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Etiqueta: intervención estatal

  • Decálogo fiscal para cualquier país civilizado

    Luego de mencionar los diez puntos que a continuación se exponen, consigno los aspectos que estimo clave al efecto de proceder a una necesaria reforma fiscal que se ejemplifica con reducciones en el gasto público para permitir que se engrosen los bolsillos de la gente.

    Primero, la idea central por la que se cobran impuestos es la de financiar el gasto gubernamental que demanda la estricta y limitada función de proteger los derechos de las personas que habitan el suelo bajo esa jurisdicción estatal, por tanto los tributos no solo deben resultar lo más bajos posibles sino que no deben gravarse objetos imponibles fuera de esa jurisdicción, abandonando entonces el llamado principio de nacionalidad en materia tributaria debido a que el gobierno local no se ocupa de garantizar derechos de quienes están fuera de sus fronteras.

    Segundo, en un sistema republicano los ingresos fruto de los respectivos gravámenes no pueden ser menores a los egresos debido a la política de endeudamiento y financiamiento monetario. En este contexto la deuda pública externa debe estar prohibida ya que está reñida con la democracia pues compromete patrimonios de futuras generaciones que no han participado en el proceso electoral que eligió al gobernante que contrajo la deuda. En esta línea argumental, no es permisible establecer un correlato con lo que ocurre en los ámbitos privados donde tiene sentido la decisión voluntaria y libre de establecer plazos para contraer deudas y reembolsos. En este sentido, debe destacarse que constituye una contradicción en los términos la expresión “inversión pública”, puesto que la inversión es por su naturaleza un acto subjetivo que estima mayor valor en el futuro que en el presente por lo que el sujeto en cuestión se abstiene de consumir para ahorrar cuyo destino es la inversión. Por ende, en el presupuesto nacional los rubros de gastos deben dividirse en corrientes y en activos fijos pero nunca “inversión” que en ningún caso cabe cuando se recurre a la coerción. En esta misma línea argumental, la financiación vía procesos inflacionarios queda descartada puesto que una sociedad libre requiere la eliminación de la banca central y el curso forzoso.

    Tercero, los ratios como la participación de los aparatos estatales en la renta nacional o los tributos sobre el producto nacional bruto no deben apuntar a que crecimientos en la riqueza justifican incrementos en el gasto o en la recaudación. La presión fiscal debe consignarse en valores absolutos y cuando excede lo necesario resulta saludable la rebelión fiscal, tal como ocurrió en el origen de la revolución estadounidense como marca y límite a lo que el gobierno pude succionar de la población. Este enfoque de simplificación y unificación fiscal complementado con los puntos que siguen liberan a los llamados “expertos fiscales” para que se dediquen a actividades útiles.

    Cuarto, la curva Laffer muestra que a mediada que las tasas fiscales se incrementan aumenta la recaudación hasta que en un punto -debido al debilitamiento y fractura de la estructura productiva- la recaudación disminuye a medida que la presión impositiva se eleva. Esto hace aparecer como que hay un punto óptimo fiscal de máxima presión tributaria que permite una máxima recaudación, pero a lo que originalmente apuntaba Arthur Laffer con su curva (ya insinuada por Adam Smith en 1776) es el establecimiento de un punto de mínima presión fiscal necesario para cumplir con la antedicha misión gubernamental en una sociedad abierta.

    Quinto, no hay tal cosa como impuestos al consumo puesto que todos los gravámenes son al patrimonio: cuando se dice que se aplica un tributo al consumo es que se grava una empresa que vende productos clasificados como de consumo pero esa empresa se hace cargo del impuesto con su patrimonio, por tanto todos los impuestos afectan las tasas de inversión y, como consecuencia, reducen salarios e ingresos en términos reales ya que esa es la única causa que permite elevarlos al incrementarse el ritmo de capitalización.

    Sexto, todos los impuestos deberían eliminarse con excepción del impuesto al valor agregado con la máxima base imponible al efecto de aprovechar el sistema de impuestos a cargo e impuestos a favor que permite ese gravamen con lo que se ahorran controles en un contexto donde no deben operar exenciones fiscales que siempre significan que otros deben hacerse cargo de la diferencia con lo que se dejan de lado no solo las dobles imposiciones sino que no se aplican impuestos directos -los que gravan la manifestación directa de la capacidad contributiva- que obligan a preguntas e inquisiciones insolentes sobre el origen y destino de los recursos por parte de los agentes de recaudación.

    Séptimo, el referido impuesto se traducirá en alícuota proporcional ya que todos los progresivos implican regresividad puesto que los contribuyentes de jure contraen sus inversiones con lo que, como queda dicho, reducen salarios e ingresos en términos reales. Este es el motivo por el que las constituciones liberales prohibieron los gravámenes progresivos y también los directos. Además, la progresividad altera las posiciones patrimoniales relativas, es decir, contradice las posiciones patrimoniales que había establecido la gente con sus compras y abstenciones de comprar en el supermercado y afines con lo que hay derroche de capital lo cual agudiza la antes referida baja en los salarios e ingresos de la población. También la progresividad bloquea la indispensable movilidad social en el asenso y descenso en la pirámide patrimonial.

    Octavo, en materia fiscal es indispensable contar con un sistema federal para no solo descentralizar el poder sino para establecer competencia entre las provincias y municipios puesto que en este esquema los gobernadores e intendentes administran sus recaudaciones locales al efecto de que los pobladores no se muden a otra jurisdicción y para atraer inversiones, lo cual tiende a la prudencia en materia del gasto, y la coparticipación al gobierno central debiera ser exclusivamente para atender a la justicia federal, las relaciones exteriores y la defensa.

    Noveno, la denominada redistribución de ingresos llevada a cabo por los aparatos estatales no es función gubernamental puesto que la distribución queda en manos de la gente que pone de relieve con sus preferencias y necesidades en los procesos de mercado lo cual hace que los comerciantes que atienden esas necesidades y preferencias obtienen ganancias y los que yerran en ese objetivo incurren en quebrantos, lo cual excluye toda posibilidad de empresarios prebendarios que se alían con el poder de turno para obtener privilegios que en toda ocasión atentan contra el bienestar de sus semejantes.

    Y décimo, la eliminación de todas las cargas arancelarias y no arancelarias que siempre obligan a desembolsar mayor erogación por unidad de producto con lo que el nivel de vida de los locales empeora, en lugar de liberar recursos humanos y materiales para atender otras necesidades. Esto significa no limitar el comercio libre a zonas de integración regional sino la integración al mundo en un contexto donde se acepte que el monopolio legal constituye una seria amenaza para la población y el dumping destructivo es el realizado compulsivamente con los recursos de terceros, por ejemplo, a través de las “empresas estatales” deficitarias.

    Como anunciamos al comienzo, aquí refiero sumariamente algunos ejemplos de reducción en la dimensión del aparato estatal a los que he dedicado mayores espacios en otras oportunidades, en este caso para poder aplicar el decálogo que antecede.

    En primer lugar, la importancia vital de abrir el proceso educativo a la competencia sin la existencia de ministerios de educación o de cultura que se arroguen la facultad de dictaminar sobre estructuras curriculares y exento de instituciones estatales que inexorablemente perjudican a los más pobres que se hacen cargo de los costos debido a la contracción de inversiones por parte de los contribuyentes de jure.

    Es imperioso eliminar todas las embajadas puesto que a diferencia de lo que tenía lugar en la época de las carretas, las comunicaciones y teleconferencias de la actualidad hacen que resulten del todo superfluas las lujosas mansiones, los pasaportes diplomáticos y los nutridos séquitos del caso.

    Debe contarse con mercados laborales libres sin las concepciones fascistas de representaciones coactivas y “agentes de retención” que echan mano al fruto del trabajo ajeno al efecto de liberar recursos humanos y materiales al introducirse innovaciones tecnológicas que incentivan a los empresarios a sacar partida de nuevos arbitrajes para lo cual requieren capacitaciones en los nuevos destinos.

    No tiene sentido mantener a las mal llamadas “empresas estatales” puesto que en toda circunstancia implica asignar los siempre escasos recursos en áreas que no son prioritarias para la gente y si se constituyen en las que demanda la población resulta superflua la intervención con el consiguiente ahorro en gastos administrativos en un contexto donde no cabe la impostura de jugar al empresario que siempre es arriesgando fondos propios, todo lo cual naturalmente empeora si la “empresa” en cuestión arroja déficit.

    En el Poder Ejecutivo habría que eliminar todos los ministerios y convertirlos en secretarias de relaciones exteriores, defensa, interior y una vinculada a las finanzas públicas, todas trabajando en la casa de gobierno al efecto de poder vender los inmuebles que hasta el momento albergaban esas y otras muchas reparticiones que habría que borrar del organigrama.

