GCCVIEWS

Categoría: Politica y Actualidad

  • ¿Derecho humano o demagogia politiquera?

    Definitivamente que para lograr mejor entendimiento de las cosas hace falta visitarlas constantemente. Lo curioso es que cuando ya creemos que entendemos algún tema, la realidad del mundo nos pone en jaque al demostrarnos que no, que aún nos falta mucho por aprender. Tal es el caso de los derechos humanos, que día a día vemos a tantos que pretenden que la manta se estire más para arropar como “derecho” cosas que no lo son.

    A los demagogos del mundo les resulta fácil y “provechoso” declarar con fervor religioso que la atención de salud es un derecho humano, dado que lo contrario suena inhumano, y, en cierto sentido tienen razón; “suena inhumano”. Es como el agua, en dónde todos tenemos derecho al acceso, pero no a que te lo lleven potabilizado a casa de manera gratuita. Pero… gratuita no es.

    Entonces ¿qué hemos de entender por “derecho humano”. En el caso de los cuidados de salud deberíamos comenzar por definirlos y veremos que de inmediato el asunto se complica y ya no es sólo asunto de definir lo que es derecho humano sino… ¿qué entendemos por “cuidado de salud”?

    En realidad, el problema es como el cuento de los tres amigos que en medio de un viaje llegan a una posada y piden cuarto. El posadero les alquila el cuarto por $30 y les dice que vayan que les manda las maletas con el botones. Ya con los huéspedes camino al cuarto, el posadero cambia de parecer respecto al precio, pues quiere que los clientes vuelvan en un futuro, y decide descontarles $5 de los $30. El hospedero da al botones los $5 para que los reparta a los huéspedes. Camino a llevar las maletas y los $5, el botones, no ve cómo repartir 5 entre 3, decide quedarse con $2 y dar a cada huésped $1. Ahora lo interesante. Si los 3 pagaron $30 y a cada uno les devolvieron $1, quiere decir que cada uno pagó $9. 9×3=27… más los dos que se tomó el botones suman 29. ¿Dónde quedó el $1 que falta para los $30?

    Saque usted cuentas, pero la moraleja que nos queda es que siempre nos encontramos con quienes enredan hasta lo que parece imposible de enredar. El asunto está en cómo planteamos las cosas y en el planteamiento sembramos la falsedad.

    Los problemas de los cuidados de salud se atascan en el lodazal de lo irreal cuando el estado y sus gobiernos se quedan sin plata para pagar el engaño. La pretensión, por ejemplo, ¿de darle cuidado de salud a quienes viven en zonas remotas, sin caer en aquello de la escogencia de ganadores y perdedores? Si estás más cerquita tienes más derecho humano; y así la cosa va perdiendo sentido.

    Los auténticos derechos humanos son naturales y tienen tres componentes: el derecho a existir, a vivir libre, y el derecho a la propiedad; tres cosas que no te las da nadie, sino que nadie tiene derecho a quitarlas. Cosa muy diferente es el agua o derecho de salud, que supone que otro está obligado a proveer.

    Más allá, sí podemos presuponer que, en la medida de lo posible, tecnológica y económicamente, el conjunto social debe procurar los medios y políticas para promover mayor atención de salud asequible. Sin embargo, ¿qué decir de nuestra supuesta CSS, que no es más que una empresa privada intervenida y prostituida por los politicastros? esa que cada día se acerca más al colapso final.

    Todo ello es una inmoralidad de confiscación, parte y reparte. De engaño de politicastros demagogos que se aprovechan de la mentalidad de semovientes que van conformando una dictadura de las mayorías. Es decir que… es derecho porque si lo niegas te aplastamos acusándote de inhumano; sin importar que sea irreal.

  • La eterna lista negra

    Ya lo sabíamos. Y lo advertimos. Cada esfuerzo para salir de las listas de colores, grises o negras, es fútil, porque A) Son varias listas elaboradas por funcionarios de distintas instituciones con distintos criterios, lo cual significa que se puede estar en una lista y en otras no por la misma causa. B) Los ámbitos de la evasión fiscal son tan extensos como insaciables sean los estados. Por lo tanto, los estados seguirán extendiendo y creando espacios donde poder vigilar y castigar al ciudadano por no pagar los tributos correspondientes. Así que salir de una lista, no significa que no se vuelva a caer en la misma. C) Aparte de las preocupaciones legítimas de los elaboradores de listas, como el financiamiento de actividades terroristas, en el caso del GAFI, o de la evasión fiscal en el caso de la OCDE, hay una clara preocupación proteccionista encubierta, que hace que los estados estén dispuestos a incluir en sus listas de paraísos fiscales a quienes no tienen padrinos poderosos. Los paraísos fiscales onshore de los Estados Unidos o de la Unión Europea, por ejemplo, no suelen ser incluidos con la misma frecuencia que los paraísos fiscales offshore de la mancomunidad británica; y éstos a su vez, menos que los paraísos fiscales como Panamá que no son parte de la mancomunidad británica. Panamá se encuentra en particular desprotección frente a las presiones de las listas de colores. Y en parte es nuestra culpa.

    Panamá es un mercado cerrado a los abogados de otras jurisdicciones. Con el perdón del Colegio de Abogados, casi todas las firmas grandes de abogados internacionales de Panamá, tiene sucursales y representantes en otras jurisdicciones. En cambio es imposible para firmas de abogados británicas, europeas o norteamericanas para citar un ejemplo, dedicadas al negocio offshore, abrir firmas en Panamá y operar en Panamá. El proteccionismo laboral nos pasa ahora la factura. No tenemos la capacidad de lobby que tendríamos sin las hipotéticas ramas locales de firmas extranjeras de abogados offshore, vieran su negocio afectado en Panamá y empezaran a hacer lobby en Washington o Londres o Bruselas para detener nuestra inclusión en las listas. Ahora mismo es un problema que solo afecta a panameños, así que se jodan los panameños, eso es como se ve afuera de Panamá. Nuestro proteccionismo laboral ahora nos pasa factura.

