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Categoría: Marcos Regulatorios

  • Bitcoin frente al sistema bancario tradicional en El Salvador: cómo se preparan a un mes de su adopción

    En junio de este año, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo no sólo en aceptar a Bitcoin (BTC) como moneda de curso legal, sino señalando su curso forzoso, marcando un importante hito en la evolución de la moneda digital desde sus inicios hace unos doce años a la adopción masiva a la que conduce la ley.

    La decisión de integrar BTC en el sistema financiero del país ha sido recibida con fuertes críticas del Fondo Monetario Internacional y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Mientras tanto, JPMorgan Chase cree que «la apuesta por Bitcoin de El Salvador podría ejercer una presión adicional sobre la ya limitada capacidad de la red para servir como medio de intercambio».

    Entidades como Banco Agrícola, filial de Bancolombia; BAC Credomatic, filial del Banco de Bogotá; y Davivienda El Salvador expresaron a través de la Asociación Bancaria Salvadoreña (Abansa) que, «para fines contables, de depósito y crédito, continuarán usando el dólar estadounidense y no la criptomoneda».

    Y en una posición mucho más dura aún, el Banco Mundial rechazó su ayuda técnica y citó como razones «la preocupación por la transparencia del proceso y el impacto medioambiental del minado, el sistema por el que se generan nuevos bitcoins y que implica que las computadoras resuelvan una serie de cálculos matemáticos, para lo que consumen una gran cantidad de energía».

    En una posición apenas un poco más optimista, en un reciente informe del Bank of America (BOA), los analistas del banco dijeron que la decisión de El Salvador de reconocer a BTC como moneda de curso legal podría agilizar las remesas, promover la digitalización financiera, proporcionar a los consumidores una mayor capacidad de elección y abrir el país a las empresas estadounidenses y a los mineros de la moneda digital.

    También sostienen que uno de los desarrollos que harán que la adopción sea relativamente fácil, para un país cuya bancarización apenas llega al 30 %, es la aplicación estatal de billetera (wallet), llamada «Chivo» , dado que daría paso a que el uso de bitcoin en los comercios sea totalmente opcional, ya que desde esta se haría la conversión automáticamente.

    Los analistas del BOA incluso  enfatizaron que “democratizar el acceso a los pagos electrónicos a través de Bitcoin tiene un toque progresivo”.

    Para quienes hemos estado desde los inicios estudiando el BTC, sostenemos que las opiniones del mainstream financiero están a medio camino aún hoy entre no comprender realmente lo que es BTC y que las reglas tradicionales no funcionan con la criptomoneda; y la desesperación por parar un proceso imposible ya de detener. Y hay que decirlo: que los análisis, tanto positivos como negativos respecto al uso de criptomonedas, no logran entender la principal razón de éxito y condición de existencia del BTC: que nació para ser medio de intercambio entre pares, para una sociedad de intercambios libres y voluntarios entre la gente, que no necesita un estado que intervenga en esos intercambios.

    He allí la principal razón de las consecuencias negativas que se señalan inmediatamente desde las instituciones del sistema financiero tradicional que no logran entender que el BTC elimina el middle man que son las instituciones bancarias por excelencia. A pesar de la existencia de los exchanges entre moneda fiat y moneda cripto, no es necesaria u obligatoria la intermediación a traves de ellos.

    Por ello, el BOA, a pesar de ver algunos beneficios, como los señalados más arriba, cree que la adopción de Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador es negativa en general, en gran parte debido a la alta volatilidad de la criptomoneda y su falta de control. Los analistas explicaron que dejar que la gente pague impuestos con un activo altamente volátil es particularmente preocupante, advirtiendo que podría conducir a fuertes caídas en los ingresos si el precio cae.

    Vale señalar que esta semana también la agencia de clasificación Moody’s dio una posición negativa sobre la adopción de Bitcoin en El Salvador y, de hecho, fue una de las razones por la que bajó su clasificación de riesgo-país.

    Lo que el sector tradicional ve como negativo para el sistema, es un hecho positivo para la gente, porque deja de depender del estado, y sobre todo, le pone un freno al sistema de control y vigilancia estatal sobre los ahorros, conductas e intercambios entre una comunidad. Por supuesto que los impuestos quedarán en una fragilidad como nunca antes, dado que la gente recuperará su poder y decididamente tomará acciones sobre cuándo, cómo y por qué pagará impuestos. El mecanismo de control se invierte y el soberano, el pueblo, vuelve a tomar poder y decisiones sobre sus vidas.

    Por eso, a pesar de ser un avance la declaración de legalidad del BTC, (aún cuando no debería serlo por parte de institución alguna, por las razones expuestas más arriba), la cláusula de curso forzoso hace retroceder la esencia del BTC, que es un medio transaccional voluntario. Allí es donde sí vemos un problema que se deberá resolver, porque se le debe dejar a la gente la opción de escoger libremente qué moneda utilizar al intercambiar soberanamente su producción.

    Por eso es importante mirar a El Salvador, a un mes exacto de cuando comenzará el mal llamado “experimento”, no sólo porque en El Salvador (y el mundo en general) hacen años que existen comunidades que han adoptado el BTC sin necesidad alguna de regulación, sino porque los intercambios entre la gente no son (o no deberían serlo) experimentos controlables por agencia gubernamental alguna. Así comenzó la civilización, intercambiando valor sin interferencia alguna.

  • Zoom pagará 85 millones de dólares por fallos de seguridad

    Con la llegada de la pandemia, Zoom se volvió indispensable para empresarios, estudiantes y demás. Pero la seguridad de la aplicación no logró evitar que desconocidos irrumpieran en las conversaciones.

    Zoom pagará 85 millones de dólares para resolver una demanda según la cual sus medidas de seguridad son tan deficientes que dejaron al descubierto datos personales de usuarios y permitieron a terceros irrumpir en videollamadas durante las primeras etapas de la pandemia de coronavirus.

    El acuerdo aún debe ser aprobado por la jueza de distrito Lucy Koh. Una audiencia sobre el acuerdo está programada para el 21 de octubre en San José, California.

    Millones de personas en Estados Unidos que han utilizado Zoom desde el 31 de marzo de 2020 podrían recibir una porción del acuerdo que fue alcanzado el fin de semana. Los suscriptores en la demanda colectiva propuesta serían elegibles para reembolsos del 15% en sus suscripciones principales o US$25 -cualquiera sea el monto mayor-, mientras que otros usuarios podrían recibir hasta US$15.

    Se prevé que los importes de los pagos sean de una media de 34 o 35 dólares para los que se suscribieron a la versión de pago de Zoom, y de 11 o 12 dólares para la inmensa mayoría que utilizó la versión gratuita, según las estimaciones de los documentos judiciales. Zoom aceptó las medidas de seguridad que incluyen alertar a los usuarios cuando los anfitriones de las reuniones u otros participantes utilizan aplicaciones de terceros, y brindar capacitación especializada a los empleados sobre la privacidad y el manejo de datos.

    A principios del año pasado,Zoom se vio afectado por problemas de seguridad luego de que las órdenes de confinamiento transformaron a la plataforma de videoconferencias de un producto de nicho a un fenómeno cultural. Casi de la noche a la mañana se convirtió en herramienta indispensable para reuniones de negocios, escolares y sociales y, en el marco de una pandemia letal, para funerales.

    La demanda afirma que la compañía de Silicon Valley violó la confianza de millones de personas luego de compartir la información personal de sus usuarios con plataformas como Facebook, Google y LinkedIn, propiedad de Microsoft. El caso, que consolidó 14 demandas diferentes interpuestas desde marzo de 2020, también estaba dirigida a la práctica disruptiva de “Zoombombing”, un término acuñado para describir a los hackers que irrumpen en las videollamadas de otros.

    La compañía señaló el lunes en un comunicado que actuó rápidamente para reforzar la seguridad luego de que empezaron a surgir los reportes de estos hackers.

    “Estamos orgullosos de los avances que hemos logrado en nuestra plataforma, y estamos ansiosos de seguir innovando con la privacidad y la seguridad como prioridad”, dijo Zoom el lunes. «La privacidad y seguridad de nuestros usuarios son las principales prioridades de Zoom, y nos tomamos en serio la confianza que nuestros usuarios depositan en nosotros».

