Hace más de treinta años el profesor Alan Bloom, en “The Closing of the American Mind”, nos prevenía del cáncer que se cernía sobre la educación en humanidades en los Estados Unidos, con el surgimiento un movimiento de políticas de identidad influido por el posestructuralismo francés y por el neo marxismo de la Escuela de Frankfurt. Este movimiento que no tenía nombre en los ochentas, ahora se denomina despectivamente, “corrección política”.

En los ochentas la corrección política se exponía más como una crítica al canon literario occidental; mostrando que estaba dominada por “los grandes hombres blancos muertos”. O sea que el canon establecido de la literatura occidental y las narrativas históricas tendían a sobre representar a los hombres blancos muertos a expensas de las mujeres, de las literaturas de las personas de color en otras partes del mundo. Esta crítica es válida, pero también es cierto en que hasta hace poco la narrativa de la cultura occidental estaba hecha por hombres blancos. No era producto de discriminación, pero era así.

En la época de Alan Bloom se corrió a buscar autores mujeres y de minorías étnicas y se trató de encajar la ficción de que sus trabajos eran de igual valor que los clásicos escritos por hombres blancos que reemplazaban. En algunos casos era verdad, como en el caso de Jane Austen o Hannah Arent, pero en muchos era reemplazar obras de gran valor por mediocridades escritas por mujeres o minorías étnicas en una acción afirmativa de la cultura. Lo cual nos lleva a un fenómeno simultaneo y paralelo. La acción afirmativa en admisión a las universidades y la contratación de profesores. Si el canon literario occidental estaba dominado por hombres blancos muertos, las universidades estaban dominadas por hombres blancos vivos. Por lo tanto para auspiciar el aumento de las minorías étnicas y las mujeres, se establece un patrón de acción afirmativa, o como diríamos en español de manera contradictoria, “discriminación positiva”.

De acuerdo con esta medida, las Universidades tendrían requisitos más favorables para la admisión de estudiantes femeninos o de minorías étnicas. Y si se era mujer y de una minoría étnica oprimida, todavía mejor. Algunos de esos requisitos eran positivos, como ayudas financieras para los estudiantes desfavorecidos, pero otros, como reducir los requisitos académicos, eran negativos tanto para estudiantes como para profesores. Lo peor es que como esta “discriminación positiva” (el término en sí es una contradicción) se fundamentaba en cosas como el sexo o la etnia, y menos en la clase social, tuvo como efecto fomentar y exacerbar las políticas de identidad. Ahora todo el mundo buscaba un antepasado de alguna minoría para calificar para las ventajas de la discriminación positiva.

Lo mismo pasaba con el sexo, ahora todo el mundo buscaba ser de alguna minoría sexual para poder calificar. Se fomentó la diversidad en las universidades, étnica y sexual, a costa de fomentar divisivas políticas de identidad, que destacaban más las diferencias entre grupos que sus coincidencias. Y lo peor es que todas estas diferencias eran contra el “hombre blanco heterosexual y cristiano”, el gran cuco de todas estas diferencias, que sin importar la clase social, era el gran opresor. Esto fue creando un resentimiento que se refleja en el nacimiento de políticas de identidad para los hombres blancos, que también ahora se ven como un grupo oprimido. Surge entonces la “alt right”, que recicla el supremacismo blanco del Ku Klux Klan y el racismo biológico de los nazis europeos, usando las políticas de identidad y las posibilidades de la Internet.

Durante los noventas y los dos mil también, ésta política de identidad se reflejaba más bien en la discriminación positiva, en el canon de lecturas, y en la creciente preocupación por el lenguaje de género neutro y la eliminación del lenguaje ofensivo que constituía una micro agresión. En los últimos años de la administración Obama se dio un aumento de la corrección política y las políticas de identidad y también con ello una reacción adversa que se refleja en aumento de los ataques mediáticos a las universidades por apoyar estas políticas.

