínicas participantes, que estarán donando más de 3,000 consultas médicas durante el mes de junio. Las consultas se brindarán tanto en modalidad presencial como en teleconsulta. Los pacientes pueden programar su consulta llamando al +57 333 0333191 o a través del sitio web de la campaña.

    Como proveedor líder de cannabis medicinal en Colombia, Khiron ha vendido más de 18.000 preparaciones magistrales hasta la fecha, logrando un crecimiento de más del 120% en las prescripciones de cannabis medicinal entre el T1 / 21 y el T4 / 20 con márgenes brutos de más del 80%.

    Y mientras en Colombia se hacen campañas públicas para el uso del cannabis medicinal a favor de los pacientes que más lo necesitan, aquí en Panamá, aún la ansiada regulación duerme el sueño de los justos, con todos los beneficios probadamente positivos que traería para la población en general, no sólo a quienes necesitan cuidados paliativos. Parecería que la compasión también está en lockdown político.

  • Los gasbagger modernos

    Los gasbagger modernos. Hace más de dos años escribí uno de mis artículos más clave, ‘Privación institucionalizada de la responsabilidad moral individual’, en el que describía que en todo momento y en todas las sociedades hay cierto tipo de personas que ‘ejemplarmente’ siguen las leyes vigentes y la ideología actual en ese momento, perdiendo en el proceso la capacidad de autorreflexión interior y la moralidad. No piensan en si una determinada ley tiene o no sentido, no piensan en si una determinada norma perjudica o no a algunas personas (causando «daños colaterales») y, desde luego, no abordando si es o no realista su eficacia.

    Este es el tipo de guardias que, de acuerdo con la normativa estatal, cargaron a los judíos en vagones, los metieron en hornos, y más tarde, como guardias fronterizos, les dispararon legalmente a las personas que huían a países más libres, o, como los StBK, que delataron y destruyeron la vida de muchos inocentes como parte de la salvación de la república.

    Llamémoslos simplemente: gasbagger (gaseadores).

    Los gasbagger no se extinguieron. Los gaseadores sólo esperaban un sistema en el que se les volviera a escuchar. En el que volverían a ser importantes y visibles. Los conocerás simplemente porque al preguntarles «¿por qué?»,  van a responder «porque es la ley».

    A los gasbagger no les gusta la desviación, por eso les gusta darse importancia. Argumentan que «¡todos somos iguales!», confundiendo la palabra «derecho» con la palabra «ley».

    Los gasbagger son muy flexibles. Si haces algo que ayer era legal, pero hoy no lo es, serán los primeros en decirte que tenemos una nueva ley que hay que respetar.

    Los gaseadores son expertos en posracionalizar cualquier ley disparatada (sino, claro, no podrían defenderla públicamente). Están convencidos de que toda ley debe ser siempre en beneficio del pueblo.

    De hecho, a los gasbagger les encanta el interés público. Sus predecesores ya saben que  asesinar en su nombre es lo más fácil de realizar.

    La pandemia de COVID-19 ha hecho que se aprueben rápidamente varias leyes nuevas y drásticas en Eslovaquia y la República Checa. No sabemos si seguir el «camino chino» es lo correcto, porque hay muchos otros países desarrollados, como Corea del Sur o Suecia, que han seguido el camino del laissez-faire y han rechazado las restricciones draconianas en sus vidas. Sin embargo, no subestimaron el riesgo de contagio en sí, protegiendo cuidadosamente a los ciudadanos más expuestos y es evidente que han ido gestionando bien la situación.

    Sin embargo, los gaseadores ya saben que las leyes draconianas aprobadas al mismo tiempo son las correctas y deben aplicarse honestamente. De hecho, los gasificadores siempre encontrarán una razón por la que cualquier ley sin sentido tenga sentido y por la que deban luchar por ella.