    El acuerdo del sábado se produjo después de que Koh, el 11 de marzo, permitiera a los demandantes presentar algunos reclamos basados en contratos.

    Aunque Zoom recaudó alrededor de US$1.300 millones en suscripciones a Zoom Meetings de entre los demandantes del recurso colectivo, los abogados calificaron el acuerdo por 85 millones de dólares como razonable en vista de los riesgos de litigio. La compañía no reconoció haber cometido alguna acción indebida en el acuerdo.

  • Ley rider: intervencionismo en el mercado del servicio de delivery en España

    El Real Decreto Ley 9/2021, o ‘Ley Rider’, del 11 de mayo, por el que se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, entra en vigor este 12 de agosto en España. Con esta normativa, el sector público impone a las empresas de reparto (principalmente, de comida a domicilio) una relación laboral contractual con sus repartidores, conocidos como riders, al repartir la mayoría en bicicleta.

    “Esta ley protege a los más vulnerables porque afecta a los jóvenes de nuestro país y por eso es tan importante lo que estamos haciendo”, dijo Yolanda Díaz Pérez, ministra de Trabajo. Según sus palabras, 16.794 personas han regularizado su situación laboral gracias al esfuerzo de los inspectores. Esto ha tenido un impacto económico de 29 millones de euros, afirmó.

    La nueva ley entró en vigor una vez publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). A partir de ese momento, las empresas tienen tres meses, hasta el 12 de agosto, para realizar los cambios necesarios en sus relaciones laborales con los repartidores de alimentos. Sin embargo, la nueva ley no afecta a los trabajadores de otras plataformas digitales, como las aplicaciones de transporte.

    Muchas empresas en España aprovechan lo que se conoce en los EE.UU. y UK como la “gig economy”, un término que hace referencia a los trabajadores autónomos que trabajan en trabajos temporales y flexibles, como repartir alimentos desde una variedad de empresas y establecimientos, a clientes. Pero en los últimos años, los trabajadores de este sector vienen exigiendo el reconocimiento como personal asalariado y solicitando los derechos correspondientes, como la baja por enfermedad y las vacaciones pagadas.

    Aun cuando es temprano para ver los resultados positivos que pretende la ley rider, la primer consecuencia negativa para los empleados ya se conoce: Empresas como la británica Deliveroo, a raíz de la inminente entrada en rigor de esta ley, ha decidido cerrar su actividad en España y pretende acometer un proceso de despido colectivo que afectará a un total de 3.871 personas, entre personal de oficina y repartidores.

    La empresa anunció este viernes su intención de salir del país en octubre, luego de abrir un “período de consultas” con sus trabajadores, a quienes horas después informó de la apertura del referido proceso directamente a principios de septiembre.

    En un comunicado, los responsables de Deliveroo en España han vinculado su retirada del mercado español con la competencia en el sector de la comida a domicilio, ya que “mantener una posición de mercado de primer nivel requeriría un nivel de inversión muy elevado con un retorno potencial altamente incierto».

    La ley rider también obliga a todas las empresas a informar a los pasajeros de reparto de alimentos sobre cómo los algoritmos y la inteligencia artificial afectan sus condiciones de trabajo, decisiones de contratación y despidos. “Ahora los algoritmos se van a poner al servicio de la mayoría de la sociedad”, dijo la ministra Díaz. «Todas las empresas comerciales de hoy utilizan la inteligencia artificial de una forma u otra y es clave para nosotros ser valientes y gobernar sin miedo la transición tecnológica».

    La ministra también anunció la creación de un comité de expertos que evaluará al gobierno y estudiará “el buen uso de la inteligencia artificial y los algoritmos en las relaciones laborales”. Díaz explicó: “Necesitaremos conocimientos colectivos para que cuando alcancemos una posición más avanzada tengamos la aptitud con respecto a cómo abordamos el uso de la inteligencia artificial en las relaciones laborales”.

    La aprobación de la nueva ley provocó diversas respuestas de los sindicatos y asociaciones empresariales. Aunque la legislación está destinada a brindar más seguridad a los pasajeros que realizan entregas de alimentos, ha sido rechazada por el movimiento Delivery Workers United con el argumento de que provocará la pérdida de puestos de trabajo. Los manifestantes llevaron una pancarta con el mensaje: «Stop Rider law, soy un trabajador autónomo» frente al Congreso el pasado martes.

    Pepe Álvarez, secretario general del sindicato Unión General de Trabajadores (UGT), que participó en las negociaciones, celebró la medida este martes. “Esta es una ley que va a poner las cosas en orden”, dijo durante una entrevista televisiva al noticiero La hora de la 1, de la cadena estatal TVE.

    Carlos Gutiérrez, del sindicato Comisiones Obreras (CCOO), que también participó en las negociaciones, aplaudió la ley, pero afirmó que debería haber ido más allá. “Esta es una ley que va en la dirección correcta porque fortalece la relación de trabajo entre los pasajeros y obliga a las empresas a ofrecer transparencia sobre las nuevas formas de administrar la fuerza laboral, como el uso de algoritmos”, dijo. Pero agregó: “El texto no es tan ambicioso como nos hubiera gustado. Creemos que podríamos haber ido más allá y regularizado las diferentes realidades laborales que se dan en estas plataformas digitales ”.

    La asociación líder de plataformas de entrega de alimentos APS, por su parte, que representa a Deliveroo, Stuart, Glovo y UberEats, declaró su oposición a la ley rider. En un comunicado de prensa emitido el martes, advirtió que el decreto “compromete el desarrollo de un sector que aporta más de 700 millones de euros al PIB de España”. La asociación también criticó el hecho de que la ley se aprobó como un decreto real, lo que significa que no fue objeto de debate parlamentario, y sin consultar a «restaurantes, plataformas y, lo que es más sorprendente, a los propios trabajadores de la entrega«.

    La asociación también criticó la ley rider por obligar a las plataformas a hacer que sus algoritmos sean más transparentes . “Si bien España afirma ser una nación de nueva creación, esta es la primera ley en Europa que incluye la obligación de que las empresas tecnológicas revelen sus algoritmos”, agrega el comunicado de prensa.

    Como siempre sucede, las leyes se juzgan por sus intenciones, pero no por sus resultados. Deberá pasar un tiempo para evaluarlos, pero desde ya, Deliveroo cierra en España y nadie puede anticipar qué sucederá con la vida de esos riders que ahora se quedan sin trabajo.

  • Cannabis Freedom Alliance publica estudio sobre la regulación federal del cannabis en un entorno legalizado

    El viernes pasado, la Cannabis Freedom Alliance (CFA), una coalición de destacadas organizaciones nacionales de defensa y de negocios que buscan poner fin a la prohibición y la criminalización del cannabis en los Estados Unidos, publicó un «white paper» que proporciona una descripción general y recomendaciones para ayudar a guiar el esfuerzo hacia la legalización federal del cannabis.

    La membresía del Comité Directivo de la Cannabis Freedom Alliance incluye organizaciones de defensa americanas destacadas, como la Americans for Prosperity (AFP), Mission Green / The Weldon Project, la Reason Foundation, la Alianza Global para el Comercio de Cannabis (GACC) y la Law Enforcement Action Partnership (LEAP).

    El «white paper»,  disponible para descargar en el sitio web de la Cannabis Freedom Alliance, proporciona análisis y hace recomendaciones sobre una variedad de temas, desde la reforma de la justicia penal hasta la mecánica del comercio interestatal regulado por el gobierno federal, que ayudarán a garantizar el mercado de cannabis en sentido de un comercio libre, justo, abierto y equitativo. para todos los estadounidenses. En concreto, el objetivo es alcanzar los siguientes objetivos:

    • Establecer un marco regulatorio que promueva la seguridad pública al tiempo que permite que prosperen la innovación, la industria y la investigación.
    • Asegurar que las personas que anteriormente estaban involucradas en el mercado ilícito puedan tener garantizada efectivamente una segunda oportunidad y contribuir al mercado legal.
    • Crear barreras de entrada bajas y licencias ocupacionales y comerciales no restrictivas para que las grandes empresas y los nuevos empresarios puedan competir en igualdad de condiciones.
    • Imponer una carga fiscal total (federal, estatal y local combinada) que no incentiva la continuación de los mercados grises o negros y garantiza una base global competitiva para una industria estadounidense vibrante y novedosa.

