Como últimamente han habido sonados casos de peculado en nuestra región, es de interés hacer un alto en el camino y meditar sobre las causas de este fenómeno.
Según el diccionario, corromper es alterar, descomponer cambiando la naturaleza de una cosa volviéndola mala. Pero una cosa es la corrupción en el sector privado y otra bien distinta es la que ocurre en el contexto de los aparatos estatales. No es para nada que unas personas sean mejores que otras, se trata de incentivos diferentes.
Lo propio se cuida de un modo distinto respecto a lo que pertenece a los demás. De allí es que a partir de Garret Hardin nos referimos a «la tragedia de los comunes»: lo que es de todos en definitiva no es de nadie, lo cual en realidad ya había sido estudiado desde Aristóteles al criticar la propiedad colectiva. La forma en que se toma café y se encienden las luces no es la misma si las cuentas las paga el que consume que si las abona un tercero por la fuerza.
Es por lo dicho que el historiador decimonónico Acton ha consignado el célebre adagio en cuanto a que «el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente». De esto se desprende la virtud de la empresa privada: busca beneficios, situación que logra si da en la tecla con los gustos y preferencias de la gente e incurre en quebrantos si se equivoca en ese objetivo. El cuadro de resultados muestra los éxitos y fracasos en el contexto de marcos institucionales que protegen derechos que son siempre superiores y anteriores a la existencia de los gobiernos.
Desde luego que este proceso no tiene lugar cuando los llamados empresarios se alían con el poder al efecto de obtener privilegios siempre a expensas de la gente, especialmente la más necesitada. Aquellos son en verdad ladrones de guante blanco que en lugar de robar al vecino a mano armada lo hacen a través de los políticos en funciones.
Cuanto más se aparta el gobernante del tronco central de un sistema republicano de Justicia y seguridad, mayores son las oportunidades de corrupción. Cuanto más extendido el poder político en faenas que no le atañen, mayores espacios se abren para las corrupciones lo cual infecta a los clientes del sector privado donde no pocos al vislumbrar una posibilidad de prosperar a través de una coartada indecente proceden en consecuencia en lugar de transpirar para competir y satisfacer necesidades del prójimo.
Y no es que en el sector privado no se produzcan corrupciones, es que la naturaleza del problema es sustancialmente distinta. En primer lugar lo absorben los dueños de su propio peculio y no lo trasladan compulsivamente sobre los patrimonios de otros. En segundo término, están presentes fuertes incentivos para llevar a cabo auditorias más rigurosas que las politizadas donde no están en juego los propios ingresos.
Conviene reiterar que cuando se declama que el Estado debe hacer tal o cual cosa es el vecino el que se hace cargo coactivamente. Es del caso repetir que el Estado nada tiene que no lo haya detraído del fruto del trabajo ajeno.
Como queda dicho, cuanto más pesado el organigrama gubernamental mayores los resquicios para usar el poder discrecional. La cantidad inmensa de ministerios, secretarias, subsecretarias, direcciones y demás parafernalia no solo obstaculizan las actividades legítimas y creativas sino que naturalmente se traducen en mayores cargas tributarias, endeudamientos públicos y manipulaciones monetarias.
La maraña de impuestos constituye un fenomenal palo en la rueda para la producción y, por ende, consume capital que a su vez afecta salarios e ingresos en términos reales.
Un ejemplo de este despropósito es el impuesto progresivo. Como es sabido, los gravámenes pueden ser proporcionales, lo cual significa que cada uno se hace cargo en proporción al objeto imponible según sean sus gastos o su patrimonio. En cambio, el tributo progresivo, como su nombre lo indica, grava progresivamente el objeto imponible. En este último caso el peso en definitiva recae sobre los ingresos marginales ya que la progresividad contrae las inversiones que es precisamente lo que permite elevar salarios. Esta situación irrevocable implica que el impuesto progresivo sea regresivo.
En segundo lugar, la progresividad altera las posiciones patrimoniales relativas, es decir, las ubicaciones que la gente estableció en los supermercados y afines con sus compras y abstenciones de comprar. Por último, el impuesto progresivo es un castigo progresivo a la eficiencia.
La mayor productividad se traslada inexorablemente a los bolsillos de los más necesitados a través de las tasas de capitalización. Esa es la diferencia entre vivir en un país rico y uno del tercer mundo («un mundo de tercera», como decía Cantinflas). La riqueza no es un proceso estático que invita a pelearse por tajadas de la misma torta, es un proceso dinámico que genera muchas tortas si los que se esfuerzan pueden producir sin las interferencias estériles de los aparatos estatales.
Dado al avance de la peste del nacionalismo xenófobo en Europa y ahora en Estados Unidos, el esperpento del socialismo del siglo XXI en Venezuela y del comunismo en la isla-cárcel cubana y algunas otras tentaciones que es de esperar quedan en la nada, es del caso prestar atención a la tradición de pensamiento liberal que es nada más y nada menos que el respeto irrestricto a los proyectos de vida de otros, sin que los megalómanos impongan sus caprichos personales y así evitar corrupciones alarmantes y permitir que los marcos institucionales civilizados castiguen debidamente los peculados.
En este sentido, debe abandonarse esa caricatura grotesca de «neoliberalismo» que es una etiqueta con la que no se identifica ningún intelectual serio. Mario Vargas Llosa alude al tema al escribir: «Me considero liberal y conozco a muchas personas que lo son y a otras muchísimas más que no lo son. Pero, a lo largo de una trayectoria que comienza a ser larga, no he conocido todavía a un neoliberal».
Artículo aparecido originalmente en El Pais.
