Categoría: Politica y Actualidad

  • Impuestos para las actividades online?

    Si algo caracteriza la actividad mercantil online o “economía gig”, es la prevalencia de contratación a corto plazo o informal, en oposición a la formal o del trabajo permanente. Y, en tal sentido, hoy me movió a atacar las teclas de mi ordenador un artículo publicada en nuestra revista online, GCC Views, intitulado, “La OCDE publica avances sobre la imposición tributaria a las actividades online”. Como diría Mafalda: “¡Ah la gran flauta!” Y es que el desespero de gobiernos por mantener a flote brutales burrocracias no tiene límites. Y, sin embargo, persiste ese mercado informal panameño que sobrepasa el 40% de la actividad económica; mientras que, en otros lares, tal como en Zimbawe, se estima que el 90% de la economía es informal.

    Pero más interesante aún es que la economía gig o del “camarón”, como dicen en Panamá, está migrando online; es decir, que el online se está convirtiendo en una vía de escape a la pobreza, al tiempo que gobiernos y partes del sector formal se sienten amenazados y buscan intervención. Es más, y a pesar de los esfuerzos gubernamentales, OCDE y quien sabe quién más, los trabajos formales son incapaces de absorber los 122 millones de africanos que buscan salir de la pobreza.

    Pocos o nadie chistaría si la actividad gubernamental fuese ¡productiva! Pero por ahora no he encontrado a nadie que me diga que no se puede reducir el tamaño del gobierno, al menos, en un 50%. Yo propongo que puede ser en 80% o más. Y es que la dificultad de administrar con menos está en hacerlo mejor; y es allí donde duerme la langosta, en cuevas arrecifes sumergidas en oscuras profundidades.

    El artículo de GCC Views también informa que empresas como Booking.com, Etsy y Uber, apoyan la propuesta fisgona impositiva. ¿¡Cómo!? ¡Ho!, ya entiendo, es que una vez que un operador del mercado coloca su bandera en una porción del mismo, ya deja de luchar por la libertad de competencia y se vuelca a defender “su territorio” aprovechando ese clientelismo que fascina a demagogos. Es el caso no sólo de gobiernos sino de sindicatos y sindigarcas que defienden sus “conquistas”. Y, a todo ello, al rayo con los de más abajo.

    Pero lo que muchos no ven es que otro nombre para el “gig economy” es “capitalismo” o “libre mercado”. Y es que cuando Juancho Pueblo se baja de su auto Lyft, Uber o El Bote, luego de una carrera, lo hace cuando y porque le provoca. O está el caso del africano que se enteró del servicio de empatar a arrendadores con arrendatarios por medio de plataformas como Airbnb y se le ocurrió ofrecer su casa, mientras él se mudaba a una tolda; lo cual le resultó más que beneficioso.

    O está el caso de Jumia J-Force, en África, que le está llevando el comercio electrónico a quienes no tienen Internet. Esta empresa está presente en 16 países, permitiendo la entrega de más de 8 millones de paquetes al año; y logra en promedio unos 500 millones de clics al día. Pero… como toda esta economía naciente queda fuera del control y el intervencionismo, hay que atajarla.

    Podría escribir volúmenes más sobre esto, añadiendo cosas vitales, tal como en Panamá, en dónde la mayoría de las empresas han aprendido a usar la contabilidad como instrumento fiscal y no administrativo. Al parecer los impuestos son más importantes que la producción de riqueza. Luego no sabemos por qué tantas no subsisten.

  • Si en Suecia los pronósticos de su economía no son alentadores, imaginen los países bajo lockdown.

    Suecia ha sido un caso atípico durante el brote de coronavirus. El país no se ha unido a muchos de sus vecinos europeos para imponer límites estrictos a la vida de sus ciudadanos, y las imágenes de personas dirigiéndose a su trabajo o charlando en cafeterías y bares ha sido algo común.

    Suecia ha mantenido abiertas la mayoría de las escuelas, restaurantes y empresas, y se ha basado principalmente en medidas voluntarias para combatir el virus. Se les ha pedido a los suecos que mantengan la distancia social, trabajen desde casa siempre que sea posible y eviten viajar. La policía fomenta el distanciamiento social en lugar de imponerlo.

    Además, a día de hoy, no existe ningún tipo de restricción de entrada al país para extranjeros que viajen desde un país que forma parte del Espacio Económico Europeo (EEE) o para vuelos internos. Sin embargo, queda prohibida la entrada de extranjeros que viajen de países que no forman parte del EEE.

    Independientemente de las decisiones nacionales, la depresión mundial afectará a la economía de Suecia dependiente de las exportaciones, y el gobierno, con cifras del Banco Central, espera se contraiga un 7% este año. JP Morgan ha pronosticado que la economía de Suecia se contraerá menos que la zona del euro, con una contracción del 2,4% en el primer trimestre de este año y un 13,7% en el segundo. Los datos sombríos del Banco Central de Suecia han sido reforzados por un grupo de expertos respetados la semana pasada. El Instituto Nacional de Investigación Económica (NIER) dijo en un comunicado el miércoles pasado, que cree que la economía de Suecia se reducirá un 7% este año y que el desempleo aumentará a un 10,2%. “Los acontecimientos en abril indican que la pandemia de Covid-19 afectará a la economía sueca mucho más fuerte de lo previsto”, dijo el NIER, y agregó que “la economía mundial se está desarrollando peor de lo esperado, lo que está afectando a las empresas de exportación suecas que también se ven obstaculizadas por problemas con cadenas de suministro internacionales ”.

    El banco central de Suecia, el Riksbank, dio dos posibles escenarios para las perspectivas económicas en 2020, que dijo «dependen de cuánto tiempo continúe la propagación de la infección y de cuánto tiempo estén vigentes las restricciones implementadas para frenarla». Ambos posibles resultados económicos son sombríos.

    En el primer escenario (escenario A en el cuadro a continuación), el producto interno bruto se contrae un 6,9% en 2020 antes de recuperarse para crecer un 4,6% en 2021. En una predicción más negativa (escenario B), el PIB podría contraerse un 9,7% y la recuperación podría ser más lenta con la economía creciendo 1.7% en 2021.

    En el primer escenario, el Riksbank predice que el desempleo podría alcanzar el 8,8% en 2020, desde el 7,2% actual, y en el peor de los casos podría llegar al 10,1%.

    En la consulta pública, realizada al país del 16 al 19 de abril, arrojó que alrededor de un tercio de los suecos creen que la economía tardará más de seis meses en recuperarse de la crisis, y como resultado están reduciendo sus gastos. Su intención de gasto a corto plazo es negativa para todas las categorías, excepto comestibles y entretenimiento en el hogar. Por ejemplo, la cadena de moda sueca Hennes and Mauritz (H&M) anunció que no repartirá dividendos entre sus accionistas debido a la crisis del coronavirus (COVID-19), que ha llevado a la compañía a revisar parte de sus operaciones, incluidos todos los costos. Cabe recordar que al presentar en enero su balance anual, había presentado una ganancia neta de 13.443 millones de coronas (1.209 millones de euros), un 6 % más interanual.

    En el caso de la compañía sueca de muebles y productos para hogar IKEA, si bien ya están abriendo en Europa, al inicio del contagio, cerraron sus tiendas en muchas partes del mundo, excepto en Suecia, «éste es el período que necesitamos para perseverar y, por así decirlo, sobrevivir», dijo el CEO Jesper Brodin. «La caída de las ventas en el período en el que estamos es de alrededor del 60%». Sus ventas en el año hasta agosto de 2019 totalizaron 36.7 mil millones de euros . Sus ventas en línea representaron el 11%.  Se calcula que las ventas en línea durante la crisis de COVID-19 fueron el doble que hace un año, amortiguando la caída general de los ingresos y representando actualmente aproximadamente la mitad del total del grupo. “Algunos países tienen cerca de diez veces el comercio electrónico que tenían antes del brote. El más extremo es el que le aporta Dinamarca, donde las ventas ahora se han recuperado a niveles vistos antes del cierre de las tiendas «.

    Los consumidores suecos también están lanzando nuevas actividades digitales y de bajo contacto que pueden continuar después de la crisis, incluidas las videoconferencias, el aprendizaje remoto y la entrega de comestibles.

