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Categoría: Marcos Regulatorios

  • Bitfury, empresa de tecnología blockchain, lanzará centros de minería de Bitcoin (BTC) en Paraguay

    Bitfury, la empresa de tecnología blockchain y de hardware de minería de Bitcoin (BTC) planea lanzar varios centros de minería de criptomonedas en Paraguay, de acuerdo con una nota de prensa publicada hoy.

    La empresa ya había anunciado su alianza con Commons Foundation, una empresa de investigación peer-to-peer de Corea del Sur, para lanzar una serie de sitios de procesamiento de transacciones utilizando los centros de información móvil BlockBox AC en Paraguay.

    Asimismo, este proyecto surge como parte de una iniciativa más grande de Commons llamada “Golden Goose”, que aspira a “expandir la innovación blockchain y el uso de las criptomonedas hacia los países hispanoparlantes”, de acuerdo con la nota de prensa.

    Los sitios serán alimentados por energía limpia generada por la central hidroeléctrica Itaipú, el mayor productor de energía hidroeléctrica operativa del mundo, y Yacyretá con 20 máquinas totalmente en producción. Paraguay actualmente solo utiliza alrededor del 50 por ciento de la electricidad limpia producida por las dos centrales eléctricas. Según el anuncio, las instalaciones de minería en Paraguay contarán con alrededor de 200,000 metros cuadrados, con energía provista por una subestación de poder de 500 MW.

    «Estamos comprometidos a aumentar la seguridad de Bitcoin Blockchain, tanto a través de la innovación en nuestra cartera de hardware como en la expansión de su red en todo el mundo», dijo Valery Vavilov, CEO de Bitfury. «Bitfury siempre ha priorizado la descentralización global de Bitcoin Blockchain y esperamos poder ayudar a nuestros socios a introducir esta industria en Paraguay. Nos sentimos honrados de poder llevar nuestras capacidades de procesamiento de transacciones de Bitcoin a Paraguay en asociación con una de las más importantes  organizaciones con visión de futuro de Corea.”, dijo Eun Lee, Jefe de Bitfury Corea. «Nuestra experiencia combinada y nuestra visión compartida para brindar las mejores soluciones de criptomoneda asegurarán el éxito de esta nueva y emocionante empresa».

    Sandra Otazú Vera, una abogada senior en Paraguay y asesora de la Fundación Commons, dijo que la nueva asociación aportará innovaciones muy necesarias a la dinámica del país, que espera recibir inversiones extranjeras centradas en las nuevas tecnologías. «Paraguay está explorando formas creativas de usar tecnologías emergentes, como blockchain y criptomonedas, para beneficiar a su economía y a sus ciudadanos, y esta asociación con aliados estratégicos como Commons Foundation y Bitfury proporcionará la infraestructura que les permita avanzar en esos esfuerzos’. dijo Otazú.

    Commons Foundation también planea lanzar un exchange global de criptomonedas a fines de 2019 para traer más innovación a Paraguay y ayudar a construir un ecosistema Blockchain en América Latina y emitirá un Golden Goose Token (GOLD) para los participantes del proyecto. El exchange utilizará la plataforma de análisis Crystal de Bitfury para cumplir con las políticas anti lavado de dinero (AML) y de Know-Your-Customer (KYC) de sus clientes.

    Recordemos también que en noviembre de 2018, Bitfury se alió con la Plekhanov Russian University of Economics de Rusia para desarrollar un curso blockchain para jóvenes emprendedores. En consecuencia, la empresa firmó un contrato en diciembre con  la Consultora PwC para lanzar un acelerador blockchain para  empresas en Rusia.

  • Empresa suiza emitirá billetes físicos para la criptomoneda de las Islas Marshall

    En febrero de 2018, Marshall Islands se convirtió en la primera jurisdicción en emitir una criptomoneda legal. Las autoridades de la isla ordenaron la circulación de la moneda digital junto con la del curso legal existente: el dólar estadounidense.

    A casi un año del anuncio, se informó ayer lunes 28 de enero a través del portal de noticias PR Newswire, que Tangem, una compañía dedicada a la fabricación de wallets o billeteras de “tarjetas inteligentes” ubicada en Suiza, emitirá billetes físicos del Sovereign (SOV), la criptomoneda estatal de Islas Marshall

    Según el anuncio, esta iniciativa de emitir notas físicas ‘asegurará a todos los ciudadanos de las Islas Marshall’ a ‘tener un acceso justo e igualitario a su moneda digital, tengan o no [una] conexión a internet’. Mencionando este desarrollo David Paul, ministro en asistencia al presidente de las Islas Marshall, dijo: ‘Estamos entusiasmados por presentar a Tangem como otro socio confiable y con visión de futuro en nuestro camino de crear la primera moneda digital soberana del mundo. Tangem nos ayudará a garantizar que todos los ciudadanos, incluidos aquellos que viven en islas más remotas, puedan realizar transacciones de manera fácil y práctica utilizando el SOV ‘.