    En el ámbito del Poder Legislativo se debería reducir drásticamente la representación en diputados y contar con un senador por jurisdicción provincial, y en ambas cámaras que todos trabajen tiempo parcial con severas limitaciones temporales para legislar lo cual significa restringirse al estudio y promulgación del presupuesto y a la estricta protección a los derechos de las personas.

    Es urgente reformar el mal llamado “sistema de seguridad social” -en verdad sistema de inseguridad antisocial- que para cualquiera que haya explorado algo de análisis actuarial se percata de que el sistema de reparto obligatorio estafa a los pensionados que han aportado durante su vida activa para recibir montos inaceptables. Hay quienes sostienen la insensatez de que si los aparatos estatales no obligan a prever para la vejez el titular no lo hará, sin tener en cuenta los ejemplos de inmigrantes paupérrimos que llegaban a costas desconocidas y ahorraban de sus trabajos para adquirir departamentitos y terrenitos que luego fueron esquilmados por demagogos que instauraron el referido sistema vergonzoso. Por otra parte, si fuera cierta la irresponsabilidad mencionada, habría que destacar una estructura policial para asegurarse que el pensionado no dilapide su ingreso. El fruto del trabajo ajeno es sagrado y cada uno debería darle el destino que considere mejor.

    En la jurisdicción de la Justicia debería fortalecerse el sistema de árbitros privados sin ninguna limitación para generar procesos abiertos y competitivos en el descubrimiento del derecho y no como resultado del diseño y la ingeniería social. En cuanto a las cárceles, deberían privatizarse, en cuyo contexto el delincuente trabaja para resarcir a la víctima y para financiar su alojamiento y no dejar desamparada a las víctimas y además imponer cargas fiscales a toda la sociedad para mantener criminales.

    En lugar de criticar las formas arbitrarias de distribución de la pauta publicitaria por parte de un organismo oficial, habría que cerrarlo y tercerizar lo que el Gobierno considere pertinente anunciar o hacerlo a través de conferencias de prensa.

    Asimismo, las oficinas estatales de construcción de estadísticas habría que sustituirlas por entidades privadas en un contexto de auditorias cruzadas y competitivas para asegurarse la calidad de las mismas según sean los requerimientos de la población.

    Como tantas veces he escrito, es necesario reafirmar que el voto es un derecho y no una obligación en el contexto de la eliminación de las llamadas listas sábanas y equivalentes para sustituir por procedimientos compatibles con el sistema republicano para que resulte claro que el proceso electoral es el aspecto formal de la democracia y su aspecto sustancial es la protección de los derechos individuales.

    Por último en este resumen telegráfico, junto con la arriba mencionada prohibición de contraer deuda pública, es imperioso subrayar la también referida necesidad de liquidar la banca central ya que cualquiera de los tres caminos que elija para operar, sea expandiendo la base monetaria, contrayéndola o dejándola inamovible, en cualquiera de las tres variantes estará necesariamente distorsionando los precios, que son los únicos indicadores para asignar recursos eficientemente con lo que la población se empobrece. Como queda consignado, es indispensable que la gente pueda elegir los activos monetarios que sean de su preferencia sin la imposición del curso forzoso. En la medida en que se vayan adoptando estas políticas pueden irse introduciendo reformas fiscales compatibles con un sistema genuinamente republicano sin interferencias de un Leviatán desbocado que aniquila las libertades individuales tan ponderadas por todos los grandes maestros de la ciencia jurídica y la economía.

  • ¿Son inteligentes los servicios de inteligencia?

    Los servicios de inteligencia son compatibles con regímenes totalitarios de factura diversa, pero parecen del todo inadecuados en el seno de una sociedad libre.

    En los últimos tiempos observamos con cierta alarma que los aparatos estatales teóricamente encargados de velar por los derechos de los gobernados son en realidad atacantes y en la materia de esta nota periodística espían a la gente con lo que se invade su privacidad. Como ha escrito Milan Kundera “si se pierde la privacidad se pierde todo”. Es sumamente curioso que el ciudadano se vea obligado a financiar con impuestos acciones que lo persiguen y aplastan. Antes he escrito sobre este tema de los llamados servicios de inteligencia, pero en vista que vuelva a surgir el asunto es del caso reiterar lo dicho.

    El adagio consigna que si a uno lo engañan una vez, la vergüenza corresponde a quien engaña, pero si nos vuelven a engañar con lo mismo, la vergüenza es para uno. Resulta de interés preguntarse y repreguntarse qué grado de compatibilidad o incompatibilidad existe entre los llamados servicios de inteligencia y el sistema republicano de gobierno. Como es sabido, uno de los ejes centrales de esta forma de concebir el aparato político consiste en la transparencia de sus actos.

    Conviene llevar a cabo el ejercicio de una mirada crítica sobre estas reparticiones tan peculiares. Prácticamente todos los gobiernos cuentan con servicios de inteligencia, lo cual no invalida el interrogante. Cuando menos, llama la atención que una sociedad libre se desplace simultáneamente por dos andariveles tan opuestos.

    Por una parte, se insiste en la necesidad de que los funcionarios gubernamentales sean responsables de sus actos y que éstos estén en conocimiento de los gobernados y, por otro, se procede de modo clandestino, echando mano a fondos reservados para propósitos de espionaje y otros menesteres non sanctos que se mantienen en las sombras. Parecería que hay aquí un doble discurso y que se entroniza una hipocresía digna de mejor causa.

    Agentes dobles, contrainteligencia, secretos de Estado, escuchas y detenciones sin orden de juez, violaciones de domicilio y en otros partes del mundo se agregan asesinatos, sabotajes y en la mayor parte de los casos lados seguimiento de los dirigentes de partidos políticos de oposición son sólo algunos de los hechos que producen los más renombrados “servicios”. Esto es en el “mundo libre”, ya que en los países totalitarios se añade la tortura y la implacable persecución a quienes no adhieren al poder de turno.

    En los Estados Unidos, actualmente existen veinticuatro “oficinas de inteligencia”, entre las que se destaca la CIA, creada a fines de la década del 40. En Inglaterra, el M15 y el M16; en Canadá, la CSIS; la BND en Alemania; el Mossad en Israel, y la FSB, sucesora de la KGB, en Rusia son sólo algunas de las caras visibles de este entramado de espionaje, contraespionaje y guerra subterránea.

    El periodista de la BBC de Londres Paul Reynolds puso en tela de juicio la eficiencia de los servicios de inteligencia más destacados del mundo a raíz de la célebre invasión de Irak, en una columna titulada “¿Podemos confiar en los servicios de inteligencia?”. Por su parte, Harry Browne señala los fiascos de los servicios de inteligencia estadounidenses en Vietnam, Corea, Somalía y Haití, e incluso tiende un manto de sospechas sobre los que operaron durante la Segunda Guerra Mundial, en la que se terminó entregando a Stalin aproximadamente las tres cuartas partes de Europa.

    Es que siempre los burócratas están tentados a utilizar este y otros departamentos y oficinas para fines políticos, y cuando no hay claros límites al poder y se permite recurrir a la clandestinidad los abusos no deben sorprender, sin contar con las traiciones, las falsas denuncias y las delaciones internas y ex amistades, como ocurría con la policía secreta de Sha de Persia, incluso con Ben Laden y en la CIA.

    Por esto es que León Hadar, del Cato Institute, sugestivamente titula su ensayo “Los servicios de inteligencia no son inteligentes” que inspira el título del presente texto. Allí muestra con profusión de datos cómo la alegada seguridad nacional está en riesgo con estos procedimientos oscuros en los que, por definición, no hay control de gestión propiamente dicho. Hadar se refiere a los Estados Unidos. Imaginemos qué le cabe, por ejemplo, a lo que fue nuestra SIDE creada por Perón, luego SI y hoy AFI. Cambios de nombres pero con una alarmante y persistente continuidad de procedimientos aberrantes que incluyen casos espantosos y muy sonados en todos los rincones del planeta como es el del fiscal Alberto Nisman.

    David Canon, del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Indiana, en su trabajo titulado Inteligencia y ética, alude a las declaraciones de un agente de la CIA que explica que lo importante es lograr los objetivos sin detenerse en los medios: “Los temas legales, morales y éticos no me los planteo, igual que no lo hacen los otros [integrantes de la CIA]”, dice, y documenta la cantidad de “sobornos a funcionarios, derrocamiento de gobiernos, difusión deliberada de mentiras, experimentos con drogas que alteran la mente, utilización de sustancias venenosas, contaminación de alimentos, entrega de armas para operar contra líderes de otros países y, sobre todo, complotar para asesinar a otros gobernantes”.