El más absurdo choque de lo políticamente correcto y las políticas de identidad, se da en una Universidad pública de Washington State, Evergreen State College. Evergreen State College, copió la idea del autor Douglas Turner Ward un Día de Ausencia, sobre un día sin afroamericanos, lo cual inspiró Un Día sin Inmigrantes, con la idea de demostrar cómo se vería el mundo sin la diversidad. Este era el llamado Día de Ausencia. Día en que los activistas de las minorías abandonaban el Campus, para demostrar lo que se pierde sin las minorías oprimidas y despreciadas. Al Día de Ausencia, sigue el Día de Presencia, en el cual se llevan a cabo talleres para sanar las divisiones sociales norteamericanas. La idea en si no es mala.

El problema es que este año, los activistas de los “oprimidos” quisieron hacer las cosas un poco diferentes, y el lugar de abandonar ellos el Campus, les pidieron a los estudiantes y profesores blancos que abandonaran el Campus de manera voluntaria durante el Día de Ausencia. Aunque la ausencia era voluntaria, el hecho de que se les pidiera a profesores y estudiantes blancos que abandonaran el Campus fue visto como un racismo a la inversa. No es lo mismo que un grupo de personas decidan por un día abandonar voluntariamente un lugar, a que éstos les pidan a otros que abandonen voluntariamente un lugar. En el primer caso, se puede interpretar que las personas hacen uso de su libertad, en el segundo caso se puede ver como una discriminación soterrada. El escándalo no se hizo esperar. Los medios tomaron el caso. Por otro lado los estudiantes negros, preocupados por la violencia policial, acusaron a la administración de racismo. Cansados de ver lo que parecía una actitud condescendiente hacia sus críticas, los estudiantes se enfocaron el profesor blanco que había denunciado los cambios al Día de Ausencia como racismo en reverso. Los videos se hicieron virales y el profesor terminó entrevistado por Tucker Carlson en el sensacionalista canal Fox News. Esto a su vez llevó a la Alt Right a enfocarse en la universidad y en ir a protestar allí, así como en montar campañas de acoso y troleo e incluso amenazas violentas. El resultado es mayor escrutinio por parte de los políticos.

¿Se pueden hacer las cosas de maneras diferentes? Por ahora las políticas de identidad siguen fuertes. La identidad es más fuerte que una opinión. Una persona identificada como de color, corre más riesgo de ser maltratada por la policía en una detención. Una persona que se identifica como minoría sexual LGBT, corre más riesgo de suicidarse. Las opiniones en cambio no se muestran hasta que la persona las emite. Por lo tanto para los partidarios de las políticas de identidad, diversidad de opiniones, o sea, libertad de expresión del pensamiento y diversidad de identidades, no es lo mismo. Esta insistencia en las políticas de identidad tiende a justificar la supresión de la expresión de pensamientos “ofensivos” a las identidades oprimidas mientras que tiende a justificar “la rabia” en las expresiones de los “oprimidos” cuando reaccionan a estas expresiones ofensivas. Esto no conduce a un diálogo civilizado, sino a una carrera de provocaciones y reacciones, y a una progresiva radicalización del debate.

Eso es lo que llevó a Donald Trump a la presidencia y lo puede bajar de allí también. Por un lado están los moderados, que cometen el error de criticar a los que piden justicia en lugar de criticar las injusticias en sí. Por otro lado están los que creen que el fin justifica cualquier medio. Y los Estados Unidos se están radicalizando. La solución es el diálogo, pero también en abandonar el irracionalismo implícito en las políticas de identidad, herederas de Nietzsche y de Focault, la idea que no existe la verdad sino voluntades de poder. Porque si se niega la racionalidad, y todo se reduce a luchas por el poder entre identidades, no solo peligra el diálogo, sino la idea de la racionalidad en sí. Y eso es lo más cuestionable de la presente situación en los USA.

Como libertarios estamos a favor de la inmigración con controles razonables, la gente debe tener el derecho de votar con los pies inmigrando a mejores sociedades para mejorar su vida, siempre y cuando estén dispuestos a respetar el Contrato Social que hizo la sociedad a la cual emigran mas próspera, exitosa y libre. Los controles migratorios deben tener como función asegurar que los inmigrantes respeten el Contrato Social. Las medidas migratorias de carácter proteccionistas no son aceptables para un libertario pues violentan la facultad de las personas de contratar y obligarse libremente con las personas que deseen. Como diría Don Justo Arosemena, si fuera por nosotros, eliminaríamos la palabra extranjero. Dicho esto, debemos hacer una serie de observaciones sobre la decisión de la Universidad de Panamá, siguiendo en esto a la Universidad Tecnológica de Panamá de cobrar una matrícula más cara a los estudiantes extranjeros.