    La cancillería de Panamá demora en asociarse con otros paraísos fiscales para una defensa común de sus intereses. Está claro que por más que Panamá se baje los pantalones y firme cuanta norma les pidan el GAFI y la OCDE como hacía el gobierno de Juan Carlos Varela, que llegó al servilismo no solo de firmar todo lo que le ponían enfrente, sino también de negarse a asociarse con otros paraísos fiscales para hacer un frente de defensa común. Un firme creyente de “aquellos que no se juntan, colgarán por separado”. La cancillería actual parece no estar interesada en cambiar la política. Así que seguiremos teniendo que aguantar las presiones solos, negociando solos y cediendo solos. El negociar con el GAFI, la OCDE y la Unión Europea, no impide asociarse con aliados internacionales para coordinar un frente común… ¿Entenderán esto en la plaza Bolívar?

    Los países centrales o desarrollados no confían en Panamá como jurisdicción. Podemos firmar lo que sea, pero Panamá tiene un serio problema de imagen institucional. Un país donde la Corte Suprema y los Tribunales fallan de una manera y luego de otra en casos similares, si es que fallan. Donde temas serios constitucionales simplemente no se fallan y punto. Donde la Corte manda borradores de fallos a la presidencia de la República antes de fallar. Donde la Corte falla, y el Ejecutivo pide aclarar (un fallo que debe ser final) para que los meses o años que dure la aclaración no rinda efectos legales el fallo. Esto es una desventaja muy seria. Los paraísos fiscales onshore de los Estados Unidos tienen al final el respaldo del sistema de justicia de los Estados Unidos. Los paraísos fiscales del Caribe, tienen el respaldo del sistema de justicia británico en última instancia. Acá el respaldo es del cuestionadísimo sistema legal panameño, y la administración pública panameña, que es una mezcla de voracidad en cuanto a personal y jurisdicción, e incapacidad en cuanto a actuaciones. El resultado es que podemos hacer como Varela y Chabela y firmar lo que nos pongan enfrente, los países de la OCDE y la Unión Europea seguirán dudando de la capacidad e intención de cumplir lo firmado y nos seguirán poniendo en listas negras. Y en un país donde el Presidente parece cogobernar con los diputados, que son las personas perceptiblemente más corruptas de este país, y muchos están seriamente involucrados en las actividades que el GAFI cuestiona, mucho menos se va a confiar en Panamá.

    Panamá no ha hecho ningún intento serio en buscar negocios alternativos. Está claro que el negocio offshore murió tal y cual se manejaba desde los 1970s. Pero ni Varela ni Nito Cortizo parecen estar interesados en modificar el marco legal de la economía panameña que no ha variado desde los 1970s. Desde Ernesto Perez Balladares no se han hecho reformas económicas profundas, salvo una tímida intención de Martín Torrijos a mediados de los 2000s. No se ha modificado el Código de Trabajo desde 1995. No se han eliminado las barreras de proteccionismo laboral o agrario. No se ha mejorado el sistema educativo. No se ha mejorado el sistema judicial. El resultado es claro. Salvo el sector servicios, Panamá sigue anclado en los 1970s.

    Una de las presiones grandes que viene, por ejemplo, es el que las Sedes de Empresas Multinacionales no sean meras oficinas de facturación, sino que produzcan algún tipo de contenido real. Esto significa cambios en la legislación laboral y de las profesiones que Panamá no está dispuesto a hacer, basta ver la reacción de los gremios a la Cámara de Comercio frente a la sugerencia de abrir las profesiones o la de los transportistas y hoteleros a las plataformas tecnológicas.

    El resultado es un país que va a estar en las eternas listas de colores, grises o negras. Y parecería que no hay intención de cambiar las cosas.

  • Los gremios y el mercado

    Ahora hay un revuelo porque los empresarios, en una rara demostración de valor o más bien de desesperación, dijeron lo que nadie se atreve a decir, que la herencia maldita de los militares, donde 27 profesiones sólo pueden ser ejercidas por panameños, perjudica el desarrollo a corto, mediano y largo plazo del país.

    Predeciblemente los gremios profesionales salieron a defender su “derecho”, o más bien privilegio, (porque un derecho para serlo debe ser universal), de que el estado use la coacción para evitar que tengan que competir con los extranjeros. Si dedicaran la mitad de la energía que dedican al proteccionismo laboral a mejorar la calidad y competitividad de la educación panameña, no estaríamos en este problema. Porque no es cierto que las empresas panameñas discriminen a los panameños; la empresa Goethals Consulting hizo un estudio, donde se descubrió que el problema era el origen del título, no el pasaporte de la persona que figura en el diploma. En otras palabras, un profesional panameño educado en una universidad o instituto técnico de prestigio era lo más valioso, luego venia un extranjero educado de la misma manera, y al final, el panameño educado localmente. Ante la mediocridad educativa instaurada de manera populista por los militares, los militares tuvieron que poner leyes para proteger a los panameños de la competencia. Este es el origen de este problema.

    Los gremios no son muy amigos del mercado; de hecho, su origen es medieval y precede al capitalismo liberal. Usan el derecho liberal a la libre asociación, para garantizarse idealmente estándares mínimos adecuados que mantengan el buen nombre de la profesión o darse apoyo mutuo. Lo que no está mal. Los médicos panameños por ejemplo, mantienen una cooperativa ejemplar. El problema es que este apoyo mutuo a veces va contra los estándares profesionales que deben defender. En Panamá es muy difícil que un médico declare contra otro. O que a un abogado maleante lo sancionen. Y ese proteccionismo mutuo los hace trabajar como cárteles, limitando la oferta de servicios y la competencia, de profesionales extranjeros o la cantidad de graduandos de las universidades, para mantener los precios de sus servicios altos. Todo eso a expensas de sus clientes , claro está.

    Pero aparte del proteccionismo laboral, hay otro método que usan los gremios profesionales para elevar el costo al público de sus servicios; y es la asimetría de información en los precios.

    Imagínate que quieras comprar algo. Bueno, cotizas en varios lugares y comparas precios, si es comida en un restaurante, miras la carta, y sabes cuánto cuestan las cosas y qué puedes pagarte.