    Tangem convertirá sus tarjetas existentes, con microprocesadores en forma de billetes. La empresa afirma que la tecnología Blockchain garantizará la validación inmediata de la transacción y que no tendrá tarifas o comisiones de procesamiento.

    Además, las notas protegidas serán totalmente transparentes y seguras y representarán un “mecanismo controlable de emisión y circulación de divisas para el estado”. “Nos complace asociarnos con la República de las Islas Marshall para hacer algo que nunca ha sido hecho antes: emita una moneda digital como moneda de curso legal ‘, dijo Andrey Kurennykh, cofundador de Tangem. ‘Como señaló el FMI, el mundo se está moviendo hacia la adopción generalizada de las monedas digitales, y estamos entusiasmados por apoyar el nacimiento de la nueva economía digital global’.

    Si bien la decisión del gobierno de las Islas Marshall se considera audaz y progresista, la decisión ha atraído a muchos críticos tanto en plataformas nacionales como internacionales. En agosto de 2018, el Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo que la medida puede representar una amenaza para la integridad financiera de las islas y las relaciones con bancos extranjeros y solicitó al gobierno que reconsidere su decisión. El año pasado, también se presentó una moción de no confianza basada en la emisión de una moneda digital nacionalizada contra la Presidenta del país, Hilda Heine, a la que sobrevivió por poco.

    El gobierno de la pequeña isla del Pacífico, recientemente nombró a un consultor de criptomoneda y blockchain para simplificar su proceso de adopción de criptografía.

    Disponible actualmente en Singapur, en denominaciones de 0.01 y 0.05 BTC, Tangem Notes mejora radicalmente la simplicidad y la seguridad de la adquisición, posesión y circulación de criptomonedas para usuarios sofisticados y sobre todo, para usuarios nuevos de esta tecnología. Tangem afirma que su costo los hace lo suficientemente baratos como para usarlos como efectivo real sin necesidad de esperas en la confirmación y absolutamente tan fácil de usar como cualquier otro billete físico, excepto la seguridad que implica llevar una clave privada que se va transmitiendo junto al billete; el billete pasa de mano en mano de forma anónima e instantánea y elimina las comisiones por transacción. Tangem Notes poseen una cantidad limitada de criptomonedas, la cual está indicada en la tarjeta.

    Tangem explica que sus billetes inteligentes de bitcoin son «comparables a un billete de papel bien protegido» y «lo suficientemente baratos como para entregarlos». Citando su facilidad de uso, la compañía dice que «no hay infraestructura especial, ni aplicaciones complicadas: simplemente  se lee el billete de banco con un teléfono inteligente y voilá, la criptomoneda en las Islas Marshall comienzan a ser una realidad, la más audaz del mundo; ya veremos cómo reaccionarán los reguladores internacionales, porque lo cierto, es que los nacionales, esos, están felices.

     

     

  • La UE investigará los posibles abusos de la ciudadanía mediante esquemas de inversión

    Por primera vez, la Comisión ha presentado un informe exhaustivo sobre la ciudadanía por inversión y los planes de residencia operados por varios estados miembros de la Unión Europea (UE). El informe se genera después de un anuncio de la OCDE de que pretende aumentar su trabajo para enfrentar la evasión fiscal mediante la ciudadanía por inversión y planes similares, centrándose en particular en los contribuyentes que buscan evitar que sus datos financieros se intercambien con la autoridad fiscal de su país de origen bajo el CRS (Reportes comunes  de información).

    El nuevo informe de la Comisión establece un mapa de las prácticas existentes e identifica ciertos riesgos que tales esquemas implican para la UE, en particular con respecto a la seguridad, el lavado de dinero, la evasión fiscal y la corrupción. El informe encuentra que la falta de transparencia en el funcionamiento de los esquemas y la falta de cooperación entre los estados miembros exacerban aún más estos riesgos.

    El Comisionado de Migración, Asuntos de Interior y Ciudadanía, Dimitris Avramopoulos, dijo: ‘Residir legalmente en la UE y en el área de Schengen tiene derechos y privilegios que no deben ser objeto de abuso. Los Estados miembros deben respetar y aplicar en todo momento los controles y balances obligatorios existentes, y los sistemas nacionales de residencia de inversionistas no deben estar exentos de eso. El trabajo que hemos realizado en los últimos años en términos de aumentar la seguridad, fortalecer nuestras fronteras y cerrar las brechas de información no debe ponerse en peligro. Supervisaremos el cumplimiento total de la legislación de la UE ‘.

