Donald Trump anunció “el mayor acuerdo petrolero de la historia” y sostuvo que Estados Unidos obtendrá el control mayoritario sobre más de 65.000 millones de barriles de las reservas de petróleo venezolanas. Delcy Rodríguez, presidenta interina desde la captura de Nicolás Maduro, confirmó un convenio energético por 25 años para desarrollar 17 campos y alcanzar una producción superior a 1,5 millones de barriles diarios. Caracas calcula inversiones cercanas a los 100.000 millones de dólares e ingresos fiscales de unos 209.000 millones.

Las cifras son monumentales. La transparencia, en cambio, es mínima.

No se conoce públicamente el contrato completo, existen dudas sobre su encaje en la legislación venezolana y algunas informaciones hablan de concesiones operativas mucho más extensas que los 25 años anunciados por Rodríguez. Tampoco está claro qué empresas asumirán las inversiones, cómo se distribuirán exactamente los beneficios ni ante qué tribunales responderán las partes. Estados Unidos tendría una participación mayoritaria del 55% en una nueva estructura empresarial y acceso preferente al crudo, parte del cual sería utilizado para reponer su Reserva Estratégica.

Sin embargo, lo más revelador del anuncio de Trump no fue el tamaño del negocio. Fue la manera en que presentó a su socia: la “altamente respetada presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez”.

¿Altamente respetada por quién?

Un gobierno puede verse obligado a negociar con quien controla de facto otro Estado. La diplomacia no es una reunión de santos y con frecuencia exige tratar con personas y regímenes repudiables. Pero negociar no implica respetar; reconocer un poder de hecho no equivale a otorgarle legitimidad moral.

Trump podía decir que Rodríguez era su interlocutora, que había cumplido determinados compromisos o que resultaba funcional para estabilizar la producción petrolera. Eligió llamarla “altamente respetada”. Ese adjetivo no describe una necesidad geopolítica: limpia una biografía política.

Los ojos que Trump decidió no mirar

El 15 de enero de 2018, Óscar Pérez estaba rodeado junto con seis integrantes de su grupo en una casa de El Junquito, en las afueras de Caracas. Pérez había sido inspector del CICPC, piloto y miembro de una unidad de operaciones especiales antes de rebelarse contra el régimen de Nicolás Maduro.

No era un manifestante pacífico. Había sustraído un helicóptero policial, disparado y lanzado granadas contra edificios oficiales —sin producir víctimas— y posteriormente participado en la sustracción de armas de un cuartel militar. El Estado tenía razones legítimas para detenerlo y someterlo a un proceso judicial. Precisamente por eso debía capturarlo con vida si se rendía.

Pero sus últimos minutos fueron registrados por él mismo.

En aquellos videos aparece herido, con el rostro ensangrentado y sus ojos claros mirando directamente a la cámara. Repite que están dispuestos a entregarse, pide que cesen los disparos y denuncia que no quieren permitirles salir con vida. “Nos vamos a entregar”, insiste mientras las fuerzas de seguridad continúan el ataque. Poco después, Pérez y otras seis personas estaban muertos. El Gobierno presentó la operación como el desmantelamiento de una célula terrorista; la oposición, distintas organizaciones y posteriores reconstrucciones plantearon graves indicios de que se trató de una ejecución extrajudicial.

Aquellos ojos quedaron grabados en la memoria de muchísimos venezolanos. No porque Óscar Pérez fuera un hombre perfecto ni porque todas sus acciones deban ser reivindicadas. Quedaron grabados porque mostraron, casi en tiempo real, la diferencia entre la justicia y la venganza estatal: un hombre podía haber cometido delitos, pero seguía teniendo derecho a rendirse, a ser detenido, a tener un abogado y a comparecer vivo ante un juez.

La respuesta de Delcy Rodríguez aquel mismo día no fue pedir una investigación independiente sobre las circunstancias de las muertes. Como presidenta de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, acusó de “sinvergüenzas” a quienes cuestionaban el operativo y se refirió a Pérez como criminal.

No existe una prueba pública que permita afirmar que Rodríguez dio la orden de matarlo. La responsabilidad penal individual debe demostrarse y un liberal no puede renunciar al debido proceso ni siquiera cuando juzga a los integrantes de un régimen que lo destruyó. Pero tampoco puede aceptarse la ficción de que Rodríguez fue una observadora distante.

Ella presidía entonces la Asamblea Constituyente creada por el chavismo para desplazar al Parlamento elegido por los venezolanos y concentrar todavía más poder. Meses después fue designada vicepresidenta ejecutiva de Maduro, cargo desde el cual mantuvo una posición central durante los años en que organismos internacionales documentaron detenciones arbitrarias, desapariciones, torturas, violencia sexual y ejecuciones extrajudiciales.

En 2019, siendo ya vicepresidenta, el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo desapareció bajo custodia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Fue presentado ante un tribunal en silla de ruedas, prácticamente incapaz de hablar o moverse, y murió horas después. La autopsia registró un politraumatismo generalizado. Amnistía Internacional calificó el caso como detención arbitraria, desaparición forzada, tortura y muerte bajo custodia estatal.