    Los gremios evitan esta información para los clientes de dos maneras. Primero, fijan precios mínimos, que hacen valer contra la ética el cobrar más abajo del precio mínimo. Y segundo, impiden que los profesionales liberales publiquen cartas de servicios con precios fijos, lo cual hace más costoso, en tiempo y dinero, para el posible cliente averiguar cuánto le saldrían los honorarios por servicio, recurriendo a la consulta personal de boca en boca. Ésta situación sale mucho más cara que simplemente ver catálogos de precios. Es una asimetría de información en perjuicio del consumidor o cliente.

    En los Estados Unidos, el senador Ted Cruz se está cansado de este sistema. Correctamente dice que esta práctica, de médicos y aseguradoras, impide un verdadero libre mercado en el sistema de salud. Y está promoviendo un proyecto de ley que obliga a las empresas proveedoras de servicios de salud a hacer público sus precios por los servicios médicos que no sean de urgencia. De esa manera, los clientes y las aseguradoras, podrán saber a qué servicios médicos acudir. Y se crea competencia de precios en las mismas. Algo similar existe en Suecia, donde el estado lleva un catálogo de servicios médicos con sus precios. El sistema público de seguro de salud sueco, tiene una carta de precios como seguro público, y que está puesto a consideración de las aseguradoras privadas. De esta manera, los médicos, pacientes y aseguradoras tienen claro cuánto cuestan los servicios médicos y cuánto están dispuestos a pagar. La información sobre los costos de salud deja de ser asimétrica. Así, el paciente puede calcular qué servicios médicos que no sean de urgencia se puede costear y los aseguradores a qué hospitales, clínicas o médicos privados acudir. Es como ir a un restaurante y saber los precios de antemano versus que te sorprendan con la cuenta, como es común en la medicina privada.

    Según Ted Cruz, uno de los problemas de la medicina norteamericana es que no hay verdadera competencia de precios y por lo tanto no hay libre mercado. Y tiene algo de razón. Veamos en qué queda esta iniciativa, pero es claro que los gremios, al actuar como carteles o sea, para limitar la oferta y mantener precios, no ayudan a un mercado público eficiente.

  • El riesgo de tener un Registro Único de Beneficiarios

    Durante el absurdo intento de lavarle la cara al sistema de sociedades anónimas tras el fiasco de los Panamá Papers, se cometió el grave error de contratar a dos personajes internacionales, que son de la opinión de que el sistema de sociedades off-shore no debería existir, para dar recomendaciones sobre cómo reparar el sistema.

    Una de las recomendaciones que éstos sugirieron, y que también sugieren entidades como Transparencia Internacional, es la de crear un Registro Único de Beneficiarios finales. O sea, que se sepa quiénes están detrás de las acciones de una sociedad anónima, en casos delictivos y de evasión fiscal por lo menos, todavía no se habla de los casos civiles.

    El beneficiario final sería la persona que tiene el control verdadero de los derechos que le otorga la acción, como el recibir dividendos o tomar decisiones de gobierno corporativo en última instancia o de derechos de propietario sobre la sociedad anónima. Ya el velo corporativo, que no existía para casos penales, tampoco va existir para los casos de evasión fiscal, aunque por ahora se mantiene para los casos de demandas civiles entre particulares.

    Tras el registro de Agentes Residentes, el siguiente paso es el Registró Único de Beneficiarios Finales, en otro vano intento de salvar el sistema offshore panameño. Porque nada indica que las presiones del exterior vayan a cesar. A cada medida que Panamá toma, se le añaden nuevas a futuro.

    La razón, como la explica Carlos Barsallo, es clara. Panamá tiene un record de tomar medidas novedosas en la legislación, solo para ignorarlas o cumplirlas a medias en la práctica. Pero aparte de eso, hay quien dice que el sistema bancario offshore no debería existir y que no importa lo que haga Panamá, nunca la dejarán tranquila. Veremos quién tiene razón.

    Ahora bien, supongamos que Panamá sigue a Stiglitz, a Pieth y a Transparencia Internacional… Y crea un Registro Único de Beneficiarios finales, como ya se ha aprobado en la legislación aunque no se ha promulgado todavía. Esto trae otros riesgos importantes.

    Uno de los grandes problemas de los Panamá Papers, es que la empresa que fue hackeada, Mossack y Fonseca, por razones de eficiencia, tomó la medida de digitalizar todos sus archivos, desde el “conoce tu cliente”, a la correspondencia regular y sus sociedades. Y la firma creó una red global de corresponsales que compartían esos archivos. El hacking fue devastador. Quedaron desnudos ante el mundo. Un ataque similar a un Registro Único de Beneficiarios podría tener resultados similares, mejor dicho, peores aún.

    Ahora bien, hay un tema serio de seguridad versus eficiencia. La eficiencia mandaría a tener toda la información digitalizada y disponible a las autoridades automáticamente. La seguridad manda a que existan barreras físicas y no solo electrónicas al manejo de la información.

    Una posible solución es la solución de baja tecnología usada por personajes como el tristemente célebre Osama Bin Laden. El mismo, logró evadir los ataques informáticos de la CIA y la NSA mediante una solución muy sencilla. Sacó a sus computadoras de la red, de tal manera que la información fluía por medio de USB y disco duros externos de la su red a la red exterior.

    Un Registro de Beneficiarios podría funcionar así. Una intranet, sin contacto directo con el exterior, donde se guarda toda la información relevante y con todos los puertos USB, WiFi, Bluetooth o cualquier conexión que no implique cables de fibra óptica, deshabilitados. El lugar donde se guarden las joyas de la corono no debe tener contacto directo electrónico con el mundo exterior. No ventanas (los hackers han logrado penetrar computadoras usando drones por ejemplo, o mediante sensores de vibraciones de voz que impactan en las paredes), bloqueador de teléfonos celulares o jaulas Faraday. Control de acceso de las personas que entren al lugar, registrando el quién, cuándo, cómo y para qué alguien entra al sitio. Y un cuarto seguro, donde se ingresa la información del mundo exterior, de computadoras conectadas a la Web, USBs, o discos duros externos, a la intranet. Esto tomará tiempo pero si no se hace, el cómo, cuándo y dónde se dará un robo de información a lo Mossak y Fonseca es una serie de preguntas que serán respondidas a su debido tiempo.