    «Los eslovacos son estúpidos, por eso necesitamos leyes restrictivas» es el argumento más común que escucho de personas inteligentes en defensa de la introducción de las leyes restrictivas (por ejemplo, la legislación de espionaje que permite el acceso a la localización de la población sin una orden judicial, la prohibición de la venta de respiradores, etc.). Suelo recibir esto como respuesta automática cuando empiezo a describir la situación de Corea del Sur, Suecia o Suiza (y esto se aplica no sólo a la situación actual, sino a prácticamente cualquier cosa – por ejemplo, en Suiza se vota habitualmente en referéndum sobre la cuantía de los impuestos, pero los eslovacos son «pero demasiado estúpidos» y, por lo tanto, tienen esta opción directamente prohibida en la Constitución – véase el artículo 93).

    El problema es que si abordamos la «estupidez de los eslovacos» con leyes y medidas restrictivas, nunca serán más inteligentes y, sobre todo, más responsables. Nunca llegarán al nivel de Suiza, donde votan voluntariamente en un referéndum de vez en cuando para subir los impuestos (esto no quiere decir, por supuesto, que los impuestos más altos sean mejores que los más bajos).

    La reacción en forma de leyes restrictivas porque la población es «estúpida» tiene un efecto negativo muy grave. Y eso se llama «daños colaterales», lo que significa que un gran número de personas inocentes sufrirán o serán criminalizadas como resultado.

    Por ejemplo, ahora mismo, si empiezo a vender tarjetas SIM anónimas en Eslovaquia, porque considero de forma realista que aumenta la privacidad de los ciudadanos, que está en riesgo real sobre todo en tiempos de la nueva legislación de espionaje; o si quiero vender respiradores de alta calidad, porque considero de forma realista que está en riesgo la salud de un grupo de riesgo de la población, seré criminalizado (en el mejor de los casos, penalizado) enseguida.

    ¿Es esto correcto en tu opinión? Si respondes a esa pregunta con un «¡Pero si eso es lo que dice la ley ahora!», acabas de entrar en la categoría de «gasbagger».

    La policía gasbagger

    Dado que siguen las «leyes primarias» (y, por desgracia, a menudo no les importa cuáles son), los policías, los aduaneros o los soldados suelen estar sujetos a las opiniones de los gasificadores cuando cambia el sistema, el régimen o una crisis importante. Suelen ser los obedientes ejecutores de cualquier nueva ley en primera línea. Debido a su frecuente falta de autorreflexión interna y de moral que está por encima de la ley, no los respeto internamente (aunque exteriormente tenga que hacerlo, porque «me van a disparar»). Ya he abordado este fenómeno en mis artículos «Percepciones binarias de la ética» y «Las raíces de mi fobia a la policía».

    Los gaseadores de la policía, especialmente en estos tiempos difíciles, están «despertando» y reasumiendo hiperactividad. Los mismos gaseadores que hace apenas unos meses prohibían e impedían que como mujer musulmana te cubrieras la cara (ya sea con burka o hiyab) ahora son capaces de darte una patada por no cubrirla con una máscarilla.

    Entiendo que las mascarillas son muy importantes hoy en día (yo personalmente uso respiradores FFP3 ), pero agredir físicamente a quienes no los tienen es realmente mostrar una falta de civismo.

    «Pero no podríamos resolver la actual situación de crisis sin policías que cumplan la ley de forma ejemplar y criminalicen a todos los ciudadanos insumisos». Es lo que podría argumentar más de un ciudadano que trata de posracionalizar su comportamiento agresivo. Pero eso es precisamente lo que no sabemos. Sólo creemos que lo hacemos. Quizás el modelo surcoreano o sueco, más liberal, tenga más éxito.

    Pero hasta que lo hagamos, debemos tener siempre presente el enorme número de víctimas inocentes de las nuevas y drásticas leyes que hemos introducido y estamos introduciendo. Porque podría ser que nuestra crisis pandémica tuviera más «daños colaterales» que cualquier guerra de bombardeos.

    Y, sobre todo, ¡cuidado con los gasbagger modernos!

     

  • Los cambios de WhatsApp ¿Una oportunidad para pensar en la privacidad?

