Opinión Politica y Actualidad

¿Basement dwellers o periodistas investigativos?

El “basement dweller” es un término de internet muy pintoresco. Literalmente significa “el que vive en el sótano”. Imagínate a un inadaptado sucio, mal vestido, sin peinarse o afeitarse, pegado todo el día a la pantalla de internet troleando en foros y redes sociales, haciendo memes, robando información de las computadoras de otro, haciendo virus y spyware para molestar. Como esa persona es un inadaptado social y frecuentemente está dentro del espectro autista, suele vivir con sus padres hasta una edad muy avanzada, usualmente hasta quedarse huérfano de adulto.

A los basement dwellers se les presuponen habilidades cibernéticas extraordinarias, son los hackers o ladrones de información de las películas.  Pero la realidad es distinta, una cosa son unos basement dwellers y otra cosa son los hackers profesionales, con formación universitaria en muchos casos, que trabajan para empresas de seguridad, de investigaciones privadas o para servicios de inteligencia para los estados. El tipo de personas que posee todo tipo de software y hardware, muchos de ellos no disponibles comercialmente, para poder infiltrar los ordenadores de los objetivos, con malware o syware que los firewalls y antivirus comerciales no pueden detectar. El tipo de hackers que puede viajar alrededor del mundo con identidades falsas y hospedarse en hoteles, acompañado de expertos en violar cerraduras y desactivar alarmas, para plantar malwares en computadoras de sistemas no conectados a una red externa. El tipo de hackers que pueden pagar a empleados de las compañías blanco de sus actividades, para que les ayuden a plantar este malware o sacar los discos duros externos donde estén alojados, subrepticiamente. Este tipo de hackers suele costar dinero, dinero que solo pueden pagar personas o corporaciones multimillonarias, o gobiernos.Recientemente el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos, o ICIJ por sus siglas en inglés, ha tenido dos grandes “filtraciones” de información, los Panamá Papers, producto de una “filtración” a la firma panameña Mossack y Fonseca, y los Paradise Papers, producto de otra “filtración” a dos empresas de contabilidad y planeación ubicadas en la Bahamas, Bermuda, Isla de Mann y Singapur. Pero con información proveniente de una multiplicidad de jurisdicciones. Obviamente el ICIJ dice que va proteger a los responsables de estas filtraciones,  y que no es una entidad gubernamental, así que no va a compartir estas “filtraciones” a los gobiernos salvo cuando se descubra actividad criminal (o sea, ellos son los que van a decidir si una actividad es criminal o no). Sin embargo ya se han visto casos como los Panama Papers donde las autoridades fiscales de ciertos gobiernos como el Alemán, han comprado información. Recordemos que para muchos países, no solo la defraudación fiscal, o sea el no declarar ingresos, sino también la “planeación fiscal agresiva”, o sea el buscar la manera de no pagar tantos impuestos dentro del esquema legal son actividades delictivas.

Y luego está la afrenta moral. O sea, asolear a personas en los medios diciendo, “fulano de tal tiene una sociedad offshore” aunque no se haya hecho nada indebido con esa sociedad. Por ejemplo el directivo del partido español Ciudadanos, tuvo que renunciar porque tenía una sociedad de Mossack y Fonseca. Resulta que el tipo había vivido en Panamá y abrió sus sociedades porque quiso iniciar dos comercios acá que no le resultaron. O ciertos políticos argentinos, que ante los malos manejos del dinero crónico de Argentina, habían creado sociedades panameñas para tener ahorros en dólares.

Muchas de las personas que han sido asoleadas en los medios y sancionadas moralmente en los Panama Papers y seguramente serán asoleadas en los Paradise Papers, no hay hecho nada indebido ni ilegal. Y tampoco muchos de los políticos que han sido asoleados en los medios. Muchos han renunciado más bien por un linchamiento en la opinión pública, no por hacer nada delictivo. Y lo mismo ha pasado con otras personalidades.

Los periódicos, usualmente de centro izquierda que forman parte del ICIJ parecen partir de una premisa. “El gasto público es bueno y sabio, el estado es el único que puede garantizar los derechos sociales mediante su gasto y por lo tanto los políticos tienen la potestad de poner los impuestos que les da la gana, aunque estos puedan exceder el 100% de los ingresos de una persona, y los buenos ciudadanos tienen el derecho de obedecer tratando de pagar la mayor cantidad de impuestos posibles. Los estados tienen el deber de garantizar que sus ciudadanos son buenos ciudadanos globales y ayudar a los otros estados a cobrar sus impuestos aún a costa de los intereses de sus propios habitantes”. Por lo tanto el ICIJ tiene derecho a usar información obtenida por medios cuestionables, usualmente delictivos, como el robo de información y el hacker, para asolear a personas e individuos que no cumplen con esta premisa.

El modus operandi ya lo sabemos. Un soplón “whistleblower” en inglés, se acerca al Suddeutsche Zeittung o SZ abreviado, diario alemán, diario alemán social liberal opuesto a los conservadores de la democracia cristiana, con información confidencial obtenida de manera ilegal de los bancos suizos, de Luxemburgo, de Mossack y Fonseca, o de compañías offshore en las Bahamas. Este diario dice que la información es tanta y tan internacional que tiene que compartirla con el ICIJ, el cual ha desarrollado un software para que periodistas de los diarios afiliados al consorcio, puedan buscar nombres de personajes locales para sus noticias locales.

Lo curioso es que estos soplones o “John Doe”, nunca pueden aclarar cómo pudieron tener acceso a tanta información, de compañías que guardan la información de manera descentralizada y muchas veces con las mejores salvaguardas que la tecnología moderna puede ofrecer.