    Si vamos a aceptar ineficiencias para tratar de salvar la venta de sociedades panameñas, hagámoslo bien.

  • En búsqueda de una mejor educación para nuestros hijos

    Hoy me encontré con un artículo en FEE (fundación para la educación económica), escrito por Kerry McDonald, educadora, autora de libros como “Unschooled: Raising Curious, Well-Educated Children Outside the Conventional Classroom.” Kerry es académica adjunta al Instituto Cato quien contribuye regularmente a la revista Forbes; como también es economista con licenciatura en política de educación en Harvard. El artículo de Kerry se intitula “Miss Virginia Shows the Dilemma Many Lower Income Families Face on Schooling” (El dilema educativo que enfrentan muchas familias de bajos ingresos). Se trata de una cinta cinematográfica (Miss Virginia) de genial actuación que cuenta la historia de Virginia Walden Ford, madre residente en Washington D.C. que buscaba una mejor educación para su hijo, dado que no toleraba la mediocridad y el status quo. Una película que bien vale la pena, no sólo verla sino compenetrarse con la realidad que presenta.

    Tal como cuenta Kerry McDonald, la madre afrodescendiente, Virginia Walden, ayudó en la creación de los programas de vales que les permitieron a muchos jóvenes escapar de escuelas gubernamentales inseguras y de muy baja calidad, en búsqueda de una opción descentralizada; o, como dirían con tono despectivo tantos en Panamá, “una educación privada”, o quizá deba decir “privilegiada”. Muchos ven lo “privado” como algo que a ellos les deja por fuera. lo cual es una idea lamentable; ya que lo privado es aquello que es íntimamente de cada quien, tal como tu vida, tu libertad y el producto de estas dos primeras, tal como tu ropa, tu casa y tal.

    El aspecto central de la obra cinematográfica, gira en torno a los obstáculos burocráticos, esos que yo apodo “burrocráticos” para diferenciar, ya que la burocracia de por sí no es cosa mala, sino mal usada. Frente a ello las familias pobres quedan atrapadas en estériles politiquerías. Es el caso de Virginia Walden, quien tuvo que sacar a su hijo de una fracasada escuela gubernamental para enrolarlo en una privada. Semejante reto, aunque la enfrentó a buscar más trabajo, inclusive limpiando servicios y tal, le trae una nueva esperanza. Sin embargo, todo su arduo trabajo no le alcanzó para pagar la escuela privada y se vio forzada a volver a matricular a su hijo en una escuela gubernamental del distrito, en dónde ve desvanecer el potencial de su hijo.

    Pero, un día Walden se entera de que la escuela gubernamental gasta el doble en una educación deficiente que lo que ella pagaba en la escuela privada; y ello le lleva a rechazar el cuento de que el problema de las escuelas gubernamentales es uno de falta de presupuesto. Frente a ello, Walden busca la solución en los programas de vales (Voucher), donde se encuentra con una formidable barrera burrocrática; y, aunque los programas de vales suponían no distinguir entre ingresos, color o barrio, ve que no es el caso.

    Cuenta Walden: “Uno de los primeros aspectos que salió a relucir con los programas de vales, es que las escuelas privadas ofrecían un entorno mucho más seguro que aquel de las escuelas gubernamentales…”. Se trata de escuelas cacareadas como ‘públicas’, lo cual es engaño, ya que las privadas también están abiertas al público; el problema es que los gobiernos y sus políticos despilfarran los fondos públicos en búsqueda no de una mejor educación, sino en búsqueda de votos.

    Hoy día no sólo existen nuevas formas de educar, sino también a costos reducidos; sin embargo, las costumbres nos han atascado en una fatal obsolescencia. En Panamá por ejemplo, se logró lavar el cerebro de la población que hoy aborrece todo lo privado. Curioso que, si les brindaran la oportunidad de mandar a sus hijos a una escuela privada raro sería que la rechazaran. Igual ocurre con la CSS y el IDAAN. Y, mientras tanto, estamos condenando a nuestros hijos a un futuro de pobreza y cosas peores; cuando frente a nuestro alcance tenemos soluciones a una fracción del costo.

  • Pandemia, lo que se ve y lo que no se ve

    La Pandemia del Coronavirus ha desatado una cadena de elogios a las virtudes de las dictaduras. ¿Hubiera podido una sociedad más abierta que la China, tomar las medidas extremas que ha tomado China, como cerrar ciudades enteras, poner en cuarentena a miles de personas y construir un hospital el 10 días? ¿Es el pluralismo y la libertad un problema en tiempos de crisis? . Total, la totalitaria Unión Soviética, tras sufrir pérdidas enormes, en personas, material y tener que mover sus fábricas al este, pudo detener a la maquinaria de guerra nazi, y luego perseguirla durante dos años hasta el mismo Berlín. Esto fue usado por muchas personas durante varias décadas como un argumento en favor del comunismo, como si el ganar guerras a Hitler a un enorme costo, fuera la única función de una sociedad exitosa. Lo mismo pasa con China, se ha vendido la especie de que el crecimiento de China demuestra las bendiciones de una economía mixta, cuando en realidad, su verdadero crecimiento, viene del capitalismo salvaje chino, sin regulaciones ambientales, laborales o de propiedad intelectual comparado con el occidental. Lo mismo pasa ahora con el Coronavirus. El carácter de dictadura de partido único de China es elogiado por su capacidad de tomar medidas extremas para enfrentarse al virus. Pero ¿realmente todo lo que hace China es bueno?

    Para empezar, las democracias liberales capitalistas han demostrado que han logrado controlar las pandemias gradualmente. Cada vez éstas son menos letales. Basta comparar los datos de la influenza en los últimos 100 años. Cada epidemia es menos letal. ¿Pero son las medidas de mano dura buenas?

    Luego vienen las cosas contraintuitivas. Lo que se ve y lo que no se ve.

    Lo que se ve, dice:

    1. Restringe movimientos como cerrar ciudades, prohibir viajes, y la entrada y salida de personas a las áreas contaminadas.
    2. Controla el precio de las mascarillas para que la gente no abuse de las mismas mediante la especulación.
    3. Las dictaduras pueden controlar mejor la histeria, prohibiendo las fake news o noticias falsas.

