El Che Guevara es para la izquierda totalitaria latinoamericana una especie híbrida de Cristo con Juana de Arco. Más que un intelectual marxista, el Che era un santo guerrero, la Juana De Arco del marxismo latinoamericano, y como tal terminó en un martirio, que lo convirtió en una especie de Cristo rojo. Uno de los mayores errores de la CIA fue publicar fotos de un Che muerto de manera que parece un Cristo bajado de la Cruz en procesión de Viernes Santo. Luego está la foto de Korda, donde el Che aparece mirando a lo lejos, con una mirada idealista, perdida en el tiempo, la imagen que ha vendido millones de camisetas en el mundo capitalista. Un santo místico del totalitarismo. Y los Diarios de la Motocicleta, donde un Che, todavía no marxista, ni asesino, se embarca en un Road Trip por Sudamérica y descubre la miseria de un continente, miseria que dedicaría su vida a hacerla total y mucho más profunda.

Porque ¿cuáles fueron sus logros exactamente? No fue un intelectual marxista de ideas interesantes, tampoco fue un estadista. Sí fue un conspirador de tiempo completo, un guerrillero competente en Cuba cuando los errores de los corruptos militares de Batista lo permitieron, pero incompetente en el Congo y en Bolivia. Fue un asesino metódico émulo de Robespierre cuando ganó, con sus “juicios” sin ningún tipo de garantías, un poco mejores que las ejecuciones sumarias que hizo como guerrillero. Durante la Crisis de los Misiles era un imprudente que deseaba una guerra nuclear entre los USA y la URSS. Como administrador del Banco de Cuba fue un irresponsable cuyo mayor logro fue confiscar para la causa una distribuidora de General Motors y firmar los billetes con un Che, así, a secas, confirmando de esta forma el poco valor de los billetes emitidos. Es es el héroe que muchos conmemoran. Que el gobierno de Cuba lo haga, bueno, total Fidel Castro ante el inexorable envejecimiento de su cuerpo y de su revolución, inteligentemente eligió convertir en íconos de legitimidad a Camilo Cienfuegos y al Che Guevara. Ellos nunca envejecerán, como los ídolos del rock muertos prematuramente, serán jóvenes para siempre. Porque la revolución marxista como ideal sí ha envejecido y mal.

Los liberales de la Fundación Bases, de Rosario, Argentina, hay emprendido una campaña para hacer que el asesino mártir, hijo notorio de esa ciudad no reciba homenajes de Estado, y quiten el monumento al Che. Tan amplia ha sido la repercusión que hasta The Economist, con el título “Antihéroe local – Desafiando el culto al Ché Guevara”, se ha hecho eco de la campaña.

Esta campaña debe contar con el apoyo de todas las personas amantes de la libertad y los derechos humanos. No estamos muy seguros que tenga éxito a corto plazo, pero el debate sobre el endiosamiento de un ser humano funesto tiene que iniciarse.

Es claro que el gobierno actual, bajo una fuerte presión fiscal debido principalmente a los pagos de planilla, va a continuar la estrategia de vampirizar a la clase media con impuestos. El rechazo a discutir en tercer debate el Anteproyecto de ley 43 y a suspender, pero no a derogar el Decreto de Ley 130, mientras se emiten regulaciones municipales sobre las mejoras fijando precios mínimos por mejora, y se envían empleados del municipio a hacer inspecciones, deja las cosas claras. El gobierno actual no tiene intenciones de bajar uno de los impuestos de inmuebles más altos de la región, aún a riesgo de alienar a toda la clase media.

Pero eso no es todo, existen rumores de que también se contempla el subir el ITBM al 10%. Ante frenar un gasto público que se va principalmente en planilla, no en obras ni en ayudas sociales, como nos los quieren vender, o subir los impuestos, está claro que el gobierno ha elegido este último camino. La factura electrónica, la sumisión ante la OCDE mientras se niegan a adaptar los impuestos corporativos para hacer frente a las regulaciones de la OCDE como hizo Suiza, el negarse a corregir un impuesto de inmuebles que está entre los más altos del hemisferio occidental, la posible subida del ITBM, todo indica que ante los años electorales que se avecinan, el gobierno actual ha decidido una estrategia de tratar de ganar las elecciones perdiendo el país. Porque como decía Churchill, “tratar de hacer que un país prospere subiendo los impuestos, es como meter los pies en un balde y tratar de elevarse tirando del asa”. Tratar de ganar las elecciones emplanillando y subsidiando no va a lograr que los no emplanillados y no subsidiados, voten por uno, sobre todo si ese emplanillamiento y esos subsidios significa pagar más impuestos en momentos de una contracción económica general. Por cada votante que se gana con ese método se va a alienar a muchos más que votarán en contra.