    En esta dirección ofrece ejemplos de operaciones de la CIA en Costa Rica, Corea, Colombia, Laos, Guatemala, Irán, China e Indonesia. Asimismo, el ex presidente estadounidense Harry S. Truman 15 años después del comienzo de la oficina de inteligencia declaró a la prensa: “Cuando establecí la CIA, nunca pensé que se entrometería en estas actividades de espionaje y operaciones de asesinato”.

    Pero, como bien destaca Norman Cousins, el establecimiento de entidades de estas características “necesariamente tiene que terminar en un Frankenstein”. Idéntica preocupación revela Drexel Godfrey en la revista Foreign Affairs, en un artículo titulado “Ethics and Intelligence”, en el que añade las encrucijadas del célebre embajador Joseph Wilson, quien contradijo los informes de inteligencia ingleses y norteamericanos respecto de la patraña de las armas de destrucción masiva.

    No se avanza mucho aunque se establezcan estrictos controles republicanos, división horizontal de poderes y, en general, los indispensables límites al poder político si puede deslizarse por la puerta trasera todo tipo de abusos, sin rendir cuenta al público, por más que se tejan subterfugios más o menos elaborados a través de comisiones parlamentarias.

    Los servicios de inteligencia son compatibles con regímenes totalitarios de factura diversa, pero parecen del todo inadecuados en el seno de una sociedad libre. No en vano en los Estados Unidos se extiende la utilización de la expresión rusa “zar” para el máximo capitoste del espionaje.

    Es útil cuestionar y someter al análisis temas que habitualmente se dan por sentados. Si no se procede a esta revisión periódica, podemos encontrarnos con que estamos avalando ciertas políticas que resultan nocivas, pero que continúan en vigencia sólo por inercia, rutina o molicie. John Stuart Mill decía que todas las buenas ideas pasan invariablemente por tres etapas: la ridiculización, la discusión y la adopción. Este tema de los llamados servicios de inteligencia se vincula con muchos otros que también requieren limpieza de telarañas mentales para su mejor comprensión.

    Ahora se informa que miembros del servicio de inteligencia del gobierno anterior en Brasil ayudaron en los actos de vandalismo a la sede de los tres poderes, tomando como ejemplo el bochorno de Donald Trump que además de alentar el ataque al Capitolio con el apoyo logístico de algunas reparticiones de los servicios, desconoce los resultados electorales a pesar de estar certificados por los cincuenta estados, por sesenta y un jueces federales y locales y su propio Vicepresidente.

    En conexión con la llamada “inteligencia” menciono cuatro áreas adicionales al correr de la pluma. En primer término, la seguridad. Paradójicamente, en no pocos lugares para proteger este valor se lo conculca. Esto ocurre hoy, en gran medida, con la lucha antiterrorista. En última instancia, el terrorismo apunta a desmantelar y liquidar las libertades individuales. Pues lo curioso del asunto es que, por ejemplo, en lo que ha sido el baluarte del mundo libre –los Estados Unidos–, con el argumento de proteger aquellos derechos se los lesiona, con lo que en la práctica se otorga una victoria anticipada a los criminales del terror. Tal es el ejemplo de la vergonzosa denominada “ley patriótica”.

    En segundo lugar, para mitigar las convulsiones que hoy tienen lugar, debería hacerse un esfuerzo mayor para no caer en la trampa mortal de las guerras religiosas y para distinguir un asesino de quien suscribe determinada religión. Hay que insistir en los graves peligros y acechanzas que aparecen al vincular el aparato estatal con una denominación confesional.

    El tercer capítulo, emparentado con el surgimiento de los servicios de inteligencia para contrarrestar las guerras, son las epidemias de nacionalismos, xenofobias y racismos a que nos hemos referido la semana pasada en este mismo medio y que toman los lugares de nacimiento como un valor y un desvalor para el extranjero, como si las fronteras tuvieran algún sentido fuera de la descentralización del poder.

    Por último, no estaría mal revisar exhaustivamente el papel de las Naciones Unidas, de la que dependen innumerables oficinas que pregonan a los cuatro vientos, en sus publicaciones y en las declaraciones de sus directivos, políticas socializantes que conducen a la pobreza y a la guerra, al tiempo que muchas veces se constituyen durante largos períodos en observadores incompetentes, tal como ha ocurrido hasta el momento en el caso actual de Hezbollah e Israel.

    Un comentarista de la televisión mexicana proclamó: “Nosotros también somos observadores, pero de la inoperancia de las Naciones Unidas”. En este sentido es recomendable la lectura de gruesos volúmenes como The Fearful Master, A Second Look at the United Nations de Edward Griffin en su época el periodista radial de mayor audiencia en CBS Network y UN: Planned Tyranny del profesor de economía de la Universidad de Harvard Orval Watts donde se detallan las ideas de planificación socialista de los organizadores originales de la institución en 1945 y sus propósitos de extender sus idearios a los países miembros confirmadas luego en algunas de las entidades que han surgido de esa fundación como es el caso resonante de la CEPAL que ha propiciado el estatismo en América Latina, una tendencia en otros casos consignada en estatutos a veces apoyados en distintas operaciones por servicios de inteligencia. Todo lo cual no significa desconocer que algunos de los miembros han denunciado políticas a contramano aquellas medidas muchas de las cuales intensifican los problemas que se anuncia se quieren resolver.

    De todos modos, al efecto de ilustrar preocupaciones justificadas con un ejemplo extremo, el dictador de Uganda Idi Amin Dada -”el caníbal con refrigerador”, como lo denomina Paul Johnson en A History of the Modern World debido a la forma en que engullía a sus prisioneros, además de hacer alarde de sus servicios de inteligencia criminales- el autor relata minuciosamente en el libro de referencia que el primero de octubre de 1975 la Asamblea General de las Naciones Unidas le brindó una ovación de pie por parte de todos los delegados cuando llegó al podio el dictador y otra después de su incendiario discurso lleno de amenazas al mundo libre, en el contexto de las sumamente pastosas actitudes de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas donde ahora el régimen de la tiranía cubana ocupa un sitial de peso.

    Entonces, en nuestra línea argumental de fondo, no sólo debemos concentrar la atención en la naturaleza y los alegados servicios que prestan las estructuras de “inteligencia”, sino también prestar atención a las causas que dan lugar al debate que ahora pretendemos abrir, al efecto de seguir averiguando los graves inconvenientes de este tipo de organizaciones. A esta altura del partido y en vista de los antecedentes truculentos de estos llamados servicios, tal vez debiera abandonarse el uso de la expresión “inteligencia” y sustituir esos departamentos por otros bajo auditorias y controles solo para evitar ataques a los derechos en diversas manifestaciones pero nunca provocar atropellos a las libertades individuales, que como queda dicho constituyen actos contra los principios más elementales de la civilización.

  • La naturaleza de la bestia gubernamental

    Nos dice la Wikipedia que el estado profundo (“deep state”) es aquella gobernanza compuesta por redes potencialmente secretas y que, sin la debida autorización, operan independientemente del liderazgo oficial estatal; y que dichas redes persiguen agendas y fines propios, a las cuales también se les apoda de “gobiernos-sombra” (“shadow governments”) o estado dentro del estado. Sin embargo, habiendo yo trabajado 14 años en funciones gubernamentales, en las cuales dirigí, con rango de autoridad, dos veces una institución estatal, formé otra visión de lo que es el estado profundo o, como preferiblemente suelo llamarle el “gobierno profundo”.

    La definición de la Wikipedia tiende a sugerir que se trata de algo así como una red de conspiración; pero yo lo veo de otra forma. Veo al gobierno profundo como el resultado propio y natural del ejercicio del poder centralizado; realidad que es imperativo conocer y controlar para evitar el mal rumbo que llevamos. Que no se trata solamente de corrupción y conspiración sino de la realidad de las flaquezas humanas que se traducen en aprovecharse del puesto de poder. Pero, también entra en juego la inmensa dificultad de lidiar con una inmensa organización gubernamental centralizada pero disgregada en dónde cada órgano se centra en sus objetivos; o, lo que cree que son sus objetivos, sin la debida coordinación con los demás órganos estatales y sin la debida atención a los límites constitucionales.

    Pero, aún más allá y mucho más insidioso, hay otros factores sociales que también inciden en la formación o deformación del ente gubernativo; vale decir, hablo de aquellas culturas de la población que se han acostumbrado a la gobernanza corrupta y corrompedora. Que, es de esta realidad cultural de dónde se forman los partidos políticos, que luego quedarán encargados de gobernar; no con apego a los mejores intereses de la población sino del partido o peor, de las cúpulas del partido.