    Y mientras que la industria turística se encuentra completamente paralizada desde hace semanas en toda Europa Occidental, Suecia y sus concurridas estaciones de esquí continúan completamente operativas y abiertas al público. El complejo de Sälen, uno de los más importantes del país, sigue «abierto como de costumbre», según una de sus trabajadoras. «Hemos tenido varias cancelaciones, pero tuvimos reservaciones suplementarias cuando Noruega decidió cerrar sus estaciones de esquí».

    El 7 de abril, el gobierno presentó un proyecto de ley que le permite actuar rápidamente y tomar decisiones sobre medidas temporales cuando sea necesario. Las visitas de atención domiciliaria fueron prohibidas desde el 1 de abril y el Ministerio de Salud y Asuntos Sociales pidió a las personas que se abstuvieran de viajes no esenciales, agregando: «Mantenga su distancia y asuma la responsabilidad personal».

    En una encuesta realizada a más de 1,600 suecos, el 31% calificó la respuesta del país al brote como no lo suficientemente contundente. Otro 18% fue neutral y el 51% restante consideró la respuesta contundente. Contra todo pronóstico, las personas de 50 años o más, aquellas con un riesgo elevado de complicaciones graves, son las que más apoyan la respuesta sueca, con un 61%; mientras que solo el 40% de los jóvenes de 15 a 29 años afirman que la respuesta sueca ha sido conveniente.

    Las tácticas de Suecia no se han centrado en detener la enfermedad, como vemos, sino en desacelerarla lo suficiente como para que el sistema de salud pueda hacer frente, mientras mantiene a la sociedad y la economía funcionando tanto como sea posible.

    La estrategia recibió el cauteloso respaldo de la Organización Mundial de la Salud el miércoles. «Si queremos alcanzar una ‘nueva normalidad’, en muchos sentidos Suecia representa un modelo futuro», dijo Mike Ryan, el principal experto en emergencias de la OMS.

    El modelo de la agencia de salud sueca sugiere que aproximadamente el 25% de las personas en la región de Estocolmo han tenido o contraerán la enfermedad, niveles en los que se ha dicho que la inmunidad parcial podría ayudar a retrasar el brote.

    El enfoque de Suecia es producto de su cultura de alta confianza, según el epidemiólogo jefe del país, Anders Tegnell. «Estamos más interesados ​​en estimular, recordando continuamente a las personas que usen medidas», afirmó. “Los suecos parecen contentos con la atención global. Muchos países están comenzando a adoptar el camino sueco». Tegnell sostiene que el enfoque de su país será «mucho más sostenible» que otros a largo plazo al evitar una segunda ola de infecciones que podría aflorar después de la reducción de las medidas de bloqueo más estrictas de otros países.

    En Suecia, al día 3 de mayo, los casos positivos por Covid-19 ascienden a 22.317 (2.205 casos por millón) con un total de 2.679 fallecimientos (264 casos por millón).

    Jan Albert, profesor del Departamento de Microbiología, Tumor y Biología Celular del Instituto Karolinska nos dice: «La verdad es que nadie, ni en Suecia, ni en ninguna otra parte, sabe cuál es la mejor estrategia. El tiempo lo dirá».

  • Una simpática forma de salir de cuarentena experimentan en Lituania

    En Lituania permanecieron confinados desde el 15 de marzo;  la cuarentena empezó prácticamente como en Panamá y Europa, alrededor del 15 de marzo y hasta el momento, los casos confirmados de coronavirus ascienden a unos 1400 y el número de muertes a 44.

    En la cuarentena en Lituania se podía salir a la calle, pero no más de 3 personas juntas. Todas las tiendas excepto las de alimentación estuvieron cerradas. Y también tuvieron muchas otras restricciones.

    Pero toda cuarentena llega a su fin y desde hace unos quince días, el gobierno puso en marcha una serie de medidas para ir regresando a la nueva normalidad, cumpliendo con la salud, pero tratando de preservar los negocios y trabajos.

    Con ese objetivo en mente, la capital de Lituania, Vilna, ha dispuesto una solución original y demasiado agradable, en especial, luego de haber estado bombardeados todo el tiempo con noticias sobre la crisis. Aprovechando que están saliendo de su duro invierno y vienen los meses primaverales y más cálidos, el Municipio informó que cedía gratuitamente todos  los espacios públicos en las calles, aceras y plazas para que bares y restaurantes puedan extender sus actividades hacia afuera de sus locales y atender a sus clientes manteniendo la distancia social.

    La razón de ello obedece a que a partir de esta semana que se reabrieron cafés, restaurantes y otros comercios, el Ministerio de Salud ordenó que se mantengan estrictas medidas de distanciamiento social: los negocios deben permitir un número máximo de clientes en sus locales, las mascarillas son obligatorias para todas las personas en los espacios públicos y las mesas de lugares de comida deben estar a una distancia mínima de dos metros. Con ello quedaban por fuera muchísimos lugares que no podían cumplimentar el requerimiento de la distancia. Entonces, decidieron convertir a la capital en un gigantesco mall al aire libre.

    Credit: Irmantas Gelūnas/Fotobankas

    Después de que el municipio de la ciudad de Vilna anunciara que está abriendo gratuitamente todos los espacios públicos de la ciudad para cafés al aire libre esta temporada, se recibieron 151 solicitudes de restaurantes, cafeterías y bares en solo un día hábil. Algunos cafés al aire libre solicitan la expansión de las mesas existentes, pero los restaurantes que antes no tenían acceso a las terrazas al aire libre también envían solicitudes, y ahora ven esta opción como la única forma de preservar los negocios, dijo el municipio de la capital en un comunicado.

    «La actividad es muy alta, lo que demuestra que los establecimientos de restauración ven esta oportunidad como eficiente y realmente pueden contribuir a la supervivencia de su negocio. Actualmente, procesamos todas las solicitudes, las dividimos en categorías, esperamos emitir permisos a las primeras en los próximos días y, en su mayor parte a las demás, a principios de la próxima semana ”. Esto debería permitir a los negocios “abrir, trabajar, mantener los empleos y maantener viva a Vilna”, dijo Remigijus Šimašius, el alcalde de Vilna.

    Credit: Irmantas Gelūnas/Fotobankas

    El municipio divide todas las aplicaciones en tres categorías. Los primeros, que solicitan el área de cafés al aire libre, que no interfiere con otros cafés, tráfico o residentes, recibirán permisos primero, señala el municipio. La segunda categoría son las aplicaciones que requerirán cambios en el estacionamiento, el tráfico peatonal o incluso el tráfico. Estas aplicaciones serán consideradas por los especialistas municipales responsables de la movilidad en el casco antiguo. La tercera y mayor categoría son las solicitudes donde varios establecimientos de restauración solicitan la construcción de mesas en la misma calle o plaza.

    Por ahora está previsto recibir todas las solicitudes antes del 29 de abril  y luego dividir el área del espacio público para restaurantes proporcionalmente. Los lugares más populares para instalar cafés al aire libre son aquellos donde residen la mayoría de los establecimientos de restauración y turismo: Dieciocho de los espacios públicos de las capital, incluida la céntrica plaza de la Catedral, Vokiečių St., J. Basanavičius Square, Užupis Angel Square, K. Sirvydas Square, Palangos St. sección, calle Vilniaus, Plaza del Ayuntamiento.

    Según el municipio, los residentes de Vilna evaluaron también con éxito otro proyecto, denominado Talonai.lt. A través de este sitio web, los residentes de Vilna pueden comprar los servicios de sus lugares favoritos y usarlos cuando esas instituciones abren sus puertas. 142 empresas de Vilna que prestan servicios de catering y otros servicios ya se han registrado en el proyecto Talonai.lt. De estos, 632 cupones ya se compraron por 9,200 euros, anuncia el municipio en un comunicado. En un futuro cercano, el municipio planea fortalecer este proyecto con una campaña de publicidad exterior. Pero por ahora, han encontrado en la primavera báltica, una hermosa oportunidad para salir de una crisis sin precedentes, con la esperanza de que negocios y personas encuentren un espacio donde practicar aquello viejo y conocido de la economía, denominado la acción humana.

  • Suiza se vuelve más competitiva a partir de su nueva reforma tributaria.¿Panamá debería hacer lo mismo?