    Lo que no se ve, en cambio dice:

    1. La gente sana que vive en las áreas sujetas a epidemias queda atrapada con las personas contaminadas. Las personas que se consideran sanas, sujetas a una cuarentena, pueden tratar de tomar medidas extremas para tratar de escapar de la zona de cuarentena clandestinamente, y al hacerlo, evaden los controles sanitarios. Tienen el incentivo de no reportar que huyeron de la zona hasta que estén con síntomas visibles.
    2. Al controlar el precio de las mascarillas, se asegura que la demanda supere a la oferta, lo que lleva a que algunas personas compren en exceso para revenderlas más tarde; también desincentiva a los comerciantes a vender más mascarillas, porque la venta está muy buena y lucrativa, y a los fabricantes, importadores y distribuidores a producir más mascarillas para su venta. Luego dirán que es una canallada vender una caja de mascarillas de 3.50 a 300 dólares. Bueno, muy sencillo, en una emergencia, la gente seguramente va a sacrificar otras cosas para comprar esas mascarillas más caras. No es que vayan a salir a cenar o al cine en una pandemia. Además el Estado, en una situación de Pandemia, debería como su misión básica de salubridad poder distribuir mascarillas. Subsidiando la oferta de hecho. Así que los que compran lo hacen para cubrir los huecos de la ayuda estatal, o para garantizar excedentes a futuro; sí, están especulado, pero eso es lo que es la especulación al final, tomar decisiones económicamente beneficiosas en torno a posibles acontecimientos futuros. Al subir el precio, acorde a la demanda, se garantizan los inventarios de mascarillas a futuro más que si se permite que la demanda vaya por encima de la oferta. Seguirán habiendo mascarillas, caras, pero las habrá.
    3. Las dictaduras tienden a tener un factor de encubrimiento ya que tienen que presentar una fachada de normalidad y de competencia a sus superiores, a la población y al mundo, donde los funcionarios de menor jerarquía tienden a ocultar a los superiores y a la población los desastres mucho tiempo más, creando tiempos de reacción más lentos. Los desastres soviéticos como Chernobyl o las epidemias de Antrax cerca de los laboratorios militares lo evidencian. La ventaja de una sociedad abierta es que la población se entera rápido de lo que pasa, y puede tomar medidas como no salir de casa, o evitar las multitudes desde el principio. El incentivo de los funcionarios es dar información veraz desde el principio, no de ocultarla. Y si bien las noticias falsas estarán allí, también estarán las noticias verdaderas. Es mejor eso, que tener funcionarios cubriéndose las espaldas; y dejar que población viva de rumores porque no confía en lo que le dicen los medios estatales.

    Por todas esas cosas, cuarentenas ligeras, no estrictas, que no limiten la libertad de movimientos, libre mercado y libre información, son mucho mejor que medidas de mano dura dictatoriales para combatir pandemias.

  • Salud y la CSS. Confundiendo las cosas.

    Uno de los más grandes problemas de la Caja del Seguro Social es que se confunden los términos y muchas veces se hacen confusiones de misiones y funciones, y no se toman en cuenta las alternativas para tener un verdadero sistema de seguridad social y al mismo tiempo un verdadero sistema de saludo público. Un gran problema de la Caja del Seguro Social es que administra dos programas muy distintos. El programa de Invalidez, Vejez y Muerte por un lado, y por el otro maneja un sistema de salud pública estatal pero que no es para todos, sino para los asegurados y sus beneficiarios.

    Los problemas del sistema de invalidez, vejez y muerte son harto conocidos. La informalidad y la falta de mecanismos idóneos para integrar a los trabajadores independientes, la morosidad empresarial, que suele terminar en gestiones de cobro fallidas, en cuentas donde funcionarios cobran debajo de la mesa por no cobrar, en tasas punitivas tan altas que hacen difícil a los deudores llegar a arreglos de pagos con la Caja del Seguro Social aunque quisieran. Y aunque todo esto se arreglara, sigue existiendo un déficit actuarial que no se puede cubrir sin aumentar la edad de jubilación y sin cortar beneficios a largo plazo.

    Hablemos del segundo problema, el sistema de salud. El principal problema, que presenta problemas hasta de constitucionalidad, es que el Estado Panameño maneja dos sistemas de salud distintos. El Ministerio de Salud, y la Caja del Seguro Social. Esto crea una duplicidad de funciones. Y la idea de que el Estado por un lado tiene que velar por la salubridad de todos los panameños y por el otro, administra una Entidad de Salud Pública especial solo para asegurados y beneficiarios.

    Varios galenos se dieron cuenta en su momento de esta incongruencia. Uno fue José Renán Esquivel en los años 1970s. Bajo el lema “salud igual para todos” creó el Sistema Integrado de Salud. El problema es que al hacerlo hizo una mezcla del Seguro Social, financiado por lo asegurados con el Ministerio de Salud, pagado por impuestos directos. Al final las cuotas de los asegurados se convirtieron en otro impuesto directo más. Y esto aumentó la sangría de la Caja del Seguro Social.

    En los 2000, durante el gobierno de Martin Torrijos se discutió la idea de crear un sistema nuevo de Salud Pública, que eliminara la duplicidad entre los sistemas estatales. La idea, traída del sistema español, cubano, británico y canadiense, era la de un sistema de salud totalmente público, con subsidio por el lado de la oferta. O sea, vas y te atiendes, y muchos servicios clave son gratuitos y los más opcionales tienen un copago simbólico. El problema de este sistema es que requiere un cuantioso financiamiento por parte del Estado. Y cuando el Estado entra en inevitables periodos de austeridad, el sistema colapsa. Además tiende a estimular el sobre uso de los recursos médicos.

    Al final, Martín Torrijos decidió no hacer nada, pero la duda de que si en Panamá se puede hacer algo mejor, quedó allí.

    Y sí, podemos hacer algo mejor… Para empezar, veamos el Seguro de Salud. El Seguro de Salud no necesariamente implica que el asegurador tenga que prestar el mismo el servicio médico, como hace la Caja del Seguro Social, las EPS colombianas o algunas clínicas privadas. Un seguro de salud es simplemente un seguro de salud, igual a uno privado pero administrado por el Estado. En otras palabras, el asegurado debería ser capaz de poderse atender con cualquier clínica afiliada, y el seguro les paga.