    A pesar del aparente despegue de sus principales rivales como Telegram y Signal, los números muestran que WhatsApp sigue creciendo y ha logrado batir los 172,3 millones de descargas.

    Por Fabiola Chambi

    Desde que WhatsApp anunciara cambios en sus condiciones y políticas de uso se generó revuelo en los usuarios pensando en el éxodo hacia otras plataformas, sin embargo, ya desde el 15 de mayo en que entraron en vigencia, no muchas cosas han cambiado y esto, según Verónica Arroyo, Asociada de Políticas Públicas para América Latina en Access Now, debe ser analizado recién en unos meses para ver el impacto real.

    “WhatsApp es una red muy grande y es complicado salir de ahí, además el usuario por más que decida moverse también piensa en un tema de costo porque por lo general las operadoras dan ventajas a esta red debido a su popularidad”, explica la experta a la Voz de América.

    Inicialmente, la compañía dijo que quien no aceptara las nuevas condiciones vería su cuenta desactivada, pero luego aclaró que «no se eliminarán cuentas el 15 de mayo debido a esta actualización y nadie perderá tampoco las funcionalidades de WhatsApp».

    De acuerdo a WhatsApp la mayoría de usuarios que ha sido notificado con los nuevos términos de servicio los han aceptado y se prevé que se reciban recordatorios frecuentes en las próximas semanas, antes de que se puedan perder algunas funcionalidades.

    Roger Medina, un joven profesional conectado gran parte de su tiempo a esta red de mensajería instantánea asegura que no hay forma de que pueda migrar a otra plataforma y dejar WhatsApp por completo debido a estos cambios ya que ahí desarrolla su mayor entorno laboral. “Entiendo que hay novedades con el tema de privacidad, pero es mi herramienta básica de trabajo y todos nos movemos por aquí”, asegura.

    A pesar del aparente despegue de sus principales rivales Telegram y Signal, los números muestran que WhatsApp sigue creciendo y ha logrado batir los 172,3 millones de descargas, consiguiendo los 2.000 millones de usuarios activos mensuales, de acuerdo con el análisis de Sensor Tower. Aunque de manera anual, el porcentaje es menor en un 42%.

    El hecho de que se mantenga este ritmo de crecimiento, dice Cristian León, experto en tecnología y director programático de la organización Asuntos del Sur con sede en Argentina, se debe también a que no se ha generado mucha información entre los usuarios y además pesan los factores de comodidad.

    “A esto se suma que los cambios han sido mitigados en varios países a partir de la demanda que han hecho los gobiernos con sus oficinas de Facebook como en Brasil y Argentina donde se han interpuesto recursos antimonopolio y así evitar que los cambios se lleven cabo; esto también ha reducido el impacto en los usuarios”, dice León a la VOA. 

    Signal, desde enero a abril, incrementó su servicio en un 1.200% anual, con más de 64 millones de descargas. También Telegram llegó a los 500 millones de usuarios activos mensuales con más de 161 millones de descargas en los primeros meses de este 2021. Y empiezan a sonar dos apps de rápido crecimiento: Matrix Protocol y Session.

    Sin embargo, este abanico de posibilidades abre un debate importante según la Asociada de Políticas Públicas para América Latina en Access Now, Verónica Arroyo, y es el tema de la privacidad porque “dependiendo de cuánto uno quiera proteger su información decide usar o no una app”.

    “En WhatsApp hay un cifrado de extremo a extremo, eso quiere decir que como proveedor de mensajería no puede ver los mensajes que estamos enviando, los memes, fotos, comentarios, fotos; pero sí la compañía pueden ver con quién interactuamos, cada cuánto tiempo, si esa persona me responde, si agrego nuevos contactos a mi lista, desde dónde abro la aplicación, y a veces esas cosas adicionales son más importantes que el contenido del mensaje en sí”, dice Arroyo.