    En la UE, tres estados miembros, Bulgaria, Chipre y Malta, actualmente operan esquemas que otorgan a los inversores la nacionalidad de estos países en condiciones menos estrictas que los regímenes de naturalización ordinarios, dijo la Comisión. En estos tres estados miembros, no hay obligación de residencia física para el individuo, o un requisito de otras conexiones genuinas con el país antes de obtener la ciudadanía. Estos esquemas son de interés común en la UE, ya que cada persona que adquiera la nacionalidad de un estado miembro adquirirá simultáneamente la ciudadanía de la Unión. La decisión de un estado miembro de conceder la ciudadanía a cambio de una inversión, otorga automáticamente derechos en relación con otros estados miembros, en particular la libre circulación y el acceso al mercado interno de la UE para ejercer actividades económicas, así como el derecho a votar y ser elegido en elecciones europeas y locales.

    En la práctica, estos esquemas a menudo se anuncian como un medio para adquirir la ciudadanía de la Unión, junto con todos los derechos y privilegios asociados con ella. La Comisión dijo, entre otras cosas, que el monitoreo y la presentación de informes son necesarios para garantizar que las personas no aprovechen estos esquemas para beneficiarse de las reglas fiscales privilegiadas. La Comisión agregó que los esquemas de residencia de inversionistas, aunque son diferentes de los esquemas de ciudadanía en los derechos que otorgan, plantean riesgos de seguridad igualmente graves para los estados miembros y para la UE en general. Un permiso de residencia válido otorga a un nacional de un tercer país no solo el derecho a residir en el estado miembro en cuestión, sino también a viajar libremente en el área Schengen. Si bien la legislación de la UE regula las condiciones de entrada para ciertas categorías de nacionales de terceros países, la concesión de permisos de residencia de inversionistas actualmente no está regulada a nivel de la UE y sigue siendo una competencia nacional. Actualmente, 20 estados miembros ejecutan dichos esquemas: Bulgaria, República Checa, Estonia, Irlanda, Grecia, España, Francia, Croacia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia y el Reino Unido.

    La Comisión dijo que supervisará más ampliamente las cuestiones de cumplimiento de la legislación de la UE planteadas por los planes de residencia y ciudadanía por inversión y tomará las medidas necesarias según corresponda. Por este motivo, dijo que los estados miembros deben garantizar, en particular, que:

    • Todos los controles obligatorios de fronteras y seguridad se realicen sistemáticamente;
    • Los requisitos de la Directiva de permiso de residencia a largo plazo y la Directiva de reunificación familiar se cumplen adecuadamente; y
    • Los fondos pagados por los solicitantes de ciudadanía y residencia de inversionistas se evalúan de acuerdo con las normas de la UE contra el lavado de dinero.

    La Comisión señaló que, en el contexto de los riesgos de evasión fiscal, existen herramientas disponibles en el marco de la UE para la cooperación administrativa, en particular para el intercambio de información. La Comisión dijo que supervisará los pasos tomados por los estados miembros para abordar los problemas de transparencia y gobernabilidad en la gestión de estos esquemas. Además, establecerá un grupo de expertos de los estados miembros para mejorar la transparencia, la gobernanza y la seguridad de los esquemas. Ese grupo se encargará, en particular, de:

    • Establecer un sistema de intercambio de información y consultas sobre el número de solicitudes recibidas, los países de origen y el número de ciudadanos y permisos de residencia otorgados / rechazados por los Estados miembros para individuos basados ​​en inversiones; y
    • Desarrollar un conjunto común de controles de seguridad para los planes de ciudadanía de los inversores, incluidos los procesos específicos de gestión de riesgos, para finales de 2019.

    Por último, en relación con los terceros países que establecen planes similares, la Comisión supervisará los sistemas de ciudadanía por inversión en los potenciales países candidatos en proceso de adhesión a la UE. También supervisará el impacto de tales esquemas en los países visa-free de la UE como parte del mecanismo de suspensión de visados.

    Dado el movimiento de la OCDE en esta área de la política internacional, el último anuncio parece indicar que la UE está tratando de limpiar sus asuntos internos, para luego ir por una reforma internacional más amplia que abarquen el resto de países no europeos.

  • Estado de New Hampshire presentó proyecto de ley que permitirá pagos de impuestos en Bitcoin

    Los legisladores del estado de New Hampshire en Estados Unidos han presentado un proyecto de ley que permitiría a los contribuyentes del estado pagar los impuestos con la principal criptomoneda, el Bitcoin. Así lo anunció Finance Magnates el jueves 24 de enero.

    New Hampshire se ha unido a la lista de estados de EE. UU. que le han dado cabida a las criptomonedas como medio de pago de servicios. En este caso, los impuestos, siendo los representantes Michael Yakubovich y Dennis Acton quienes presentaran el  Proyecto de Ley de la Cámara Nº 470, el 3 de enero de 2019.

