A menudo evaluamos los sistemas impositivos de uno u otro país fijándonos en cuánto recaudan los gravámenes en relación con el tamaño de la economía. Estudiar la presión fiscal nos permite entender el peso de la carga impositiva, pero no nos dice nada sobre la estructura del sistema impositivo. Y es que, aunque la recaudación sea la misma, es importante saber cómo se obtiene, puesto que muchos sistemas tributarios generan recursos públicos de forma ineficiente y compleja, en comparación con otros modelos en los que las distorsiones son menores.
Para estudiar mejor la calidad de las reglas impositivas, la Tax Foundation de Estados Unidos ha creado el Índice de Competitividad Fiscal, una publicación anual para la que se consideran 40 factores distintos y con la que se evalúan los códigos tributarios de los treinta y cinco países miembros de la OCDE. Este 2018, el informe viene firmado por Scott Hodge, Kyle Pomerleau y Daniel Bunn, tres de las figuras más importantes del think tank más influyente del mundo en asuntos fiscales.
Los autores del informe destacan que un código fiscal bien diseñado “es fácil de obedecer por parte de los contribuyentes y ayuda a recaudar fondos públicos sin obstaculizar en demasía el desarrollo económico”. Por el contrario, un código mal estructurado “es costoso, distorsiona la toma de decisiones y causa perjuicios duraderos”.
El principio de neutralidad es vital para ganar atractivo fiscal. “Un código tributario competitivo minimiza el impacto que tienen las tasas de impuestos sobre las decisiones de los trabajadores y las empresas, sobre todo en un mundo tan globalizado como el actual”, explican los autores. En esta línea, los autores del informe recuerdan que las reglas impositivas “no deben elegir ganadores o perdedores, castigar a una actividad frente a otra, favorecer el consumo frente al ahorro, etcétera”.
Tras analizar cuatro decenas de parámetros, los técnicos de la Tax Foundation concluyen que los sistemas fiscales más competitivos de la OCDE son los de Estonia (100 puntos), Letonia (86 puntos), Nueva Zelanda (83 puntos), Luxemburgo (80,5 puntos) y Países Bajos (77,5 puntos). También por encima de los 70 puntos nos encontramos con Suiza (77), Suecia (75) y Australia (77,2).
En el extremo opuesto de la tabla aparecen Portugal (48,2 puntos), Polonia (47,7 puntos), Italia (46,9 puntos) o Francia (41,4 puntos). Sus sistemas fiscales son, a juicio de la Tax Foundation, los menos competitivos de la OCDE. El caso galo es especialmente preocupante, puesto que este es el quinto año consecutivo en el que Francia aparece en la última posición del listado.
Estados Unidos, por el contrario, es el país que más ha mejorado su puntuación desde la última edición del informe. La calificación de 61,5 obtenida en el ranking de 2018 supera en seis puntos el resultado del pasado año y permite una mejora suficiente para ascender cuatro puestos en la lista, hasta el número 24. Las reformas tributarias impulsadas por Donald Trump parecen haber tenido un buen efecto en el atractivo fiscal del país norteamericano.
Panamá y el reto de la competitividad fiscal
Desde el punto de vista panameño, la nueva edición del informe debe invitar a una reflexión profunda. Ahora mismo, las economías de la OCDE están ejerciendo más presión que nunca sobre los refugios fiscales que se encuentran fuera de sus fronteras. Al mismo tiempo, los países ricos están reformando sus sistemas fiscales para ganar atractivo y captar inversión que, en las últimas décadas, se había desviado hacia centros financieros como el propio istmo.
Hay, por tanto, un doble reto encima de la mesa. Por un lado, aumenta la presión regulatoria contra Panamá. Por otro lado, se reduce la ventaja fiscal de Panamá frente a los países de la OCDE. Semejante escenario exige reformas de calado, orientadas a recuperar el pulso perdido.
Ya hemos explicado anteriormente que Panamá ha caído del puesto 4 al número 27 del Índice de Libertad Económica. Aunque el país sigue siendo uno de los bastiones capitalistas de América Latina, su atractivo global se ha visto disminuido de forma notable.
Algo similar es lo que se desprende del informe Doing Business, elaborado por el Banco Mundial para medir la facilidad con la que se puede hacer negocios en los distintos países del globo. Este ranking deja a Panamá en un mediocre puesto 79 y penaliza especialmente la complejidad del sistema fiscal, donde el istmo apenas figura en el puesto 180.
Panamá tiene que plantear una estrategia de cuatro puntos si quiere recuperar el terreno perdido:
- Reforma del código tributario. Siguiendo los principios enumerados en el Índice de Competitividad Fiscal, el gobierno debe mandar un mensaje claro a los mercados, eliminando las reglas impositivas actuales y diseñando el código más sencillo de toda América.
- Freno a los excesos de la OCDE. Para contener el proteccionismo tributario con el que están actuando los países ricos, el gobierno debe tejer una alianza con otros centros financieros internacionales y así defender conjuntamente su soberanía fiscal y regulatoria.
- Giro a la libertad económica. Con ánimo de recuperar el liderazgo perdido, Panamá debe analizar punto por punto qué puede hacer para volver a ser una de las economías más abiertas del mundo.
- Valor tecnológico añadido. Los centros financieros internacionales del siglo XXI no se entienden sin la apuesta por el blockchain, las criptodivisas y otras innovaciones que facilitan los flujos de capitales y recuperan parte de la libertad perdida en los últimos años. La meta última debe ser convertir a Panamá en el hub por excelencia de la tecnología financiera.