    Hay muchas facetas a considerar junto con la posible legalización federal de la marihuana. Estas facetas son de naturaleza técnica, pero el Congreso no debe pasarlas por alto porque el fracaso en abordarlas correctamente podría tener efectos devastadores en el funcionamiento del nuevo mercado en desarrollo.

    La mayoría de los problemas que afectan la seguridad pública y el cumplimiento, – desde la disponibilidad de servicios financieros al tratamiento punitivo de las empresas de marihuana según el código fiscal federal- se resolverían eliminando la marihuana de la clasificación del Anexo I bajo el sector de Ley de Sustancias controladas.

    Sin embargo, el Congreso aún debe anticipar el enfoque regulatorio que adoptará con respecto a la marihuana comercial y qué agencia debe hacerse cargo. Esta agencia deberá facilitar el comercio entre los regímenes regulatorios estatales y trabajar con los reguladores estatales para minimizar las barreras técnicas al comercio entre los estados.

    Sin duda, muchos estados continuarán prohibiendo la marihuana dentro de sus límites y el Congreso debe respetar el derecho de los estados a tomar estas decisiones. Las reformas de la justicia penal contempladas junto con la legalización federal deben reconocer que la mayoría de las condenas relacionadas con la marihuana se hacen en los tribunales estatales y las agencias federales no deben discriminar a las personas basándose únicamente en condenas por marihuana que no violen la ley federal. La investigación sobre los efectos clínicos de la marihuana debe mejorarse y expandirse para que los consumidores estén adecuadamente informados de los posibles riesgos y beneficios del consumo de cannabis.

    El Congreso debería reconocer especialmente que los estados se han esforzado por establecer estructuras reguladoras efectivas que garanticen la seguridad de los productos de marihuana disponibles comercialmente y controlen su distribución. El Congreso no necesita usurpar esta autoridad, pero debería ceder ante los reguladores estatales la gobernanza de los mercados de marihuana dentro de sus propios estados, como se ha hecho con el vino y las bebidas espirituosas.

    La Décima Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos reserva a los Estados los poderes no enumerados en ese documento y algunos estados o localidades buscarán continuar con la prohibición de la marihuana. Las autoridades federales tienen el poder de regular el comercio entre los estados y deben limitar su papel a facilitar estas transacciones solo para garantizar un mercado seguro, eficiente y funcional.

    A diferencia de los Estados Unidos, Panamá es un país de organización institucional unitaria, por lo que estas complejas regulaciones para tratar de armonizar el sistema federal con el estadual, no existen. Y aún así, en un entorno sin complejidades, ni siquiera se ha avanzado a tener una regulación que clarifique si el cannabis, especialmente el medicinal, debe estar o no bajo el régimen de sustancias controladas. Sólo esa acción, implicaría un enorme avance no sólo a nivel comercial, sino compasivo hacia aquellos pacientes que quieren elegir qué terapias asumir. Y por supuesto, un respeto profundo a la idea de la libertad, que es el motor de la vida y el progreso de la gente.

  • Ataques de ransomware: ¿pagar o no pagar?

    El mayor ataque cibernético de ransomware (pagar rescate) de 2021 ha echado leña al debate entre políticos, expertos de ciberseguridad y líderes corporativos sobre si debería establecerse una estrategia de prohibir a las empresas remunerar a los piratas para contrarrestar más amenazas.

    Las empresas y otras organizaciones víctimas de los ataques tienen que elegir entre pagar un rescate para recuperar el control de sus redes de computación o negarse y perder datos irremplazables y la capacidad de reanudar sus operaciones.

    Con la presión en aumento sobre la administración para encontrar vías de contener la amenaza, el presidente Joe Biden se reunió el miércoles con los principales funcionarios de seguridad nacional y otros expertos para discutir nuevas tácticas y políticas.

    La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo después a los reporteros que los funcionarios pusieron al día a Biden de sus esfuerzos para combatir el ransomware y añadió que el presidente “se reserva el derecho de responder contra cualquier red de ransomware y quienes las protejan”.

    El ataque del fin de semana del 4 de julio fue dirigido contra el proveedor de software Kaseya y más de 1.000 de sus clientes en todo el mundo. Le siguieron varias intrusiones similares a atribuidas a grupos criminales que se cree que operan desde Rusia.

    REvil, una banda de piratas cibernéticos de habla rusa a la que se culpó del ataque al procesador de carnes JBS en EE. UU. en junio, se responsabilizó del ataque del fin de semana y dijo que había infectado más de un millón de “sistemas”.

    El grupo está demandando un rescate de 70 millones de dólares en criptomonedas a cambio de una clave “universal” que libere a las máquinas afectadas. El pago sería el mayor hecho hasta ahora, según la firma se seguridad cibernética Recorded Future.

    Una horrible situación

    Mientras los expertos en seguridad cibernética dicen que es muy improbable que las compañías afectadas, desde mercados suecos a jardines infantiles en Nueva Zelanda, se unan para pagar el rescate, el incidente ilustra el problema que enfrentan a menudo las víctimas de los ataques ransomware.

    «Ninguna compañía quiere encontrarse en esa situación, donde tienen que elegir entre mantenerse abiertas y seguir funcionando a costa de financiar a los criminales”, dijo Philip Reiner, director ejecutivo del Instituto para Seguridad y Tecnología.

    El director del FBI, Christopher Wray, dice que las compañías y organizaciones víctimas de ataques ransomware no deben pagar a los piratas para liberar sus datos, sino recurrir a las autoridades inmediatamente.

    Los ataques ransomware han aumentado en los dos últimos años, impulsados por la proliferación de las criptomonedas, que permiten pagos peudoanónimos y un modelo comercial que atrae incluso a criminales menos sofisticados.

    Sin embargo, con los ataques a servicios críticos como hospitales y escuelas, las autoridades de Estados Unidos y otros países occidentales los están considerando como amenazas a la seguridad nacional.

    ¿Pagar o no pagar?

    Uno de los asuntos más difíciles para los funcionarios es si se debería prohibir a las empresas y otras organizaciones pagar los rescates de los ransomware.

    Los que están a favor de esta medida alegan que como los ataques están motivados por la recompensa, eliminar el incentivo económico sacará a los criminales del negocio.

    Los opositores dicen que prohibir los pagos perjudicaría los esfuerzos de las empresas para tratar de restaurar sus operaciones.

    Según Anne Neuberger, viceasesora de seguridad nacional para tecnología cibernética y emergente, “es una decisión difícil” que debe ser estudiada “con mucho cuidado” para anticipar sus efectos.

    También dijo que la infraestructura crítica de Estados Unidos es propiedad y está operada en gran parte por el sector privado, lo que limita la capacidad del gobierno de dictar decisiones comerciales, como pagar rescates.

    En su lugar, añadió, el gobierno está analizando incentivos que puede ofrecer a las organizaciones para que no tengan que pagar un rescate.

    Al mismo tiempo, la administración está revisando su política sobre el secreto de los pagos de ransomware. Como muchas víctimas negocian en secreto con los atacantes, se desconoce el alcance de muchos ataques ransomware, dijo Neuberger.

    Por otro lado, algunos miembros del Congreso están presionando por leyes que obliguen a las compañías a notificar al gobierno sobre intrusiones y que reporten todos los pagos de rescate.

    «Necesitamos más transparencia” en este asunto, dijo el senador demócrata Mark Warner, presidente del Comité de Inteligencia del Senado, a la cadena NBC el mes pasado.

  • El Zonte: un pueblo salvadoreño sin calles asfaltadas donde se compra con bitcoin

    Desde que el presidente salvadoreño Nayib Bukele anunció que el bitcoin será una moneda de libre curso en El Salvador, El Zonte se ha convertido en imán para los curiosos y epicentro de un proyecto pionero, pero no libre de críticas.