    Según el informe, el proyecto de ley se propuso el miércoles 23 de enero en la Cámara de Representantes y será revisado por un subcomité el 29 de enero, el cual emitirá su decisión final el próximo 14 de marzo.

    La propuesta señala que:

    “El plan debe abordar cualquier problema de contabilidad, valoración y administración, y también identificar un procesador de pago de terceros adecuado que procesará las transacciones de criptomoneda sin costo para el estado. El Tesorero del Estado debe enviar el plan al Gobernador, la Cámara de Representantes y el Senado a más tardar el 1 de noviembre de 2019″.

    De ser aprobada, esta ley ubicaría a New Hampshire en el tercer lugar entre las entidades estadounidenses que han permitido que los residentes de su territorio paguen impuestos con Bitcoin. Le anteceden Ohio y Arizona.

    Ahora bien, tal como se leyó en la cita previa, el Tesorero deberá enviar el plan a las autoridades antes de noviembre de este año y su fecha de implementación sería a partir de julio del 2020. Sobre ello, la ley establece que:

    “Este proyecto de ley requiere que el Tesorero del Estado desarrolle un plan de implementación para que el estado acepte las criptomonedas como pago de impuestos y tarifas a partir del 1 de julio de 2020”. 

    Aunque hasta la fecha no se ha revelado en qué forma el tesorero del estado logrará implementar un plan en el que todas las agencias estatales puedan empezar a aceptar BTC, el proyecto de ley menciona que los pagos recibidos con criptomonedas se convertirán a dólares estadounidenses utilizando un procesador de pagos de terceros y las agencias estatales recibirán monedas fiduciarias.

    Este no es el primer proyecto de ley de este tipo en New Hampshire, ya que un proyecto de ley similar, para aceptar Bitcoin, se presentó en 2015. Sin embargo, el proyecto de ley no fue aprobado por el comité de revisión, ya que en ese momento muchos legisladores se mostraron escépticos acerca de los activos digitales.

    El año pasado, Ohio se convirtió en el primer estado de los Estados Unidos en legalizar los pagos de impuestos en Bitcoin. Al dar la bienvenida a la iniciativa, Overstock, un minorista en línea y compañía matriz de múltiples startups de blockchain, se convirtió en una de las primeras corporaciones en pagar sus impuestos en monedas digitales.

     

  • Los problemas de la cárcel por deudas

    El primer problema de esta tipificación es que surge no de una necesidad local de la sociedad panameña, sino de presiones internacionales. Si no pagar los impuestos al Estado es delito, ya Panamá no se va a poder negar a las solicitudes de gobierno extranjeros de investigar a posibles evasores fiscales en Panamá alegando que no es delito acá. Y también podrá extraditar a los evasores fiscales (según leyes extranjeras) que se refugien en nuestro territorio. Pero no es un clamor de la sociedad local; y sus más vocales defensores son los banqueros que temen perder sus corresponsalías bancarias y los contadores que ven su negocio aumentar y convertirse en un negocio de alto riesgo, con lo cual pueden cobrar más dinero en honorarios Pero el ciudadano de a pié no parece muy entusiasmado.

    Por una sencilla razón. Lo que diferencia la evasión fiscal (que es una ofensa administrativa todavía)  de la defraudación fiscal (que es un delito penal), es simplemente el monto. Las acciones del evasor son las mismas, sólo que el monto de impuestos que debe al estado no lo es. El resultado es que una vez ingresado el tipo penal en el Código Penal, solo es cuestión de tiempo de que políticos del futuro, seguramente bajo presiones internacionales del futuro, o del político al que no le gusten los twitteros, vayan bajando gradualmente los montos para que las acciones del acusado pasen de ser faltas administrativas a delitos penados con cárcel.

    Hoy el monto propuesto por ley es de 300,000, que solo afectan a millonarios, pero mañana pueden ser montos menores que afecten a ciudadanos de a pie. Como en el famoso poema de Martin Niedemoeller, “Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas, guardé silencio, ya que no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, ya que no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas,
    no protesté, ya que no era sindicalista. Cuando vinieron a llevarse a los judíos, no protesté, ya que no era judío.  Cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que pudiera protestar.”.

    Primero vendrán por los más fáciles, luego por los demás, justo aquellos que pensaron que eso no era con ellos.

    El delito de evasión fiscal, aparte de la naturaleza política arbitraria del monto necesario para definir el tipo penal, tiene otros problemas. Como por ejemplo que el Estado actúa como juez y como parte, más aún en un país sin verdadera independencia judicial y estado de derecho, donde los poderes del Estado no actúan como contrapesos y balances sino en “armónica colaboración” como dice la Constitución de los militares y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha recalcado una y otra vez. En este tipo penal, un funcionario, los auditores de la DGI lo más probable, va a decidir si la evasión llega al monto mágico, para decidir si se eleva a la esfera penal. Ya vimos cómo la DGI fue usada por el gobierno anterior como un elemento para perseguir a sus opositores y nada nos garantiza de que estos tiempos no volverán, con el agravante que ahora se puede decidir terminar con el opositor en la cárcel.