En principio, debemos dejar claro que cometieron un error al casar el pagar una matrícula más cara a la nacionalidad y no a la residencia fiscal. Debemos entender que los recursos son limitados y el precio es una manera de racionalizar el uso de un recurso. En este caso de la educación universitaria, es claro que el sistema tiene limitaciones y de por sí está sobrecargado. Por lo tanto, las autoridades universitarias pueden subir la matrícula para garantizar que los recursos se usen bien. En el caso de los estudiantes extranjeros hay dos situaciones muy distintas, las cuales ilustro con casos de la vida real.

Paula B, es venezolana, sus padres vinieron en el 2003, tas la huelga de PDVSA, ella estudió en Panamá, en escuelas privadas, sus padres pagan impuestos sobre la renta y de inmuebles en Panamá, se les descuenta seguro social y seguro educativo. La chica es venezolana, pero ha vivido en Panamá más que en Venezuela. Ahora graduada, quiere entrar a la Universidad estatal y posiblemente busque nacionalizarse.

Maria A, ella vino en el 2015, sus padres, que viven en Venezuela, la mandaron a Panamá para protegerla de la crisis. Para estar legal, se metió a estudiar en la Universidad de Panamá y sacar permiso temporal de estudiante. Espera graduarse y poder emigrar eventualmente a Europa.

En el primer caso, se trata de una persona residente en Panamá, que produce bienes y servicios en Panamá, o depende de personas que producen bienes y servicios en Panamá. Que pagan impuestos directos e indirectos, incluyendo el seguro educativo.

En el segundo caso, se trata de una persona que está en Panamá de paso, por razones coyunturales y paga impuestos indirectos, pero no impuestos directos, ni ella ni sus familiares.

Y es allí donde está el problema, si bien la educación debe ser igual para todos e idealmente gratuita según la Constitución, en realidad los recursos son limitados. Y se entiende que la gratuidad y la solidaridad deben ser de los contribuyentes de la jurisdicción A, para los contribuyentes de la jurisdicción A.  De no aceptarse este principio, nada evitaría que los ciudadanos de un Estado B, que tiene un sistema educativo peor, terminen estudiando en las universidades del estado A, pagados por los contribuyentes del Estado A. De hecho esto pasa en Argentina, donde más de 30,000 estudiantes colombianos estudian de manera gratuita, a expensas de los contribuyentes argentinos. O en el sistema de salud panameño subsidiado, donde turistas llegan al Santo Tomás a operarse pagados por el contribuyente panameño para luego regresarse a su país. Este “free riding” o gorromismo, eventualmente termina sobrecargando los servicios sociales del estado panameño y generando resentimientos y xenofobia contra los extranjeros.

En otros países este principio se entiende. Por ejemplo, en los Estados Unidos existen universidades públicas excelentes, como la Universidad de California en Berkeley, la Universidad de Texas en Austin o la Universidad de Nueva York. Y los gringos hacen diferencias entre los estudiantes In State, o sea residentes en el estado, y los estudiantes Out of State, o sea los estudiantes que no viven en el estado y tienen que pagar una matrícula más cara ya que ni ellos ni sus padres pagan impuestos en el estado donde está ubicada la universidad. Si un residente de Alabama quiere ir a Berkeley, pues tiene que pagar más matrícula que un residente de California, porque se supone que el californiano algo ha pagado con sus impuestos a la universidad, o por lo menos sus padres lo hicieron.

Lo que no hacen en los Estados Unidos es discriminar por nacionalidad como pretenden hacer en Panamá. Un residente extranjero legal en California, tiene los mismos derechos que un US citizen californiano, pues ambos pagan sus impuestos en California. Un extranjero o un US citizen que venga de otro estado, tendrá que pagar más.

Y ése es el error del enfoque de la Universidad de Panamá. El tema no es de nacionales y extranjeros, sino de residentes fiscales en la República de Panamá, panameños y extranjeros, versus extranjeros que solo están de paso. Ese es el enfoque correcto para evitar el free riding universitario.