Lo cual nos lleva a la pregunta inicial, ¿basement dwellers o periodistas investigativos? Porque realmente acá no hay una verdadera investigación, más bien parece que ladrones profesionales de información, usualmente vinculados servicios de inteligencia de gobiernos, a un par de billonarios que compran deuda soberana de países o invierten en monedas, o corporaciones que se dedican a actividades similares, roban información y luego la proporcionan, debidamente filtrada, a medios de comunicación para que hagan el trabajo “investigativo”.Lo cual plantea serios problemas éticos.

El primero es la neutralidad de la fuente. Vimos como en los Panama Papers, los primeros titulares decían que amigos de Putin eran clientes de Mossack y Fonseca. Ahora en los Paradise Papers, parecen seguir un guion similar, que asociados a Trump y su yerno, tienen negocios con Rusia. No dice si son legales o no los negocios, pero el morbo está servido.

El segundo es que uno de los principales donantes del ICIJ es una fundación de un billonario húngaro norteamericano, enemigo de Trump y de Putin, que además ha invertido fuertemente en deuda soberana en el tercer mundo y en el Euro, y tiene un interés personal en que los estados de la Eurozona y del tercer mundo puedan exprimir fiscalmente a sus ciudadanos para que puedan pagar sus bonos de deuda soberana y mantener la apuesta que hizo con el Euro. Esta fundación está dirigida en su parte periodística por la esposa de Joseph Stiglitz el cual es uno de los asesores económicos de este billonario. Luego se preguntan porque la visita de Stiglitz a Panamá fue un fiasco, algo que predije desde el mismo momento que se nombró la comisión. Pueden acusarme de teorías de conspiración, pero acá no hay que buscar mucho, las relaciones entre las partes son públicas y notorias, cualquier búsqueda en Google puede demostrar estas relaciones en términos sencillos de sí o no. También hemos visto, como pareciera que es el caso británico, se buscara incomodar a James Cameron o a la Casa Real británica entre los primeros titulares, aunque no hubiesen hecho nada ilegal. Lo cierto es que en todos estos escándalos llama la atención la falta de nombres norteamericanos que no estén vinculados a Donald Trump.

El tercero es que en muchos países serios es un violación de la confidencialidad profesional. Por ejemplo en los Estados Unidos se considera que no es ético divulgar información de la relación cliente/profesional, como la de un médico, abogado, contador, sicólogo, que se haya obtenido sin consentimiento de las partes. Algo que claramente están violando los medios miembros del ICIJ. Imagínese si un grupo antiaborto, logra hackear las base de datos de un sistema de clínicas de abortos, y publica los nombres de todas más mujeres que abortaron. O se hackea la oficina de un sicólogo y se publica el estado mental de sus clientes online. Sería un escándalo y con razón. Aparentemente publicar información robada sobre las relaciones legales entre clientes y firmas de abogados o de contabilidad sí es considerado ético por lo periodistas.

Cuarto, está claro que estas “filtraciones”, más que depurar el sistema financiero, buscan que éste se centralice aún más en torno a los Estados Unidos, el Reino Unido, Holanda e Israel como lo dice Thierry Meissan de la Red Voltaire. Los tres primeros países tienen sus propios paraísos fiscales inshore, donde aparentemente los soplones, o mejor dicho los hackers, no parecen actuar y el último es una de las mejores fuentes de hackers profesionales del mundo. El sistema offshore surgió en los 70s para canalizar el dinero gris del mundo hacia las economías norteamericanas y británicas. Y durante la guerra fría nadie lo criticó. Ahora que China ha entrado con fuerza y Rusia es malo, la idea está clara, obligar a los paraísos fiscales que los países arriba mencionados no controlan, a renunciar a sus actividades. Además de los países ya mencionados, en estos escándalos son raros los nombres japoneses, coreanos del sur, australianos…..lo cual nos dice por dónde va tabla.

Tenemos nuestras dudas de que si el SZ y por ende el ICIJ cumplen o no con la Carta de Múnich sobre ética periodística, que deberían conocer muy bien. En ésta se dejan claras varias cosas:

“La Carta de Múnich estipula que los periodistas sólo publicarán informaciones cuyo origen conocen, que no suprimirán informaciones esenciales y que no alterarán los textos y documentos. También especifica que los periodistas no recurrirán a métodos desleales para obtener informaciones, fotografías o documentos. ”  Thierry Meissan.

Tenemos buenas razones para creer que la Carta de Múnich ha sido ignorada en todos estos puntos en los escándalos iniciados por el SZ y el ICIJ. Y está claro que el propio ICIJ no parece cuestionar que la Fundación Ford con sus vínculos a la política exterior globalista de los USA, y la Open Society Foundation de Soros estén entre sus principales donantes. Dicen, “no recibimos donaciones de gobiernos”, pero aparentemente sí reciben donaciones de fundaciones que reciben dinero de agencias de tres letras del gobierno de los Estados Unidos o de personas muy vinculadas a la política exterior profunda de los Estados Unidos.

Por eso nos preguntamos, ¿desde cuándo ser “periodista investigativo” equivale ser a un basement dweller?. En el caso de WikiLeaks, por lo menos sí eran verdaderos basement dwellers dispuestos a ir a la cárcel si los pillaban. Acá más bien parecieran ser las herramientas inconscientes, o eso espero, de gobiernos y billonarios aliados a estos.

About the author

Ricardo Soto

Ricardo Soto Barrios, abogado, especialista en políticas públicas, egresado de la Universidad Santa María la Antigua. Políticamente liberal, ha participado en muchos proyectos donde se analizan las políticas públicas de Panamá desde un punto de vista liberal y se proponen alternativas. Ha trabajado en la Policía Nacional de Panamá, el Ministerio de Gobierno, y AMPYME, además de ejercer la práctica privada.

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