    Tratar penalmente la evasión fiscal bajo el título de defraudación fiscal es volver a la idea de la cárcel por deudas, al menos si el deudor es el Estado.

    Y peor aún. Por lo menos la cárcel por deudas con deudores privados no se prestaba para la persecución política, la penalización de la evasión fiscal sí se presta. Así entramos en períodos peligrosos donde “los estándares internacionales del buen ciudadano global” importan más que el mantenimiento de las libertades democráticas.

     

  • Pagos instantáneos: la nueva normalidad de pagos en Asia.

    La rápida adopción de esquemas de pago instantáneo en los dos centros financieros más importantes de Asia, Hong Kong y Singapur, está acelerando la transformación digital de las empresas, haciendo que las transacciones ya no generen fricciones y reduciendo sustancialmente sus costos para las empresas y los consumidores.

    Asia se encuentra en el epicentro de los desarrollos de pago instantáneo con Unified Payment Interface (UPI) que opera en India, PromptPay en Tailandia, FAST y PayNow en Singapur. Otros mercados en la región, como Malasia, también están implementando pagos instantáneos.

    Las soluciones de interfaz de programación de aplicaciones actúan como un catalizador para la adopción de pagos y cobros instantáneos. Esta tecnología permite a las empresas integrar servicios bancarios (es decir, pagos, cobros y consultas de transacciones) directamente en sus sistemas y procesos internos para proporcionar una experiencia de pago instantánea del cliente de extremo a extremo. Ahora, otra ola de cambios está teniendo lugar con el despliegue de un esquema de pago instantáneo, el Sistema de pago más rápido (FPS) en Hong Kong.

    Las transferencias de FPS se pueden realizar a través de bancos y proveedores de instalaciones de valor almacenado (SVF) en segundos.  El SVF es una forma de tarjeta o efectivo electrónico prepago que se puede utilizar dentro del sistema. También se pueden hacer utilizando códigos de respuesta rápida (QR), direcciones de correo electrónico, números de teléfonos móviles e ID de FPS. El FPS de Hong Kong se puso en funcionamiento en septiembre de 2018 con 21 bancos y 9 establecimientos de valor almacenado (SVF) registrados para el servicio. Los usuarios pueden transferir dinero en dólares de Hong Kong y renminbi a través de diferentes bancos o SVF con fondos disponibles casi de inmediato.

    A los tres meses de su lanzamiento, se han realizado más de dos millones de suscripciones de consumidores y empresas combinadas, desde pequeñas y medianas empresas hasta conglomerados de negocios. Aprovechar los pagos instantáneos significa que las tareas cotidianas, como pagar facturas, proveedores o nóminas, se pueden realizar de manera más fácil, más rápida y con un mayor procesamiento directo. Ser capaz de optimizar el flujo de caja también libera capital de trabajo para las empresas.

    Singapur, por su parte, lanzó su sistema FAST en 2014, e introdujo el servicio corporativo PayNow en agosto de 2018, que permite transferencias mediante un número de teléfono móvil, número de identificación nacional e incluso un número de registro de la empresa, como una dirección proxy para el destinatario. La dirección proxy y las capacidades 24/7 de PayNow Corporate permiten a las empresas migrar de cheques y efectivo tradicionales a pagos y cobros electrónicos, reduciendo tanto costos como riesgos.

    Según un estudio de KPMG encargado por la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) , el costo del efectivo y las transacciones de cheques a la economía se sitúan en el 0,52% del PIB. MAS anunció recientemente sus planes para abrir FAST a operadores no bancarios en 2019. La ciudad-estado pretende estar libre de cheques antes de 2025.

    Otra piedra angular en el espacio de la innovación es el pago a través de códigos QR. Los códigos QR se desarrollaron en Japón en 1994, y desde entonces han sido ampliamente adoptados en China continental. Singapur y Hong Kong aprovecharon los pagos utilizando códigos QR, especialmente desde septiembre de 2018, cuando Hong Kong presentó su Estándar Común de Código QR para pagos minoristas, mientras que Singapur lanzó su estándar de código QR, SGQR, en agosto de 2018.

    Dado que un estándar QR común permite la interoperabilidad entre diferentes proveedores de servicios de pago, la introducción de estos estándares comunes es oportuna, ya que ayuda a reducir la fricción tanto para los consumidores como para los comerciantes. Asimismo, y en comparación con las tarifas de liquidación de tarjetas más caras, los pagos con códigos QR son más económicos y requieren solo una etiqueta digital (QR), además de que la liquidación de las cuentas por cobrar toma segundos en lugar de días, lo que mejora significativamente el flujo de efectivo para los comerciantes.