    Y más insidioso aún es el que no sólo sean las clases populares las que prohíjan la desordenada gobernanza sino que la patología hace metástasis al resto del organismo de la nación. He trabajado o lidiado con diversas organizaciones empresariales y sindicales en las cuales he sido testigo de los males que saco a relucir. Por ejemplo, a un consejo empresarial que se vende a bastardos intereses del poder central. O sindicatos dominados por espurios intereses ideológicos que quedan por encima del bienestar de sus asociados y de la comunidad. En resumen, el problema es mucho mayor e insidioso.

    Tomemos el caso del llamado MEDUCA, con sus 65,000 funcionarios, al cual “le” asignamos educar a nuestros hijos y que, supuestamente, debía regirse con apego a los fundamentos constitucionales de libertad de pensamiento, tránsito, propiedad y tal. ¿Es eso lo que promueve al MEDUCA? ¿Quién realmente manda en el MEDUCA? ¿Cuánto del poder y decisión lo ejercen los sindicatos y los intereses económicos mezquinos? En fin, el poder central le sustrae la savia económica a la población para darles a cambio un producto inservible.

    En conclusión, no estamos hablando de conspiraciones sino de lo que ocurre abiertamente ante nuestras narices, a ciencia y paciencia de todos. Pero, como bien en su momento señalara Bastiat: es la ley puesta al servicio de los inescrupulosos para proteger a los pillos de los probos. Para castigar a quienes osan advertir que el rey va desnudo en la procesión y aún así todos lo aclaman diciendo: “Robó pero dio”. No estamos hablando de una democracia sino de algo mucho más siniestro y peligroso.

  • Celebremos la Resurrección

    Una estimada amistad, Richard Rahn, presidente de “Institute for Global Economic Growth”, economista y escritor más que prolijo, quien nos acompañó en Panamá en 1917 en ocasión del foro Pathways, en artículo del Washington Times, nos recuerda de que estamos en época de esperanza, de renovación en la resurrección. Es así ya que la humanidad no aprende y avanza sino a través de las tormentas de locura y corrupción que ponen en evidencia el mal camino y nos ayudan a retomar el bienandar.

    Es muy cierto que vivimos tiempos de líderes incompetentes, de tranques y baches en las calles. Pero, más que nada, de contratiempos económicos a causa de políticas económicas alocadas o, mejor dicho, completamente corruptas en malgasto. Nos endeudamos para sostener al gobierno desmedido cuyo principal objetivo apunta a perpetrarse en la papa. ¡Qué ingenuidad!, cuando lo que hacen les traerá todo lo contrario.

    La realidad es que vivimos tiempos de cambio y adaptación. Tiempos en los cuales se dará avances en la medicina, a punto que lograremos vencer a la mayoría de las enfermedades y prolongar nuestras vidas. Avances que, con el tiempo, reducirán los costos de vida de forma inimaginable.

    Y, a todo ello, nos daremos cuenta de la forma torcida en que muchos intentan torcer realidades; tal como la del cambio climático, que pintan como un fenómeno nuevo y destructivo, cuando la naturaleza del mismo Universo es una de cambio. Cuando se acaben los cambios se acaba el Universo. Pero, el mayor de los peligros y maldades que nos asedian están en la locura de tantos que adversan los verdaderos derechos humanos de libertad y autodeterminación; sin los cuales la humanidad no puede acceder a su destino de un mañana en el cual podremos mover montañas.

    Ya la ciencia asoma a la energía de fusión, limpia, segura, ilimitada y económica. Y tal como lo advierte Rahn, “ló único que hace falta es que la clase política comience a actuar como adultos y nos den el permiso…” permiso de administrar nuestras vidas y nuestro futuro. Rahn también nos habla del desastre de nuestros sistemas que osamos llamar “educativos”. De lo triste que es mantener a toda una juventud sumida en mazmorras como las del MEDUCA.

    También por el lado oscuro de la Fuerza vemos el movimiento “woke”, que traduce a “estar al tanto y activamente atento a las realidades sociales, en particular a las del racismo.” Suena medio bonito pero debajo de todo ello subyacen los efectos que nos trae la mala educación, la politiquería de arrabal y entro otras más, la Babel idiomática en la cual pretenden cambiar la forma en que hablamos y pensamos; es decir, asignar nuevos sentidos a las palabras, con lo cual llegaremos a tal punto que unos y otros no podremos comunicarnos.

    La realidad es que la verdadera prosperidad no nos llegará por la vía de los partidos políticos tradicionales y corroídos; sino, a través de mercados desembarazados que permitan que sean los ciudadanos los que marquen el compás de su andar. De ciudadanos cuya única esperanza de vida no sea la de un jamón en Navidad.

    En fin, y vuelvo a citar a Rahn: “La buena nueva es que la locura del momento pasará, tal como ha ocurrido siempre.” Debemos estar atentos a las nuevas oportunidades que se presentan y van en aumento. Oportunidades de dejarles un mundo mejor a nuestros hijos. Un mundo cuyo objetivo será viajar a nuevos puertos; de manera que una vez más tomemos conciencia de que el mundo no es plano… el mundo no tiene límites.

  • Intervencionismo castrante

    Castrante, más allá de su sentido genital, lo definen en diccionarios como aquello que “limita la originalidad y libertad de ideas. Es la actuación de personajes y entidades políticas que, a través de meterse en lo que no deben, intervencionismo,  debilitan el poder llevar a cabo el curso normal y productivo de la sociedad. Es el padre o la madre autoritaria cuya actuación limita el desarrollo de sus vástagos. En fin, es una actuación contraria a la misma naturaleza del Creador que nos hizo libres para actuar, aprender, errar o tener éxito, como único camino de evolución.

    Desdichadamente, proponer a la politiquería burlesca y corrupta que deje de intervenir en lo que no le compete ni conviene a la sociedad, es caer en el desfiladero; caer en desgracia y correr riesgos de ser anulado por los personajes de mezquinos y procaces intereses. Lo que necesitamos es menos intervención central para ver si aún estamos a tiempo para evitar fatales colapsos, como lo de la CSS. O, tal vez me equivoco y resulta que el colapso es la única vía de solución que nos queda.

    Cuando dejamos que sean los actores del mercado los que, al compás de sanas limitaciones constitucionales, simples y claras, sean las que nos conduzcan por los mejores senderos del desarrollo, es que vamos por mejores caminos. Debemos evitar el proteccionismo estéril, los subsidios castrantes y los mercados sobre regulados que terminan logrando todo lo contrario al interés común o “social”, tal como sediciosamente fue plasmado en la actual constitución panameña.

    Imaginemos una familia en la cual el padre y/o la madre no permitan que sus hijos se desarrollen en experiencias, en criterio y en la sana búsqueda de un nuevo y mejor mundo. Una familia que produzca hijos castrados, incapaces de valerse por sí mismos.

    Alrededor del mundo, igual que en Panamá, el intervencionismo central, a través de malévolas leyes, de una castrante intervención educativa, del malgasto, sistemas de transporte viciados y tanto más. Y, ni hablar de un poder legislativo que se usa y se aprovecha de la autoridad para ser autores del mal.

    Casos como las vedas de pesca marina en épocas de desove, que sólo las cumplen las empresas pesqueras serias y fáciles de controlar; mientras que a los desordenados se les da rienda suelta para violar a sus anchas. O todos esos desordenados que en las vías conducen por los hombros, mientras se castiga a los respetuosos de las normas de tránsito que se resignan a los tranques. Una y otra vez la intervención es castrante y no edificante.

    Entre los grandes secretos y retos que aún asoma entre nuestros disparates constitucionales vemos, en el Preámbulo constitucional, lo siguiente: “Con el fin supremo de fortalecer la Nación, garantizar la libertad, asegurar la democracia… exaltar la dignidad humana…” Pero… ¿cómo vamos a lograr estos nobles fines cuando más adelante leemos cosas como: “El Estado intervendrá en toda clase de empresas… para hacer efectiva la justicia social…”.

    En su momento, altos personeros de la dictadura militar que se tomó, por la vía no democrática la facultad del intervencionismo castrante, declararon que ellos ya tenían el control de las armas, pero que les faltaba el controlo económico. Tristemente y desde entonces, poco saben y entienden qué hicieron con esos pérfidos poderes.

  • Un libro indispensable para nuestro tiempo

    «Dedico estas líneas a escribir sobre el último de los libros mencionados de Gottfried Dietze con lo cual no pretendo hacer del todo justicia en este resumen pero sí llamar la atención sobre este libro.»

    Antes de entrar en materia abro esta nota periodística con una muy atinada reflexión que se vincula estrechamente a lo que vamos a comentar a continuación. Se trata de Niall Ferguson en su monumental obra titulada Civilization. The West and the Rest: “Algunas personas cometen el error de utilizar la idea de la democracia por lo que imaginan que cualquier país la pude adoptar simplemente por llamar a elecciones. En realidad, la democracia es el coronamiento de un edificio que tiene su fundamento en el estado de derecho, para ser preciso en la santidad de la libertad individual y la seguridad del derecho de propiedad privada.”