    Y me preguntarán, bueno y si es así, por qué no le dices a la gente que tengan un seguro privado y punto. La respuesta la encontramos en los Estados Unidos. Los seguros privados tienden a aumentar la prima con la edad; mientras más vieja y enferma es la persona, más elevada, y más difícil es pagarla. Los seguros privados tienden a no asegurar condiciones preexistentes. Así que las personas pierden coberturas si tienen que cambiar de proveedores.

    Los seguros privados no dan mucha atención a los cuidados médicos preventivos, que son los que ayudan a cortar los gastos futuros, y no pueden costearse daños catastróficos. Por todas estas razones, los seguros privados, pese a su conveniencia, no pueden garantizar una cobertura total de la salubridad pública a la población. Y la población cubierta obtiene un sistema caro y desigual. Es necesaria la existencia de un sistema estatal de salud pública por estas razones. El problema es cómo manejarlo. Para eso tenemos que dividir el problema en varias partes, a saber:

    1- El sistema primario. El sistema primario tiene un carácter preventivo. Su misión se combina con otras dos misiones del estado relacionadas: la salubridad de los espacios públicos y la seguridad pública. Esto no es una función lucrativa para los gremios médicos por ejemplo. Andar evitando que la gente se enferme y prevenir accidentes es un tema que tiene que asumir el Estado. El sistema de salud cubano, por ejemplo, está lejos de ser la maravilla que muchos piensan que es. Pero su gran logro, y un logro que a la larga sale bastante económico, ha sido evitar que la gente se enferme en primer lugar. Un sistema primario, de vacunaciones, ayudas alimentarias, campañas de prevención de enfermedades y accidentes, campañas de control de la natalidad, controles médicos anuales, puede prevenir muchas enfermedades a largo plazo. Al final sale mucho más económico que pagar para curarlas. Por eso muchos sistemas de salud modelos, el cubano, los escandinavos, en realidad tienen un pilar de prevención muy fuerte que hace que los demás pilares del sistema de salud salgan más baratos al final. Pero está claro que esta etapa corresponde principalmente al Estado, aunque sin excluir las opciones de acudir a médicos privados. Total, si estás pagando un servicio con tus impuestos, pero eliges pagarlo de nuevo, es problema del ciudadano al elegir. Pero el sistema es principalmente estatal, con epidemiólogos, médicos generales y familiares, pediatras, geriatras, nutricionistas, ginecólogos.

    2- El sistema secundario de salud: Este es donde encontramos las consultas a especialistas, los tratamientos más especializados, las cirugías obligatorias (las electivas, como muchas cirugías plásticas, deben ser objeto de la medicina privada totalmente), los medicamentos más allá de las vacunas.
    Es aquí donde el seguro médico, tanto estatal como el privado que las personas decidan contratar entran en juego. La Caja del Seguro Social, podría ceder sus servicios médicos al MinSA creándose un Sistema Nacional de Salud, y los asegurados, con su carnet del seguro podrían atenderse en ese sistema sin copagos o con copagos pequeños, o en clínicas privadas que se hayan afiliado al sistema, con el pago de sus copagos. Tal y cual lo haría un seguro privado. Las personas que no tienen ningún seguro privado, o estatal, pueden atenderse en el sistema nacional de salud, tras el pago de un copago, tal y cual lo vienen haciendo en el Hospital Santo Tomás. En otras palabras el rol del estado sería el de subsidiar la demanda, actuando como asegurador de los gastos médicos. En otras palabras un verdadero seguro médico universal, tal y cual existe en Japón o Suecia.

    3- El sistema terciario de salud, que se encarga de las enfermedades crónicas terminales, las incapacidades permanentes que impiden trabajar, los cánceres, accidentes y otras enfermedades que ponen en peligro la vida de las personas y son demasiado caras de tratar. Existe una buena razón por la cual estos gastos tienden a ser asumidos por el estado; simplemente son demasiado caros para las aseguradoras privadas. Los copagos suelen ser tan altos que inclusive personas de ingresos altos arriesgan la quiebra económica para poder sobrevivir. Esta es una de las razones por la cuales la gente tiende a terminar demandando algún tipo de asistencia estatal. Además, en caso de guerras o graves catástrofes públicas, el Estado, como último garante de la seguridad, debe disponer de medios que le permitan atender a la población en estas circunstancias, y un sistema estatal para situaciones catastróficas es ese medio. Todos los países serios lo tienen.

    Por lo tanto, la creación de un sistema nacional de salud pública, bajo la supervisión del Ministerio de Salud que integre los servicios médicos de la Caja del Seguro Social y del MinSA, la creación de un Seguro Médico Estatal, como un programa de la CSS, todo esto sin excluir la existencia de la medicina privada deben ser parte de la discusión panameña en el tema de la salud. Y este es el momento de retomar el debate dejado de lado en el 2006.

  • La tragedia de las comarcas

    La comarca Ngöbe Buglé fue diseñada siguiendo el modelo de la comarca Guna Yala, pero con una enorme diferencia: los Gnobes no son Gunas, su cultura y forma de organización social son distintas. El Congreso General Guna trabaja como un cuasi estado. El problema de Guna Yala es que no son una región autónoma dentro de Panamá, pero tienen todo para serlo. Por lo menos los Gunas tienen una organización política clara, mientras que los Gnobes no pasan del caciquismo.