    El 19 de mayo del pasado año, los votantes suizos aprobaron la Ley Federal de Reforma Fiscal y Financiamiento AHV (TRAF) que entró en vigor el 1 de enero de 2020. Considerada la tercera reforma importante del sistema de impuestos corporativos suizo, se puede argumentar que esta reforma es la de mayor alcance en sus implicaciones, dado su impacto en la fundación del sistema tributario suizo y su significativa reducción en las tasas impositivas cantonales.

    En Suiza hay varios tipos de impuestos y se cobran a nivel federal, cantonal (estado federado) y comunitario. La reforma fiscal prevé la abolición de los regímenes fiscales privilegiados a nivel cantonal (régimen de sociedades de cartera, mixtas y domiciliarias), la introducción de un «patent box regime»(las cajas de patentes permiten al gobierno suizo cobrar impuestos más bajos sobre los beneficios obtenidos de productos patentados) , una súper deducción de I+D y exenciones a efectos del impuesto sobre el capital.

    Además, la legislación tributaria aprobada ajustará la tributación de dividendos para individuos, el principio de contribución de capital y el sistema de crédito fiscal de suma global. Estos son los cambios más significativos:

    Impuestos de sociedades. Las empresas deberán pagar tasas impositivas más bajas en 2020 que en muchos cantones suizos. Las tasas efectivas de impuestos corporativos en todo el país en la mayoría de los cantones y municipios ahora estarán entre 12 y 15% (incluido el impuesto corporativo federal). En algunos cantones, como Zurich y Argau, la tasa efectiva se mantiene en 19.7 y 18.6% respectivamente. Si bien algunos de los cambios son modestos, otros son significativos: en la ciudad de Ginebra, por ejemplo, la tasa impositiva bajó del 24,16% al 13,99%. Los privilegios fiscales que se aplican a las sociedades de cartera, mixtas, principales y domiciliarias se eliminarán, ya que no cumplen con el derecho internacional.

    Impuesto sobre derechos de patente. Para alentar la investigación y el desarrollo, se reducirán los impuestos sobre las patentes y otros derechos similares. La reforma fiscal incluye instrumentos para promover la actividad empresarial en el área de investigación y desarrollo (I+D). Específicamente, los contribuyentes pueden solicitar una caja de patentes (incentivo fiscal). Según este acuerdo, las ganancias netas de las patentes se tienen en cuenta en el cálculo de la ganancia neta imponible en la proporción de los gastos calificados de I+D con respecto a los gastos totales de I+D por patente. Se aplica una reducción del 90%, aunque los cantones pueden elegir una tasa de descuento más baja.

    Además, los cantones tendrán la oportunidad de proporcionar una deducción adicional de no más del 50% por los gastos de I+D realizados por el contribuyente directamente o por un tercero en relación con el negocio del contribuyente.

    Dividendos. Se ha incrementado los impuestos sobre los dividendos de las participaciones individuales. El nivel federal se ha establecido en un 70%, mientras que el nivel cantonal variará, pero será de al menos el 50%. También hay un cambio en lo que se conoce como el umbral de transposición, que se había establecido en un 5%. El monto apropiado para gravar una transposición de acciones ahora se calculará con el producto de las ventas, menos el valor nominal y las reservas de contribución de capital.

    Ajuste del impuesto sobre el capital. A diferencia de la Confederación, los Cantones imponen un impuesto sobre el capital a las personas jurídicas además del impuesto sobre la renta. Este impuesto se basa en el capital propio de la empresa. Dado que la mayoría de los cantones permitieron una tasa de impuesto sobre el capital reducido para los estatutos fiscales especiales, TRAF autoriza a los cantones a proporcionar reducciones en el impuesto sobre el capital. Estas reducciones se refieren al capital social de una empresa vinculado al capital atribuible a participaciones calificadas, patentes y derechos similares, así como a préstamos intragrupo.

    Deducción por autofinanciamiento. Los cantones con una tasa combinada de impuestos corporativos cantonales, municipales y otros de al menos 13.5% también pueden introducir una deducción de intereses nocionales sobre el capital de garantía (deducción autofinanciada o «deducción de intereses nocionales»), también conocida como «Lex Zürich» en la medida en que ya que esta disposición ha sido hecha a medida para el Cantón. El capital social de seguridad es la porción del capital social que excede el capital social requerido para la actividad comercial a largo plazo. La tasa de interés se calculará en función de la tasa pagada en bonos federales a 10 años.

    Ecualización fiscal y refinanciamiento AHV. La TRAF también incluye medidas para reequilibrar la igualación fiscal entre el nivel federal y el cantonal, de modo que la compensación financiera federal para los Cantones se haya vuelto más alta. Principalmente por razones políticas y la aceptabilidad de la reforma debido al rechazo del primer borrador, TRAF también incluye una medida para refinanciar el AHV (seguro de vejez y sobrevivientes) al aumentar las contribuciones de empleadores y empleados por unos pocos puntos porcentuales.

    Impuestos mínimos y máximos. Por último, la desgravación fiscal máxima otorgada en virtud de las nuevas medidas está limitada a nivel cantonal. La reducción de impuestos, basada en el cuadro de patentes, la deducción de gastos de I+D y la deducción de intereses nocionales, no puede exceder el 70% de los ingresos antes de la pérdida de impuestos y la deducción de los descuentos. Los cantones son libres de elegir una tasa de descuento más baja. Esto les brinda flexibilidad en la forma en que responden y les permite tener en cuenta las características específicas de su propio sistema tributario.

    Como vemos, la TRAF proporciona a los cantones un margen de maniobra significativo para una diversidad de medidas fiscales, logrando incorporar el impuesto de sociedades suizo a los estándares impositivos modernos y a las posiciones de sus socios económicos al tiempo que ha permitido a Suiza permanecer a la vanguardia del panorama del impuesto de sociedades europeo gracias a las diversas medidas fiscales descritas anteriormente.

    Esta reforma tributaria de calado, que ha iniciado recientemente a regir, coloca a Suiza, especialmente post Covide, en una posición claramente ventajosa frente al resto de jurisdicciones como Panamá, que compiten por los escasos recursos globales de inversión. La legislación introduce un régimen competitivo de impuestos corporativos que tiene en cuenta los requisitos de la agenda BEPS de la OCDE y es totalmente aceptado a nivel internacional. Ellos comenzaron primero, no hay mucho tiempo para pensar y actuar en consecuencia.

  • Las tres reformas para el día después. Parte II. Lineamientos para una reforma laboral

    La pandemia, pero especialmente el lockdown draconiano, está generando ya mismo, graves dificultades económicas para mantener el régimen ya no de crecimiento, sino de estabilidad económica. En mi anterior artículo, hice un planteo sobre las tres reformas necesarias para enfrentar el día después. Ya me he referido  en la primer parte a la Desburocratización del Gobierno y paso a explicar a continuación la II Reforma, referida al ámbito laboral.

    La globalización de la competencia y el aumento del desempleo, deben movilizar al gobierno a buscar un gran consenso entre trabajadores (hoy mayormente desempleados), sindicatos y empresas para comenzar la senda reformista en materia laboral. La segunda gran reforma es necesaria si queremos ser atractivos en la oferta de “marcos institucionales” al mundo y evitar una caída catastrófica en nuestros indicadores, y por ende, la inversión, sea local o extranjera. De continuar la persistencia de este rígido sistema, pensado en y para un contexto diferente, no sólo será un obstáculo para la creación de empleo, sino que además  dificultará la adaptación de las condiciones de trabajo al cambio organizacional y tecnológico que se avecina post pandemia.

    La regulación laboral panameña es de las más rígidas de la región. En el plano de las relaciones individuales de trabajo se destaca el privilegio a los contratos por tiempo indefinido y la fijación de fuertes indemnizaciones al despido. Sumado a ello la profusa y detallada regulación de las condiciones de trabajo por medio de leyes de carácter general. En el plano de las relaciones colectivas, el monopolio legal de la representación sindical y la negociación  colectiva centralizada en torno de grandes sectores de actividad, como puertos, aviación, construcción, etc.  Adicionalmente, los altos costos extra-salariales resultantes de las contribuciones obligatorias de las empresas y los trabajadores con destino principal al régimen de seguridad social y al sostenimiento de los servicios de salud provistos por la Caja del Seguro Social.