    De más está decir que muchos son los libros que resplandecen en las bibliotecas cuya influencia perdura por generaciones y generaciones, pero hay obras como las del profesor Gottfried Dietze que exigen ser leídas y estudiadas una y otra vez si es que se desea entender lo que viene ocurriendo en el llamado mundo libre.

    Dietze obtuvo tres doctorados: uno en derecho en la Universidad de Heidelberg, otro en ciencia política de Princeton y el tercero en ciencia jurídica en la de Virginia. Enseñó durante décadas en la Universidad Johns Hopkins. Su triada más difundida está compuesta por Amercia´s Political Dilemma. From Limited to Unlimited Democracy, The Federalist. A Classic on Federalism and Free Government y In Defense of Property, libro éste último traducido al castellano y publicado por mi padre en Buenos Aires hace ya más de cuarenta años, con el título de En defensa de la propiedad, obra que tuvo notable difusión en Argentina (la tradujo mi padre al castellano). Antes he escrito sobre otra de las obras de este autor pero ahora me concentraré en la última de las mencionadas.

    Lo conocí al profesor Dietze con motivo de mi conferencia en la reunión anual de la Foundation for Economic Education en New York, en mayo de 1981, y luego tuve la ocasión de escucharlo personalmente con motivo de su visita a ESEADE. Ahora dedico estas líneas a escribir sobre el último de los libros mencionados de Gottfried Dietze con lo cual no pretendo hacer del todo justicia en este resumen pero sí llamar la atención sobre este libro.

    Antes de esto hago una breve introducción bifronte. Por un lado consigno que la existencia de la institución de la propiedad privada se debe a la escasez de bienes en relación a las necesidades que hay por ellos. Si estuviéramos en un mundo sobreabundante donde habría de todo para todos todo el tiempo no será necesaria aquella institución ya que con solo estirar la mano se obtendría lo necesario. Pero como la naturaleza de las cosas no es así y no pueden simultáneamente utilizarse los mismos bienes (sean de consumo o de factores de producción) deben asignarse derechos de propiedad (el origen está explicado por la secuencia Locke-Nozick-Kirzner) y a partir de allí cada uno debe servir al prójimo para incrementar su patrimonio y si no lo logra incurre en quebrantos.

    En el segundo punto reiteramos que sin propiedad privada no hay precios ya que estos surgen como consecuencia de arreglos contractuales en los que se ponen en evidencia las respectivas valorizaciones (si el Leviatán pretende controlar precios, estos se convierten en simples números sin relevancia ya que no reflejan las antedichas valorizaciones). Pues bien, en la media en que se debilite la propiedad privada (para no decir nada si se la elimina) los precios dejan de expresar las apreciaciones de cada bien o servicio con lo que se dificulta (o se imposibilita según el grado de entrometimiento de los aparatos estatales) la evaluación de proyectos, la contabilidad y el cálculo económico en general.

    Como es sabido carece de sentido sostener que se procederá en tal o cual dirección “según marquen las razones técnicas” puesto que de nada sirven si no se las pondera por los precios. Por eso es que he ilustrado tantas veces este dilema diciendo que donde no hay precios no se sabe si conviene construir carreteras con oro o con asfalto.

    Vamos ahora muy sucintamente a la obra de Dietze con comentarios “a vuelo de pájaro”. Comienza su trabajo con un largo desarrollo de la idea natural de la propiedad en las plantas que necesitan de territorio para subsistir, los animales que reconocen su lugar y las comunidades primitivas en un proceso de prueba y error los condujo a la necesitad de la propiedad para evitar “la tragedia de los comunes” tal como señaló Aristóteles en contraposición a la idea de Platón, lo cual fue reafirmado en Grecia y, sobre todo, en Roma.

    El autor muestra las influencias decisivas de Cicerón, Hugo Grotius, Pufendorf, la escolástica tardía, Sidney, Locke, la Escuela Escocesa y todos sus múltiples derivados contemporáneos y también las tendencias contrarias a la propiedad del tipo de las de Rousseau (en su trabajo de 1755, aunque después se haya retractado parcialmente, pero manteniendo su idea de la democracia ilimitada), Hans Kelsen, Marx y sus muchos imitadores con versiones enmascaradas con versiones más suavizadas pero en el fondo más contundentes (tipo Keynes).

    Se detiene a subrayar un aspecto crucial: el error de santificar las llamadas “libertades civiles” (por ejemplo, votar) como independientes de las libertades económicas como si la propiedad privada no fuera la libertad civil por antonomasia, es decir, el sostén de la civilización (de donde proviene la expresión “civil”). Como he marcado en otra ocasión resulta por lo menos curioso que se adhiera al las libertades políticas, es decir el continente, y se reniega de las posibilidades de cada uno a hacer lo que estime pertinente con los propio, es decir, el contenido.

    Se lamenta que se haya arraigado la expresión “libertad negativa” con las consiguientes connotaciones, para aludir a la libertad en el contexto de las relaciones sociales, a saber, la ausencia de coacción por parte de otros hombres, cuando, en verdad, esa libertad genera efectos positivos.

    Se explaya en el origen de los parlamentos como administradores de las finanzas del rey o el emperador y no como legisladores, puesto que esta función estaba en manos de árbitros-jueces en competencia para descubrir el derecho y no con la pretensión de diseño o ingeniería social. Además, en este contexto, refleja la evolución histórica de los parlamentarios como dique de contención a las inclinaciones de los gobernantes a aumentar impuestos.

    En definitiva, los “juicios de manifestación” de los fueros españoles (antes que el habeas corpus inglés), la Carta Magna, la Petición de Derechos, la Declaración de la Independencia estadounidense y su Constitución, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano (antes de la contrarrevolución francesa), las Cortes de Cádiz y todas las constituciones que se basaron en estos pilares, fueron elaborados en torno al derecho de propiedad junto al derecho de resistencia cuando el poder despótico se torna irresistible.

    Luego de muchas otras consideraciones, concluye Dietze revelando su preocupación por la declinación del respeto a la propiedad en el baluarte del mundo libre: Estados Unidos (la primera edición de su libro es de 1963), lo cual comenzó ya en la época de Woodrow Wilson con “la revolución del año 13″ con la implantación del impuesto progresivo y el establecimiento de la banca central que requirieron dos enmiendas constitucionales y siguió con el denominado “New Deal” para continuar en una senda regresiva hasta nuestro días.

    Termina su libro afirmando que “hemos perdido el sentido de la importancia de la propiedad”. Y agrega: “La relevancia de la propiedad de logró a través de sucesivas luchas y ahora se observa su continuo recorte y limitaciones. Ya que esta situación ocurrió en el seno de lo que se reconoce como “democracia”, la cuestión surge en cuanto a preguntarnos si esa forma de gobierno [la democracia ilimitada] no ha perdido legitimidad puesto que ha destruido los pilares de la civilización, es decir, la propiedad privada”.

    Sin duda que Gottfried Dietze suscribe plenamente el ideal democrático (tal como lo pone una y otra vez de manifiesto en otra de sus ya referidas obras: America´s Political Dilemma. From Limited to Unlimited Democracy), pero describe cómo ese ideal ha degenerado en su contrario. En esta instancia del proceso de evolución cultural, urgentemente se requiere pensar en nuevos límites para el Leviatán si es que se perciben las ventajas insustituibles en de la propiedad privada que está siendo corroída por mayorías sin freno, lo cual comenzó en nuestra era con el gobierno criminal de Adolf Hitler.

    En otras oportunidades nos hemos referido en detalle a algunas de las propuestas realizadas para limitar el poder al efecto de mantenerse en el ideal democrático, propuestas realizadas por Hayek, Leoni y las que han pasado inadvertidas formuladas por Montesquieu y las expuestas por Randolph y Gerry en la Convención Constituyente estadounidense. Si estas sugerencias no fueran aceptadas, hay que pensar en otras, puesto que de lo contrario los aparatos estatales desbocados terminarán con la sociedad abierta.

    Finalmente es del caso citar la fenomenal contribución de Ludwig von Mises en 1920 respecto a la imposibilidad de cálculo económico en el sistema socialista puesto que al no haber propiedad (recordemos que Marx y Engels concluyeron en 1848 que toda su filosofía “puede resumirse en la abolición de la propiedad privada”). Al no existir propiedad privada no hay precios ya que estos son el resultado de transacciones sobre derechos de propiedad. A su vez, al no tener lugar los precios no hay manera de saber que reglón es rentable y cuál no lo es. En otros términos, no existe tal cosa como la economía socialista puesto que no resulta posible economizar. Como muchas veces he ilustrado en ese contexto no se sabe si conviene fabricar caminos con asfalto o con oro y si alguien denuncia el derroche de hacerlo con el metal aurífero es porque recordó los precios relativos antes de la socialización de la propiedad. En esta línea argumental es también del caso tener presente lo que en ciencias políticas se conoce como la tragedia de los comunes, es decir, lo que es de todos no es de nadie. Este análisis bifronte está presente en el estudio de Dietze que hemos comentado telegráficamente.