    La experta asegura que en el caso de WhatsApp por ser una empresa privada es difícil ir más allá para saber su funcionamiento, lo que no ocurre con Signal, por ejemplo, que al tener un código abierto se puede acceder a conocer más sobre la configuración de la aplicación. En todo caso valora que esto sirva para que los usuarios tomen consciencia sobre los entornos de privacidad y la importancia de sus derechos digitales.

  • Cannabis medicinal en UK está dejando de ganar $ 2.8 mil millones por la burocracia del gobierno, según un estudio

    Un nuevo artículo de investigación está arrojando luz sobre las leyes y regulaciones obsoletas que actualmente obstaculizan las industrias del CBD y el cannabis medicinal del Reino Unido.

    Escrito por la firma líder mundial en estrategia de cannabis medicinal Maple Tree Consulting y el bufete de abogados Mackrell Solicitors, el documento está respaldado por 16 pesos pesados ​​de la industria, incluidos Prohibition Partners y Primary Care Cannabis Network. Sus hallazgos se refieren a distintas áreas de la industria del cannabis, incluido el CBD, el cáñamo y el cannabis medicinal.

    Este informe, publicado el día 20 del pasado mes, recomendó una serie de cambios a las leyes de drogas del Reino Unido que, según el mismo, podrían ayudar a crear 97,000 empleos por un valor de 2.000 millones de libras esterlinas y mejorar el acceso de los pacientes al medicamento.

    La aparición de un sector de cannabis nacional no solo ayudaría a estimular la economía del Reino Unido después de la pandemia, argumenta el documento, sino que también transformaría el acceso para los 1,4 millones de personas que se estima que actualmente obtienen cannabis medicinal de forma ilegal. En noviembre de 2018, el gobierno anunció que médicos especializados podrían recetar cannabis medicinal a los pacientes, pero hasta ahora solo se han emitido 3 recetas del NHS y 6.000 recetas privadas.

    A pesar de ser uno de los mayores exportadores de cannabis medicinal del mundo, el Reino Unido importa actualmente el 100% de su propia medicina de cannabis y la mayoría de sus productos de CBD. Esto se debe a la legislación contradictoria del cannabis medicinal y a los complicados procesos regulatorios y de licencias requeridos para las empresas que buscan ingresar al espacio.

    El profesor Mike Barnes, cofundador de Maple Tree Consultancy, afirmó: “El Reino Unido es un líder mundial con reputación mundial en productos farmacéuticos, por lo que existe un fuerte argumento de que si pudiéramos desarrollar y exportar más medicamentos a base de cannabis, podríamos seguir siendo un peso pesado mundial y aumentar nuestra participación de mercado incluso más lejos ”, dijo Barnes.

    “La situación actual ha dado lugar a pacientes desesperados, que incluso después de tener la suerte de recibir una receta de cannabis medicinal, enfrentan altos costos y largos tiempos de espera. Esto, a su vez, está llevando a empresas frustradas, que están desesperadas por suministrar a estos pacientes domésticos».

    El informe destacó que la mayoría de los pacientes de cannabis medicinal de UK requieren productos de espectro completo que no se pueden producir en el país debido a la dificultad de obtener una licencia de cultivo con alto contenido de tetrahidrocannabinol (THC) del Ministerio del Interior, con solo 19 de estas licencias actualmente concedidas en Gran Bretaña, muchas de ellas son propiedad de GW Pharmaceuticals.

    “Este es un número pobre, considerando que las solicitudes al Ministerio del Interior para cultivar cannabis con fines médicos han estado abiertas durante varios años”, dijo el informe, y agregó que con base en el mapeo financiero de otras regiones donde está legalizado, lo que permite el establecimiento de una industria del cannabis medicinal del Reino Unido podría generar más de 360 ​​millones de libras esterlinas en ingresos fiscales por año.

    “La política y las licencias de cannabis en el país involucran a muchos departamentos gubernamentales diferentes y es un poco complicado. No existe un enfoque coordinado. Podríamos poner en marcha una industria del cannabis en el Reino Unido muy rápidamente. La infraestructura está ahí, pero el gobierno del Reino Unido realmente no está impulsando eso”, agregó.