    Comparativamente en la región, de acuerdo al informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Medición del Costo del Trabajo A salariado en América Latina y el Caribe, Panamá sólo es superada por Bolivia, en rigidez regulatoria y costo laboral por despidos combinados. A nivel regulatorio, sólo es superada por Venezuela y por Chile, pero en Chile el costo asociado es menor, lo mismo que Venezuela.

    Con respecto al costo no salarial/ PIB, Panamá (51 %) se sitúa por encima de las dos medias regionales también (49,5 %). Con respecto a los costos no salariales asociados al trabajo, Panamá sólo es superada por Argentina que tiene el nivel máximo de la región. Y con respecto al indicador de PIB por trabajador, Panamá tiene un indicador superior a la media de la región, sin embargo, Trinidad y Tobago tiene  casi el doble de aporte al PIB  debido al costo salarial que se sitúa por debajo de la media.

    La tarea por delante es mover a Panamá a cuadrantes verdes, por debajo de la media. ¿Por dónde comenzar? Planteando los lineamientos de una real y efectiva flexibilidad laboral (nuevas formas de contratos flexibles), la disminución de los costos laborales (reducción del costo de los despidos y la baja de las cargas patronales en materia de pago de indemnizaciones) y la libre elección o afiliación sindical.

    «Trabajo esclavo, precariedad laboral, derechos inalienables, neoliberalismo,  explotación», son parte de un extenso diccionario folklórico dominado por el sindicalismo y un ala progresista que hace callar a cualquiera que quiera demostrar que hace tiempo ya que el Estado empleador terminó reemplazando un auténtico mercado laboral que no funciona (debido a las restricciones laborales) llenándolo de empleados improductivos, culpables entre otras cosas, del crónico déficit fiscal. El sector privado panameño genera cada vez menos empleos por la rigidez, la litigiosidad, la conflictividad y los altos costos que forman este verdadero cepo laboral definido por los propios sindicatos en la mayor parte de los casos. Prueba de ello es la necesidad de establecer Contratos Ley especiales para cada inversión extranjera que quiere establecerse en el país. Una excepción a la vara común que deben soportar sobre todo pequeñas y medianas empresas, así como los noveles emprendedores de esta era tecnológica.

    Los lineamientos básicos de una Reforma deberían concentrarse en menos contratos. El actual Código, con cantidad de modalidades de contratación debe reducirse a pocas y efectivas fórmulas, sean los contratados nacionales o extranjeros. La libertad sindical, esto es, afiliarse o no, aportar o no, o la cantidad de sindicatos, debería quedar garantizado.

    Por el lado de los costos laborales,

    • En cuanto a las remuneraciones, se debería poder pactar con la empresa desde la estructura, oportunidades y hasta la forma de pago.
    • El monto de los salarios no debería ser inferior al de los mínimos legales a la fecha. Los incrementos salariales que se fijen es potestad de cada empresa y deberían ajustarse a las pautas de productividad, eficiencia y racionalidad.
    • La extensión de las vacaciones, las formalidades, los requisitos y oportunidades de goce, el tiempo y el pago, las debería fijar cada empresa.
    • El sistema de licencias los debería definir cada empresa.
    • La jornada de trabajo, debe poderse cambiar la duración y ser definida por cada empresa, de acuerdo a sus necesidades.
    • Las mayores horas trabajadas se deben pagar como las tradicionales horas extras.
    • En cuanto a las indemnizaciones, se podrá definir por empresa la extensión y modalidades para el preaviso y montos de las indemnizaciones por despido.

    Es necesario reducir el impuesto al trabajo; ningún país que se pretende competitivo, puede mantener las cargas sociales que tiene Panamá.  Y tenemos que hacer un enorme esfuerzo para invertir en la capacitación de la gente, no de los sindicatos o sus afiliados solamente.

    Ello nos lleva a otra reforma en conjunto a paralela a ésta, que es abordar el sistema de seguridad social en cuasi quiebra y fuertemente desacreditado en la opinión pública.

    Desde que se estableciera como sistema de carácter  nacional y basado en la solidaridad inter-generacional ,el  régimen previsional no fue modificado sustancialmente hasta mediados de los años 2000. El proyecto en elaboración estaba inspirado en la reforma chilena de 1980 y se proponía sustituir en el largo plazo el antiguo sistema público de reparto por otro de capitalización individual. Al ser una reforma a medias, tres pilares, quedó pendiente lo importante del sistema chileno, que es fundamental, que estos fondos son administrados por gestores privados de pensión.

    Esta reforma previsional según el modelo chileno reviste de un fuerte valor simbólico (reconocer que los aportes al sistema son privados pero contradictoriamente administrados por el sector público), al tiempo que ofrece a los empresarios, sindicatos y  banqueros, nuevas oportunidades de negocios a través de los fondos privados de pensión. ¿dije sindicatos? sí, sindicatos ingresando en negocios que tradicionalmente han sido manejados por banqueros o empresas administradoras de fondos.

    La  administración de los fondos de capitalización pueden quedar a cargo de sociedades constituidas a ese único fin, pero la recaudación de los aportes y para vencer la resistencia inicial, seguiría a cargo del Estado, que luego los  giraría a cada entidad. El Fondo de Jubilaciones y Pensiones debe conformar un patrimonio independiente y distinto del patrimonio de las AFP y sus bienes y derechos deben ser inembargables y destinados a generar las prestaciones establecidas por ley. Las AFP cobran comisiones libremente establecidas, a cargo de los afiliados. Las inversiones de los fondos se efectuarían según un menú definido de instrumentos de inversión, debiendo estar todas las inversiones autorizadas por la Superintendencia. Los trabajadores contarían con la opción de traspasar sus aportes capitalizados a otra AFP en tiempos a definir y para fomentar la competencia entre ellas para beneficio del empleado.

    El acceso a estos ahorros privados de largo plazo que implicaría el sistema de capitalización sería un poderoso incentivo para la reacción favorable del sector de los bancos y las entidades financieras y de seguros, creación de instrumentos de inversión diversificados, sofisticados y un mercado secundario vigoroso. Sería dinamizar el tan alicaído sector de servicios que supimos ostentar.

    Vayamos un poco a la región para ver si ha habido experiencias recientes en temas laborales. Primero, una aclaración de datos: los números presentados más arriba son los últimos disponibles, y son anteriores a la Reforma Laboral implementada por Brasil. La reforma brasilera  se produce en el 2017, con 17.082 sindicatos en contra, pero con una caída de su PIB del 3,6 %, su recesión más grave en varias décadas y un indicador de desempleo cercano al 13,1  %, que fueron lo suficientemente convincentes para que la misma fuera aprobada por amplia mayoría.

    Los principales puntos de la reforma en Brasil son  1- Prevalecen los acuerdos por empresa y a nivel individual sobre las convenciones colectivas de empresa y por actividad. Permite adaptar condiciones laborales a realidades de cada sector y empresa y fortalecer el vínculo entre costo laboral y la productividad. 2- Permite acuerdos individuales para negociar fraccionamiento de vacaciones, pautas y jornada laboral y otras condiciones de trabajo.3- Se crea la figura de trabajador autónomo o monotributista que pueda prestar servicios a un único empleador pero sin el vínculo laboral permanente. 4- Determina que la contribución a los sindicatos pasa a ser voluntaria. 5- Crea nuevos tipos de contratos de trabajo y flexibiliza los procesos de contratación. El tiempo parcial puede ser de hasta 30 hs semanales, sin hora extras o de 26 hs semanales con hasta 6 hs extras. 6- Elimina la obligatoriedad de negociar con los sindicatos despidos colectivos. 7- Se flexibilizan las condiciones de desvinculación.

    Los primeros seis meses de reforma brasileña no redujo ni amplió los empleos, aunque sí hubo enormes cantidades de despidos laborales de común acuerdo, aumentó de 805 en noviembre del 2017 a 12.256 en abril del 2018, pero simultáneamente comenzaron a emplearse miles de personas que estaban en el mercado informal (con ello, ya podían acceder al mercado formal del crédito). También ha sido muy fuerte la caída de los juicios laborales iniciados por los trabajadores, que se redujeron 46% entre noviembre de 2017 y abril de 2018 en comparación con el mismo período 12 meses antes. De acuerdo al magistrado Ives Gandra da Silva Martins Filho, magistrado del Tribunal Superior del Trabajo (TST), con la reforma laboral de Brasil se crearon 500 mil puestos de trabajo. Finalmente, la tasa de desempleo ha ido reduciéndose lentamente hasta el 11.9 estimado para este año por la Organización Internacional del Trabajo (ILO). Lastimosamente, el Covid-19 afectará seguramente el camino emprendido de la Reforma, que incluso sin esa irrupción, aún es demasiado temprano para evaluar en su verdadera dimensión.

