Casi tres años después, la Corte Suprema de México dictaminó que la prohibición del consumo de marihuana en el país es inconstitucional. La Declaratoria General de Inconstitucionalidad (DGI) se votó este lunes para poner fin a la criminalización, dado que los legisladores no aprobaron un proyecto de ley de legalización en un plazo clave vencido a fines de Abril.
En 2018, el máximo tribunal de justicia ordenó a la legislatura que promulgara un cambio de política. Pero si bien ambas cámaras del Congreso promovieron la reforma de la legislación en diversas formas, y requirieron múltiples extensiones de plazos para hacerlo, finalmente no pudo cumplir esa obligación a tiempo al final de la sesión más reciente.
La ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien se desempeña en el tribunal superior, presentó una declaración general de inconstitucionalidad a principios de este mes, preparando el escenario para la votación del lunes.
El Pleno del máximo Tribunal del país votó 8-3 a favor de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad (DGI) de los apartados en la ley mexicana que prohíben el uso lúdico y recreativo del cannabis, a veces también llamado “consumo adulto”, con la mayoría de los votos que se necesitaban, ni uno más ni uno menos. El voto de 8-3 significa que la posesión y el cultivo de marihuana para uso personal será legal a nivel nacional. El Ministerio de Salud todavía tendría alguna autoridad reguladora con respecto a permitir el cultivo personal, pero las personas ya no necesitarán presentar solicitudes de protección legal a través de un proceso judicial más complicado.
Los promotores de la legalización dicen que esta decisión subraya la necesidad de que los legisladores aprueben rápidamente una medida para implementar un sistema integral de ventas legales y reguladas. Quieren asegurarse de que se establezca un mercado que sea equitativo, aborde los daños de la criminalización en ciertas comunidades y promueva la libertad personal.
Un poco de historia
Los legisladores estuvieron cerca de lograr ese objetivo durante los últimos tres años, pero no lograron hacer su trabajo expidiendo la ley. El Senado aprobó un proyecto de ley de legalización a fines del año pasado, y luego la Cámara de Diputados hizo las revisiones y lo aprobó en marzo, enviándolo de regreso a la cámara de origen. Luego, un par de comités del Senado tomaron y aprobaron la medida enmendada, pero los líderes rápidamente comenzaron a señalar ciertas revisiones que hicieron que la propuesta no fuera viable. Así se mantuvo la situación durante semanas mientras se acercaba la última fecha límite del 30 de abril señalada por la Corte. Se esperaba que el Senado volviera a pedir al tribunal una prórroga, pero eso no se llevó a cabo. En cambio, los legisladores han comenzado a plantear la idea de realizar una sesión legislativa especial para hacer el trabajo este año.
Después de que la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de legalización aprobado por el Senado, los senadores dijeron que la propuesta revisada tenía un conflicto interno crítico sobre las disposiciones relativas a los límites de posesión legal, la definición de cáñamo y otros temas, y los propios legisladores podrían estar sujetos a responsabilidad penal si la ley entraba en vigor tal como estaba redactada.
Pero el líder de la mayoría en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, dijo en abril que, si el tribunal hacía una declaración de inconstitucionalidad antes de que se aprobara una medida para regular el cannabis, resultaría en un ‘caos’.
El principal senador también habló sobre la importancia de que los legisladores se tomaran su tiempo para diseñar una buena política y no se apresuraran en medio del cabildeo de los intereses de la industria farmacéutica y del tabaco.
“No debemos dejarnos presionar por intereses”, dijo. “El Senado debe actuar con gran prudencia en este asunto”.
El senador Eduardo Ramírez Aguilar del gobernante partido MORENA dijo en abril que “en este momento, es importante legislar en los términos que se nos presentan” y luego considerar revisiones adicionales a las leyes del cannabis a través de proyectos de ley posteriores.
Esa es también la posición que adoptaron muchos defensores de la legalización, instando a los legisladores a aprobar un proyecto de ley imperfecto de inmediato y luego trabajar para solucionarlo.
Según la propuesta, los adultos mayores de 18 años podrán comprar y poseer hasta 28 gramos de marihuana y cultivar hasta seis plantas para uso personal. Los diputados realizaron cambios que conciernen principalmente a la estructura regulatoria, reglas para el mercado comercial y políticas de licencias.
Uno de los cambios más notables realizados por la Cámara de Diputados fue que el proyecto de ley revisado no establecería un nuevo organismo regulador independiente para supervisar la concesión de licencias y la implementación del programa como fue aprobado por el Senado. En cambio, le daría esa autoridad a una agencia existente, la Comisión Nacional Contra las Adicciones.