    EL ZONTE, EL SALVADOR -Calles de tierra donde se hace difícil avanzar cuando llueve, aguas residuales estancadas, barriles con la “B” de bitcoin como basureros, uno que otro turista extranjero y gente local amigable. Eso es lo que se encuentra al visitar El Zonte, un cantón de Chiltiupán, en el departamento de La Libertad.

    “Aquí se puede pagar con bitcoin”, dice sonriente Margarita Castillo, una joven de 23 años que vende refrescos, útiles escolares y camisas estampadas en este pueblo costero ahora conocido como el pionero mundial en el uso del bitcóin.

    Esta criptomoneda será legal en el país centroamericano a partir del 7 de septiembre, después de que el presidente salvadoreño Nayib Bukele anunció que a su gobierno le resulta más barato operar con bitcoin que con dólares.

    Y aunque la economía salvadoreña está dolarizada desde hace 20 años, Bukele ha dicho a los ciudadanos del país que el dólar seguirá siendo legal y que no obligará a los salvadoreños a usar la criptomoneda.

    Sin embargo, la ley aprobada por el Congreso salvadoreño establece que “todo agente económico deberá aceptar el bitcoin como forma de pago”.

    En El Zonte se usa el bitcoin desde antes de que fuera una moneda legal. Los comerciantes y algunos turistas utilizan la aplicación Bitcoin Beach para comprar alimentos, golosinas e incluso para recibir salarios.

    En las calles de tierra no es raro encontrar hombres trabajando en las obras de instalación de tuberías de aguas negras con fondos de cooperación estadounidense administrados por Fomilenio II. Tampoco es inusual ver a jóvenes  con camisas que llevan el logo de bitcoin, que trabajan en proyectos de Hope House y reciben su salario a través de Bitcoin Beach.

    Pero algunos comerciantes aún se resisten al uso de la criptomoneda. Las razones se relacionan con la falta de información sobre el uso del bitcoin, la falta de teléfonos inteligentes para las transacciones y el poco acceso a internet. Otros resienten la volatilidad de la moneda y eligen no arriesgarse.

    A diferencia de El Tunco, un paraíso para los surfistas aledaño a El Zonte, este pueblo pionero en el bitcoin aún carece de calles pavimentadas, de un buen sistema de drenaje y de agua potable, y a excepción de algunos hoteles de lujo, la mayoría de negocios son pequeñas tiendas y ventas ambulantes.

    Las casas en El Zonte son de láminas y bloques de concreto y como el país centroamericano se encuentra en época lluviosa, el lodo se acumula en el centro de las vías de tierra.

    Pese a ello, los habitantes llevan dos años intercambiando bitcoins en silencio. El pueblo cuenta con un cajero automático y una persona encargada de orientar a los usuarios a comprar criptomonedas.

    Aunque la joven encargada del lugar explica que ahora ya no hay tantos usuarios como cuando el presidente Bukele anunció la nueva moneda en junio, ella espera que la afluencia crezca cuando el gobierno entregue 30 dólares en bitcoins a quienes descarguen la billetera electrónica “Chivo”.

    «Chivo» es el equivalente salvadoreño a la palabra «chévere» en Venezuela o «cool» en Estados Unidos, ahora el gobierno de Bukele la ha adoptado para convertirla en el nombre oficial de su propia aplicación de bitcoin.

    Expertos en informática, como Carlos Palomo, quien también es fundador de la organización TRACODA, piden al gobierno transparentar la tecnología detrás de la aplicación. Palomo cree que una de las formas de hacerlo es poner a disposición el código fuente.

    “El Gobierno debe apostar por transparentar al máximo posible la tecnología que va a utilizar en Chivo, para que cualquier persona o informático puedan verificar que no se está utilizando esta aplicación para espionaje, para captar datos que no guardan relación con las transacciones financieras”, dijo.

    No ha sido sino hasta hace unas semanas que el presidente Bukele dio una conferencia de prensa en la que explicó el porqué de la decisión de legalizar el uso de la criptomoneda.

    «Lo que se intenta con la Ley Bitcoin es conectar nuestro país con el resto del mundo, traer divisas, inversiones, turismo y dinamizar nuestra economía», precisó Bukele.

    Paralelo a eso, el gobierno ha recibido críticas por no consultar a los ciudadanos la adopción de una nueva moneda. Y, en su defecto, dar poca información por medio de mensajes cortos y entrevistas en inglés.

    La oposición, representada por el partido de derecha Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que gobernaron El Salvador durante treinta años y que hoy son minoría en el congreso, acusa a Bukele de «imponer» el bitcoin. Además, de golpear la economía con una moneda inviable.

    Pero una de las ventajas de la criptomoneda, explicó el mandatario, es que el gobierno no cobrará comisión por el envío de remesas ni por las conversiones de bitcoins a dólares. Sin embargo, el cajero en El Zonte sí cobra una comisión de entre el 5% y el 7% por las transacciones.

    Un impulsor de la criptomoneda

    Hope House (Casa Esperanza) conocida hace 13 años por el proyecto “Llenando el tanque de amor de los niños” llegó a El Zonte con proyectos relacionados al deporte, a la educación, al emprendimiento y a los valores espirituales.

    Ese “grupo de amigos”, explica Renato Salazar, ha sido el impulsor del uso de la criptomoneda en el pueblo costeño.

    “Dado que estamos en un área turística, muchas personas venían y se dieron cuenta de los proyectos que estábamos  desarrollando con los niños y la juventud. (…) Apareció un donante anónimo y dijo ‘yo quiero colaborar, pero solo tengo bitcoins’, y así fue como llegó bitcoin a El Zonte hace tres años”.

    Tras las donaciones, Hope House comenzó varias capacitaciones sobre el uso de bitcoins en la comunidad.

    Salazar explicó que la criptomoneda tiene sus riesgos por el tema de la volatilidad, pero que los habitantes pueden utilizarla solo como moneda de intercambio y no como moneda para invertir si no lo deseaban.

    “Se habló con un comercio acá para que recibieran los pagos en bitcoin y así sucesivamente poco a poco fue creciendo. (…) No toda la gente la recibe y no se le obliga a nadie tampoco”, dijo.

    El cierre de la economía a nivel mundial consolidó el uso de la criptomoneda en El Zonte. Margarita Castillo, a quien citamos al inicio del reportaje, relata que recibió 35 dólares en bitcoins durante algunos meses por parte de esta organización sin fines de lucro.

    “Nos ofrecieron un bono en bitcoin para ayudar a las familias. Nos hablaron de la aplicación y yo decidí aceptar. No me costó adaptarme, es como una cuenta electrónica que uno anda en su teléfono. A veces sube y ahí viene el beneficio. Así como sube también baja, es un riesgo que uno corre”, agregó.

    Para Hope House, el uso del bitcoin se relaciona con la inclusión financiera. Salazar pone el ejemplo de una niña de 14 años que recibe un incentivo en bitcoin al cumplir sus tareas y, haciendo uso de la tecnología, va a una tienda y consume en bitcoins.

    O un señor que cambió el techo de su casa con la ganancia que le dejó el incremento en el valor de la moneda.

    “Durante la pandemia el bitcoin fue una herramienta porque pudimos apoyar a 300 familias durante varios meses. La gente recibió un aporte y ellos pudieron comprar víveres en los comercios que ya lo aceptaban”, agregó.

    Strike, una plataforma de pagos digitales asociada con el gobierno salvadoreño, se encuentra en las mismas instalaciones de Hope House, en El Zonte. Sin embargo, Salazar asegura que Hope House no tiene relación con el gobierno salvadoreño ni son “el laboratorio del bitcoin” como les han llamado en algunos espacios.

    Bitcoin en El Salvador, ¿conviene o no?

    No hay un estudio ajeno a lo que vive El Zonte, que indique si el bitcoin en El Salvador puede hacer crecer o no la economía salvadoreña.