    También hay novedades con los pagos transfronterizos. El año pasado, SWIFT mantuvo conversaciones con bancos para discutir el desarrollo de los pagos instantáneos transfronterizos de Asia y el Pacífico, sobre la base de los pagos globales de SWIFT. DBS es uno de los 12 bancos piloto que han completado con éxito la prueba de pagos instantáneos transfronterizos de países asiáticos a Australia.

    Sin duda, las transacciones digitales se convertirán en la nueva normalidad para pagos y cobros en un futuro no muy lejano, incluidas las transacciones en el espacio B2B, para las empresas que están avanzando hacia un modelo de negocio digital para lograr una mayor eficiencia y productividad.

  • Una nueva cárcel por deudas.

    George Orwell, en Rebelión en la Granja dijo “todos somos iguales, pero unos somos más iguales que otros”. Y esto parece aplicarse a los Estados, donde pareciera que las garantías y estándares morales que se exigen a los ciudadanos no son las mismas que se exigen a los funcionarios y políticos; de hecho en Panamá pareciera que son más suaves para los políticos que para los ciudadanos de a pie.

    Si un gamberro virtual usa fotos de una bloguera rusa para difamar a la procuradora, el Ministerio Público actúa con una celeridad nunca vista cuando es un ciudadano común el que tiene una amenaza que pone en peligro su vida. O cuando se exigen un montón de trámites para poder legalmente acusar a políticos de delitos concretos, que no se exigen a un ciudadano de a pie. Uno de estos temas es la penalización de delitos donde el ciudadano debe dinero a la administración pública, concretamente el tema de la evasión fiscal.

    Anteriormente, antes de la Ilustración, era común que muchas personas dieran con sus huesos en la cárcel por temas de deudas, y por lo tanto, una de las cosas que se propuso la Ilustración fue el eliminar la cárcel por deudas. Pero una cosa era deberle a Juan de los Palotes y la otra deberle al Rey.

    De todas maneras, en el siglo XIX la tendencia fue a eliminar los impuestos sobre las personas, y convertirlo en algo meramente administrativo. Total para hacer muchos trámites como vender cosas, o importar cosas al país tenían tarde o temprano que pagar el impuesto. Pero con la popularidad del impuesto sobre la renta, la cosa empezó a cambiar. Ahora el ciudadano empieza a convertirse en un delator de sí mismo. Tiene que presentarse ante el Rey y sin decir mentiras declarar cuánto gana. La obligación de no declarar contra sí mismo queda tácitamente abrogada, sus palabras ahora van a ser juzgadas contra los hechos que los funcionarios detecten. Ahora deberle al Rey no solo se convierte en una falta administrativa sino en delito. Las deudas fiscales implican cárcel de nuevo, siempre y cuando el acreedor sea el Estado. Porque todos somos iguales, pero unos somos más iguales que otros y el Estado es el dedo ordenador de Dios en la tierra, aparentemente.

    Panamá, país pensado por un liberal con raíces profundas en el liberalismo del siglo XIX y XVIII, el liberalismo de la Ilustración, sabía tácitamente esto, y se resistió a penalizar la evasión fiscal. Era para el panameño un corolario del principio liberal de que no habrá cárcel por deudas. De hecho, el Art. 21 de la Constitución Nacional reza en su frase final: No hay prisión, detención o arresto por deudas u obligaciones puramente civiles. Sin embargo, por presiones externas de los “estándares internacionales” Panamá está dispuesta a ceder más aún y alejarse por primera vez de estos principios liberales para permitir que deberle dinero al Rey, perdón, al ESTADO, sea penalizable con la privación de la libertad. Un precepto Constitucional está a punto de ser violentado.

    Y esta penalización de la evasión fiscal va a traer consecuencias en un país donde la actuación del Ministerio Público y el Sistema Judicial han sido poco neutrales respecto al poder político que controla al ejecutivo.

    Pronto veremos los resultados, que no serán buenos, y los veremos comenzando por aquellos que hoy piden reformar la Constitución cuando ni siquiera pueden respetar la vigente, si es que aprueban la Ley mientras el pueblo está rezando.

  • Brasil llevará el registro de sus empresas mediante la tecnología blockchain

    La institución encargada de cobrar los impuestos en Brasil, la Recaudación Federal de Brasil (RFB), anunció que registrará a las empresas del país a través de la tecnología blockchain, según un reporte local.

    La RFB planea lanzar un Registro Nacional de Personas Jurídicas cuyos datos estén respaldados en una cadena de bloques. Este proyecto tendría como objetivo facilitar la integración de los datos de las empresas, instituciones y asociaciones. También hay que tener en cuenta que facilitaría el acceso a la información, de forma distribuida, inmutable y rastreable.