Los diputados también aprobaron revisiones adicionales para aumentar las sanciones por posesión no autorizada de grandes cantidades de cannabis, evitar que las tierras forestales se conviertan en áreas de cultivo de marihuana y exigir a los reguladores que ‘coordinen campañas contra el uso problemático de cannabis y … desarrollen acciones permanentes para disuadir y prevenir su uso’ por menores y grupos vulnerables ”.
Los defensores de la despenalización esperaban más. A lo largo de este proceso legislativo, han pedido cambios para promover aún más la equidad social y eliminar las sanciones estrictas por violar la ley.
Si bien el proyecto de ley daría prioridad a las licencias para las comunidades marginadas, a los defensores les preocupaba que no hubiera criterios lo suficientemente estrictos y específicos para garantizar ello. También presionaron para que se hiciera una enmienda para que se reservara un porcentaje específico de licencias para esas comunidades, pero eso no sucedió.
Monreal Ávila, líder de la mayoría en el Senado, dijo antes de la votación de la Cámara de Diputados que ‘no hay problema si modifican la ley del cannabis, no tenemos ningún problema’. “Ese es nuestro trabajo y nuestra función. Y a la vuelta revisaremos si son adecuados o no ”. “La idea es regular el uso de cannabis y no ignorar un enfoque prohibicionista que ha generado un gran problema social en el país”.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, por su parte, dijo en diciembre que la votación sobre la legislación de legalización se retrasó debido a ‘errores’ menores en la propuesta.
Los miembros de los Comités de Justicia, Salud y Estudios Legislativos del Senado también aprobaron una versión anterior de la legislación legal sobre el cannabis el año pasado, pero la pandemia retrasó la consideración del tema. El senador Julio Ramón Menchaca Salazar, del partido MORENA, dijo en abril que la legalización del cannabis podría llenar las arcas del tesoro en un momento en que la economía se está recuperando de la crisis sanitaria.
A medida que los legisladores trabajaban para promover la reforma legislativa, algunos miembros y activistas dieron un impulso más frontal y desenfadado para centrar la atención en el tema. Ese impulso ha consistido principalmente en plantar y regalar marihuana.
En septiembre, un alto funcionario de la administración en el Senado, recibió una planta de cannabis y dijo que la convertiría en parte de su jardín personal.
Otro legislador le dio a la secretaria del Ministerio del Interior Olga Sánchez Cordero, un porro de marihuana en el piso de la Cámara de Diputados en 2019.
El cannabis hizo otra aparición en la legislatura en agosto, cuando la senadora Jesusa Rodríguez del partido MORENA decoró su escritorio con una planta de marihuana.
Los defensores de la reforma de las políticas de despenalización de las drogas también han estado cultivando cientos de plantas de marihuana frente al Senado, presionando a los legisladores para que cumplan su promesa de avanzar en la legalización.
Y en ese contexto es que llega la DGI discutida y aprobada este lunes en la Corte. La Corte allanó el camino y dejo expuestos a los legisladores mexicanos; expuso la incapacidad tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de llegar a un acuerdo para despenalizar y regular el consumo lúdico de la marihuana luego de la jurisprudencia en el tema que generó la SCJN.
El Congreso tuvo hasta tres prórrogas (cuatro etapas distintas desde la resolución del máximo Tribunal del país) para reformar la legislación vigente y darle paso a la libertad de consumo, pero no pudo hacerlo en los últimos años a pesar de que desde 2018 ambas Cámaras son controladas por Morena, el partido de López Obrador.
“Hoy es un día histórico para las libertades. Después de un largo camino, esta Suprema Corte consolida el derecho al libre desarrollo de la personalidad para el uso lúdico de la marihuana”, expresó tras la votación, que él mismo impulsó a favor, el ministro presidente de la SCJN Arturo Zaldívar.
Ahora, con la DGI aprobada por la Suprema Corte, una serie de artículos que prohibían el consumo lúdico y recreativo de la marihuana serán declarados inconstitucionales y dejarán de surtir efecto, pero su alcance podrá apreciarse recién cuando se publiquen. Ante este “vacío”, el Congreso mexicano podrá solucionar creando, ahora sí, una legislación que regule el consumo lúdico de cannabis. Pero mientras tanto, los consumidores ya cuentan con protección jurisdiccional. Funcionaron los poderes republicanos, ganó la libertad.
