Hay palabras alrededor de las cuales revolotean los entendimientos, tal como las abejas al panal o las moscas al detrito. El uso que se les da no es inocente: incide, influye y repercute en el ámbito de la moralidad y en lo político. Y “político” aquí significa los asuntos de la polis, de la ciudad, de la comunidad… y, más allá, del discurso del Estado, de sus gobiernos y de las tendencias que pretendan orientar la vida en común. Todas esas palabras —privado, propiedad, privacidad, privatizar— apuntan, en el fondo, a una sola realidad: aquello que uno posee de manera propia. La vida, la familia, la casa, la libertad, el fruto del propio trabajo y el ejercicio de las actividades económicas. Cosas que otros no pueden quitarte ni usar sin tu consentimiento.
Es tentador perderse en discusiones interminables sobre “qué es exactamente la propiedad privada”. Algunos convierten el debate en un juego de definiciones: “define primero qué entiendes por propiedad. Ese tipo de pelea por las palabras suele servir para evitar la cuestión de fondo. Lo importante no es el diccionario, sino qué estamos tratando de proteger cuando hablamos de lo propio.
Por eso prefiero hablar de lo apropiado: aquello que es natural y propio de la persona antes de cualquier constitución o ley. No se trata de un privilegio concedido por el Estado, sino de algo que ya nos pertenece por el hecho de ser personas: el dominio sobre nuestro cuerpo, nuestras acciones, nuestro trabajo y los recursos que hemos adquirido de forma justa. Cuando esa idea se debilita, todo lo demás —la privacidad, lo privado, incluso la posibilidad de privatizar o de resistir la privatización forzosa— queda a merced de quien detente el poder de redefinir las “necesidades sociales”.
El tema de la propiedad es fundamental tanto en su significado profundo como en el uso que le damos en las constituciones y las leyes. Veamos un ejemplo concreto. El Artículo 282 de la Constitución de Panamá establece: «El ejercicio de las actividades económicas corresponde primordialmente a los particulares; pero el Estado las orientará, dirigirá, reglamentará, reemplazará o creará, según las necesidades sociales y dentro de las normas del presente Título, con el fin de acrecentar la riqueza nacional y de asegurar sus beneficios para el mayor número posible de los habitantes del país.»
La primera parte parece reconocer lo propio: “corresponde” significa que es lo que corresponde, lo que es propio de los particulares. Y lo propio viene de propiedad. Sin embargo, la coma y el “pero” posteriores convierten esa primacía en una concesión condicionada. El Estado puede orientar, dirigir, reglamentar, reemplazar o crear esas mismas actividades según unas “necesidades sociales” sobre las cuales nadie logra ponerse de acuerdo ni en cuáles son ni en cómo se resuelven.
Desde el enfoque de lo apropiado, esa redacción no es inocente. Si el ejercicio de la economía “corresponde” a los particulares, entonces es algo que les es propio. Al someterlo a la reserva del “pero”, lo que se presenta como derecho natural se transforma en una merced revocable. En la práctica, lo propio deja de ser un límite al poder y se convierte en una variable política.
Cuando lo apropiado se debilita de esta manera, la privacidad también se resiente. Porque la privacidad no es un lujo ni un capricho: es la zona de control que fluye de lo que es nuestro. Y privatizar —o resistir la estatización— solo tiene sentido si partimos de que hay algo genuinamente privado y propio que no puede ser redefinido a voluntad.
El peligro no está solo en las leyes. Está en aceptar, sin darnos cuenta, que lo que es natural a la persona puede ser permanentemente condicionado por “necesidades” que alguien más define. Recuperar el sentido de lo apropiado no es un ejercicio teórico. Es un acto de defensa de la persona misma: de su vida, de su libertad y de aquello que, por derecho propio, no debería poder serle arrebatado.