Óscar Pérez y Rafael Acosta Arévalo son casos diferentes, pero forman parte de una misma memoria: la de un Estado que convirtió la fuerza pública en instrumento de conservación del poder. A ellos se suman los presos de El Helicoide, los jóvenes muertos en las protestas, los perseguidos, los torturados y los millones que tuvieron que abandonar Venezuela.

¿Cómo reciben todos ellos la noticia de que una de las principales figuras políticas de aquel régimen es ahora, para el presidente de Estados Unidos, una persona “altamente respetada”?

Del anticomunismo al negocio de Estado

El petróleo explica la metamorfosis.

Trump no ha descubierto repentinamente virtudes democráticas en Delcy Rodríguez. Ha encontrado una dirigente capaz de garantizarle acceso privilegiado a las mayores reservas de crudo del planeta, en momentos en que necesita reducir el precio de la gasolina, recomponer la Reserva Estratégica estadounidense y asegurar suministros frente a la inestabilidad internacional.

Rodríguez, a cambio, recibe algo más valioso que el dinero: reconocimiento, protección y continuidad política. El petróleo que durante años sostuvo al régimen chavista ahora puede servir para legitimar su supervivencia bajo tutela estadounidense.

Ambos ganan. Trump presenta ante sus electores un negocio gigantesco; Rodríguez se transforma, sin pasar por elecciones libres, de jerarca sancionada del chavismo en socia estratégica de Washington. Quienes no participaron en la negociación son los venezolanos.

Este punto resulta esencial desde una perspectiva liberal. El problema no es que capital estadounidense invierta en petróleo venezolano. Venezuela necesita capital, tecnología, infraestructura y apertura después de décadas de expropiaciones, corrupción y destrucción de PDVSA. El intercambio internacional y la inversión privada podrían contribuir enormemente a su recuperación.

Pero un acuerdo entre gobiernos no es necesariamente libre comercio. Y una empresa elegida por el poder político no se vuelve privada por el simple hecho de tener accionistas particulares.

Si Washington selecciona a los operadores, participa mayoritariamente en la estructura, obtiene petróleo en condiciones preferentes y destina la producción a fines estratégicos de Estados Unidos, mientras una autoridad venezolana sin legitimidad electoral compromete recursos nacionales durante décadas mediante cláusulas secretas, no estamos ante un mercado libre. Estamos ante mercantilismo geopolítico: dos poderes estatales distribuyendo privilegios y activos que administran como si fueran propios.

El liberalismo no consiste en sustituir el monopolio socialista de PDVSA por una sociedad escogida desde la Casa Blanca. Liberalizar significaría abrir la industria a la competencia, publicar las condiciones, garantizar derechos de propiedad, establecer tribunales independientes y permitir que distintas empresas asuman riesgos sin privilegios políticos. Sobre todo, implicaría que un gobierno legítimo rindiera cuentas ante los ciudadanos venezolanos.

Nada de eso puede reemplazarse con una fotografía entre Trump y Rodríguez.

¿Liberación o colonia?

Durante años, millones de venezolanos vieron en Estados Unidos una posible ayuda para terminar con la dictadura. Ahora contemplan cómo Washington respalda a una de sus principales jerarcas a cambio de petróleo.

La palabra “colonia” puede parecer excesiva. El comercio con una potencia extranjera no convierte a un país en colonia y defender la soberanía tampoco debería servir de excusa para preservar el monopolio estatal o rechazar inversión extranjera. Pero cuando una potencia controla la explotación de una parte sustancial de los recursos de otro país, decide quién participa, tutela de hecho a su gobierno y negocia sin intervención ni conocimiento de sus ciudadanos, la relación empieza a parecerse demasiado a aquello que pretende negar.

No es colonialismo porque intervengan empresas estadounidenses. Es colonialismo si los venezolanos dejan de ser sujetos de su propia reconstrucción y se convierten únicamente en habitantes del territorio donde otros gobiernos reparten el subsuelo.

Las recientes excarcelaciones son positivas, pero tampoco resuelven la cuestión moral. Liberar a personas que nunca debieron estar presas no convierte al carcelero en demócrata. A mediados de agosto, Foro Penal aún registraba centenares de presos políticos, mientras muchas de las personas excarceladas seguían sometidas a restricciones judiciales.

Una transición verdadera requiere libertad política, elecciones verificables, independencia judicial, apertura económica y justicia para las víctimas. No exige venganzas ni juicios colectivos, pero sí investigaciones individuales y responsabilidad por los crímenes cometidos. Sin verdad y sin justicia, la estabilidad será apenas impunidad financiada con petróleo.

Trump puede negociar con Delcy Rodríguez si considera que eso sirve a los intereses de Estados Unidos. Lo que no debería hacer es exigirles a los venezolanos que participen de su amnesia.

Porque utilidad no es respetabilidad. Obediencia no es legitimidad. Excarcelar no borra haber encarcelado. Y vender petróleo no convierte una dictadura en una democracia.

En algún lugar de la memoria venezolana siguen aquellos últimos videos de Óscar Pérez: el rostro ensangrentado, la voz pidiendo que dejaran de disparar y los ojos claros de un hombre que quería entregarse.

Frente a esa mirada, la expresión “altamente respetada” deja de ser una fórmula diplomática. Se convierte en una ofensa.

El petróleo puede comprar alianzas, silencios y reconocimientos. Lo único que no debería poder comprar es el olvido.