Pero bueno ese es el camino que la actual administración ha elegido.

Pero pudo haber elegido otro camino, si no fuera porque el poder embrutece, corrompe y desenmascara a quién lo detenta momentáneamente. Por ejemplo, en lugar de la factura electrónica ¿qué tal simplificar los trámites para pagar impuestos, que están entre los peores del mundo según el Banco Mundial? Mucha gente pagaría impuestos si fuera más fácil pagarlos. ¿Por qué si vamos a firmar lo que la OCDE nos pone en frente, no hacemos lo que muchos países están haciendo, bajar los impuestos sobre la renta corporativos con una tasa única del 10-12% y eliminar o por lo menos bajar el impuesto a las ganancias de capital si estas son reinvertidas en la empresa, para que las corporaciones sigan viniendo a establecerse en Panamá, aunque ya no podamos ofrecerles opacidad financiera?

¿Por qué no se hace caso del llamado de la clase media y se negocia un impuesto de inmuebles más bajo, entre el 0.25 al 0.50 %, que permitiría a la clase media usar sus viviendas como ahorro y garantía de segundas hipotecas para emprendimientos, para ver si por fin tenemos un desarrollo capitalista que no dependa de la inversión extranjera?

¿Por qué en lugar de penalizar las mejoras a la propiedad, elevando la base gravable del impuesto de acuerdo a las mejoras, las dejamos tranquilas, y las sacamos de la ecuación para que la gente invierta en mantener sus viviendas, el lugar de castigar el ahorro y la inversión?

La idea de una reforma fiscal no debe ser solo la de resolver los problemas de gasto corriente del gobierno, sino la de garantizar un desarrollo económico independiente de los vaivenes mundiales.

Al bajar el impuesto sobre la renta corporativa y de las ganancias de capital, se estimula que las ganancias y rentas se inviertan en las empresas que produzcan empleos reales. Y haya más empresas pagando impuestos.

El impuesto de inmuebles debe ser corregido, primero se debe ampliar la base, aunque signifique dejar el límite de B/30,000 en las viviendas de interés social. Luego se debe bajar la tasa a entre 0.25 y 0.5%, y eliminar las mejoras a la propiedad del cálculo del impuesto, que debe estar basado en el precio de mercado real y no en avalúos especulativos de funcionarios que no tienen el pellejo en juego. Esto premiaría el ahorro e inversión de la clase media que podría usar sus viviendas como garantía de nuevos emprendimientos, ayudaría a mantener el urbanismo de la ciudad ya que la gente tendría el incentivo de conservar sus viviendas en lugar de venderlas y demolerlas.

El impuesto sobre la renta personal podría seguir como está con su estructura progresiva, para evitar los gastos suntuarios de las clases altas y estimular que estas reinviertan en sus negocios en lugar de gastar en lujos.

El ITBM puede subir, después de todo, quien más consuma que más pague. Esto estimula el ahorro.

Todo esto debe estar acompañado de un control efectivo del gasto público. De las mega obras a los mega emplanillados y mega subsidiados, son preferibles las mega obras, por lo menos estas tienen un principio y un fin. Se supone que bien llevadas pueden aumentar la competitividad del país a largo plazo, mientras no sean obras inútiles para gastar dinero y hacer negocios a cosa del Estado. En cambio, emplanillados y subsidiados se sabe cómo empiezan pero nunca se sabe cómo acaban, y son una carga cada vez mayor sobre los sectores productivos de la economía. Podemos terminar como los países del sur de Europa. Endeudados, sobre gravados y con un sector productivo moribundo. Pero a nosotros no nos harán rescates financieros ni los alemanes ni los gringos, al menos que les regresemos el Canal.