    Pese a que El Zonte lleva tres años con el uso de la criptomoneda, las condiciones económicas son similares a las de pueblos costeros aledaños.

    Tito Antonio Cartagena, alcalde de Chiltiupán, municipio al que pertenece El Zonte, dice que de 12.000 habitantes que tiene el municipio, hay entre 500 y 700 que ya utilizan las criptomonedas, es decir el 5% del municipio.

    Uno de los beneficios que señala son las inversiones. “Vienen o nos llaman y nos dicen que quieren invertir en Chiltiupán, que están buscando propiedades”.

    Pero Chiltiupán se divide en el casco urbano, ubicado en zona montañosa, y la zona costera donde se encuentra El Zonte. El propósito de la municipalidad es llevar al casco urbano un cajero de bitcoin y una casa de cambio, pues son pocos los negocios que aceptan la criptomoneda en la zona.

    El restaurante Típicos Mamá Letty fue el pionero en el uso de la criptomoneda en el casco urbano. Saúl Díaz, representante del restaurante, dice que aceptar la criptomoneda ha incrementado los clientes, pues llegan muchos extranjeros de la zona costera buscando pagar con bitcoin.

    “Además, los que venden verduras ya aceptan bitcoin. Antes era bien difícil porque si yo aceptaba bitcoin no tenía con quien cambiarlo. Tenía que buscar un cajero y ahí sí cobran comisión”, dijo.

    Pero el comerciante, como muchos otros salvadoreños, también ve desventajas. Una de ellas es que no todos tienen el dinero para comprar un teléfono que soporte la tecnología requerida por el bitcoin. Y la conexión a internet, además, suele ser limitada.

    También, un comedor frente a la playa El Palmarcito, cerca de la bocana que atraviesa el pueblo, se niega a aceptar el bitcoin en su negocio. “Eso no me interesa, no voy a hablar de eso”, acotó de forma tajante la comerciante del lugar.

    El alcalde, que ganó el municipio bajo la bandera de Nuevas Ideas, partido político fundado por el presidente Bukele, asegura que busca mejorar la señal de Internet en la zona para que más negocios acepten la criptomoneda.

    Asimismo, la municipalidad busca que aquellos salvadoreños que viven fuera de El Salvador, mayormente en Estados Unidos, y que tienen propiedades en el municipio, paguen los impuestos con bitcoins.

    Pero el economista Rafael Lemus ve el tema más allá de potenciales inversiones y pagos. Él cuestiona que la ley le ha dado calidad de moneda de curso legal a “un instrumento que no es moneda ni divisa, sino un activo virtual especulativo”. Y que por su volatilidad ha probado “ser inefectivo”.

    “No cumple con  las funciones principales del dinero que son: medio de pago, reserva de valor y unidad de cuenta. El Salvador busca darle al bitcoin solamente la facultad de medio de pago. En la misma ley se reconocen las limitaciones del activo virtual”, asegura.

    ¿Hay condiciones para operar con la criptomoneda?

    No toda la población podrá utilizar el bitcoin como medio de pago, y las limitantes tienen relación con la economía.

    De siete millones de salvadoreños, al menos un 75% no dispone de acceso a servicios financieros formales, según el Banco Mundial. Y hasta un 39% de los salvadoreños vive en pobreza, según un estudio de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador.

    La brecha digital, además, es aún una deuda: cerca de la mitad de los salvadoreños no tiene acceso a internet.

    La Voz de América pidió a la oficina de comunicaciones del gobierno una entrevista con la ministra de Economía para conocer, paralelo a la implementación de la moneda, cómo piensa el gobierno superar estas dificultades, pero no hubo respuesta.

    Mientras tanto, Margarita Castillo, la joven dueña de la tienda de ropa, saca provecho del uso de bitcoin: “La gente que pierde es por ambición. Meten más pisto para ganar más, pero así pierden. Yo, cuando veo que tengo 10 o 20 dólares de ganancia los saco y ya me sirven para surtir la tienda o para comprar algo que necesite”.

    Karla Arévalo, para VOA.

  • Criptoindustria crece en Alemania y El Salvador, mientras Panamá sigue rezagada

    En estas últimas semanas, tanto El Salvador como Alemania, países absolutamente contrapuestos entre sí, han dado impulso ya no sólo a las criptomonedas, sino a la criptoindustria, mediante regulaciones amigables a todo el ecosistema generado. Panamá, habiendo sido un centro bancario internacional, vanguardista en figuras financieras, de a poco ha ido perdiendo terreno en el campo financiero y hoy día, cada día de atraso, equivalen a años completos de competitividad que no se recuperan.

    El primer caso es el anunciado y efectivo golpe publicitario dado por el presidente de El Salvador en la Convención de Miami hace exactamente un mes. Desde ese momento, la marca país de El Salvador ha ido en constante aumento, debido no sólo a la cantidad de inversores y no sólo de la criptoindustria hablando sobre el país, sino sobre acciones concretas de empresas como la anunciada hace unos días, Chainbytes.

    El fabricante de cajeros automáticos (ATM) de bitcoin, ChainBytes, informó el miércoles pasado que trasladó a El Salvador su centro principal de producción. En 10 días, la empresa tendrá listo el primer prototipo elaborado completamente en tierra salvadoreña y, a partir de allí, sus esfuerzos se centrarán en alcanzar una productividad de 50 equipos diarios o 1.500 al mes. Actualmente son 175 empleados, pero se calcula que las contrataciones locales sólo irán en aumento debido a que la empresa poseía un centro de producción en China que tuvo que desmantelar recientemente debido a la represión contra las criptomonedas en ese país. Ahora, la compañía ha trasladado todo ese centro de producción a El Salvador. De nada sirvió que Panamá tuviera una ley de manufacturas (EMA) preparada a tal fin.

    El centro dará servicio a las «operaciones de la empresa en las regiones de LATAM, EE. UU. y Canadá con el supply chain global». La compañía ha estado prestando servicios a operadores de cajeros automáticos de bitcoin y empresas que buscan ingresar al negocio de cajeros automáticos de bitcoin desde el año 2012.

    Eric Grill, el director ejecutivo de Chainbytes, dijo: «Chainbytes brindará servicios a los salvadoreños que buscan operar cajeros automáticos de bitcoin en el país y colaborará con su gobierno, entidades legales y asociaciones para garantizar que el centro de fabricación tenga éxito y traiga prosperidad al país».

    Grill elogió recientemente a El Salvador por «mostrar liderazgo al mundo en la implementación de bitcoin como moneda legal». El CEO opinó: «Creemos que al hacerlo, el país se está posicionando para ser más un centro tecnológico», y agregó que su empresa «quiere ser parte de ayudar a que eso tenga éxito». Grill continuó: «Nuestra iniciativa brindará la capacitación y los trabajos calificados necesarios para todos los salvadoreños, lo que, a su vez, contribuirá a la economía y a la nación».

    Tracy Jefferson, directora de operaciones de la empresa, explicó que El Salvador «tiene zonas francas y parques de servicios que alentarán a más empresas a operar aquí». Además, señaló que “con los centros marítimos y aéreos en su lugar, tiene sentido que produzcamos máquinas aquí no solo para los salvadoreños sino para exportar a toda América del Norte y del Sur”. Palabras que podrían haber sido perfectamente aplicables a Panamá, con toda su infraestructura preparada y su envidiable posición logística. ¿Criptoindustria en Panamá? No por ahora.

    El segundo caso, en Alemania, se refiere a los 4000 fondos institucionales en Alemania que ahora pueden invertir el 20% de sus carteras en criptoactivos.

    La muy esperada Ley de colocación de Fondos (Fondsstandortgesetz) entró en vigor el 1 de julio en Alemania. El parlamento federal alemán, el Bundestag, había aprobado la legislación el 22 de abril.

    Según esta ley, los fondos especiales nacionales nuevos y existentes (Spezialfonds) pueden invertir hasta el 20% de sus carteras en activos criptográficos, como bitcoin.

    Hay aproximadamente 4.000 fondos especiales de este tipo cubiertos por esta legislación. Según un informe de BVI Investments, a finales de diciembre de 2020 se invirtieron 1,88 billones de euros (2,23 billones de dólares) en fondos especiales abiertos, excluidos los fondos inmobiliarios especiales.

