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La máscara ya se cayó

Es claro que el gobierno actual, bajo una fuerte presión fiscal debido principalmente a los pagos de planilla, va a continuar la estrategia de vampirizar a la clase media con impuestos. El rechazo a discutir en tercer debate el Anteproyecto de ley 43 y a suspender, pero no a derogar el Decreto de Ley 130, mientras se emiten regulaciones municipales sobre las mejoras fijando precios mínimos por mejora, y se envían empleados del municipio a hacer inspecciones, deja las cosas claras. El gobierno actual no tiene intenciones de bajar uno de los impuestos de inmuebles más altos de la región, aún a riesgo de alienar a toda la clase media.

Pero eso no es todo, existen rumores de que también se contempla el subir el ITBM al 10%. Ante frenar un gasto público que se va principalmente en planilla, no en obras ni en ayudas sociales, como nos los quieren vender, o subir los impuestos, está claro que el gobierno ha elegido este último camino. La factura electrónica, la sumisión ante la OCDE mientras se niegan a adaptar los impuestos corporativos para hacer frente a las regulaciones de la OCDE como hizo Suiza, el negarse a corregir un impuesto de inmuebles que está entre los más altos del hemisferio occidental, la posible subida del ITBM, todo indica que ante los años electorales que se avecinan, el gobierno actual ha decidido una estrategia de tratar de ganar las elecciones perdiendo el país. Porque como decía Churchill, “tratar de hacer que un país prospere subiendo los impuestos, es como meter los pies en un balde y tratar de elevarse tirando del asa”. Tratar de ganar las elecciones emplanillando y subsidiando no va a lograr que los no emplanillados y no subsidiados, voten por uno, sobre todo si ese emplanillamiento y esos subsidios significa pagar más impuestos en momentos de una contracción económica general. Por cada votante que se gana con ese método se va a alienar a muchos más que votarán en contra.

Pero bueno ese es el camino que la actual administración ha elegido.

Pero pudo haber elegido otro camino, si no fuera porque el poder embrutece, corrompe y desenmascara a quién lo detenta momentáneamente. Por ejemplo, en lugar de la factura electrónica ¿qué tal simplificar los trámites para pagar impuestos, que están entre los peores del mundo según el Banco Mundial? Mucha gente pagaría impuestos si fuera más fácil pagarlos. ¿Por qué si vamos a firmar lo que la OCDE nos pone en frente, no hacemos lo que muchos países están haciendo, bajar los impuestos sobre la renta corporativos con una tasa única del 10-12% y eliminar o por lo menos bajar el impuesto a las ganancias de capital si estas son reinvertidas en la empresa, para que las corporaciones sigan viniendo a establecerse en Panamá, aunque ya no podamos ofrecerles opacidad financiera?

¿Por qué no se hace caso del llamado de la clase media y se negocia un impuesto de inmuebles más bajo, entre el 0.25 al 0.50 %, que permitiría a la clase media usar sus viviendas como ahorro y garantía de segundas hipotecas para emprendimientos, para ver si por fin tenemos un desarrollo capitalista que no dependa de la inversión extranjera?

¿Por qué en lugar de penalizar las mejoras a la propiedad, elevando la base gravable del impuesto de acuerdo a las mejoras, las dejamos tranquilas, y las sacamos de la ecuación para que la gente invierta en mantener sus viviendas, el lugar de castigar el ahorro y la inversión?

La idea de una reforma fiscal no debe ser solo la de resolver los problemas de gasto corriente del gobierno, sino la de garantizar un desarrollo económico independiente de los vaivenes mundiales.

Al bajar el impuesto sobre la renta corporativa y de las ganancias de capital, se estimula que las ganancias y rentas se inviertan en las empresas que produzcan empleos reales. Y haya más empresas pagando impuestos.

El impuesto de inmuebles debe ser corregido, primero se debe ampliar la base, aunque signifique dejar el límite de B/30,000 en las viviendas de interés social. Luego se debe bajar la tasa a entre 0.25 y 0.5%, y eliminar las mejoras a la propiedad del cálculo del impuesto, que debe estar basado en el precio de mercado real y no en avalúos especulativos de funcionarios que no tienen el pellejo en juego. Esto premiaría el ahorro e inversión de la clase media que podría usar sus viviendas como garantía de nuevos emprendimientos, ayudaría a mantener el urbanismo de la ciudad ya que la gente tendría el incentivo de conservar sus viviendas en lugar de venderlas y demolerlas.

El impuesto sobre la renta personal podría seguir como está con su estructura progresiva, para evitar los gastos suntuarios de las clases altas y estimular que estas reinviertan en sus negocios en lugar de gastar en lujos.

El ITBM puede subir, después de todo, quien más consuma que más pague. Esto estimula el ahorro.

Todo esto debe estar acompañado de un control efectivo del gasto público. De las mega obras a los mega emplanillados y mega subsidiados, son preferibles las mega obras, por lo menos estas tienen un principio y un fin. Se supone que bien llevadas pueden aumentar la competitividad del país a largo plazo, mientras no sean obras inútiles para gastar dinero y hacer negocios a cosa del Estado. En cambio, emplanillados y subsidiados se sabe cómo empiezan pero nunca se sabe cómo acaban, y son una carga cada vez mayor sobre los sectores productivos de la economía. Podemos terminar como los países del sur de Europa. Endeudados, sobre gravados y con un sector productivo moribundo. Pero a nosotros no nos harán rescates financieros ni los alemanes ni los gringos, al menos que les regresemos el Canal.

Está claro que con una Asamblea de Diputados que hace muchos años renunció a ser un control efectivo a los designios del ejecutivo, y se ha concentrado en buscar prebendas y beneficios del gasto público, siendo un socio efectivo en la vampirización de los recursos de los sectores productivos, como lo ha evidenciado en el debate sobre el impuesto de inmuebles, la única presión está en la opinión pública, en los votos y en la calle.

About the author

Ricardo Soto

Ricardo Soto Barrios, abogado, especialista en políticas públicas, egresado de la Universidad Santa María la Antigua. Políticamente liberal, ha participado en muchos proyectos donde se analizan las políticas públicas de Panamá desde un punto de vista liberal y se proponen alternativas. Ha trabajado en la Policía Nacional de Panamá, el Ministerio de Gobierno, y AMPYME, además de ejercer la práctica privada.

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