  • Educación en libertad: el potenciador de la persona como centro del progreso

    La gobernanza en la educación no puede ser distante, ni centralizada.

    Cuando tratamos de conectar los conceptos de progreso económico y social con la persona como centro y protagonista de ese proceso, observamos que diversos conceptos se hacen presentes inmediatamente:

    •  En primer lugar la idea que el desarrollo dinámico y vigoroso de Panamá sólo puede pensarse en un esquema de integración al mundo que implica un desafío de productividad y competitividad claro. La autarquía es impensable.
    • Para poder competir es imprescindible incorporar tecnología y contar con gente en las empresas y en la sociedad preparadas para poder elegir la tecnología adecuada y poder usarla.
    •  Para contar con esta capacitación en la población, es imprescindible que la educación desde los primeros años de formación sea la adecuada.
    •  Por otra parte, se tiene la percepción de que la educación en Panamá no es de la calidad que se espera o exigen los nuevos desafíos.
    • Por último se suma la necesidad de reducir los niveles de pobreza y mejorar las tasas de capitalización para generar riqueza, traducido en más y mejores empleos para todos.

    Esta enumeración plantea varios desafíos a la sociedad panameña y sus responsables de política en particular. La respuesta a tales desafíos viene de la mano de marcos institucionales adecuados, en los cuales la educación definitivamente contribuye a lograr procesos de crecimiento económico y social, con mejores niveles de equidad (que no igualdad), y más estables en el mediano plazo. Tanto que puede afirmarse que la educación apoyada en la libertad de enseñanza es el basamento esencial del progreso y la riqueza y que los pueblos con poca educación están destinados a la miseria y el fracaso.

    El capital humano de un país se define básicamente por el nivel de educación acumulado en su población a través del tiempo. Diversas investigaciones muestran la relación que existe entre educación y desarrollo económico y social de los países, de tal manera que el conocimiento incorporado en las personas se convierte en un insumo estratégico para quienes gustan hablar de la competitivdad del país.

    Vistos estos fenómenos, resulta crucial entonces no sólo preocuparse por el acumulado de educación en la población sino también su distribución y junto con ésto no cualquier formación sino aquélla de calidad proporcionada desde los primeros años de escolaridad.

    Sin embargo, parecería por todas las discusiones públicas que se han venido sosteniendo por años, que el problema se reduce a qué porcentaje del PIB se invierte en el renglón contable de la Administración Pública. Aparentemente el 6 % sería el número mesurable a partir del cual la educación debería brillar. Cabe notar que para el año 2009, Panamá sí alcanzaba dicho ansiado porcentaje.

    La realidad es que el hecho de asignar contribuciones financieras importantes para educación, es una condición necesaria pero no suficiente para resolver los problemas existentes. Y la sociedad lo intuye. En efecto, dichos problemas o bien persisten o se superan con un ritmo demasiado lento. El país enfrenta la situación siguiente:

    • Baja calidad del servicio ofrecido desde los primeros años de la enseñanza. Calidad se define como conocimientos adquiridos en cada etapa de formación. Son menores que los previstos.
    • Acceso no universal a la educación media y fracaso en el intento por permanecer aún en el primario hasta cumplir con los años de escolaridad previstos como obligatorios. Alto nivel de fracaso escolar: repitencia y abandono temprano.
    • Fracaso elevado en el intento de ingresar a los estudios superiores universitarios y fracaso en el intento de permanencia y graduación.
    • Incluso estos dos puntos pueden verse como falta de calidad en la educación por cuanto el fracaso responde a las limitaciones de formación en la etapa previa de tal modo que impide abordar las exigencias que se presentan en los niveles superiores de la educación. La educación es acumulativa.
    • Los fracasos se concentran entre la población más pobre por diferentes razones entre las que podemos mencionar la urgencia por incorporarse al trabajo en edades tempranas e imposibilidad que tienen las familias de ofrecer ayudas especiales a los hijos ante la evidencia de dificultades particulares de aprendizaje.

    Entonces, qué hacer?

    En primer lugar se requiere definir políticas públicas que den las señales correctas o proporcionen los incentivos apropiados para que el sistema educativo en sí mismo funcione con mecanismos permanentes de superación de las falencias y las limitaciones.

    La experiencia internacional indica que aún cuando muchos de los países muestran índices de calidad y rendimiento mejores que los que observamos en nuestros países, no por ello abandonan su aspiración de mejora. Por esta razón encaran reformas o están en curso de implementarlas, tendiendo, en todos los casos, a introducir reglas de comportamiento, tanto para las instituciones como para los estudiantes, que los conduzca a hacerse responsables de los logros educativos, buenos o malos, que obtienen. Puede decirse que tratan de introducir mecanismos de competencia entre instituciones, reconociendo tácitamente que es una herramienta sumamente apropiada para lograr mejoras. Estas políticas pueden resumirse en las siguientes:

    Gestión y control del sistema:

    •  Todo aquello que está sucediendo en el sistema educativo, en particular el proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser controlado y auditado rigurosamente y con precisión. Evaluación de la calidad de los resultados realizada externamente al sistema y con publicación de sus resultados, sólo así los padres, alumnos y la sociedad tienen la información adecuada para demandar apropiadamente por un servicio como el país reclama.
    • Un segundo instrumento es el financiamiento de las instituciones educativas públicas. En este sentido se observan cambios sustanciales en los países cuyos sistemas educativos funcionan bien. El concepto de gratuidad necesita ser desarrollado a efectos de considerar que el financiamiento educativo debe ser proporcional a las necesidades de las personas, superando los esquemas de financiamiento igualitario en pro de sistemas equitativos.
    • Los recursos se otorgan en función del logro de objetivos educacionales cuantificables, o del número de alumnos que cada escuela logra captar, voucher o cheque educativo, el que puede diseñarse de manera tan completa como para permitir diferenciaciones sobre la base de atender el nivel socio-económico de los alumnos, premiar la obtención de buenos resultados absolutos y hasta premiar el progreso en la obtención de saberes.
    • Como puede observarse los mecanismos, tanto de control del sistema como de financiamiento mencionados, conducen a que la responsabilidad de los directivos de las instituciones educativas se evidencia con toda claridad. Por consiguiente, para que puedan asumir cabalmente esta responsabilidad es necesario que cuenten con la autonomía necesaria para gestionar las instituciones que dirigen, particularmente en lo que respecta a la gestión del personal docente y reglas bajo las cuales funcionará la institución.
    • La diversidad está presente en todas las escuelas y aulas, sin embargo se sigue enseñando como si todos los alumnos fuesen iguales, esto explica muchas dificultades de aprendizaje y participación que afectan mayormente a las poblaciones cuyo capital cultural es diferente al predominante en las escuelas. La adaptabilidad de la enseñanza puede ser favorecida mediante procesos que conduzcan a la autonomía de las escuelas, distritos, provincias y regiones para diversificar y enriquecer el currículo y para la construcción de proyectos educativos pertinentes a su realidad.

    Cómo hacerlo? Educación y subsidiariedad

    Al hablar de la provisión pública de educación, una de las primeras cuestiones por definir, si no la primera, es en qué nivel de gobierno debe llevarse la administración de los colegios. Por ello, el tema de la descentralización es ineludible en el debate educativo, pero también es ineludible, y aún más importante, entender cómo el principio de subsidiariedad debe definir las responsabilidades en la provisión de una educación de calidad.

    Entendemos por subsidiariedad en la gobernanza que aquellos temas que afectan y pueden resolverse en un nivel inferior de gobierno, no sean gestionados por un nivel superior, así por ejemplo, que los problemas que sólo afectan a los municipios sean responsabilidad de cada municipio y no del gobierno central.

    En la educación también surge la interrogante sobre qué nivel de gobierno debe gestionar el tema. Sin duda alguna, la educación es un tema nacional, pero en tanto al acceso y provisión de servicios educativos, es ante todo un tema comunitario, familiar e individual. Esto quiere decir, que el cómo y el qué se enseña, si se quiere una educación de calidad que ataje lo que de ella requieren las personas, debe contar con la participación y control de los padres, primeros responsables en el proceso educativo.