    Si todos los fondos especiales asignaran el 20% completo en criptomonedas, equivaldría a más de 376 mil millones de euros ($ 446 mil millones).

    Tradicionalmente, los fondos especiales son fondos de inversión regulados y de composición abierta limitados a inversores institucionales, como instituciones financieras, compañías de seguros, corporaciones, fundaciones e iglesias.

    El interés en la criptoindustria está aumentando, según los expertos del mercado, que anticipan que estas nuevas regulaciones podrían desencadenar una inversión significativa en el mercado criptográfico.

    Sven Hildebrandt, jefe de la consultora de cadena de bloques de Hamburgo DLC Distributed Ledger Consulting, dijo al medio Decrypt que proyecta una entrada teórica del orden de 350.000 millones de euros (415.000 millones de dólares) en criptoactivos. Esa es una cantidad significativa, y «malditamente enorme», según Hildebrandt, considerando que la capitalización de mercado actual de Bitcoin es de $ 632 mil millones. Asimismo, considera que es un gran impulso para la posición de Alemania como un centro de inversión financiera, y los expertos creen que nutrirá a la industria de la criptografía en su conjunto al legitimar aún más esta clase de activos.

    Y añadió: «Aquí, la ley va en la dirección correcta y la acogemos expresamente».

    Sus cálculos se basan en estimaciones de que alrededor de 1,87 billones de euros (2,2 billones de dólares) están inmovilizados en aproximadamente 4.000 fondos especiales. «Esto no sucederá de la noche a la mañana, pero estamos hablando del vehículo de inversión más grande que tenemos en Alemania, literalmente, todo el dinero está ahí», dijo Hildebrandt.

    La ley alemana avanza en la dirección correcta. Una criptoindustria es posible. No existe un equivalente estadounidense de Spezialfonds, pero se han comparado con los Fondos Especiales de Inversión (SIF) en Luxemburgo y los Fondos de Inversión Calificados (QIF) en Irlanda. Estos tipos de vehículos de inversión son atractivos para las instituciones porque permiten flexibilidad y son mucho menos restrictivos en los requisitos de liquidez, diversificación, restricciones de endeudamiento y apalancamiento. Al mismo tiempo, el marco regulatorio sólido brinda seguridad a los inversores. ¿Por qué no hemos podido generar un instrumento así en todo este tiempo en Panamá?.

    La agencia alemana de defensa de las inversiones alternativas, Bundesverband Alternative Investments (BAI) ha elogiado la nueva legislación. Ahora pide «que se amplíe para incluir fondos públicos».

    Mientras tanto, en Panamá, ¿podemos decir lo mismo?. Quizás muchos lectores no lo saben, pero hace más de 10 años, cuando las criptomonedas comenzaban a asomarse, los reguladores en el estado de New York comenzaron a exigir licencias incumplibles y los pioneros de la criptoindustria vieron en Panamá un oasis para comenzar sus negocios. Los más importantes, muchos de ellos hoy mil veces millonarios, mayormente de Estados Unidos, estuvieron en el país, comenzaron sus negocios aquí, pero de a poco se fueron desilusionando por no poder conformar un ecosistema local y se fueron todos.

    En una segunda ola, de la cual he sido activa participante, provino de Europa central más precisamente. Quise compartirles a todos lo que era mi amado paraíso y lo que podía complementar un centro financiero moderno a la criptoindustria. Me habría gustado que Æternity hubiera elegido Panamá y no Uruguay para su expansión por latinoamérica. Mis amigos checos, eslovacos, austríacos, ucranianos que eran fanáticos de Panamá, de a poco mudan sus esperanzas y acciones concretas a Paraguay. Incluso este último al día siguiente de El Salvador anunciaba también un proyecto de ley amigable a la criptoindustria. Localmente, nos cansamos de dar charlas y explicar sobre la conveniencia de una desregulación o una regulación amigable a la criptoindustria y al sector financiero en general y no encontrar eco.

    Habrá una tercera ola?? Como expresara al inicio, horas y días que se pierden en vericuetos legislativos, tanto para desregular lo que hace falta, como para darle un respaldo legal a lo que ya existe en el viejo mundo de las inversiones, son años de competitividad perdida. Panamá ya posee un artículo constitucional que rechaza el «curso forzoso de moneda», por lo cual, a diferencia de El Salvador, no necesitaríamos una regulación para las criptomonedas. Ya existe desde 1904. Y atención, no se necesitan más «personas educadas» o «mejorar la educación» para que tengamos un centro financiero moderno que incluya a todos, como se repite. Se necesita más libertad, menos estado y más personas libres.  El Salvador, con la misma dolarización que poseemos aquí, se ha atrevido a desafiar a los reguladores globales y hasta ahora no le han quitado corresponsales ni amenazado con listas de dudosa reputación. Nosotros ¿qué hacemos mientras tanto? Nada. Luego, nos quejamos.

  • Irlanda, Estonia y Hungría rechazan el pacto global impositivo de la OCDE. ¿Cómo cree votó Panamá?

    Irlanda es uno de los nueve países que no firmó un acuerdo importante para la OCDE ayer jueves , que pretende reformar el régimen fiscal corporativo global. La OCDE anunció que 130 de los 139 países involucrados en las conversaciones se habían adherido a los lineamientos de lo que sería «un acuerdo histórico», que debiera concluirse en octubre.

    Según el plan, los países podrán gravar las ganancias de las grandes empresas en los mercados donde se obtienen, independientemente de si tienen presencia física allí, mientras que se establecerá una tasa impositiva mínima global «de al menos el 15%».

    La OCDE dijo que el plan garantizará que las empresas multinacionales paguen «una parte justa» de los impuestos dondequiera que operen.

    La declaración acordada representa un avance dañino para la competencia fiscal,  en un largo proceso de reforma que ha sido empujado por la OCDE durante los últimos dos años.

    El ministro de Finanzas irlandés, Paschal Donohoe, dijo que está «absolutamente comprometido» con el proceso de reforma del régimen fiscal corporativo global y trabajará con los países de la OCDE para encontrar un resultado que Irlanda pueda apoyar.

    Hablando en la sede de Finanzas el jueves por la noche, el Sr. Donohoe dijo que «podría» apoyar «muchos elementos» de lo que han acordado 130 naciones, pero tiene reservas sobre una tasa impositiva mínima del 15 por ciento.

    La tasa impositiva del 12,5 por ciento de Irlanda es una de las razones por las que ha sido tan competitiva durante muchas décadas, dijo el Ministro, y el continuará «defendiendo nuestra tasa». Va a lanzar un programa de consulta pública sobre las negociaciones de la OCDE para recabar opiniones sobre lo que está surgiendo.

    La decisión de Irlanda de no firmar es una gran jugada política del Gobierno enfrentándose a la presión global mayoritaria. Todos los países importantes están apoyando el acuerdo, aunque el acuerdo aún podría enfrentar dificultades en el Congreso de Estados Unidos, donde existe una importante oposición republicana a algunos de sus términos.

    El acuerdo entre la gran mayoría de los países de la OCDE sigue a un acuerdo logrado en la reciente reunión de ministros de finanzas del G7 sobre un plan para imponer una tasa impositiva global efectiva mínima de al menos el 15 por ciento sobre las ganancias de las principales corporaciones, además de gravar sobre las ganancias que obtienen en los grandes mercados donde no tienen presencia física. Los otros ocho países que no se han adherido incluyen otros dos países de la UE con impuestos bajos: Estonia y Hungría, y  varios países que son señalados como paraísos fiscales: Barbados y San Vicente y las Granadinas, y dos países africanos, Kenia y Nigeria, que incluso «pudieran» ser beneficiarios del acuerdo para los países en desarrollo. Sin embargo, después de semanas de negociaciones difíciles, los grandes países que supuestamente tenían dificultades con algunos aspectos del acuerdo, incluidos China e India, lo firmaron. Todos los países firmantes representan el 90% del PIB mundial, e incluyen a EE. UU., China, Reino Unido, Francia y Alemania.