    Entonces la comarca Ngöbe Buglé pasa a tener todos los problemas de la comarca Guna, como la falta de una delimitación clara a nivel constitucional y de legislación, de dónde comienzan las leyes panameñas y dónde las de la comarca, y el limitar los derechos de propiedad a lo interno de la comarca para evitar colonos. A esto, la comarca Gnobe añade el problema que la organización política no es clara y no pasa de un caciquismo literal. El resultado es que la comarca Ngöbe Buglé es una demostración a nivel humano de la tragedia de los comunes. Lo que es de todos, no es de nadie, y lo que es de nadie los políticos lo asignan. No tienen propiedad privada con titularidad de manera individual dentro de la comarca, porque está prohibida, viviendo los indígenas en una especie de “comunismo primitivo”, o más bien, sin adornos ni alegorías, en un “latifundio de estado”. Donde la comarca es una región autónoma del Estado con propiedad colectiva estatal, que es usufructuada de manera consuetudinaria por los indígenas, pero a la hora de la verdad, cuando se necesite una explotación minera como Cerro Colorado, o hidroeléctrica, los políticos del gobierno central lo asignan a terceros fuera de la comarca, sin importar mucho la opinión de los indígenas; los cuales solo reciben promesas de escuelas o agua potable, y sí muchos perdigones si salen a protestar a la Panamericana en San Félix.

    Las comarcas deprimen mucho los indicadores socioeconómicos de Panamá; en PIB per cápita, en pobreza extrema, en distribución del ingreso, en salubridad, escolaridad, en educación. Y la comarca Ngöbe Buglé es la más problemática de todas. La idea de una comarca como una especie de reservorio biológico humano, de una reserva zoológica humana, de un museo viviente, donde nos limpiamos la conciencia por el trato dado a los indígenas por 500 años diciendo, “métanse en ese hueco y no salgan de allí jamás”, son un fracaso. Los Gunas tienen otros problemas distintos, pero por lo menos cuentan con una organización política clara; los Emberá Wounan son pocos pero por estar cerca de la zona canalera, pueden beneficiarse del turismo y explotarlo. El tema es que el grupo más numeroso es el más pobre y el menos organizado, con caciques que parecen más interesados en explotar personalmente su capacidad de conseguir votos para los partidos grandes, que ayudar a su comunidad. Y esa miseria se vio reflejada en el asesinato ritual de 7 personas en el Terrón. Donde la ignorancia, el fanatismo, la ausencia de Estado en su expresión más básica, el monopolio de la violencia, se combinaron para crear una tragedia. Tragedia que se va a seguir repitiendo en el futuro de alguna manera u otra en cuanto no cambie la situación de la comarca.

    Dicho esto, las comarcas tienen algo positivo, que es el evitar la deforestación que es endémica de las áreas fuera de la comarca, donde la cultura de potreros amenaza tanto la selva tropical como la cuenca de las hidroeléctricas y del propio canal de Panamá. Así que la solución es buscar un balance entre preservar la cultura indígena de cada etnia, pero integrarlas al mundo globalizado. Porque aunque no sea políticamente correcto decirlo, lo cierto es que el éxito económico tiene raíces culturales. Una cultura de agricultores pre feudales o de cazadores recolectores, no puede tener los mismos valores de una cultura basada en comercio, la ciencia y la técnica. En algunas cosas los indígenas tendrán que aprender a adaptarse.  Como en su momento lo hicieron los indígenas Seminoles de la Florida. Que convirtieron su reserva en una especie de corporación cooperativa a lo interno, pero en una empresa multinacional a lo externo, y hoy son más ricos que muchos norteamericanos blancos.

    Para lograr eso, tendrían que hacerse en Panamá varias cosas. Todas ellas implican romper con el modelo unitario de Estado heredados de la constitución colombiana de 1886.

    Primero, crear una figura jurídica que permita a las comarcas funcionar como cooperativas a lo interno, con derechos de propiedad definidos para los habitantes de la comarca dentro de esa cooperativa o régimen de propiedad horizontal. La figura de las corporaciones de desarrollo indígena que existen en otros países, debe traerse a Panamá.

    Segundo, dar a las comarcas la última palabra como propietarias del subsuelo de las explotaciones mineras dentro de las mismas, y que las regalías de estas explotaciones vayan principalmente a las comarcas. Lo mismo se debe hacer con las explotaciones hidrográficas.

    Tercero, educación. La educación debe ser bilingüe o trilingüe. Por un lado debemos reconocer que los idiomas indígenas son idiomas, no dialectos, aunque frecuentemente la traducción de la Biblia a estos idiomas por los evangélicos, contribuye a fijar un dialecto tradicional como dialecto estándar. Ese dialecto estándar debe ser la base del sistema educativo, eso sí, combinado con el español y de ser posible con el inglés, para asegurar la inserción del indígena en el mundo, sin perder su identidad, pero dispuesto a interactuar con la cultura nacional y la universal. Y con fuerza en las ciencias. Si realmente el indígena vive más apegado a la naturaleza, debería ser muy apto para las ciencias naturales.

    Pero está claro que dejar las cosas como están no ayuda a nadie, no ayuda a los indígenas, y no ayuda a Panamá.

  • Los trabajos se crean en las empresas no en el gobierno

    En La Prensa del 14 de enero de 2020 sale a relucir una vez más esa tendencia de ver a la sociedad como un hato de ganado que debe ser harreado por los iluminados burócratas estatales. El titular que me movió a escribir al respecto lee: “Nuevas plazas de empleo para jóvenes, un desafío en la estrategia del Gobierno.” Según parece, son muchos a quienes les cuesta entender que la función propia del gobierno no está en hacer sino en ver que se haga sin trampas. Es así ya que cuando el gobierno se toma la tarea de hacer, deja de ser juez para convertirse en parte; pero una parte chambona, y peor, que no rinde cuentas ante nadie.

    La influencia gubernamental para ayudar en la creación de plazas de trabajo o de desempleo va de la mano con el fiel cumplimiento del buen mandato constitucional que le sea delegado por la comunidad. Y digo “que le sea delegado”, ya que mucho hemos prostituido la ley a partir de la misma constitución. Y el buen mandato, según dice nuestra constitución tiene el “…fin supremo de fortalecer la Nación y garantizar la libertad…” Lástima que luego se va diluyendo y extraviando en incoherencias. Y mucho peor, que en la práctica eluden constantemente ese mandato fundamental.

    No se puede “fortalecer la nación” confiscando fondos al sector productivo para crecer el sector centralizado bajo la baladí presunción de que el gobierno podrá hacer aquello que no logran hacer los ciudadanos; que en el caso que nos ocupa es la creación de plazas de trabajo.