Está claro que con una Asamblea de Diputados que hace muchos años renunció a ser un control efectivo a los designios del ejecutivo, y se ha concentrado en buscar prebendas y beneficios del gasto público, siendo un socio efectivo en la vampirización de los recursos de los sectores productivos, como lo ha evidenciado en el debate sobre el impuesto de inmuebles, la única presión está en la opinión pública, en los votos y en la calle.

«Hay una gran diferencia entre tratar a los hombres con igualdad e intentar hacerlos iguales. Mientras lo primero es la condición de una sociedad libre, lo segundo implica, como lo describió Tocqueville, “una nueva forma de servidumbre”. Friedrich Hayek

En los últimos meses, en el entorno panameño, existe una gran discusión pública sobre la posibilidad de que la Corte Suprema acepte la demanda instaurada por individuos que solicitan se les reconozca el derecho al matrimonio, siendo ellos del mismo sexo.

Por un lado, se ha generado una corriente “pro derechos igualitarios” y por el otro, los que sostienen que el matrimonio es una institución que consagra sólo la unión entre un hombre y una mujer. En el medio, marchas de unos y otros apoyando cada uno su visión, con conceptos confusos sobre lo que es la discriminación, pero ambos casualmente, solicitan al mismo ente estatal que dirima una situación que en el primer caso está equivocado en plantear derechos igualitarios (luego explico por qué el mal uso de los términos) y del otro lado, piden el “status quo” ante una situación que claramente ha sido una institución religiosa y equivocadamente entregada al estado.

Entonces, entre toda esta mar de confusiones y equivocaciones de uno y otro lado, deberíamos comenzar a aclarar el derecho a discriminar en una sociedad libre y el derecho a la igualdad ante la ley, donde ambos son “self evident” y los poseen todos los individuos.

Vamos a comenzar por establecer que la discriminación en el ámbito privado es un derecho que todos poseemos; nuestra sociedad está basada en toda clase de discriminación que es precedida por el derecho de propiedad, así Hans-Hermann Hoppe sentencia: “toda propiedad privada presupone una discriminación, pues si tal o cual cosa me pertenece, ello quiere decir que a usted no le pertenece y que yo estoy facultado para excluirle a usted de ella”. Cada vez que optamos, preferimos, nos agrupamos, nos reunimos, excluímos, estamos ejerciendo nuestro derecho a discriminar y aunque nos resulte chocante o lo consideremos un acto repudiable en nuestros fueros internos, el acto de excluir de una persona a otra, por los motivos que fuesen, en el ámbito privado, sólo queda en su conciencia y exenta de la autoridad de los magistrados. O al menos debería ser así.

Lamentablemente con el correr del tiempo, esta esfera privada se ha ido convirtiendo, a través de fallos judiciales y leyes de afirmación positiva, en algo concerniente al ámbito público, obligando a personas y sociedades a comportarse privadamente en una u otra forma que dictamine una mayoría, pero que resulta al final, en una clara violación del derecho de la minoría, que llevada al extremo, puede ser un solo individuo que posee los mismos derechos que el otro 99 % restante y viola cualquier precepto de justicia colocarlo en al altar de sacrificio para contento de esa mayoría circunstancial. Haciendo un mal uso del concepto de igualdad, se han ido sacrificando los derechos de estas minorías (circunstanciales según el tiempo), por lo que la igualdad ante la ley, se ha convertido en igualdad “mediante” la ley. No debemos olvidar que los individuos no tienen derecho a violarles los derechos a otros. Pero sí tienen el derecho a hacer lo incorrecto (y por ello existe el castigo).