    Consideración especial sobre el salario mínimo.

    Miremos un poco los números proporcionados por los últimos informes de la Organización Internacional del Trabajo. La parte I del Informe Mundial sobre Salarios 2017 muestra que tras la crisis financiera del periodo 2008-2009, el crecimiento del salario real mundial comenzó a recuperarse en 2010, pero se desaceleró a partir de 2012, para caer en 2015 del 2,5 por ciento al 1,7 por ciento, su nivel mínimo en cuatro años. Ello marca un menor crecimiento salarial a escala mundial. Sin embargo, cuando el índice comienza a descomponerse, los países emergentes son los que acusan el peor comportamiento y en cambio, en los países desarrollados el crecimiento salarial ascendió. Entre los países desarrollados del G-20, el crecimiento salarial real trepó del 0,2 por ciento en 2012 al 1,7 por ciento en 2015, la tasa más elevada en el último decenio. El mismo informe señala: “Buena parte de estas tendencias se explica por el crecimiento salarial más acelerado en los Estados Unidos y Alemania”. Casualmente, estos países no poseen en su legislación un salario mínimo. Mejor dicho,  no existe  en casi todos los Estados  de los Estados Unidos y, al momento de la medición, Alemania aún no había establecido el salario mínimo que introdujo Angela Merkel.

    Regresando al Informe, pero esta vez el último disponible 2018/2019, el crecimiento mundial de los salarios en 2017 no solo fue menor que en 2016, sino que registró la tasa de crecimiento más baja desde 2008, situándose muy por detrás de los niveles alcanzados antes de la crisis financiera mundial. El crecimiento mundial de los salarios en términos reales (es decir, ajustado por la inflación) disminuyó del 2,4 por ciento en 2016 a un mero 1,8 por ciento en 2017. En Europa la tendencia fue  seguir disminuyendo hasta alcanzar un crecimiento cercano a cero en el 2017 por razón del crecimiento menor de los salarios en países como Alemania y Francia, y de la disminución de los salarios reales en España e Italia. ¿Es demasiado casual atribuir este comportamiento a la introducción del salario mínimo en Alemania? Son preguntas por ahora.

     

    Aún se están analizando los efectos de la imposición del salario mínimo en Alemania, pero ya hay algunos estudios, como el de Oliver Bruttel, economista y director del centro de negocios e información para salarios mínimos en Berlín, que explicaba en un trabajo publicado en 2019 que «nuestra investigación sugiere que el nuevo umbral salarial ha llevado a un aumento significativo en los salarios por hora para aquellos que ganaron menos de 8,50 euros por hora antes de la introducción del salario mínimo. Sin embargo, este aumento en los salarios por hora no se traduce completamente en un aumento en los salarios mensuales, ya que la evidencia disponible sugiere que las horas de trabajo se han reducido al mismo tiempo».

    Este experto argumenta que incluso cuando algunas investigaciones encontraron algún efecto en el empleo, ya sea positivo o negativo, su tamaño ha sido insignificante en relación con el número total de empleos. Además, este experto añade que «como en otros países, el salario mínimo no ha ayudado a reducir la dependencia del bienestar y el riesgo de pobreza… mientras que las empresas que tuvieron que aumentar los salarios porque pagaban a algunos de sus empleados menos que el salario mínimo antes de 2015 vieron disminuir sus beneficios».

    En Europa, Dinamarca, Suiza,  Italia, Chipre, Austria, Noruega, Islandia, Finlandia y Suecia no existe un salario mínimo establecido por ley, pero los trabajadores de los países nórdicos disfrutan de unos salarios medios comparativamente más altos. En 2019, los empresarios daneses pagaron unos mínimos de 16 dólares por hora por trabajador; una de las remuneraciones por hora más alta de la UE.

    En las Américas, el salario mínimo mensual  ha aumentado en gran parte del continente en el 2020 para preservar el poder adquisitivo de la población, cerrar brechas sociales y hacer frente a la devaluación de algunas monedas. Sin embargo, tener un salario mínimo legal no va acompañado en buena parte de los casos, a la productividad del país. Por ejemplo, tomando las referencias del último estudio comparado en la región, del 2017, nos revela cifras como las siguientes: Panamá es menos productiva que Chile, pero su salario mínimo es mayor. A su vez, Trinidad y Tobago con un salario mínimo mucho menor al panameño, es considerablemente mucho más productivo que Panamá.

    Por otro lado, si el salario mínimo se fija por encima de lo que trabajadores con muy pocas habilidades o experiencia, pueden aportar al empleador, éstos continuarán sin conseguir el puesto y se verán obligados a dedicarse a algún trabajo informal. Panamá tiene un gran porcentaje,  casi 45 de cada 100 personas ocupadas, exactamente 716,113 personas, en empleos informales, según la última Encuesta del Mercado Laboral del 2019.  Nadie es informal voluntariamente. La informalidad, en todas partes del mundo, es causada por las malas leyes y el exceso de regulaciones.

    Es imposible una estrategia de mercado y competitividad internacionales manteniendo relaciones de trabajo propias de una economía intervenida o estatizada de los 70s, especialmente ahora en un escenario post pandemia  y  una  situación  de  grave  emergencia  económica. Las demoras en tomar ciertas medidas para adecuar nuestro sistema laboral, agravarían el desempleo. Este debate se funda en la necesidad de construir sistemas laborales compatibles con el objetivo de defender el empleo existente y de crear nuevos puestos de trabajo, adaptándose a los cambios y poniendo énfasis en la formación profesional.

    Posiblemente habrá grupos que se perciben perdedores de las reformas y con poder de  veto en el proceso decisorio, pero si prestan atención a lo expuesto más arriba, deberían poder transformar este escenario perdedor, en una auténtica situación de ganancia para todos, donde se logre dejar atrás la crisis por medio de la estabilización de la economía. Sino, como dijera el Premio Nobel de Economía Gary  Becker, nos sucederá que «Cuando el salario no se ajuste a la productividad, la productividad se ajustará al salario».

  • Hay oportunidades de empleo en tiempo de coronavirus?

    La semana pasada, 5.2 millones de estadounidenses solicitaron una prestación por desempleo debido a la crisis actual, y unos 22 millones lo han solicitado en las últimas cuatro semanas. Teniendo en cuenta a los contratistas, los recién graduados y otros que no podría optar a una ayuda por desempleo, los números podrían ser aún peores.

    Una encuesta reciente de Gallup, empresa estadounidense de análisis y asesoría, realizada del 30 de marzo al 2 de abril encontró que el 40% de los trabajadores de EE.UU. afirmó que su empleador había congelado la contratación y el 33% declaró que sus empleadores redujeron las horas.

    En cuanto a Panamá, aun cuando en este momento es difícil definir cuál será el impacto de la pandemia de coronavirus en la economía, y particularmente en el mercado laboral, es evidente que los niveles de desempleo en el país, situados en 7.1% al cierre de 2019, registrarán un fuerte incremento en lo que resta del presente año.

    Además, hay que tener presente que, según la Encuesta del Mercado Laboral (EML) de agosto de 2019, en Panamá había unas 716,113 personas ocupadas en empleos informales, es decir, aproximadamente 45 de cada 100 ocupados, y ninguna de estas personas está laborando u obteniendo algún ingreso en este momento de Toque de Queda total.

    En el último mes, 2.583 empresas han suspendido contratos laborales. De acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), hasta el 15 de abril, 48.498 personas mantienen en pausa su relación laboral, es decir, no están generando ingresos. La provincia más afectada es Panamá, con 28.829 contratos suspendidos. Le sigue Chiriquí con 5.567 y Panamá Oeste con 3.304. El 85% de los contratos suspendidos se ha registrado en el sector terciario (servicios). Los pronósticos indican que la tendencia continuará agravada por la pandemia y que el desempleo alcanzará un mínimo del 14% para finales de 2020.

    Por lo que la pregunta es ¿habrá alguien que está contratando?, ¿vale la pena solicitar un trabajo ahora?