    Lastimosamente, desde los dictados keynesianos se alega que con más intervención estatal se pueden mejorar economías flacas. Es menester separar la función gubernamental de seguridad, de velador por la libertad y la justicia y la función de constructor de infraestructuras civiles . Hacer más carreteras y contratar a más policías no aumenta el empleo productivo; ese que sólo viene a través de las empresas ciudadanas, que pueden beneficiarse de esa infraestructura, pero el asunto como todo, es definir cuál es beneficiosa y cuál se hace para otros beneficios no tan santos.

    Si a estas alturas todavía no vemos el error de creer que vamos a prosperar lanzando toneladas de dinero del sector contribuyente en obras gubernamentales, ello significa que no lo haremos. Particularmente hoy que sufrimos la resaca o goma de la parranda, endeudamiento, coimas y corrupción. Y es que en la medida en que le restas dinero al ciudadano contribuyente, mengua la inversión productiva, con lo cual terminamos desacelerando la actividad comercial. Los impuestos tienen su lugar y función, pero comedidamente. ¿O será que usted es uno de los que creen que el gobierno puede dar mejor uso al dinero suyo?

    La resta económica al sector corporativo, sector que apenas representa una pequeña parte de los ingresos estatales, producirá una disminución en la actividad económica y en las plazas de trabajo. Lo mismo que volcarse a pedir prestado para financiar obras que a menudo se desvían en corrupción.

    Por otro lado, cuando el gobierno gasta dinero cacareando sus obras y alegando que estas producen trabajos, los ciudadanos se van con el cuento y pierden vista de la verdadera naturaleza de una economía de mercado. Estudios en los EE.UU. han demostrado que el producto de supuestos estímulos y subsidios terminan deteriorando la economía. ¿Y qué mayor prueba del poder del dinero en manos ciudadanos que el aumento de la economía estadounidense con la baja de los impuestos del gobierno actual?

    Obvio que una nación necesita gobierno y funcionarios públicos; el asunto está en buen culantro, pero no tanto. La proposición keynesiana de que los gobiernos pueden cebar la bomba de la economía a punta de dinero de los contribuyentes no tiene sentido. Preguntemos a Laffit Pincay acerca del secreto de ganar las carreras de caballo… ¡afloja las riendas al caballo!

  • ¿Qué es la propiedad privada?

    Hay pocas expresiones comúnmente usadas que sean tan mal entendidas como la frase “propiedad privada” (PP); y, a riesgo de simple y cansón lloveré sobre mojado. Y es que la importancia de entender lo que es y lo que implica la PP es primordial; es decir, aquello que viene delante de todo, lo principal, originario, primitivo y esencial, sin lo cual la misma Creación pierde rumbo y sentido. “Privado” es aquello personal de cada individuo, tal como su mismo cuerpo, pensamiento y derecho de transitar, sin el cual no podría mantener la vida. Dicho de otra manera: Es privado porque no puedes privar a la persona de ello… de su misma vida.

    El término “mercado” se refiere a la acción humana que no debe ser dirigida por el estado. La gente está dispuesta a ofrecer, comprar y vender bienes y servicios de su pertenencia; cada quien según sus particulares condiciones y a riesgo de no ser aceptado por un comprador. Si no entendemos y respetamos los derechos de propiedad, el mercado deja de ser un encuentro libre y voluntario entre las partes, que en adelante se verán obligados a interactuar en función del criterio de burócratas gubernamentales.

    También hay propiedad en los atributos de las personas, tal como la inteligencia, talento, voz, belleza y tal, los cuales no quedan sujetas al dominio público estatal. Los problemas comienzan cuando comenzamos a hablar de una “propiedad colectiva” a la vez que vamos negando los derechos a la propiedad del individuo. Semejante distorsión de la naturaleza humana nos coloca en un ambiente irreal o sintético en el cual las personas ya no piensan y calculan por cuenta propia sino en atención a mandatos coercitivos centrales.

    Los socialistas y comunistas sostienen que los medios de producción son propios de la comunidad y no de cada quien, como también puede ser de un grupo de personas. Algunos dicen que Marx y otros comunistas no niegan derechos de propiedad de cosas como la casa, la ropa, el auto y tal; sino a los medios de producción. Y no de toda producción sino de aquella que esclaviza al trabajador. El problema con semejante enfoque está en la dificultad para definir los medios de producción, tales como la inteligencia, la capacidad creativa, dedicación, don de mando o de organizar el trabajo de otros y tal.

    Pero la misma naturaleza va mucho más allá en estos temas, tal como bien lo señalara en su momento San Pablo Magno explicando que se trata de una realidad antropológica fundamental. Que la producción provechosa no es la del simple trabajo sino la de un trabajo dirigido con finalidad y astucia provechosa para todos. Y el problema es que son pocos los que tienen la capacidad creativa y organizativa.

    Recuerdo estar sentado con trabajadores que sostenían que nuestra empresa no pertenecía sino a todos nuestros empleados. Algo así como: Al darte empleo te estoy concediendo parte de la empresa que yo financié. Pero… ¿que ocurriría si los propietarios abandonan la empresa y la dejan en manos de quienes alegan ser sus dueños? ¿O será que mantendrán a los dueños como esclavos?

    Todo lo anterior nos lleva al estudio de la catalactica o cataxia que es la ciencia de los intercambios comerciales. De cómo el libre mercado logra las relaciones de intercambio y los precios. Es el análisis de los precios tal como son y no como algunos politicastros demagogos quieren que sean, porque ello se traduce en votos.

    Hoy día que va en aumento la tendencia de abolir la institución de la propiedad privada a través de limitaciones impuestas en ley, tal como las de control de precios y salarios mínimos, sorprenden los resultados de pobres economías. No debía ser difícil de entender los fenómenos que se producen al restar control a los propietarios de las empresas y dárselo a demagogos.

    En síntesis, en una economía o sociedad de libre mercado, los propietarios del capital, grandes y chicos, pueden disfrutar del producto de su ingenio y esfuerzo riesgoso en la medida en que ello se traduce en la satisfacción del consumidor. En fin, la propiedad sólo se convierte en valioso activo cuando es empleada en beneficio del consumidor y no en beneficio de burócratas o sindicalistas interesados.