Lo que llamamos constitución en Panamá, desde su preámbulo, habla de “exaltar la dignidad humana, promover la justicia social…” y tal, pero, le pregunto al lector ¿sabes lo que es la justicia social? La llamada constitución no lo aclara; y digo “llamada constitución” ya que no estoy solo al opinar que dicho mamotreto no constituye sino el desorden económico y social; tal como está en el Artículo 78 que intenta establecer que:
“La Ley regulará las relaciones entre el capital y el trabajo, colocándolas sobre una base de justicia social y fijando una especial protección estatal en beneficio de los trabajadores.”
¿Tienes la mínima idea de la complejidad y magnitud de lo que son las “relaciones entre el capital…” ¿Quién rayos es don Capital y quien es el señor trabajo? ¡Nadie! Son los que se les ocurra y convenga a los nefastos “gobernantes” de turno. Son palabras y frases comodín que abren el camino a una discrecionalidad sin límites. Y es embuste total decir que “beneficia a los trabajadores”; no, a quien beneficia es a los ladrones del estado profundo.
Más adelante la incoherente constitución en su Artículo 91 vuelve a la carga en el al decir que:
“La educación es democrática y fundada en principios de solidaridad humana y justicia social”.
Y menos mal que aclararon que se trataba de “solidaridad humana”; imagínense si fuese solidaridad entre caimanes o mapaches. ¿Y qué quisieron decir que la educación sería democrática? La democracia supone ser el gobierno por el pueblo a través de los gobiernos electos; lo cual no tiene nada que ver con la educación. ¿Será la excusa para que el gobierno centralice la educación para mejorar su capacidad de adoctrinamiento y centralización? ¿Educar no es gobernar? Lo que compete a los gobiernos del estado es ver que no se hagan trampas en el mercado educativo y no ser ellos los tramposos.
Y, finalmente, la tortuosa farándula de hemorragia verbal termina en el Artículo 284 que es una oda que enaltece el carácter comunista de la misma:
El Estado intervendrá en toda clase de empresas, dentro de la reglamentación que establezca la Ley, para hacer efectiva la justicia social a que se refiere la presente Constitución y, en especial, para los siguientes fines:
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Regular por medio de organismos especiales las tarifas, los servicios y los precios de los artículos de cualquier naturaleza, y especialmente los de primera necesidad.
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Exigir la debida eficacia en los servicios y la adecuada calidad de los artículos mencionados en el aparte anterior.
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Coordinar los servicios y la producción de artículos. La Ley definirá los artículos de primera necesidad.
Hay que ser osado, ingenuo o no sé qué para montar una empresa en un país en el cual la mafia gubernamental puede dictarte tarifas, los servicios y precios, exigir lo que el burrócrata cree es la eficacia de los servicios y la calidad; y, que pretenda coordinar los servicios y la producción… ¿Se da cuenta el lector el grado de desquicio al cual llegó el constituyente y quienes firmaron semejante mamotreto? Y ni hablar que aún hoy, en el 2025, habiendo reconocido lo terrible que es la constitución que padecemos, muchos estamos temerosos de que terminar con una peor de la actual, que lo único que constituye es el desorden; tanto así que ni han intentado cumplir a cabalidad con semejantes mandatos constitucionales.
La actual constitución panameña no instituye el libre mercado sino la intervención del mercado por parte de la Cosa Nostra; lanzando a quienes se aventuran en la actividad productiva formal a las fauces de la jauría burrocrática del estado profundo.
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