    «Sí, hay oportunidades para aquellos en la búsqueda de empleo y todavía vale la pena seguir con su búsqueda», dijo Alison Sullivan, experta en carreras del portal web Glassdoor. “Puede que tenga que ajustar aspectos de su búsqueda de trabajo a medida que las cosas cambian durante el brote de coronavirus. Por ejemplo, los tipos de oportunidades y la abundancia de ellas se verán diferentes, dependiendo de la industria en la que se encuentre”.

    Según LinkedIn, algunos de los trabajos más solicitados son: empleos en la venta minorista de bienes de consumo, logística y atención médica, a medida que estas industrias evolucionan para satisfacer la demanda.

    «Vemos una clara activación de las ofertas en trabajos relacionados con los servicios esenciales que necesitamos para vivir», le dice a BBC Mundo Andrea Ávila, directora general de la consultora Randstad en Argentina y Uruguay.

    «Esto es en respuesta a la avalancha de productos de despensa y compras de productos de limpieza y desinfección, entre otros, por parte de los consumidores cuando reaccionaron a la crisis del coronavirus en desarrollo», explicó Mark Hamrick, analista económico senior de Bankrate.com. “Muchos empleados que han sido despedidos tendrán la oportunidad de regresar al trabajo. Queda por ver cómo el daño duradero a la economía persistirá ayudando a dictar los niveles futuros de empleo».

    Según el portal de empleo InfoJobs, la oferta de trabajos en España ha aumentado en el área de salud y el sector farmacéutico. Específicamente los perfiles más demandados son, además de enfermeros y médicos, trabajadores de limpieza, seguridad y vigilancia, y personal de almacén.

    La mayoría de los estados en EE.UU. han ordenado a los trabajadores no esenciales que se queden en sus casas. En la encuesta realizada, Gallup encontró que al 57% de los trabajadores se les ha ofrecido tiempo flexible u opciones de trabajo remoto.

    Esto podría tener un efecto duradero en la forma en que trabajamos mucho después de que termine la cuarentena. Tres de cada cinco trabajadores estadounidenses, es decir, un 60%, que han cambiado a trabajar de forma remota durante la pandemia desearían seguir trabajando desde su casa después de que termine. Solo al 40% le gustaría regresar a su oficina y trabajar como lo hacían antes de la crisis.

    «Gracias a la tecnología, todavía hay vías para establecer redes y expandir su red profesional mientras trabaja desde su hogar», afirmó Sullivan. “Muchas organizaciones profesionales ofrecen eventos virtuales u horas felices, que pueden ayudarlo a conectarse con sus pares y perfeccionar sus habilidades de comunicación por video. Además, hay muchas maneras de conocer y establecer nuevas conexiones profesionales a través de plataformas de redes profesionales”.

    Ánimo entonces, a sumergirse en las redes y enviar Cvs, postularse y buscar en los sectores mencionados. Pueden ser temporales, pero al menos permiten mitigar el mal momento de quedarse sin ingresos y por qué no, una oportunidad de descubrir o mejorar otras capacidades.

  • Se calculan pérdidas de más de $500 mil millones para la industria de viajes sólo en EE.UU

    Oxford Economics, en coordinación con su empresa subsidiaria de Tourism Economics, modeló un estudio con las recesiones esperadas en la industria de viajes en los EE.UU. en 2020 como resultado de la crisis del coronavirus y el cierre del espacio aéreo, modelando los impactos económicos de estas pérdidas en términos del PIB, desempleo e impuestos.

    Según este análisis, se espera una disminución del 45% de los ingresos en la industria en todo el año. Esto incluye una caída del 81% de media durante los próximos 2 meses y pérdidas continuas durante el resto del año, alcanzando los $519 mil millones que se traducirá en una pérdida de $1.2 billones en la producción económica, un impacto financiero 9 veces peor que el 11 de septiembre.

    Las pérdidas tendrán como resultado un impacto acumulado del PIB de $651 mil millones en 2020 y es probable que la recesión dure al menos 2 trimestres, con el punto más bajo en el segundo trimestre del año. Paralelamente, se presentará una disminución de $80 mil millones en impuestos como resultado de la disminución de estos desplazamientos.

    Se proyecta además que la economía de EEUU perderá 8 millones de empleos para fines de abril. La tasa de desempleo del 4,4% en marzo aumentará sustancialmente en los próximos meses. Sólo las pérdidas de empleo relacionadas con los viajes elevarán la tasa de desempleo hasta el 8,4% a fines de abril.

    El informe también se centró en los sectores relacionados que experimentarán las mayores pérdidas financieras dentro de la industria de viajes en el país. Se espera que Food Services tenga la mayor caída en el gasto directo con $128 mil millones. El alojamiento se verá afectado por el monto de $112 mil millones, mientras que toda la flota de aviones en tierra conllevarán un gasto directo de $97 mil millones para el sector del transporte aéreo.

    Se ejecutó también un modelo de escenario para evaluar las ganancias potenciales de una desaceleración más moderada a partir de junio. El escenario de recesión mitigado supone una variedad de esfuerzos para disminuir la severidad de los descensos en los viajes a partir de junio. Estos incluyen la apertura de negocios de viajes por región, medidas mejoradas de seguridad para el viajero y una sólida gama de campañas de marketing para alentar los viajes entre los residentes de Estados Unidos de bajo riesgo. Estos esfuerzos de mitigación tienen el potencial de «aplanar la curva» de pérdidas, lo que resulta en una disminución acumulativa de $401 mil millones en lugar de $519 mil millones y una ganancia neta de $117 mil millones. Al mitigar las pérdidas de viajes en la segunda mitad de 2020, la economía de los EE. UU. podría ganar cerca de $150 mil millones en PIB y 1.3 millones de empleos para fin de año (en relación con el escenario de referencia).

    En Panamá, el sector hotelero en este período registra cifras de ocupación de entre un 0% y un 20%, las más bajas de la historia del Istmo. Y sector de la hosteleria prevé una caída de las ventas de entre un 50 y un 70%. Copa calificó la situación como el mayor reto de toda la historia de la aviación.

    La OMT (Organización Mundial de Turismo) realizó una serie de recomendaciones que los países pueden tomar a futuro para incentivar los viajes de placer, como revisar a la baja los impuestos, por ejemplo el 10% del impuesto de habitaciones, y las tasas que se aplican al sector aéreo. El organismo también pide aplicar estrategias financieras que permitan a las empresas turísticas, en especial las pequeñas, retomar sus operaciones, lo que permitirá reducir el desempleo generado, así como aplicar la innovación como estrategia de reactivación.

  • Revisando el COVID-19

    El COVID-19 mata. Pero también matan el hambre y los desórdenes sociales, de manera que el reto está en buscar un balance en el protocolo de atención al paciente, que somos todos. El problema que surge ante todo ello es que las realidades patológicas virulentas apenas las estamos conociendo; lo cual nos fuerza a tomar medidas sobre la marcha. Ello me trae a mente la forma en que los pilotos enfrentábamos las tormentas en tiempos antes del radar; digamos que con cuidado y mucho culillo. El asunto es que anoche escuchaba a un experto que bien valía la pena escuchar; al científico y tocayo John P.A. Ioannidis, profesor en prevención de enfermedades en la escuela de medicina e investigación y políticas (epidemiología)… y para que abunde, experto en estadísticas y ciencia de data biomédica. Como dirían en nuestro interior: ¡Meto!

    Cuenta Ioannidis que el riesgo de morir por COVID-19 es algo así como el riesgo de morir en una ida en automóvil a Chiriquí. Y que el problema de muchas decisiones que se tomaron es que se basaron en data más que errada. Por un lado, la cantidad que moriría si Papachú gobierno no intervenía, hubiese sido inmensa. Pues, no lo fue. La realidad esta más cerca a uno de cada mil (1/1,000); es decir, 0.001… y nuevamente un ¡Meto! Bueno, entre los viejitos como yo y los que tienen problemas subyacentes, el asunto cambia.

    Pero los problemas del COVID-19 y, en particular de las decisiones tomadas entre nubes, turbulencia y relámpagos, es que el virus crea cosas como más desigualdad, quiebre de empresas, pérdidas de plazas de trabajo, y una gran depresión económica. Y ni hablar que un endeudamiento brutal de parte del gobierno y de los empresarios, grandes, medianos y pequeños. ¿Cómo le hará el gobierno panameño para mantener al casi cuarto de millón de burócratas gubernamentales? Y ni hablar la ruma de subsidios que no subsidian. Lo cierto es que el encierro cada día produce problemas más y más grandotes.