    «Después de años de intenso trabajo y negociaciones, este paquete histórico garantizará que las grandes empresas multinacionales paguen su parte justa de impuestos en todas partes», dijo el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann.

    Dos pilares

    La OCDE dijo que el paquete de dos pilares garantizaría que las grandes empresas paguen impuestos donde operen y obtengan ganancias, al tiempo que agregaría certeza y estabilidad al sistema tributario global.

    Bajo el primer pilar, se espera que los derechos impositivos sobre más de $ 100 mil millones de ganancias se reasignen de los mercados internos de las empresas a otras jurisdicciones cada año.

    Las empresas consideradas en el ámbito de aplicación serían multinacionales con una facturación global superior a 20.000 millones de euros y un margen de beneficio antes de impuestos superior al 10%, y el umbral de facturación posiblemente se reduzca a 10.000 millones de euros después de siete años tras una revisión.

    Se espera que la tasa impositiva mínima de al menos el 15%, acordada en el pilar dos, genere hasta $ 150 mil millones en ingresos adicionales cada año, dijo la OCDE. La tarifa se aplicaría a las empresas con un volumen de negocios superior al umbral de 750 millones de euros, y solo quedaría exento el sector del transporte marítimo.

    Pérdida de ingresos anual

    El Departamento de Finanzas irlandés ha estimado previamente que el acuerdo costaría a Irlanda la pérdida de más de 2.400 millones de euros en ingresos fiscales anuales durante los próximos cuatro años como resultado de los cambios.

    Hablando en la sesión informativa, el Ministro Donohoe no se sintió atraído por los cambios que Irlanda necesitaría ver para considerar la firma del acuerdo. Tampoco estuvo preocupado cuando se le consultó sobre el riesgo potencial para la reputación de que Irlanda no se registre desde el principio; Donohoe dijo que solo será posible formarse una opinión sobre los efectos de estar o no en el acuerdo cuando se alcance el punto de implementación.

    “Dado que esta es una negociación en la que estamos participando de buena fe, no voy a indicar en este momento, particularmente hoy, cuáles podrían ser diferentes resultados que podrían o no ser aceptables para Irlanda”, dijo. Una parte clave de la política fiscal de Irlanda ha sido la «certeza y previsibilidad«, y para defender estos principios era importante para él indicar un apoyo parcial, pero también una reserva.

    «Como resultado de esta reserva, Irlanda no está en posición de unirse al consenso», se lee en el comunicado. Se necesita una consulta pública sobre el borrador del acuerdo para aprovechar las opiniones de las partes interesadas con el objetivo de preservar la estabilidad en la política fiscal de Irlanda, agregó.

    «Siempre he hablado de mi deseo de un acuerdo integral, sostenible y equitativo sobre las normas fiscales internacionales en la OCDE que satisfagan las necesidades de todos los países, grandes y pequeños, desarrollados y en desarrollo», dijo.

    “Ahora vamos a considerar el acuerdo en la ronda…. Cuando lleguemos a octubre, será aún más claro cómo será un acuerdo. Negociaremos y participaremos de buena fe hasta ese momento «.

    Mientras Irlanda, Estonia y Hungría, todos países miembros de la UE sufren las presiones internas y embates desde la cartelizada OCDE y conservan su posición soberana, Panamá, que posiblemente haya sido el país que más ha sufrido globalmente, post Panama Papers, firmó el documento sin reserva alguna. Luego nos quejamos.

  • La intervención estatal y los malos incentivos que genera

    La intervención, quirúrgica o gubernamental, es cosa muy delicada. Pero, en particular las gubernamentales debemos verlas con inmenso recelo, dada su propensidad politiquera y corrupta. En el caso de la intervención quirúrgica, el cirujano tiene buenos incentivos para salvar y mejorar la salud del paciente; pero, en la arena política, los incentivos se inclinan a lo negativo. Sólo a manera de ejemplo, el cirujano sigue siendo cirujano luego de las elecciones; pero, el político, si es honesto y no promete el cielo y la tierra, lo más probable es que quede fuera de la jugada. Este es un problema cultural y tema de otro escrito.

    El ciclo económico típico tiene razones propias del mercado, tales como malas inversiones, que el mercado capta en sus señales de precios, llevando a las correcciones del caso. Las depresiones profundas típicamente se deben a la intervención gubernamental, de forma tal que anula los mecanismos correctores del libre mercado, lo cual prolonga y profundiza la crisis. En tal situación es probable que se llegue al grado de “estanflación”, como en 1970. La mala intervención se manifiesta con controles de precios, incluyendo los salarios, intervención en las tasas de intereses; y, ni hablar de lo que vivimos durante los encierros vacunos del COVID.

    Luego viene el gasto gubernamental deficitario, planillas abultadas y hasta groseras, supuestamente para dar asistencia; pero… el asunto es ¿asistencia a quiénes? Obvio que a los amiguitos o buenos clientes. Luego vienen los rescates a empresas que según los “expertos” que no se puede permitir que colapsen. Y si estas cosas no alcanzan, entonces vemos, tal como en los EE.UU. de Biden, astronómicas intervenciones económicas en supuestos proyectos de infraestructura. Y parte del engaño consiste en llamar “infraestructura” al parte y reparte, que permite quedarse con la mejor parte. Entonces, cuando todos esos esfuerzos interventores no funcionan y la economía se desploma, se van en busca de chivos expiatorios.

    La virulenta noción de que un gasto, o mal llamado “incentivo gubernamental”, pueda ser buena medicina es, no sólo absurda sino ridícula. Y ni hablar cuando la politiquería gubernamental decide redirigir gastos de supuestas inversiones hacia proyectos o programas populares; lo cual no está basado en criterios de emprendimiento sino del clientelismo político.

    Y más allá aún, están los supuestos subsidios que no subsidian, sino que crean dependencia y servidumbre. Los fondos de subsidio tienen que salir de algún lado. Salen del bolsillo de empresas y personas que han sabido producir. Pero si les quitas a éstos, bajo la suposición de que tío gobierno le va a dar mejor uso, entramos en el ámbito del engaño patrañero. Y los que terminan pagando el mayor precio son, precisamente, los más necesitados.

    Todo lo señalado nos retrotrae a esas actividades politiqueras que desvían la atención e inversión hacia áreas o actividades que procuran valerse de los supuestos regalos de incentivo; que distrae de la actividad económica productiva. Los agentes gubernamentales, que saben de los negocios oscuros, pero poco de los claros, desvían los dineros de actividades productivas.

    Semejantes artimañas politiqueras caen en el área de lo azaroso moral. A su vez, lo azaroso moral, que infecta la actividad gubernamental, afecta la actividad empresarial; que prostituye creando coyundas público/privadas perjudiciales.

    Tal vez el mejor ejemplo de intervencionismo castrante lo estamos viviendo hoy con la absurda intervención estatal en lo del COVID. Es la intervención miope que sólo ve y busca la ilusa “solución” del momento, sin ver que a más largo plazo el problema ya no será el COVID sino el virus interventor de la economía; el cual es aún más mortal que aquel de Wuhan.

  • Legalización del consumo recreacional del cannabis es reconocido vía judicial en México.

    Casi tres años después, la Corte Suprema de México dictaminó que la prohibición del consumo de marihuana en el país es inconstitucional. La Declaratoria General de Inconstitucionalidad (DGI) se votó este lunes para poner fin a la criminalización, dado que los legisladores no aprobaron un proyecto de ley de legalización en un plazo clave vencido a fines de Abril.

    En 2018, el máximo tribunal  de justicia ordenó a la legislatura que promulgara un cambio de política. Pero si bien ambas cámaras del Congreso promovieron la reforma de la legislación en diversas formas, y requirieron múltiples extensiones de plazos para hacerlo, finalmente no pudo cumplir esa obligación a tiempo al final de la sesión más reciente.

    La ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien se desempeña en el tribunal superior, presentó una declaración general de inconstitucionalidad a principios de este mes, preparando el escenario para la votación del lunes.