    Una de las propuestas incluidas en el informe es que el país aumente el límite legal de THC permitido en el cannabis cultivado al 1% desde el nivel actual de 0,2%, poniéndolo en línea con la competencia internacional. Otras recomendaciones incluyen la reforma del sistema actual de licencias de drogas, así como las reglas sobre el cultivo de cannabis con alto contenido de THC.

    El informe también sugirió permitir el cultivo de la flor de cáñamo para extraer CBD bajo una licencia de cáñamo industrial, ya que según la ley actual del Reino Unido, los tallos de la planta de cáñamo se pueden usar para textiles y las semillas para productos alimenticios, pero sus flores y hojas, donde reside la mayor parte del CBD, debe ser destruidas.

    El estudio estimó que permitir que se cosechen las flores y las hojas podría aumentar los rendimientos de los cultivos de cáñamo a alrededor de £ 10,000 por acre desde el nivel actual de £ 400, permitiendo que los 900 acres de tierras de cultivo de cáñamo del Reino Unido generen más de £ 22 millones por año en ingresos.

    Mientras tanto, los autores del informe destacaron que no es solo la legislación del Reino Unido la que necesita reformarse, sino también el enfoque de la aplicación de las normas del cannabis por parte de los funcionarios públicos.

    Ricardo Geada, socio y responsable del equipo cannábico y regulatorio de Mackrell afirmó: “El panorama regulatorio actual para el cannabis medicinal está plagado de problemas. El mercado podría valer miles de millones de libras y tiene el potencial de revolucionar la atención al paciente y acelerar la economía del Reino Unido después del COVID. Esperamos que el Gobierno tome nota de los hallazgos de nuestro informe y abra la discusión sobre los detalles necesarios que se encuentran detrás de las recomendaciones que hemos presentado”.

  • Estados ofrecen resistencia al uso del reconocimiento facial por parte de la Policía

    El uso de la tecnología de reconocimiento facial para combatir el crimen puede sonar lógico y válido. Pero qué sucede cuando dicha tecnología se equivoca y señala a personas equivocadas, o cuando esa tecnología es usada para reprimir, y no para proteger a los ciudadanos. El debate ha empezado en Estados Unidos.

    Por Voz de América – Redacción

    El uso de la tecnología para el combate del crimen ha alcanzado el punto en que se usan aplicaciones de reconocimiento facial para identificar a sospechosos. Pero el riesgo de que se cometan errores por fallas de precisión y la preocupación por la omnipresencia de la vÍdeovigilancia están llevando a legisladores de varios estados a sonar las alarmas.

    Unos siete estados y unas dos docenas de ciudades han impuesto límites al reconocimiento facial por temor a violaciones de derechos civiles, prejuicios raciales o denuncias de invasión de la privacidad de las personas.

    El tema ha generado debates sobre los límites y prohibiciones al tema del reconocimiento facial. Ha habido unos 20 debates en distintas capitales estatales durante la actual sesión legislativa, iniciada en enero, según el Centro de Información de Privacidad Electrónica.

    Muchos legisladores han dicho que desean analizar el tema con detenimiento.

    “Creo que la gente está asustada, y con razón, por esta tecnología”, dijo a The Associated Press, Freddy Martínez, director de Lucy Parsons Labs, una organización sin fines de lucro basada en Chicago, que se dedica a la protección de la información digital de las personas. “Es uno de esos temas raros que ha recibido apoyo bipartidista, en el sentido de que nadie quiere ser rastreado donde quiera que vaya, especialmente cuando no tienes otra opción”.

    El tema captó la atención pública tras conocerse que las agencias del orden estadounidense habían usado tecnología de reconocimiento facial para procesar las imágenes de las protestas por la injusticia racial del año pasado y, en ocasiones, para realizar arrestos.