    Por un lado, está lo difícil de juzgar la efectividad del enclaustro y cierre de la economía que están creando problemas que muy bien pueden sobrepasar los del COVID-19, que es difícil, pero no menos la medicina; esa que ahora muchos ponen en tela de duda.

    Dice Ioannidis que debíamos considerar ir soltando a los jóvenes no con miras a reactivar la economía, sino a que se infecten; con lo cual se logra la inmunidad del rebaño, que le cortaría las alas al COVID-19. Es decir… de que la mayoría se va a infectar o todos, no hay duda. El asunto está en proteger a los débiles hasta que salgan la vacuna y la cura. Pero ¡ya!, soltar a los jóvenes; y al abuelo John, lo encierran en su cuarto hasta que pase el temporal.

    Y sí, la reapertura debe ser escalonada, pero ya. Algunos temas deben ser manejados a nivel del gobierno central, pero mucho no. La descentralización es esencial; ya que no podemos seguir pensando que tío gobierno es el Chapulín Colorado. ¡Y ojo!, con los tecnócratas, que fueron los que brincaron a cerrar y tal. El problema con muchos “expertos” es que lo son en su campo de especialización, pero no en todo el resto de las cosas que conciernen a la sociedad. Mala cosa cuando ellos deciden y nosotros pagamos; y no particularmente con dinero.

  • Cómo prevenir la corrupción en las compras públicas en tiempos de Pandemia

    El nuevo estudio ‘Tecnología para la integridad en tiempos de COVID-19’ del CAF (Banco de Desarrollo de América Latina), recomienda a los gobiernos latinoamericanos el uso de datos y nuevas tecnologías para garantizar la integridad de las compras públicas y evitar casos de corrupción durante la mitigación de la pandemia del COVID-19.

    La rápida propagación del coronavirus ha obligado a los gobiernos a realizar compras públicas urgentes de bienes y servicios como camas, medicinas y material médico. En estos procesos, la existencia de casos corrupción limitarían la efectividad e implicarían sobrecostos innecesarios que reducirían la cobertura sanitaria a miles de personas.

    La INTERPOL ya advirtió sobre mecanismos de fraude telefónico y electrónico para extraer pagos de ciudadanos alarmados por adquirir medicinas u otros insumos para prevenir el contagio. El robo de suministros disponibles, aumento de precios y reventa en los mercados negros son oportunidades que aprovechan las redes de crimen organizado, así como el aumento de productos de mala calidad y/o falsificados que ingresan al mercado.

    A partir del examen de evidencia seleccionada, este documento ilustra cómo los datos y las nuevas tecnologías habilitan controles y mecanismos de transparencia en las compras públicas para la atención de emergencias, gracias a la digitalización de procesos que maximizan la exposición de las actuaciones de gobiernos y permiten rastrear el uso de los recursos en tiempo real.

    El análisis plantea 3 ámbitos en que el abastecimiento de bienes y servicios puede proteger contra la corrupción durante la crisis sanitaria:

    1. Rendición de cuentas orientada a resultados. Garantizando el destino específico de los recursos que administran los gobiernos y las organizaciones multilaterales, así como los resultados de ese gasto en materia de contención del brote del COVID-19, es el primer paso. Existen software de código abierto como OpenRBF que administra el financiamiento basado en resultados y desempeño en los sectores de salud, educación y gobierno. OpenRBF se introdujo por primera vez en 2014, aplicado a programas de educación y prevención del VIH en Burundi. Este modelo fue adoptado por Salud Mesoamérica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Al combinar aplicativos de georreferenciación sobre el progreso de la pandemia (como los desarrollados por Singapur, Nueva Zelanda y España) con el esquema de transparencia presupuestal del OpenRBF se lograría una superposición permanente entre los mapas de abastecimiento para la atención de la pandemia y los resultados para frenarla.
    2. Publicidad de la contratación directa de emergencia. En general, la publicidad en la contratación no solo permite mostrar a la ciudadanía las actuaciones del gobierno, sino maximizar el nivel de respuesta a sus solicitudes de abastecimiento. Una solución tecnológica para estos casos ya fue desarrollada por los Estados Unidos; se trata de un sistema automático de alertas de contratos con el gobierno. Ucrania también obliga a que todos los contratos de emergencia se publiquen en su totalidad, incluidas las condiciones de pago, entrega y valor, en datos abiertos. La sociedad civil ha desarrollado la herramienta DoZorro para monitorear las adquisiciones médicas y los gastos de emergencia. Esto propicia un ambiente de control desde el sector privado y desde la sociedad civil, para que la declaratoria de emergencia no resulte en manipulación indebida de precios o de condiciones de suministro.
    3. Digitalización en la agregación de demanda para los gobiernos. Un instrumento conocido en compras y contrataciones tanto para gobiernos como para organismos internacionales es el Acuerdo Marco de Precios (AMP). El AMP es un contrato entre un comprador y uno o varios proveedores, el cual detalla el bien o servicio, el precio máximo de adquisición, garantías mínimas y plazo mínimo de entrega. Los proveedores son seleccionados en un mecanismo licitatorio. Una vez allí, ellos reciben las necesidades de abastecimiento y harán sus ofertas, de modo que el comprador elige la que mejor se ajuste a su requerimiento. La Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente (CCE) está liderando innovaciones digitales para los AMP, respondiendo así a regulaciones extraordinarias para contratar en Colombia debido a la emergencia que representa el COVID-19. La Dirección de Compra y Contratación Pública de Chile (ChileCompra) por su parte, ha ido más allá y en datos abiertos haciendo posible para los usuarios determinar la trazabilidad de los AMP para la atención de la emergencia del COVID-19.

    El poder de disuasión de los gobiernos, en la era de los datos, no está en su capacidad de sancionar, sino en su potencial para anticiparse y prevenir la corrupción. Nuevos desarrollos en las tecnologías de información y comunicaciones, acompañados de una política de datos abiertos, podrían no solo cambiar el frente de batalla de lucha contra el coronavirus, sino que, bien aplicado y apoyado por los gobiernos y organismos internacionales, dejaría la puerta abierta a una mejora en los próximos años de la adopción de políticas de integridad al incorporar estas herramientas digitales como elemento esencial de una gestión racional e informada de la crisis.

  • Las tres reformas necesarias para  el día después. Parte I. La necesaria desburocratización.

    El panorama se nos presenta sombrío. Con  todo lo optimista que uno quisiera ser y ver el vaso medio lleno, lo cierto es que  para atenuar los primeros pronósticos del Banco Mundial sobre una caída de al menos 2 puntos del PIB panameño, no hay plan estatal que pueda funcionar. Sencillamente porque una caída en los ingresos estatales de cerca del 50 %, están demostrando que no sólo la situación económica ya venía un tanto débil, sino que agravada ahora por el Covide-19, no tendrá la fortaleza suficiente para sostener por un lado la burocracia estatal y por el otro, mantener la rueda de la actividad económica girando. Doble carga para un sector privado que a raíz de la pandemia, es descubierto por primera vez por mucha gente, como el real hacedor y generador de empleos y riqueza.

    Para romper con esta situación y generar crecimiento sin trauma, se deben adecuar los “marcos institucionales”. Ellos son los que permiten que fluya la inversión en un marco de competencia de jurisdicciones cada vez más acentuada; y más ahora con la aparición del Covide-19. Los países compiten ofreciendo “marcos institucionales” para atraer los recursos cuya movilidad ha acelerado la globalización. Tanto sea para atraer recursos externos como para retener a los propios. Los países que pueden ofrecer esas condiciones reciben recursos, los que no, los expulsan (personas, capitales, ideas, innovaciones, tecnologías).

    Entonces, ¿qué deberían hacer los responsables de las políticas públicas, no sólo para alivianar al único sector productor que hoy no puede soportar la enorme carga que pesa sobre sus actividades, sino para convertir al país en un imán para las inversiones, sean locales o extranjeras?  Tres reformas. Tres reformas correctas que lograrían transformar la Pandemia, de ser una amenaza a una enorme oportunidad para el país. Tres reformas que generarían un éxito económico como pocas veces visto. Tres reformas para situar al país en pocos años en la cima de cualquier  reputado ranking global.