    El Registro Nacional de Personas Jurídicas basado en la tecnología blockchain no tiene fecha de lanzamiento definida, sin embargo, estiman que sea antes de que termine el primer semestre de 2019. En el caso del registro blockchain para personas naturales, que comenzó a funcionar a finales de noviembre de 2018, la RFB dio plazo hasta el 31 de julio de este año para completar la adecuación al nuevo proceso.

    La compañía que se encargó de desarrollar estas soluciones fue Dataprev, una institución de desarrollo tecnológico dependiente del Ministerio de Hacienda de Brasil. La solución blockchain, está basada en software libre de código abierto. Fue diseñada como un sistema un G2G (Goverment to Goverment), que permitirá compartir los datos de la red exclusivamente con las instituciones públicas autorizadas, bajo determinados criterios.

    La otra parte del proyecto consiste en la capacitación del personal del Ministerio de Hacienda de Brasil para el manejo de la nueva herramienta. En este sentido, a finales de 2018 los técnicos de Dataprev participaron en una serie de talleres, para aprender más sobre Bitcoin, Hyperledger, Corda, contratos inteligentes, y otros temas.

    El 14 de enero,  la Receita Federal participó en un foro sobre blockchain e innovación promovido por el BNDES, en asociación con la ONU y la Anatel. Además, la RFB ha buscado perfeccionar sus conocimientos sobre Bitcoin y blockchain y, para ello, el regulador nacional enviará representantes de la organización a la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, con la finalidad de participar en un evento centrado en criptomoedas y escalabilidad , el Stanford Blockchain Conference 2019.

    Por otra parte, la RFB intenta aprobar una normativa que establece la obligatoriedad de reportar mensualmente las operaciones con criptomonedas. La medida busca imponer multas para aquellos Exchanges que no revelen la información solicitada por la institución.

    Con información de Coincrispy

     

  • China relaja el proceso de aprobación para cuentas bancarias corporativas.

    Abrir una cuenta bancaria ahora es más fácil para millones de personas en toda China. En un nuevo movimiento para apuntalar la economía del país, el Banco Central de la nación ha eliminado ciertos procedimientos para abrir una cuenta corporativa. El BC explicó la política durante una sesión informativa en la Oficina de Información del Estado este miércoles.

    La relajación de las políticas de apertura de cuentas permitirá a las compañías abrir cuentas bancarias en unos pocos días en lugar de esperar meses para la aprobación del banco central.

    A partir de este año, las corporaciones chinas ya no necesitan solicitar la aprobación del Banco Central antes de abrir cuentas bancarias. La decisión se tomó después del lanzamiento de los programas piloto en dos provincias del este de China el verano pasado.

    En la actualidad, el trabajo piloto es generalmente estable y la respuesta social es buena. A fines de diciembre de 2018, los bancos comerciales en las áreas piloto habían abierto un total de 45,600 cuentas de depósito básicas para empresas, incluyendo 26,400 pequeñas y micro empresas y 19,200 hogares industriales y comerciales individuales. La apertura de las empresas se completó en 1-2 días hábiles,  dice Fan Yifei, vicegobernador del Banco Popular de China (PBOC).

    Al mismo tiempo, el Banco Popular de China emitió las «Opiniones Orientadoras sobre la Optimización de los Servicios de Apertura de Cuentas Empresariales» y organizó las sucursales del Banco Popular de China y los bancos comerciales para llevar a cabo el trabajo de optimización integral de los servicios de apertura de cuentas empresariales. Según la encuesta, el tiempo de apertura de las empresas se ha reducido a un promedio de tres días, lo que es mucho mejor que el nivel internacional.

    Esta política se expandirá desde las provincias de Jiangsu y Zhejiang a otras áreas de China a finales de este año. Ayudará a que las empresas, especialmente las privadas, pequeñas y micro empresas, abran sus cuentas bancarias en un par de días, en lugar de tener que esperar varios meses para su aprobación.

    El Banco Central dice que se centrará más en la supervisión de los riesgos financieros en el futuro y advierte que la nueva política podría conllevar riesgos, como una lucha de los bancos por sus clientes, rebajando los requisitos, o incluso permitiendo el uso ilegal de cuentas por parte de algunas corporaciones. Pero los expertos dicen que están listos.

    «El PBOC compartirá más información relacionada con la empresa con los departamentos relevantes, para aumentar la capacidad de identificación de los clientes corporativos de los bancos comerciales. Exigimos que los bancos comerciales verifiquen las cuentas con sus corporaciones cada trimestre», dice Fan Yifei.