    Tras dicha revelación hubo quejas de identificaciones erradas, las cuales llevaron a Amazon, Microsoft e IBM a suspender sus ventas de software a los distintos departamentos de Policía. Muchos departamentos continuaron usando tecnología de empresas menos conocidas. Los casos más sonados de errores de identificación se dieron en Detroit y Nueva Jersey.

    Dichos casos resultaron en el involucramiento de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), la cual comenzó a citar estudios que indican que la tecnología de reconocimiento facial tiende a cometer más errores cuando se trata de personas de la raza negra.

    La ACLU presentó también en marzo una demanda contra la empresa Clearview AI, una firma que ofrece servicios de reconocimiento facial, afirmando que almacenó ilegalmente imágenes de 3.000 millones de personas que obtuvieron de sitios de internet, sin la autorización o conocimiento de las personas.

    El uso de las tecnologías de vigilancia y reconocimiento facial por parte del gobierno de China, combinado con el caso de Clearview AI, hizo pensar a algunos que lo que se vive en el gigante asiático podría reproducirse en Estados Unidos.

    Clearview alega que sólo guardó imágenes públicas. Pero el daño está hecho.

    Ciudades como Boston, Minneapolis San Francisco, Oakland y Portland, aprobaron prohibiciones al reconocimiento facial mencionando preocupaciones sobre el uso secreto de dichas imágenes por parte de la policía.

    Nueva York impuso por su parte una moratoria de dos años al uso del reconocimiento facial en las escuelas públicas luego que se presentó una demanda contra un distrito escolar que adoptó el reconocimiento facial como parte de sus medidas de seguridad.

    En febrero, los legisladores de Virginia aprobaron una de las prohibiciones más restrictivas de todas. Prohíbe a las agencias policiales locales y los departamentos de policía de las universidades, aunque no a la policía estatal, comprar o usar tecnología de reconocimiento facial a menos que la legislatura estatal lo autorice expresamente.

    Los grupos policiales por su parte están presionando para que se revisen las prohibiciones. Afirman que el uso de la tecnología no es como se ha presentado al público. Jonathan Thompson es el director ejecutivo de la Asociación Nacional de Alguaciles.

    «Es una política que genera miedo en su peor momento», dijo Thompson, a la agencia The Associated Press. «Nunca escuché de nadie sentado alrededor de un monitor de computadora buscando gente todo el día, todos los días. No funciona de esa manera. Las agencias tienen reglas. Gobiernan cómo y quién tiene acceso a estas bases de datos. Deben tener una razón legítima y racional para hacerlo».

    Una nueva ley de Massachusetts intenta lograr un equilibrio entre las preocupaciones civiles y policiales. Permite a la policía beneficiarse de la tecnología al tiempo que agrega protecciones que podrían evitar arrestos falsos.

    El debate apenas ha empezado.

  • Cannabis recreacional listo para legalizarse en Las Vegas

    El cannabis recreacional en Las Vegas prepara su lanzamiento bajo una verdadera disrupción legal.

    Cuando los nevadenses compran marihuana en los dispensarios locales, deben consumirla en casa. Los turistas por su parte, no pueden hacerlo en público, la mayoría de los hoteles lo prohíben y no se puede usar en el dispensario donde se compra. Hasta ahora.

    Para acabar con esta problemática, se han presentado dos nuevos proyectos de ley que legalizarían el consumo social en lugares públicos.

    El Proyecto de Ley 341 de la Asamblea, presentado por el Representante Steve Yeager, allanaría el camino para la apertura de un número ilimitado de salones en todo el estado, en condados donde los gobiernos locales permiten que operen las empresas de cannabis. Eso incluye en Sin City, donde más de 40 millones de turistas lo visitaban cada año antes de la pandemia de COVID-19. Además, AB322 permitiría la venta y el consumo de cannabis en eventos en vivo.