    Primer reforma. Desburocratización del estado.

    Las necesidades estatales no han decrecido; curiosamente, a pesar de ya lejanas privatizaciones,  de la implementación de programas de modernización de la administración pública y el espectacular crecimiento que se ha logrado en los años post invasión, el Estado sigue utilizando mayores recursos en el gasto corriente, particularmente en el pago de salarios y compensaciones. El problema es la desorganización interna de las organizaciones públicas, y, si sumamos a esta desorganización el hecho de que la cultura paternalista  y el estado visto como generador de empleo ha continuado en aumento siempre, alcanzamos a visualizar el porqué de la necesidad de que los recursos con los que se mueve el sector público tengan que ser usados con la mayor eficiencia y eficacia posible.

    Complementariamente a ello, el exceso de regulaciones es motivo de una mala calidad institucional porque involucra al Estado en actividades que no debería realizar, crea gigantescas burocracias para atenderlo, oportunidades de corrupción y desvía la atención de los funcionarios electos de cuestiones que deberían ser prioritarias.

    El enfoque analítico necesario en esta reforma debe estar centrado en redefinir el rol del Estado, en delimitar las áreas de las que debe ocuparse y en establecer la estructura con la que debería hacerlo, eliminando o redefiniendo aquellas otras en las cuales se observe que han cumplido ya, o que nunca han cumplido, el objetivo para lo cual fueron creadas. El conjunto de acciones vinculadas con esta Reforma debe estar dirigido básicamente a mejorar la calidad y cantidad de prestaciones del Sector Público a la par que disminuyendo su costo por servicio, al impacto cuali-cuantitativo sobre el personal y a una re-definición de las estructuras del aparato estatal. Estas acciones implican lograr una mayor eficiencia del gasto público, lo que implica hacer más con menos.

    Un entorno macroeconómico estable es sólo una de las condiciones del crecimiento y el desarrollo de un país, pero no es automáticamente eficaz en un contexto de instituciones débiles  y mercados altamente regulados que favorecen la corrupción.

    La denominada “productividad del sector público” influye (directa o indirectamente, en las esferas económicas y sociales) en la posición cada vez más competitiva que los países deben mantener en un mundo de mercados globalizados.

    Según el Dr. Martín Krause, autor del Índice de Calidad Institucional, es muy difícil medir la “calidad institucional” de un país ya que se trata de un concepto “cualitativo” y, además, determinado por muy diferentes variables. Existen, no obstante, una serie de indicadores comparativos que nos permiten tener una idea de lo que estamos hablando, los que abarcan una gran cantidad de variables. Pero lo que es claro es que estos indicadores reflejan la posición relativa del país, aspecto fundamental que tienen en cuenta los inversores cuando consideran tomar sus decisiones.

    Como hoy nos concentramos en la primer reforma propuesta, esta es, la desburocratización del Estado,  analizaremos el comportamiento del Doing Business del Banco Mundial, que es parte integrante del mas completo Índice de Calidad Institucional , teniendo como parámetros la mayor o menor facilidad para hacer negocios en Panamá. Tomando en cuenta la media  de acuerdo a los puestos obtenidos en los últimos 15 años (72), hemos caído unos 15 puestos en el ranking, los cuales urge recuperar para que los negocios fluyan, quieran establecerse en el país. Necesitamos muchos más negocios para generar muchos más empleos si queremos llenar el hueco del 20 % de desempleo que prevee el mismo Ministerio de trabajo luego de la Pandemia.

    Los lineamientos básicos para una reforma de este tipo pueden abordarse en dos dimensiones: A) un nivel macro/funcional: particularmente se deben remover o transformar aquellos aspectos normativos que impidan o dificulten el redimensionamiento de los planteles a la nueva estructura ágil y moderna; la reforma de las estructuras orgánico-funcionales; la conformación, fusión o disolución de organismos u empresas estatales, autónomos, descentralizados y/o desconcentrados; y los procedimientos que habiliten la posibilidad de las tercerizaciones. B) un relevamiento normativo de las misiones y funciones y sus alcances, de todos los organismos panameños, y en consecuencia de las superposiciones de competencias y funciones que presenten, tanto dentro de sí mismos como entre los diferentes Ministerios y Organismos autónomos.

    Como resultado de ello, se dispondrá de elementos para eliminar funciones superpuestas o concurrentes; fusiones de organismos y/o departamentos; y  se elimine, en todo o en parte, aquellos que puedan ser tercerizados. Se contará así con un nuevo mapa institucional ultracompetitivo del sector público panameño.

    Uno de los aspectos contemplados en esta propuesta  está constituido por la determinación de las alternativas que se abrirán a los funcionarios como consecuencia de la racionalización administrativa, la reestructuración de las funciones y la privatización de servicios  seleccionados. La adecuada respuesta a la situación planteada supone hacer compatibles las soluciones desde la perspectiva de los funcionarios afectados por el proceso de transformación y desde las necesidades de la Administración de asegurar la eficiente y satisfactoria prestación de los servicios esenciales para su funcionamiento.

    Existen distintos mecanismos a aplicar en el caso de redimensionamiento de personal de una estructura pública. Algunos operan en forma directa como regímenes de retiro voluntario de personal, jubilaciones anticipadas y retiros indemnizados. Otros procuran una salida laboral para el personal. En esta línea se podrían considerar, en general, los planes de capacitación y apoyo para reconversión de acuerdo a las necesidades del sector privado y la apertura de opciones ocupacionales a los funcionarios afectados, en servicios de apoyo que puedan ser externalizados o privatizados.

    El plan de reconversión laboral podría considerar la inserción laboral en el sector privado basada en el desarrollo de incentivos a las empresas que tomen personal proveniente del sector público por efecto de la reforma, ellos pueden ser menores cargas tributarias, pago de una parte del salario por un tiempo determinado, etc  y la generación de empleos alternativos, concebida fundamentalmente como el otorgamiento de subsidios y asistencia técnica para la conformación de micro o pequeños emprendimientos que puedan brindarle productos o servicios en forma privada al propio Estado.

    También se hará necesario , una vez redefinido el rol del estado, que el Presupuesto del mismo sea vigorizado por flujos de participación privada en áreas donde se necesita una administración más eficiente y ágil que pueda adaptarse a las necesidades de los ciudadanos.  Ello contribuirá a la  contención o reducción del gasto público. También se necesitará el establecimiento de determinadas figuras contractuales que permiten la gestión directa o indirecta de los servicios públicos como el agua o corredores, o el fomento de la competencia entre los sectores público y privado, allí donde ambos pueden concurrir  en la oferta de servicios (jubilaciones y pensiones o sistema de salud tipo Bismark). Estas medidas tienen como objetivo evitar o reducir las ineficiencias asignadas tradicionalmente a la burocratizada gestión de la Administración Pública.

    Por último, pero no menos importante, es necesario realizar una reingeniería de procesos tendiente a simplificar y agilizar los mismos en aras de hacerlos cónsonos con tecnologías  apropiadas y teniendo como eje al ciudadano. Es importante entender este último punto: si se aplica tecnología o se pretende que por poner trámites online es modernizar el estado, el error es fatal, dado que sólo se está profesionalizando o tecnologizando la burocracia, pero no se la disminuye o elimina donde sea posible.

    Concluyendo, si no comenzamos ya mismo la desburocratización del estado, no sólo no se podrá reducir el déficit fiscal que se disparará por el Covid-19, sino que peligrará cualquier calificación del país a futuro, haciendo cada vez más difícil la competitividad jurisdiccional. Si no logramos hacer competitivo al país, la inversión, local e internacional, votará  yéndose a otros países o no llegando, con la consecuente pérdida de empleos o de generación de ellos. Hay que generar señales que iremos en este sentido, que haremos una reforma que nos permita mejorar sino regresar, a los indicadores que supo ostentar Panamá.

    Me dicen que no es viable políticamente, a lo que contesto con dos respuestas. La primera, si se ha logrado el lockdown sin resistencia, el argumento de que no es viable, simplemente es inviable. Y la segunda respuesta es que es lo correcto. Y lo correcto no lo es porque muchos lo digan, o aplaudan o condenen por Twitter; es porque es lo correcto, aún cuando sea asumido en soledad.