Pensemos ejemplos comunes: el Club Unión con sus propias reglas de admisión, ejerce su claro derecho a exclusión basado en el derecho de propiedad. Eso no es discriminar, aunque a muchos les parezca repudiable su sistema de admisión. La Asociación de esposas de banqueros, ¿admitirían a un gay que tenga como esposo a un banquero? Nuevamente, tienen todo el derecho a excluir y a admitir basados en sus propias reglas que les brinda la propiedad y por ende el derecho de reunión y asociación. ¿La sinagoga judía? ¿El Club de Jardinería? Y así podremos ir por muchísimos ejemplos que diariamente nos demuestran cómo las personas ejercen el derecho de reunión y asociación (y exclusión) sin violentar derechos de terceros, aunque sí es probable que en más de un caso los motivos y las conductas sean repudiables según el criterio del excluído o de la misma sociedad. La sociedad per se está inundada de estereotipos, que si bien funcionan como maximizadores de la información, también son formadores de prejuicios. Pero son justamente los que marcan en las personas los deseos de asociarse o excluir.

Esta facultad de poder asociarse con quien uno desea es vital para el desarrollo del tejido social, sirve tanto para instituciones comunales o de tipo social o incluso para el caso de elegir una pareja. Si el deseo de asociarse bajo los criterios que uno considere, es perturbado mediante una ley, entonces el derecho de asociación queda en letra muerta y por la misma razón que una persona o institución privada no puede ser forzada a aceptar a alguien con quien no quiere asociarse, imagínese el caso de una persona cuyas preferencias sexuales no coinciden con una mayoría circunstancial de la sociedad y por lo tanto es forzado a asociarse con quien no quiere bajo pena de ser expulsado o juzgado por esa mayoría. Asociación forzada no es asociación. Utilizar el aparato estatal como superador de esos prejuicios sólo ha producido ejemplos históricos de que la buena intención empedró más rápidamente el camino al infierno que los mismos prejuicios.

Por el contrario, el mercado tiende a reducir estas discriminaciones de modo natural, sin necesidad de intervencionismo estatal, como señalaba el premio Nobel Milton Friedman: “Muchas veces se piensa que la persona que discrimina contra otros por razones de raza, religión, color, etc. no incurre en costo alguno y simplemente ocasiona costos a otros. (…) El hombre que se niega a contratar a un negro o a trabajar junto a él, por ejemplo, limita sus posibilidades de elección. En general, tendrá que pagar más por lo que compra o recibir una remuneración inferior por su trabajo. O, expresándolo de otra forma, los que no damos importancia a las diferencias de religión o del color de la piel podemos comprar cosas más baratas”. La conclusión es obvia, el prejuicioso que discrimina “en un mercado libre, tenderá a ser desplazado”. Por lo tanto, el mecanismo correcto para desplazar la discriminación no es, como piensa el igualitarista, mediante la ley o la intervención gubernamental, sino, por las instituciones del mercado.

Entonces, cuando hablamos de discriminación, lo esencial, lo verdaderamente importante no es la discriminación en sí, sino el sujeto discriminante. Quien no puede discriminar, en virtud del principio de igualdad ante la ley, es el sector público.

A pesar de lo que preceptuaba Hannah Arendt, que “El gobierno no tiene derecho a interferir en los prejuicios y prácticas discriminatorias de la sociedad, pero tiene no sólo el derecho, sino también el deber, de asegurar que tales prácticas no son legalmente forzadas”, hay que admitir que la línea entre sector público/privado, a raíz de la corriente judicial de afirmación positiva ha ido desdibujando esta frontera, como en el caso de obligar a la admisión en ciertos lugares privados de personas que de otra forma no habrían sido admitidas; pensemos en discotecas, un emprendimiento privado, que no permitirían ciertas características físicas porque su negocio está en que la “gente linda” les llene el lugar y atraiga cierto público que según sus cálculos le es más rentable económicamente. Ese criterio no nos agrada, ¿verdad? Es repudiable, ¿verdad? No nos sentimos cómodos con ello, ¿verdad? Pero no deja de ser una verdad incómoda el fenómeno sociológico estudiado y comprobado por expertos en branding, mercadeo y especialidades parecidas. Pero como el estado ha dictaminado que hacer ese tipo de exclusión es discriminatorio, entonces el emprendimiento privado está forzado a hacer sus negocios según lo dictamina el sector público. No pensamos mal si pensamos que ese establecimiento está haciendo sus descuentos de otra forma.

Este ejemplo es uno de los muchos en nuestra vida diaria en los cuales el estado ha ido interviniendo para imponer un criterio “moralizante e igualitario” en situaciones privadas, pero que de alguna forma llevan a la confusión generalizada entre lo que es discriminación y lo que claramente no lo es.