El 11 de Septiembre del 2001, a las 8:30 PM, el presidente de Estados Unidos, George W. Bush le hablaba a la nación: «Los ataques terroristas pueden sacudir los cimientos de nuestros edificios principales, pero no pueden tocar los cimientos de Norteamérica».

Hoy, a 16 años del ataque a las Torres Gemelas, la revisión de la situación actual sobre las libertades civiles, nos indica todo lo contrario a lo sostenido en aquel entonces, y que los terroristas, quizás en una consecuencia no deliberada del todo, lograron derribar el concepto firmemente arraigado en la mentalidad americana sobre la vida, la libertad y el derecho a perseguir la felicidad.
Ningún evento en la historia ha cambiado más la forma de relacionarnos, que los trágicos eventos del 11 de septiembre. Más allá de la pérdida de casi 3000 personas, el agujero causado en la economía estadounidense de cerca de 11 billones de dólares y el gasto multimillonario aprobado para la guerra global contra el terrorismo, los ataques al World Trade Center de Nueva York y al Pentágono sacudieron los pilares económicos de los US, en momentos en que atravesaban por una recesión. Pero no fueron los daños más graves.

John Stuart Mill, el gran economista y filósofo, observó en el siglo XIX que «a menudo causa admiración la gran rapidez con que se recuperan los países de cuadros de devastación, la pronta desaparición de los rastros del daño efectuado por terremotos, inundaciones, huracanes y los estragos de la guerra». En ese sentido, las pérdidas económicas, a pesar de una lenta recuperación aunada a otros factores, finalmente se fue dando.

La verdadera perdedora ha sido la idea de la libertad, como suele suceder tras acontecimientos tan dramáticos; la lucha contra el fenómeno terrorista planteó importantes problemas dogmáticos que afectaban a los principios estructurales del Estado de Derecho. En efecto, se puso en juego la tensión dialéctica entre los principios de libertad y seguridad, que siempre ha sido una constante a lo largo de la historia de la humanidad y la balanza se inclinó hacia la primera en perjuicio de la segunda. Hay que recordar que en esos días, en los US, cualquier ciudadano tenía miedo a abrir la correspondencia por si contenía ántrax, no es de extrañar que leyes que en cualquier otro momento habrían sido resistidas por los ciudadanos por la erosión de sus libertades, ahora se imponían hasta con beneplácito de los mismos. Por mucho tiempo los estadounidenses habían disfrutado y apoyado toda la gama de estas libertades, que van desde las garantías a la libertad de expresión y tolerancia de las diversas religiones hasta la garantía de igual protección ante la ley.
Ahora sólo decían: «Aquí tienen nuestros derechos fundamentales, ahora nos cuidan y protegen”, cerrando el trato sobre la limitación de los mismos a cambio de una más confortable seguridad.

La legislación antiterrorista en los US.

La primera respuesta contra el terrorismo fue la Orden Ejecutiva (13224) dictada por el presidente Bush el 24 de septiembre de 2001, sobre financiación terrorista (Executive Order on Terrorist Financing. Blocking Property and Prohibiting Transactions with Persons who Commit, Threaten to Commit or Support Terrorism), por medio de la cual se bloqueaban los bienes de 27 personas y organizaciones terroristas vinculados a al-Qaeda.

El 9 de noviembre de ese mismo año, el presidente dictaba una nueva Orden Ejecutiva para la preparación de los ciudadanos en la guerra al terrorismo (Citizen Preparedness in War on Terrorism Executive Order), por la que se creaba un grupo de asalto (Task Force) para preparar a los ciudadanos a reaccionar ordenadamente en lugares públicos de un posible atentado terrorista en los EEUU; y apoyar a las autoridades sanitarias en prevenir y responder ante un posible ataque terrorista.

Sin embargo, la Ley antiterrorista, la USA Patriot Act (Uniting and Strengthening America by Providing Appropiate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism) aprobada el 26 de octubre de 2001, sería la que modificaría la legislación completa en esta cuestión. La USA Patriot Act , cuyo nombre delimitaba claramente a sus opositores con la etiqueta de antipatriotas, en todo su articulado, eliminaba de raíz las garantías constitucionales básicas de detenidos e introducía medidas que violaban la privacidad de los ciudadanos bajo pretexto de facilitar la guerra contra el terrorismo.

