La propaganda política no es un residuo del siglo XX ni un fenómeno excepcional asociado únicamente a regímenes totalitarios sangrientos. Por el contrario, constituye un instrumento recurrente en sistemas políticos contemporáneos, especialmente allí donde la legitimidad del poder no descansa primordialmente en resultados institucionales, sino en la adhesión emocional de la ciudadanía. La diferencia fundamental no radica en la existencia o no de comunicación política —inevitable en cualquier gobierno—, sino en el rol que esta ocupa: informar sobre hechos o sustituirlos mediante un relato.
Desde una perspectiva clásica, la propaganda moderna se caracteriza por la simplificación deliberada de la realidad, la repetición sistemática de consignas y la apelación a emociones primarias antes que a argumentos racionales. Joseph Goebbels, ministro de Propaganda del Tercer Reich, fue explícito al respecto: la propaganda debía ser simple, reiterativa y orientada al éxito político, no a la verdad. Si bien el contexto histórico ha cambiado radicalmente, la lógica subyacente permanece sorprendentemente vigente.
En el presente, los populismos —tanto de izquierda como de derecha— exhiben una dependencia estructural del relato. Este relato suele organizarse en esquemas binarios (pueblo/élite, patriotas/traidores, nosotros/ellos) que reducen la complejidad política y permiten movilizar apoyo constante. La necesidad de mantener ese clima emocional explica por qué los gobiernos populistas requieren una producción ininterrumpida de propaganda: la narrativa debe renovarse, amplificarse y defenderse permanentemente frente a cualquier fisura que la realidad introduzca.
Aquí resulta pertinente el aporte de Jeremy Bentham en su Tratado de los sofismas políticos. Bentham identifica mecanismos retóricos diseñados no para refutar argumentos, sino para bloquear el juicio crítico: apelaciones a la inevitabilidad (“no hay alternativa”), al miedo, al bien común abstracto o a la autoridad técnica incuestionable. Estos sofismas cumplen hoy la misma función que en el siglo XIX: desactivar la evaluación racional de las decisiones de poder.
En paralelo, pensadores como Dwight Macdonald señalaron el rol de los intelectuales y comunicadores en la racionalización del poder. Racionalizar no implica justificar explícitamente el autoritarismo, sino traducir decisiones políticas en un lenguaje técnico, moral o histórico que las vuelva aceptables, incluso cuando erosionan libertades o instituciones. De este modo, el poder deja de ser evaluado normativamente y pasa a ser administrado como una fatalidad inevitable.
El entorno digital ha intensificado estos procesos. Las redes sociales y los algoritmos de visibilidad favorecen mensajes simples, emocionales y polarizantes. Los trending topics, los videos épicos y las campañas de alta carga simbólica no son meros instrumentos de difusión, sino dispositivos de construcción de realidad. La centralidad del relato se convierte así en un indicador de fragilidad institucional: cuanto más necesita un gobierno reafirmar su legitimidad mediante propaganda, menos puede apoyarse en resultados verificables.
El contraste aparece al observar administraciones cuya estabilidad no depende de la exaltación permanente ni de la movilización emocional continua. Gobiernos con instituciones sólidas, división de poderes efectiva y políticas públicas de largo plazo tienden a comunicar menos y hacer más. En estos casos, la legitimidad se construye a partir de reformas estructurales, previsibilidad normativa, crecimiento sostenido, reducción de la pobreza o mejora en servicios públicos. La comunicación existe, pero no reemplaza a la realidad: la acompaña.
Esto no implica idealizar modelos ni negar errores. Implica reconocer una diferencia cualitativa: la propaganda es central cuando el poder necesita ser creído; es secundaria cuando el poder puede ser verificado. En sistemas políticos maduros, el relato no precede a los hechos, sino que los sigue.
En definitiva, la proliferación de propaganda no es una señal de fortaleza, sino de dependencia. Cuando un gobierno necesita narrarse constantemente a sí mismo para sostener su autoridad, es porque carece de un anclaje suficiente en resultados institucionales duraderos. La verdadera prueba de legitimidad no está en la eficacia del mensaje, sino en la capacidad del Estado para producir bienes públicos reales sin recurrir a una narrativa subyugadora.
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