    La gobernanza en la educación no puede ser distante, ni centralizada. El presidente y el ministro de la cartera no pueden saber qué desean los padres de cada una de las comunidades del país para la educación de sus hijos, porque sencillamente no pueden recibir regularmente la retroalimentación de éstos. Si hay un nivel de gobierno que por proximidad puede recoger e incorporar la opinión de los padres –que a fin de cuentas representan a los consumidores del sistema, en tanto acudientes de los estudiantes– es el del gobierno local.

    Las reformas al sistema educativo que sugerimos representan un reto de gobernanza para los gobiernos locales, que deben asumir nuevas responsabilidades en la gestión de nuestra enseñanza pública. Es entonces la subsidiariedad en la gobernanza el gran reto político para el futuro de la educación en Panamá.

    Actualización del estudio del año 2009: LA PERSONA COMO GENERADORA DE RIQUEZA. Análisis y caracterización del sistema educativo panameño. Estudio realizado bajo la dirección de María Echart , con la colaboración de Ramón Barreiro, Irene Giménez y la asistencia de Omar Sanabria para la firma Goethals Consulting.

  • El encarcelamiento de Julian Assange es una vergüenza para el mundo occidental

    En estos días, el Ministerio del Interior del Reino Unido recibe  miles de cartas, correos electrónicos y llamamientos a la ministra del Interior, Priti Pate, para la liberación del periodista australiano. Actualmente, ella tiene la clave del futuro destino de Julian Assange. Ella decide si este hombre puede ser extraditado o no a los Estados Unidos, al estado cuyos crímenes de guerra en Irak y Afganistán fueron publicados por Julian Assange en la plataforma WikiLeaks en 2010.

    Si bien WikiLeaks se volvió una palabra peligrosa para los gobiernos del mundo debido a la gran cantidad de documentos filtrados elaborados por sus embajadas (incluso la de Panamá) y que pusieron al descubierto sus estrategias e intereses en diferentes países, una de sus publicaciones más serias fue, sin duda, los llamados “Papeles de Afganistán” que dejaron al descubierto las prácticas en la guerra en ese país, así como también en Iraq y en el centro de detención de Guantánamo. Desde entonces, Estados Unidos ha estado persiguiendo ferozmente al hacker periodista.

    Yendo un poco atrás, los hechos que están a punto de resolverse en pocas semanas más, son acerca de la extradición o no a los Estados Unidos por parte de Reino Unido. El problema, especialmente para los que estiman que en el caso Assange se está juzgando el derecho a la información, es que el Tribunal inglés denegó la extradición exclusivamente por los problemas de salud y las condiciones de las prisiones estadounidenses, pero no porque considerara que los hechos que se le han imputado a Assange no son delitos en el Reino Unido. Por el contrario, la sentencia afirma que la condición de periodista no lo exonera de la responsabilidad penal por violar las leyes, lo cual ha generado un enorme rechazo y crítica contra la sentencia, que representa un gran fracaso ante la libertad de información.

    Para el internacionalista Francisco Belaunde Matossian, esta última situación «es más complicada porque tiene que ver con el derecho a la libertad de prensa, pues él se puso en contacto con los medios más importantes del mundo para que se publicaran documentos considerados secretos de Estado». Para el internacionalista, este asunto es el más complejo pues derivará en una larga discusión sobre la libertad de expresión y podría llegar hasta la Corte Suprema estadounidense.

    ¿Cómo se ha llegado hasta aquí? Como es de público conocimiento, Wikileaks publicó en octubre de 2010 miles de documentos del Departamento de Defensa de Estados Unidos, que evidenciaban claramente la inutilidad de la invasión de Irak y sobre todo, revelaba las cifras reales de muertos, en especial, entre la población civil en ese país y en Afganistán. Esa información había sido hackeada y filtrada por la ex analista del Ejército norteamericano Chelsea Manning. Un Tribunal militar condenó a Manning a 35 años de prisión, pero tras cumplir siete años fue indultada por el Presidente Obama. El indulto de Manning sin embargo, no alcanzaba a Assange, acusado de diversos delitos, entre ellos, la conspiración para acceder a la información confidencial y clasificada (se afirma que fue él quien instruyó a Chelsea sobre cómo hackear al sistema), conducta que se encuadra en la Ley de Espionaje de 1917, que contempla incluso la pena de muerte; pero a su vez,  hubiera sido imposible aplicarla sin la presencia de la indultada Manning, que fue su vía de acceso a la documentación.

    No parece coherente que Manning fuera indultada del delito de sustracción por hackeo de documentos oficiales mientras que la acusación contra el divulgador de lo sustraído ha permanecido invariable durante todos estos años. Esa grave doble vara solo puede explicarse por el posible interés de la Administración americana en mantener su jurisdicción, dar un poderoso escarmiento público y en luchar contra la existencia misma de una fuente de información como Wikileaks, lo cual va, lógicamente, más allá del caso Manning.

    Este caso también ha elevado a discusión pública sobre si existe el legítimo derecho de los Estados a tener secretos en nombre de su seguridad. Al igual que en el otro caso Snowden, ¿qué sucede cuando ese mismo estado comete acciones reprobables, a veces contra sus mismos gobernados y para ocultarlas acude a la figura de secreto de Estado?. El Estado debe ser transparente hacia sus ciudadanos, no a la inversa como nos están queriendo forzar a creer. Especialmente en Panamá lo venimos sufriendo a partir de los Panama Papers (obtenidos a partir de un hackeo/robo a un ente privado), que ha impuesto una narrativa sobre la transparencia de los ciudadanos hacia el gobierno. Pues no. Es exactamente al revés: quien maneja fondos del público, quien compromete a los ciudadanos en nombre del estado debe ser transparente en sus actuaciones.

    Los hombres nacen libres, tienen derecho a su vida, propiedad y perseguir sus sueños y su felicidad siempre y cuando no dañen a terceros. El gobierno se erige para garantizar ese disfrute: ningún funcionario nunca podrá estar por encima de esta ley natural ( «las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados».). Por cientos de años el mundo occidental se ha encargado con mayor o menor éxito, de perpetuar estos valores. Por lo mismo, lo que contemplamos hoy día, y no sólo con Julian Assange, es una vergüenza para el mundo occidental: un estado que controla la vida de sus ciudadanos, espía sus cuentas, accede a sus condiciones de salud, lo fuerza a poner su cuerpo por encima de su propio y privado interés; en fin, el lector podrá pensar y tener una idea mínima de cuántas cosas sobre él, sabe, controla y diseña el estado, y siempre en nombre de un bien superior que vaya uno a saber quién lo ha definido, siempre otros, menos uno mismo. Foucault nos contó sobre vigilar y castigar; Assange nos mostró sólo una parte de lo que se cuece en oficinas oscuras con funcionarios más oscuros aún que no rinden cuentas a nadie sobre su actuar.

    El mundo está actualmente esperando la decisión de la Ministro del Interior británico, a quien ahora le toca el turno en el largo y muy complicado procedimiento legal y quien anunciará su decisión a la esfera global a mediados de este mes.

    Si desea adherirse al movimiento global en contra de la extradición de Assange a los Estados Unidos, los mismos solicitan se les envíen cartas y/o correos electrónicos pidiéndoles que rechacen la extradición:
    1. Correo electrónico firmado a Priti Patel (y Boris Johnson): dontextraditeassange.com
    2. Carta a Priti Patel (franqueo: 1,10 €):
    Rt Honorable Priti Patel
    Secretaria del Interior
    2 Marham Street
    London
    SW1 P4 D7
    UK

  • Impuestos a los ricos y subsidios a los pobres?

    Quiera que no, el subsidio es una forma de intervención confiscatoria gubernamental ya que sólo existe por vía de los impuestos. El problema es que no podemos subsidiar a todos para siempre, pues los numeritos no salen.

    ¿Cuán a menudo cuestionamos la eficacia de los subsidios, así como su sostenibilidad en el tiempo? Si lo hiciésemos a conciencia, lo más probable es que caeríamos en cuenta de que no contribuye a la solución de la pobreza sino todo lo contrario.

    El subsidio supone ser una asistencia dada a personas o sectores necesitados que, idealmente, será productiva para quienes reciben la asistencia y no para el dadivoso político. En inglés se usa el término «entitlement» que no tiene vocablo único en el castellano pero que está asociado a la palabra «titular» o documento jurídico en el que se otorga un derecho, pero cuidado que tal derecho podrá ser legal pero no real; es decir, no devienen de los derechos intrínsecos del ser humano, sino inventado por irreales actores políticos.

    Quiera que no, el subsidio es una forma de intervención confiscatoria gubernamental ya que sólo existe por vía de los impuestos. El problema es que no podemos subsidiar a todos para siempre, pues los numeritos no salen. Estas «benevolencias» politiqueras siempre crecen y terminan con aumentos impositivos y con bien se ha dicho: «el Estado es esa entidad ficticia mediante la cual todos quieren vivir a costillas de los demás».