Como en la opinión pública el prestigio de la igualdad es más “digerible”, la palabra discriminación fue adquiriendo en el tiempo una connotación negativa. Como ejemplo puede citarse la evolución de la palabra “discriminar” en el Diccionario de la Real Academia Española. Hasta su edición de 1956 la única definición que incluía era: “separar, distinguir, diferenciar una cosa de otra”. En la edición siguiente, la de 1970, se añadió: “Dar trato de inferioridad a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, etc.”. Lo que antes sólo significaba diferenciar, separar, adquiere de este modo una connotación negativa, lo que refleja perfectamente una mentalidad igualitarista que considera toda diferencia, provenga de donde provenga, una flagrante injusticia. Aunque públicamente digamos que abrazamos la diversidad.

Y eso nos lleva a analizar esta discusión pública sobre el “matrimonio igualitario” y el concepto en discusión por detrás de lo que es la “familia original”.

Sobre los inicios de la civilización y en especial el origen de la familia y la propiedad, aunque con diferentes aproximaciones ideológicas y diversas conclusiones en sentido económico, tanto Engels, en su libro “El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado: a la luz de las investigaciones de Lewis H. Morgan” y Hans- Hermann Hoppe, Sobre El Origen de la Propiedad y la Familia, nos hacen un recuento científico, no religioso, sobre el origen de la familia.

Hoppe nos aproxima a algunas conclusiones que intuitivamente conocemos: “Pero la institución de la propiedad de la tierra en sí no afectó el otro lado del problema: la proliferación continuada de descendientes. Este aspecto del problema requería también una solución. Tenía que encontrarse una institución social que pusiera esta proliferación bajo control. La institución diseñada para lograr esta tarea fue la institución de la familia. ……Cualesquiera que hayan sido los detalles exactos, parece que la institución de una relación entre hombres y mujeres, estable y monogámica ‐ y también poligámica ‐ que hoy en día se asocia con el término familia, es bastante reciente en la historia de la humanidad y estuvo precedida de una institución que podría definirse, en términos amplios, como inter‐curso sexual “no restringido” o “no regulado” o como “matrimonio en grupo” (también conocido como “amor libre”). El comercio entre los sexos durante esta etapa de la historia humana no eliminaba la existencia de relaciones temporales, por parejas, entre un hombre y una mujer. Sin embargo, en principio consideraban a cada mujer un socio sexual potencial de cada hombre, y viceversa. En palabras de Friedrich Engels: Los “hombres vivían en poligamia y sus mujeres simultáneamente en poliandria, y consideraban a sus hijos como pertenecientes a todos. …. Cada mujer pertenecía a todo hombre y cada hombre a toda mujer.”…

“….El instinto, en virtud de la naturaleza biológica del hombre, lleva a cada mujer y a cada hombre a colocar sus genes en la siguiente generación de la especie. Mientras más descendientes tenga uno, mejor, porque más de sus propios genes sobrevivirán.

No hay duda, este instinto natural humano se podría controlar con deliberación y raciocinio. Pero si el sacrificio económico que había que hacer fuera ninguno, o poco, por simplemente seguir sus propios instintos animales, ya que los niños eran sostenidos por toda la sociedad, entonces sería poco, o no existiría, el incentivo de ejercitar algún freno moral, de emplear la razón en materia sexual.

Desde un punto de vista puramente económico, entonces, la solución al problema de la superpoblación debía ser de inmediato evidente. La propiedad de los niños, o más correctamente, el confiarlos al cuidado por encargo, tenía que ser privatizada. Más bien que considerar a los niños como posesión colectiva, o confiados al cuidado por encargo a la “sociedad”, o ver los nacimientos como un evento natural incontrolado o incontrolable y en tal caso considerar a los niños como posesión, o encargo, de nadie, los niños tenían que ser considerados como entes producidos privadamente y confiados al cuidado privado.