    El Pleno del máximo Tribunal del país votó 8-3 a favor de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad (DGI) de los apartados en la ley mexicana que prohíben el uso lúdico y recreativo del cannabis, a veces también llamado “consumo adulto”, con la mayoría de los votos que se necesitaban, ni uno más ni uno menos. El voto de 8-3 significa que la posesión y el cultivo de marihuana para uso personal será legal a nivel nacional. El Ministerio de Salud todavía tendría alguna autoridad reguladora con respecto a permitir el cultivo personal, pero las personas ya no necesitarán presentar solicitudes de protección legal a través de un proceso judicial más complicado.

    Los promotores de la legalización dicen que esta decisión subraya la necesidad de que los legisladores aprueben rápidamente una medida para implementar un sistema integral de ventas legales y reguladas. Quieren asegurarse de que se establezca un mercado que sea equitativo, aborde los daños de la criminalización en ciertas comunidades y promueva la libertad personal.

    Un poco de historia

    Los legisladores estuvieron cerca de lograr ese objetivo durante los últimos tres años, pero no lograron hacer su trabajo expidiendo la ley. El Senado aprobó un proyecto de ley de legalización a fines del año pasado, y luego la Cámara de Diputados hizo las revisiones y lo aprobó en marzo, enviándolo de regreso a la cámara de origen. Luego, un par de comités del Senado tomaron y aprobaron la medida enmendada, pero los líderes rápidamente comenzaron a señalar ciertas revisiones que hicieron que la propuesta no fuera viable. Así se mantuvo la situación durante semanas mientras se acercaba la última fecha límite del 30 de abril señalada por la Corte. Se esperaba que el Senado volviera a pedir al tribunal una prórroga, pero eso no se llevó a cabo. En cambio, los legisladores han comenzado a plantear la idea de realizar una sesión legislativa especial para hacer el trabajo este año.

    Después de que la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de legalización aprobado por el Senado, los senadores dijeron que la propuesta revisada tenía un conflicto interno crítico sobre las disposiciones relativas a los límites de posesión legal, la definición de cáñamo y otros temas, y los propios legisladores podrían estar sujetos a responsabilidad penal si  la ley entraba en vigor tal como estaba redactada.

    Pero el líder de la mayoría en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, dijo en abril que, si el tribunal hacía una declaración de inconstitucionalidad antes de que se aprobara una medida para regular el cannabis, resultaría en un ‘caos’.

    El principal senador también habló sobre la importancia de que los legisladores se tomaran su tiempo para diseñar una buena política y no se apresuraran en medio del cabildeo de los intereses de la industria farmacéutica y del tabaco.

    “No debemos dejarnos presionar por intereses”, dijo. “El Senado debe actuar con gran prudencia en este asunto”.

    El senador Eduardo Ramírez Aguilar del gobernante partido MORENA dijo en abril que “en este momento, es importante legislar en los términos que se nos presentan” y luego considerar revisiones adicionales a las leyes del cannabis a través de proyectos de ley posteriores.

    Esa es también la posición que adoptaron muchos defensores de la legalización, instando a los legisladores a aprobar un proyecto de ley imperfecto de inmediato y luego trabajar para solucionarlo.

    Según la propuesta, los adultos mayores de 18 años podrán comprar y poseer hasta 28 gramos de marihuana y cultivar hasta seis plantas para uso personal. Los diputados realizaron cambios que conciernen principalmente a la estructura regulatoria, reglas para el mercado comercial y políticas de licencias.

    Uno de los cambios más notables realizados por la Cámara de Diputados fue que el proyecto de ley revisado no establecería un nuevo organismo regulador independiente para supervisar la concesión de licencias y la implementación del programa como fue aprobado por el Senado. En cambio, le daría esa autoridad a una agencia existente, la Comisión Nacional Contra las Adicciones.

    Los diputados también aprobaron revisiones adicionales para aumentar las sanciones por posesión no autorizada de grandes cantidades de cannabis, evitar que las tierras forestales se conviertan en áreas de cultivo de marihuana y exigir a los reguladores que ‘coordinen campañas contra el uso problemático de cannabis y … desarrollen acciones permanentes para disuadir y prevenir su uso’ por menores y grupos vulnerables ”.

    Los defensores de la despenalización esperaban más. A lo largo de este proceso legislativo, han pedido cambios para promover aún más la equidad social y eliminar las sanciones estrictas por violar la ley.

    Si bien el proyecto de ley daría prioridad a las licencias para las comunidades marginadas, a los defensores les preocupaba que no hubiera criterios lo suficientemente estrictos y específicos para garantizar ello. También presionaron para que se hiciera una enmienda para que se reservara un porcentaje específico de licencias para esas comunidades, pero eso no sucedió.

    Monreal Ávila, líder de la mayoría en el Senado, dijo antes de la votación de la Cámara de Diputados que ‘no hay problema si modifican la ley del cannabis, no tenemos ningún problema’. “Ese es nuestro trabajo y nuestra función. Y a la vuelta revisaremos si son adecuados o no ”. “La idea es regular el uso de cannabis y no ignorar un enfoque prohibicionista que ha generado un gran problema social en el país”.

    El presidente Andrés Manuel López Obrador, por su parte, dijo en diciembre que la votación sobre la legislación de legalización se retrasó debido a ‘errores’ menores en la propuesta.

    Los miembros de los Comités de Justicia, Salud y Estudios Legislativos del Senado también aprobaron una versión anterior de la legislación legal sobre el cannabis el año pasado, pero la pandemia retrasó la consideración del tema. El senador Julio Ramón Menchaca Salazar, del partido MORENA, dijo en abril que la legalización del cannabis podría llenar las arcas del tesoro en un momento en que la economía se está recuperando de la crisis sanitaria.

    A medida que los legisladores trabajaban para promover la reforma legislativa, algunos miembros y activistas dieron un impulso más frontal y desenfadado para centrar la atención en el tema. Ese impulso ha consistido principalmente en plantar y regalar marihuana.

    En septiembre, un alto funcionario de la administración en el Senado, recibió una planta de cannabis y dijo que la convertiría en parte de su jardín personal.

    Otro legislador le dio a la secretaria del Ministerio del Interior Olga Sánchez Cordero, un porro de marihuana en el piso de la Cámara de Diputados en 2019.

    El cannabis hizo otra aparición en la legislatura en agosto, cuando la senadora Jesusa Rodríguez del partido MORENA decoró su escritorio con una planta de marihuana.

    Los defensores de la reforma de las políticas de despenalización de las drogas también han estado cultivando cientos de plantas de marihuana frente al Senado, presionando a los legisladores para que cumplan su promesa de avanzar en la legalización.

    Y en ese contexto es que llega la DGI discutida y aprobada este lunes en la Corte. La Corte allanó el camino y dejo expuestos a los legisladores mexicanos; expuso la incapacidad tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de llegar a un acuerdo para despenalizar y regular el consumo lúdico de la marihuana luego de la jurisprudencia en el tema que generó la SCJN.

    El Congreso tuvo hasta tres prórrogas (cuatro etapas distintas desde la resolución del máximo Tribunal del país) para reformar la legislación vigente y darle paso a la libertad de consumo, pero no pudo hacerlo en los últimos años a pesar de que desde 2018 ambas Cámaras son controladas por Morena, el partido de López Obrador.

    “Hoy es un día histórico para las libertades. Después de un largo camino, esta Suprema Corte consolida el derecho al libre desarrollo de la personalidad para el uso lúdico de la marihuana”, expresó tras la votación, que él mismo impulsó a favor, el ministro presidente de la SCJN Arturo Zaldívar.

    Ahora, con la DGI aprobada por la Suprema Corte, una serie de artículos que prohibían el consumo lúdico y recreativo de la marihuana serán declarados inconstitucionales y dejarán de surtir efecto, pero su alcance podrá apreciarse recién cuando se publiquen. Ante este “vacío”, el Congreso mexicano podrá solucionar creando, ahora sí, una legislación que regule el consumo lúdico de cannabis. Pero mientras tanto, los consumidores ya cuentan con protección jurisdiccional. Funcionaron los poderes republicanos, ganó la libertad.