    Este hecho supone la 13ª vez que el Banco Central elimina procedimientos de aprobación desde que el gobierno solicitó «agilizar la administración y delegar el poder a niveles más bajos». De cara al futuro, el banco dice que «respetará totalmente las reglas del mercado».

  • Una constituyente Inoportuna

    El presidente, en la cúspide de su impopularidad, y viendo una derrota clara para su partido en las próximas elecciones se saca de la manga la constituyente. O sea, llamar al público a una refundación radical del Estado mediante una nueva Carta Magna. Esto lo ha hecho pasando por encima de pedirle un visto bueno a la Asamblea Nacional. Sabemos que ésta posiblemente se negará del todo.

    ¿Qué se busca con esto y qué consecuencias tiene?

    Políticamente es claro que se busca amarrar, como en algún momento intentó Ricardo Martinelli, al próximo gobierno. Se puede dar el caso de que el ganador de las elecciones del 2019 obtendría una victoria pírrica, porque ganaría no para llevar a cabo su plan de gobierno, sino para convocar a un Asamblea Constituyente que daría por terminado su mandato. En otras palabras, todo el tiempo y esfuerzo, todos los recursos utilizados por los candidatos a puestos de elección en las elecciones del 2019 serían en vano, ya que sus cargos serían anulados por la Asamblea Constituyente.

    Porque estemos claros, una Constituyente es un cambio radical, estamos hablando de quitar la piedra angular sobre la cual se sostiene todo el sistema legal y político de un Estado y reemplazarlo por otro. Esto significa mantener a todo el país en pausa por dos años más, cuando el país desde el 2016 vive una marcada desaceleración económica que el gobierno esconde con cifras maquilladas pero que es evidente en el día a día de los panameños. ¿Conviene paralizar al nuevo gobierno dos años más con una Constituyente, mientras la economía del país se frena? Parece que los proponentes de la Constituyente no piensan en esto. Los del gobierno es claro que buscan neutralizar al siguiente gobierno, porque si hubieran estado desesperados por la constituyente, la hubieran convocado al inicio de su período y no al final. Los de la sociedad civil se dividen en dos grupos, los abogados divos constitucionalistas que se miran en el espejo y aspiran a ser los padres de la refundación de la Patria, y los grupos de extrema izquierda que desean quizás dar un cambio radical a la composición del Estado Panameño.

    El problema es que fuera de estos grupos, nadie en Panamá parece tener claro qué se quiere con una Constituyente. No hemos avanzado mucho desde el ejercicio de la Junta de Notables de Ricardo Martinelli, una serie de cartas al Niño Dios legales, donde cada grupo aspira a elevar su tema mascota a nivel constitucional. Básicamente todos los proponentes de la Constituyente actuales aspiran a eso. A que sus intereses especiales o sus políticas personales sean elevados a normas constitucionales. Y ésa ha sido desgraciadamente la constante de los últimos ejercicios constituyentes latinoamericanos.

    Las constituciones latinoamericanas modernas suelen ser cada vez más largas y detallistas, pero no logran resolver los problemas de crecimiento económico, inequidad, corrupción legal y falta de estabilidad política. Crean hermosas políticas de papel, pero no resuelven nada en la práctica.

    Y es que todos sabemos que la Constitución Panameña actual tienen problemas serios, como la falta de legitimidad en su origen en la dictadura militar, así como el hecho de que los poderes del Estado dependen en la práctica del Ejecutivo quien controla el presupuesto, lo cual significa que elegimos un monarca, no un presidente por un período limitado de 5 años. Esto ha sido una receta para la corrupción y la impunidad. Sólo cuando la sociedad corrupta entre los poderes del Estado se rompe temporalmente como ahora, podemos ver lo corrupto que es el sistema político actual. Pero resulta curioso que los impulsores de la Constituyente no toquen este tema ni qué normas proponen para resolverlo en la nueva constitución; más bien se enfocan en los mecanismos para llamar a una Asamblea Constituyente, como si ésta fuera un fin en sí y no un medio para cambiar la constitución. Si se está desesperado por cambiar la constitución lo más lógico sea que se diga de antemano qué se quiere cambiar ¿no? El problema de ir a una Asamblea Constituyente de esa manera es que no se sabe qué clase de Constitución va a salir de ésta, y se puede terminar con algo peor, lo cual va a poner al país en vilo por dos años, en medio de una crisis económica.

    Hay mecanismos adecuados para cambiar la Constitución sin irse a un salto al vacío político. Como las reformas constitucionales. Y de irse a un Asamblea Constituyente, una paralela al inicio y no final de un período presidencial sería garantía de hacer cambios de la manera racional y calmada que el país necesita.

    Llamar a una constituyente en las circunstancias actuales, dejando la puerta abierta a un caos político sin que la sociedad la pida, es un ejercicio de irresponsabilidad suprema de los cuales ya hemos tenido varios en los 2010s.