Más aún y finalmente: con la formación de familias monógamas o polígamas vino otra innovación decisiva. Anteriormente, los miembros de una tribu formaban un sólo domicilio unificado, y la división del trabajo intra‐tribal era esencialmente una división de trabajo al interior de tal domicilio. Con la formación de familias vino la separación de este domicilio unificado en varias moradas independientes y con ella también la formación de propiedades “separadas” – o privadas ‐ de la tierra.”…

En definitiva, el origen de la familia quizás no es coincidente totalmente con el criterio religioso que ha sido el imperante en nuestros países, sobre todo en aquellos donde la religión, la católica, ha sido parte siempre del estado, ya sea porque es el culto oficial a nivel constitucional o es sostenida económicamente con ciertas preferencias por los gobiernos por ser la mayoría poblacional perteneciente a ese culto.

Sean cuales fuesen las razones, un criterio privado como es el religioso, fue apropiado por el estado y esta institución es el matrimonio. Y aquí llegamos al problema, porque existen estas dos discusiones ya mencionadas, que hay que manejar separadamente, pero que al unirlas se producen esta serie de enfrentamientos propia de una sociedad tribal y no de una civilizada (en el sentido popperiano la frase).

Por un lado, regresando a las nociones de individualidad e igualdad ante la ley, el derecho es uno solo para todos los miembros de la comunidad y bajo el criterio que la discriminación no puede practicarse desde el ámbito público, dos personas que deseen unirse voluntariamente deberían poder hacerlo y el estado no tendría que opinar allí. El problema subyacente es la palabra matrimonio, que aunque discutible la etimología, quedó asociado al concepto judeo cristiano e indefectiblemente unido a la idea de familia como hombre y mujer unidos para tener descendencia. Pero si regresamos nuevamente a los antecedentes, incluso esta idea del concepto económico y de supervivencia, de agruparse como se prefiera o desee, porque el hombre es un ser social, sería perfectamente compatible con la palabra matrimonio. Incluso la idea de cuando éramos sociedades tribales y los niños eran parte del clan, es decir, de todos, y su evolución hacia hoy día de estas parejas o uniones de familias distintas, que internalizan los costos sociales de niños que también es posible que estén a cargo de la sociedad, agregándole otro elemento no sólo positivo, sino económico y de supervivencia.

Tratándose finalmente de derechos individuales, y abogando por el concepto de igualdad ante la ley, lo que cabe es hablar de matrimonio civil, no igualitario, porque este último concepto ingresa en la llamada discriminación positiva en el ámbito privado. Jamás en las relaciones privadas se podrá imponer a una parte de la sociedad que acepte lo que no quiere aceptar, y tampoco se debe obligarlos a aceptarlo, porque no se sienten iguales y claramente no lo son, y no puede apelarse a forzar una discriminación que todos tenemos derecho a ejercerla.

El matrimonio civil, si bien una institución cuasi religiosa, pero expedida por el estado, debe ser desprovista de toda connotación religiosa y bajo el principio de igualdad ante la ley, debe poder contemplar las uniones de dos personas, sean del sexo que sean. El estado y sus instituciones son res pública, todos tenemos el derecho a practicar los mismos rituales civiles que otorga el estado.

Por lo contrario, forzar en el ámbito privado a una sociedad o parte de ella, en sus relaciones privadas, que claramente no quiere aceptar la unión de dos personas del mismo sexo como matrimonio, es forzar la igualdad mediante la ley y ello es claramente inadmisible por los motivos razonados inicialmente. Los partidarios de la “familia tradicional” podrán seguir manteniendo sus vedas religiosas a quienes deseen participar de ellas y no comulguen con los preceptos cristianos; también pueden ejercer su derecho a exclusión en todos los ámbitos privados que deseen, por más aborrecibles que nos parezcan o sean sus argumentos, pero es su derecho individual de asociarse con sus pares. ¿Basados en prejuicios? Posiblemente. ¿Basados en la religión? Posiblemente. No importa las razones que motiven a un grupo religioso a manifestar sus prejuicios y reservarse para sí mismos los rituales religiosos que confieren a los que ellos consideren de su pertenencia.

Sólo una sociedad que discute derechos individuales y no es forzada mediante la ley es una sociedad pacífica y voluntaria. Sólo esta forma es la que nos lleva al progreso. La otra, como dijera Popper, nos lleva irremediablemente de regreso a la tribu.