Gracias a los nuevos poderes reconocidos por la Ley antiterrorista, el FBI podía vigilar la correspondencia y las comunicaciones a través de Internet o por teléfono de los sospechosos de vínculos con el terrorismo, concepto sin una clara y concreta definición. El “pinchazo” lo podía decidir en algunos casos un Fiscal federal, sin autorización judicial por 48 horas. Se establecía que con un único permiso judicial se podían pinchar todos los teléfonos que pudieran ser usados por un presunto terrorista, mientras que siempre fue necesaria una orden judicial por cada línea telefónica. La nueva Ley tipificaba el ciberterrorismo cuando los ataques informáticos generaran pérdidas superiores a 5.000 dólares.

También se obligaba a las empresas de Internet a entregar el registro de actividad y los correos electrónicos de un sospechoso. Además, se facilitaba el intercambio de información pinchada entre las diferentes agencias gubernamentales. Gracias a esta ley que convertía a todos en sospechosos, el FBI podía ahora acceder, entre otras fuentes, a la lista de libros que los ciudadanos americanos retiraban de las bibliotecas, para analizar si sus hábitos de lectura concordaban con el perfil de alguien perteneciente a una organización terrorista. Sobre esta cuestión, que puso en alerta a muchas bibliotecas del país, el presidente Obama dijo en la conferencia anual de 2005 de la American Library Association que él creía en una lucha contra el terrorismo que no pisoteara los derechos civiles y que no le gustaba «que los agentes federales fisgoneen en nuestras bibliotecas». Sin embargo, Obama terminó apoyando las disposiciones de la USA Patriot Act.

Además, la Ley permitía a la policía detener a extranjeros residentes sin necesidad de formular cargos contra ellos durante siete días, lo cual era una mejora procesal, si se tiene en cuenta que el Fiscal General Ashcroft había solicitado una detención “indefinida y registrar domicilios sin autorización judicial previa”. Tampoco era necesaria la intervención judicial para pinchar las conversaciones entre reclusos y abogados, cuando existiera una sospecha razonable para creer que el detenido pudiera usar las comunicaciones con sus abogados para facilitar actos de terrorismo. De otra parte, se podía condenar como terroristas a quienes alojaran en sus casas a personas, si tenían “bases razonables para creer” que estaba relacionado con actividades terroristas.

En definitiva, todo este conjunto de medidas adoptadas por el Gobierno americano desde los atentados del 11 de septiembre constituyen la expansión más fuerte del Poder Ejecutivo desde la guerra fría.

Pero, sin lugar a dudas, la más polémica de las medidas adoptadas por el Ejecutivo ha sido la creación de Tribunales militares “de excepción” para juzgar a ciudadanos extranjeros sospechosos de participar en actividades terroristas, o poner en peligro la seguridad nacional en virtud de la Orden Presidencial de 13 de noviembre de 2001 (Detention, Treatment, and Trial of Certain Non-Citizens in the War against Terrorism), cuyo antecedente se origina en 1942 con el presidente Roosevelt. Después de los atentados del 11 de septiembre, el presidente Bush, que sin una declaración de guerra del Congreso de los US, había proclamado el estado de emergencia nacional el 14 de septiembre de 2001 (Proc. 7463, Declaration of National Emergency by Reason of Certain Terrorist Attacks), acudió a este precedente para justificar el establecimiento de Tribunales militares de excepción para extranjeros acusados de terrorismo.

Aunque sus defensores hayan sostenido que los Tribunales militares que se han organizado cumplen el Código Normalizado de Justicia Militar, la situación no es aceptable en el marco del Estado de Derecho. Y ello porque este Código exige un juicio público y sin demoras, el derecho a confrontar a los testigos y acceso a las pruebas en contra, el derecho a pedir un jurado de ciudadanos corrientes e imparciales que decida si las pruebas demuestran la culpabilidad más allá de toda duda razonable, y el derecho de elegir abogado, la unanimidad en la condena de muerte y, sobre todo, la posibilidad de recurso de apelación ante civiles confirmados por el Senado.

