La pregunta fundamental que nos debemos plantear en la materia política siempre será: ¿para qué queremos al Estado?; es decir, ¿cuáles son sus funciones? Otra forma de ver el tema sería: ¿Para que sirve o son buenos los gobiernos del estado y para que no.
Casi todos podemos hallar suelo común en que al Estado corresponde la función de seguridad y en particular la de defender la nación en caso de invasión. Pero, aquí ya debemos hacer un alto y diferenciar en el tema de la “seguridad” ciudadana, pues jamás podríamos delegar toda nuestra seguridad personal, lo cual ni siquiera debía requerir explicación; ya que el estado carece de la facultad de la omnipresencia y; más aún, ni debíamos querer delegar semejante función a los gobiernos, aunque, tristemente, muchos así parecen desearlo. La seguridad comienza en lo personal, en la casa, en el barrio y así hasta llegar al estado. Visto desde otro enfoque, todos somos policías y delegamos esa función en la medida de lo posible y conveniente.
Dicho lo anterior, podemos extender los conceptos vertidos a la educación y entender que al Estado corresponden algunas funciones sociales pero no todas y no del todo, y se hace vital trazar la frontera entre el Estado, la persona y familia. Con ánimo didáctico mordaz, igualmente señalo que el Estado no puede comer o beber agua por nosotros, y vale la pena señalar esto porque como van las cosas pareciera que algunos hasta la ida al retrete desean delegar. Todo esto nos lleva a la pregunta fundamental formulada en el título de este ensayo; es decir, ¿hasta dónde podemos delegar al estado la educación de nuestros hijos? El problema comienza en artículo 56 de nuestra Constitución cuando dice: “…el Estado… garantiza a los padres de familia el derecho de participar en el proceso educativo de sus hijos.” Magnánima la Constitución que permite a los padres “participar”; y he aquí que asoma el problema.
Lo malo es que no queremos ver lo que está frente a nuestras narices, tal como vemos con el desorden vial en Panamá, y emana o responde a un grupo de legisladores en la Comisión de Transporte de la Asamblea que ven y usan a la ATTT como su feudo personal. En tal situación, muy lejos quedan los propósitos de seguridad y efectividad del transporte. ¿Acaso no vemos la ilegalidad tantos retenes de tránsito? Tal vez la mayoría no lo ve, y he allí la fuente de anarquía. ¿Acaso no vemos que muchos de los agentes de tránsito no salen a ordenar sino a asaltar a mano armada? ¿No vemos que retienen ilegalmente con la finalidad de mejorar sus ingresos personales y hasta partir y repartir hacia arriba?
Algo análogo ocurre con el sistema que llamamos “educativo” el cual no educa, porque responde a los bastardos intereses de grupos enquistados en al Apparatchik estatal; cuyas prioridades no compaginan con sus funciones y responsabilidades, y luego, para lograr permanencia, derraman ventajas en gremios sindicales y tal; al tiempo que cacarean de igualdad y equidad.
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