    Debemos tener presente que toda confiscación de la propiedad va por el camino del socialismo del parte y reparte, en dónde siempre los más vivos se quedan con la mejor parte. Desafortunadamente la opinión popular se inclina a creer que el quitarles a ricos mediante los impuestos no les afecta es andar por buen camino. ¡Más equivocados no pueden estar!.

    La dura realidad es que la inmensa mayoría de “ricos” apenas utiliza para su vida y diversión una mínima parte de sus patrimonios; eso, si es que quiere seguir siendo rico; ya que, si no ahorra e invierte, los más probable es que quede pidiendo subsidio junto a los pobres. Pero, a todo ello, ese ahorrar e invertir es el motor de la economía esencial para dar trabajo al resto de la población.

    Y no es que los impuestos sean malos. El mal está en los impuestos exagerados que no sólo confiscan capitales productivos sino los desvían hacia actividades poco o nada productivas. O peor, al despilfarro y hasta el pillaje.

    A los demagogos les fascina decir que «los ricos tienen que pagar». Si se tratase de políticos honestos, deberían decir, «esto nos saldará caro a todos». El secreto del buen gobierno es usar lo menos posible del ahorro ciudadano para cumplir con las funciones esenciales de gobierno. Lo contrario siempre conlleva la disminución de los salarios y la elevación del costo de vida.

    El subsidio, sea eléctrico, gas, viejitos y demás, sólo se justifica como medida provisional de urgencia, pero jamás debería perpetuarse y los ejemplos del por qué no, abundan. Los vemos hoy en el aumento de los precios de todo. Y lo más triste y siniestro es escuchar a tantos despistados que al ver esos aumentos acusan de que el empresario se aprovecha y vuelve más rico. Mis estimados, lo que conviene al rico no es una población de pobres sino una de ricos; y los únicos despistados que no parecen entenderlo o no les importa son los pervertidos politicastros.

  • Abierto de Australia: una victoria con asterisco para Nadal

    No podemos decir “como nunca antes”, pero convengamos que, por muchos años, un evento deportivo con un asombroso triunfo en una final para el infarto, no generaba tanta controversia. El Abierto de Australia con el victorioso Nadal está generando discusiones que van más allá de lo deportivo. Es una discusión que no debería haber existido. Claro, si no fuera por el elemento político que arruina una vez más, la sana competencia deportiva.

    Lastimosamente, no aprendemos de la historia y ésta vuelve y repite, como diría Marx, «La historia ocurre dos veces: la primera vez como una gran tragedia y la segunda como una miserable farsa».

    Uno de los eventos más trágicos de la historia, donde el deporte fue intervenido, contaminado y finalmente utilizado como propaganda política fueron los Juegos Olímpicos de Berlín, en la Alemania nazi de 1936.  Los nazis querían utilizar el deporte para lavar sus cada vez más oscuras intenciones. Fue Goebbels quien le hizo ver a Hitler la inigualable ocasión propagandística que un acontecimiento de esa trascendencia podía suponer para el Tercer Reich.

    Para ese momento, Daniel Prenn tenista judío alemán estaba en la cima de su juego, ocupando el puesto número uno en Alemania durante cuatro años consecutivos, desde 1928 hasta 1932, cuando se le prohibió competir en 1933 cuando los nazis llegaron al poder. A pesar de su gran éxito en la cancha, la Federación Alemana de Tenis aprobó estas resoluciones (en parte) en abril de 1933: “1. Ningún judío puede ser seleccionado para un equipo nacional o la Copa Davis. 2. Ningún club o asociación judía o marxista puede estar afiliado a la Federación Alemana de Tenis. 3. Ningún judío podrá ocupar un cargo oficial en la Federación.” Y, agregaron, con nombre propio: “El jugador Dr. Prenn (judío) no será seleccionado para el equipo de la Copa Davis en 1933”.

    En abril de 1933, se instituyó una política de “Sólo arios” en todas las organizaciones deportivas alemanas. Los atletas “no arios” eran sistemáticamente excluidos de las instalaciones y asociaciones deportivas alemanas. Se prohibía el acceso a las instalaciones a perros y judíos citaban los carteles.

    Como uno podría concluir que sucede ahora, ante estas medidas discriminatorias, que nada tenían que ver con el deporte, existían partidarios de participar de los juegos y otros que no. Del lado de los partidarios del boicot, uno de los más activos era Jeremiah Mahoney, presidente de la Federación Estadounidense de Atletismo. Mahoney sostenía que Alemania había quebrado el espíritu Olímpico al imponer discriminaciones raciales y religiosas; participar, según él, implicaba apoyar a Hitler. Las llamadas al boicot de Mahoney fueron particularmente escuchadas por la comunidad católica de Estados Unidos. Ernst Lee Jahncke, otro de los activistas favorables al boicot fue expulsado de Comité Olímpico Internacional por manifestarse en contra de la participación de Estados Unidos en los juegos.

    Las propuestas de boicot fueron enérgicamente discutidas en otros países, especialmente en el Reino Unido, Francia, España, Suecia, Checoslovaquia y en Holanda. Los alemanes exiliados por motivos políticos también se manifestaron a favor del boicot. Sin embargo, con la excepción de España, todos estos países terminarían por participar, pese a que atletas, tanto judíos como no judíos, de varias delegaciones se negaran a asistir, o fueran excluídos, como Marty Glickman y Sam Stoller.

    Aunque Alemania argumentaba que el desempeño atlético era el único argumento a la hora de realizar la selección del equipo deportivo olímpico, el Comité Olímpico Internacional (COI) mantenía la preocupación, posiblemente más estética que ética, sobre la total ausencia de atletas judíos en el equipo alemán. Finalmente, el gobierno de Hitler tuvo que ceder y pactó con el COI la inclusión de una cuota judía simbólica en el equipo. La elegida fue Helene Mayer, una esgrimista alemana judía en el exilio que aceptó regresar al país que la había despreciado por judía, para defender la bandera nazi. El hecho es que Mayer llegó a Berlín, compitió y ganó la medalla de plata.  Después vino la ceremonia del podio, el brazo en alto haciendo el saludo nazi y una imagen que aún hoy resulta perturbadora.

    El régimen hitleriano explotó las Olimpíadas para impresionar a miles de espectadores y periodistas extranjeros presentando la imagen lavada de una Alemania pacífica y tolerante. Y les funcionó.

    La mayoría de las fuentes de información se hicieron eco de un artículo publicado por el New York Times que señalaba que las Olimpíadas habían devuelto a Alemania a «la comunidad mundial» y le habían restituido su «humanidad». Sólo unos pocos periodistas, entre ellos William Shirer, pensaban que el brillo alemán era una fachada que ocultaba un régimen racista y opresivamente violento.  Los esfuerzos y la máquina propagandística se extendieron mucho más allá de las Olimpíadas con el lanzamiento mundial, en 1938, de “Olympia”, el controvertido documental sobre las Olimpíadas dirigido por la cineasta alemana y seguidora nazi Leni Riefenstahl. El régimen nazi la escogió para realizar esta película sobre las Olimpíadas de Verano de 1936.

    Alemania invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939. A tan sólo tres años de las Olimpíadas, el «hospitalario» y «pacífico» anfitrión de los Juegos Olímpicos desató la Segunda Guerra Mundial, un conflicto que causó una de las mayores pérdidas de vidas humanas de la historia y una destrucción edilicia y sobre todo ética y moral incalculable.

    No puede soslayarse ni negarse. El triunfo de Nadal es impresionante. La remontada del juego ante Medvedev es épica. Este encuentro entrará en la historia al ser la primera remontada en una final del Abierto de Australia en la era Open, en la que el ganador del título remonta en la final dos sets a cero. Quienes disfrutan del deporte, quienes son aficionados al tenis, no pueden evitar la emoción de semejante partido.

    Sin embargo, lo que empaña este triunfo en el Abierto de Australia , es que no se sabrá nunca cómo se hubiera desarrollado el torneo con un jugador como Djokovic disputando la competencia. Es una victoria amarga, siempre quedará la duda sobre el curso del torneo; y por lo mismo debería leerse con una marca, un asterisco que a pie de página explique que por motivos puramente políticos y no por condiciones deportivas se privó a un competidor jugar y disputar un título.

    Quizá la final hubiera sido otra. Quizás el ganador hubiera sido otro. O quizá no…por eso, esa duda que invade la gesta deportiva del Abierto de Australia lo afea. Esa duda de que el deporte sirve y es usado, una vez más, como vehículo para propagar una narrativa política que lastimosamente no podemos decir “como nunca antes había ocurrido”.