    La legislación sobre uso social crearía dos nuevas categorías para los salones de consumo de cannabis: minoristas (adjuntos a dispensarios existentes) o independientes. Los minoristas existentes podrían permitir que las personas compren sus productos y los consuman en el lugar. Los salones independientes, lugares en los que no se permite vender cannabis por su cuenta, como peluquerías o salones de manicura, podrían recibir productos de marihuana o la gente podría traerlos por su cuenta.

    Los salones de consumo legal también podrían ayudar a frenar la avalancha de turistas que fuman al aire libre en el Strip y en Fremont Street. Como no pueden fumar en los hoteles, no tienen más remedio que fumar afuera. «Recibo quejas todo el tiempo, sobre el humo de la marihuana en el Strip», dice Tick Segerblom, del comisionado del condado de Clark, cuyo distrito contiene ese corredor turístico. “La verdad es que los hoteles realmente lo fuerzan, porque prohibieron los salones en la última sesión”.

    El dispensario de cannabis Oasis, cerca del centro de Las Vegas, recibe una media de 1000 clientes al día. «Hemos podido vender cannabis legalmente durante un par de años, pero no hemos podido ofrecer un lugar seguro y legal para que las personas consuman cannabis, por lo que para nosotros esto es un cambio de juego», dijo la gerente general Lissa Lawatsch. Desde el día en que abrió el dispensario, han estado preparados para expandir el alquiler de espacios contiguos en caso de que las salas de consumo se vuelvan legales. “Tenemos un montón de turistas que siempre nos preguntan, ‘¿Dónde podemos consumir?’ y tenemos que explicarles que consumir en público es ilegal”, dijo Lawatsch.

    «Esto realmente abriría las compuertas para algo que los consumidores de marihuana han deseado durante mucho tiempo», dijo el asambleísta Steve Yeager. «Y hay una parte de equidad social en la que no estamos restringiendo esto solo a los propietarios de dispensarios con licencia».

    Yeager observó cómo la incipiente industria ofrecía todo su botín a un pequeño grupo de empresarios ungidos, la mayoría de los cuales eran abogados, médicos, operadores de casinos, cabilderos y ex funcionarios públicos.

    cannabis

    Menos de 100 grupos controlan casi toda la industria, ya que el estado limitó las licencias de dispensarios desde el inicio del programa para adultos en 2017. Muchas de las empresas también están integradas verticalmente, lo que significa que los propietarios de dispensarios también tienen la mayor parte de los permisos de producción y cultivo. Las mujeres y las minorías raciales han quedado desproporcionadamente excluidas, el último grupo de los cuales fue el más perjudicado por la prohibición del cannabis. El nuevo proyecto de ley es contrario a los años del estado de restringir meticulosamente las licencias y seleccionar a los operadores.

    A’esha Goins, fundadora de Cannabis Equity and Inclusion Community, dijo que cuando se abrieron los dispensarios en Nevada, las personas de comunidades marginadas no se convirtieron en propietarios. Ahora está presionando a los legisladores para que se aseguren de que eso no suceda con los salones de consumo. “Uno de los mayores obstáculos del proyecto de ley de las salas de consumo son sus finanzas. La barrera de entrada siempre será una gran cantidad de financiación”, dijo Goins. Se ha agregado una pieza de equidad social al proyecto de ley para dar preferencia a las licencias a las personas afectadas negativamente por las leyes anteriores sobre el cannabis. La Junta de Cumplimiento de Cannabis de Nevada sería responsable de regular los salones de consumo.

    Independientemente de su modelo comercial, estas licencias estarán altamente reguladas y deberán seguir pautas estrictas para sus operaciones, incluida la seguridad, la salud y la seguridad de los empleados, el manejo seguro de los productos de cannabis y la seguridad del cliente a través de la educación. Todos los empleados y gerentes deberán recibir una amplia capacitación en técnicas de servicio inteligente, incluidos los efectos del cannabis y el consumo responsable, con especial atención a identificar el consumo excesivo y mitigar los riesgos que conlleva.

    La regulación del consumo social de cannabis es una idea cuyo momento ha llegado, y que podria convertir a Nevada en la capital mundial de la marihuana.