Opinión Politica y Actualidad

Las cosas se van aclarando

Por primera vez en mucho tiempo la sociedad civil panameña parece reaccionar con independencia y la Asamblea Nacional, lejos de ser un brazo del Ejecutivo, en nombre de la llamada gobernabilidad, ejerce sus funciones de contrapeso del ejecutivo correctamente, y evita nombrar a las magistradas que el ejecutivo quería poner en la Corte. Estas magistradas tenian sospechosa imparcialidad y dudosas calificaciones en uno de los casos. En otras épocas los diputados hubieran simplemente pasado a votar en plancha tras acordar con el Ejecutivo el precio correcto por su voto, sea en obras, sea en nombramientos, sea en sobres de dinero en efectivo o relojes Cartier.

Algo ha cambiado, y es la creciente impopularidad del Presidente, en un país que ve caer la mayoría de los indicadores económicos, siendo el mas significativo el de la apertura de nuevas empresas, que ha caído hasta en un 40%.  La deuda externa sigue aumentado pero nadie ve en qué se gasta y se siente un estancamiento económico. Esta impopularidad y el que quede menos de año y medio para las elecciones hace que los homorables diputados se enfoquen mas en su supervivencia política. Y al hacerlo, están menos dispuesto a dar una carta blanca a un presidente que no es muy popular. Ganó como la mayor minoría, con un poco más de la tercera parte de los votos, y no ha hecho mucho en el poder para extender su base o inclusive ha dejado que su apoyo político disminuya. El resultado es que muchos diputados ya no vean posible usar al gobierno de actual para justificar su reelección.

En estas situación es mejor distanciarse del presidente y ya lo estamos viendo con el caso de las magistradas.

El presidente tras el rechazo de las magistradas ha optado no por hacer una correción política sino que ha decidido doblar sus intenciones, nominando a otros magistraos de su elección pero buscando maneras de evitar que sus candidatos sean sometidos al control legislativo. Pudo haber elegido otras opciones, como nominar magistrados de las listas de la sociedad civil que fueron analizadas por la Asamblea. El querer pasar a sus propios magistrados solo despierta sospechas sobre la razón de esta insistencia. ¿Será para encubrir casos de corrupción como sospecha la mayoria de las personas o simplemente porque el presidente cree que es su facultad señorial nombrar a quién le de la gana?.

En todo caso, el rechazo de las magistradas sienta un precedente:  que la opinión pública puede hacer efecto en los diputados, sobre todo si estos tienen miedo a no reelegirse, para que controlen al Ejecutivo. Y que los diputados tienen el deber constitucional de fiscalizar a los magistrados antes de darles su aprobación. La era en la cual los magistrados pasaban por una Asamblea que se limitaba a dar un sello de legitimidad a los nombramentos del Ejecutivo debe terminar.

Por lo tanto deberíamos preparar las preguntas que en el futuro les deberían hacer los diputados a los proponentes a magistrados de la Corte.

Primero sería bueno analizar la vida personal, familiar y profesional del aspirante a magistrado. Lo privado debe ser público, y no solo para preguntarles a los magistrados las posturas sobre el aborto o el matrimonio homosexual, sino para ver detalles como la violencia doméstica o acciones éticas cuestionables en su vida profesional.

Y luego están sus visiones sobre los temas constitucionales mas importantes, como los derechos individuales y sociales, la separación de la Iglesia y el Estado, el control de la constitucionalidad y por suspuesto, temas relacionados con la Sala de la Corte a la cual será nombrado.

Otras preguntas tendrían que ver con temas administrativos del Organo Judicial como sus ideas con respecto a la organización, modernización y control de la corrupción en el mismo.

El que quiere celeste que le cueste, y que ser magistrado no sea simplemente tener habilidad para cepillar al presidente de turno, sino que se piensa ir a la Corte para hacer el control constitucional de la república.

Ese es el control que necesitamos y pronto. Esperamos que el rechazo de las propuestas de las magistradas sea el final de una era y el inicio de otra.

About the author

Ricardo Soto

Ricardo Soto

Ricardo Soto Barrios, abogado, especialista en políticas públicas, egresado de la Universidad Santa María la Antigua. Políticamente liberal, ha participado en muchos proyectos donde se analizan las políticas públicas de Panamá desde un punto de vista liberal y se proponen alternativas. Ha trabajado en la Policía Nacional de Panamá, el Ministerio de Gobierno, y AMPYME, además de ejercer la práctica privada.

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