Cada vez que se anuncia un ajuste al salario mínimo, el debate se enciende con la misma promesa: “subir el piso” para mejorar la vida de quienes menos ganan. Suena noble. Pero la pregunta incómoda sigue allí: ¿la norma realmente eleva el bienestar de los trabajadores más vulnerables o, en la práctica, termina cerrándoles la puerta del empleo formal?
En Panamá, el salario mínimo no es una cifra única, sino un mosaico de tasas: se fija por región, actividad económica y tamaño de empresa, y se revisa al menos cada dos años. Eso no es un detalle técnico; es el corazón del problema. Cuando el Estado define precios —y el salario es un precio: el de la hora de trabajo— inevitablemente afecta decisiones de contratación, horarios, inversión y, sobre todo, supervivencia de negocios pequeños. El Decreto Ejecutivo del 10 de enero de 2024 formalizó ese esquema por hora y por categorías en todo el país.
El marco reciente lo ilustra bien. En 2025, la propia mesa tripartita reconocía que el sistema vigente comprende 59 tasas para 74 actividades, y hablaba de un salario mínimo promedio alrededor de B/.636.80 mensuales; además, admitía que aún estaban en fase técnica sin cifras propuestas, revisando informalidad, mipymes y comportamiento del mercado laboral. Ese punto es crucial: si el diagnóstico incluye informalidad y fragilidad empresarial, un aumento mal calibrado puede acelerar lo que se quiere evitar.
Y, sin embargo, el proceso cerró con humo blanco. El 10 de diciembre de 2025, el Ministerio de Trabajo informó un “consenso histórico” entre trabajadores, empleadores y gobierno: nuevas tasas que regirán desde el 16 de enero de 2026, con ajustes descritos como escalonados y con ejemplos de incrementos de entre B/.9.50 y B/.15 mensuales en ciertos rubros y regiones. Medios que citan despacho de EFE resumieron el resultado como aumentos de US$10 a US$15 al mes, también con entrada en vigor el 16 de enero de 2026.
Ahora bien: incluso cuando el aumento es “moderado”, el impacto no se reparte parejo. En el mercado hay empresas holgadas y empresas al límite. Las primeras absorben costos o los trasladan con más facilidad; las segundas recortan turnos, frenan contrataciones o cierran. En esa transición, los primeros en quedar fuera suelen ser los de menor productividad inicial: jóvenes sin experiencia, trabajadores con baja escolaridad, personas con discapacidad, y quienes necesitan horarios flexibles. La ley, que pretendía ayudar, termina actuando como filtro.
A esto se suma una realidad que hoy día ya nadie discute: la automatización avanza. Cuando el costo legal de contratar sube, la máquina compite mejor. No por maldad del empresario, sino por aritmética. Un incremento pequeño puede ser la gota que justifique el autoservicio, la cocina semiautomatizada o el reemplazo de tareas rutinarias.
El objetivo debería ser que más gente gane más, sí, pero a través de productividad, formación, reducción de trabas y formalización, no solo por decreto. Si el salario mínimo se convierte en “empleo mínimo”, el precio lo pagan, paradójicamente, quienes menos margen tienen para esperar. Y esa es la ironía que Panamá debería vigilar muy de cerca en 2026.
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