Y ninguno de esos derechos fundamentales se encontraban reconocidos en la resolución militar presidencial por la que se establecían Tribunales para las personas calificadas como terroristas antes de juicio. Posteriormente se introdujeron modificaciones al precisarse que los Tribunales militares que juzgaran a extranjeros por cometer actos de terrorismo contra los US sólo podrían imponer la pena de muerte por unanimidad, dado que en un principio se había estudiado la posibilidad de imponer la pena de muerte simplemente con dos tercios de los votos, mayoría que sigue siendo necesaria para decidir la condena. Los Tribunales aplicarán legislación civil y militar, siendo los acusados considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable, aunque, sin embargo, pueden admitirse como pruebas “simples rumores”. Como en un consejo de guerra, el abogado defensor (militar o civil) tendrá acceso a todas las pruebas, salvo las que puedan suponer un riesgo para la seguridad nacional.

La ola de miedo no tardó en extenderse globalmente, especialmente en algunos países que vieron en este clima la excusa perfecta para aumentar sin demasiada oposición sus posibilidades de control y autoridad. Tanto fue así, que tan solo un año después de los atentados del 11-S, Reporteros Sin Fronteras ya advertía de que «la Red puede muy bien figurar en la lista de ‘daños colaterales’ de la deriva generalizada de la seguridad». Así, pocos meses después de los atentados, en Alemania se aprobaron las medidas Otto-Katalog, que permitían a las autoridades acceder a datos de los ciudadanos como informaciones relativas a intercambio de e-mail y en Canadá se aprobó la Ley Antiterrorista que permitía por primera vez que un servicio del Ministerio de Defensa efectuara escuchas telefónicas de cualquier ciudadano, sean o no canadienses. Leyes semejantes se aprobaron también en países como Italia o Dinamarca.

Otra consecuencia no deliberada fue con respecto a la inmigración.

Los ataques terroristas también condenaron el futuro prometedor de 12 millones de inmigrantes indocumentados que se hallaban a las puertas de la legalización.
Cinco días antes del atentado, los presidentes de Estados Unidos, George W. Bush, y de México, Vicente Fox, habían firmado un acuerdo para regularizar las permanencias de entre 2 y 3 millones de trabajadores sin papeles, la mayoría campesinos.
Los terroristas que cometieron el ataque del 9/11 eran extranjeros con permiso de estadía. Ello aumentó la desconfianza y el miedo, al punto que la inmigración indocumentada se convirtió en un asunto de seguridad nacional. Después del 9/11 nada fue igual para los inmigrantes sin papeles.

El terrorismo no es un fenómeno coyuntural sino estructural, por lo tanto la lucha contra el mismo ni puede ser de tipo militar (caso de US), ni puede realizarse mediante la adopción de normas excepcionales y extraordinarias (caso del Reino Unido), sino a través de la legislación ordinaria, de conformidad con los principios inherentes a un Estado de Derecho. La lucha que plantea el terrorismo debe ser una inteligente y el Estado de Derecho, dada la complejidad del problema planteado, debe desarrollar su acción contra el mismo con instrumentos jurídicos, policiales, financieros y políticos, procurando la coordinación nacional e internacional, pero siempre sin eliminar su propia lógica existencial. La solución no está en las respuestas militares ni en las guerras preventivas. Aunque sea, al menos en cierta medida, asumible el principio de vulnerabilidad de las sociedades occidentales, también lo es que la invasión de la privacidad, y de otros derechos fundamentales, no garantiza la seguridad.

Las nuevas leyes antiterroristas adoptadas por las diferentes democracias liberales con posterioridad a los atentados del 11 de septiembre han incidido de forma abiertamente restrictiva en el ejercicio de determinados derechos fundamentales como la libertad y seguridad personales, la tutela judicial efectiva, la intimidad, el secreto de las comunicaciones telefónicas o a través de Internet, etc.; han aumentado los poderes y facultades de los servicios de inteligencia y la policía en la lucha contra el terrorismo; y han afectado de manera singular al estatus jurídico de los extranjeros residentes en sus territorios, quienes, en ocasiones, han visto cercenados sus derechos más fundamentales de una forma absolutamente arbitraria. En muchos de estos casos, las medidas legislativas adoptadas en la lucha antiterrorista superan incluso a la legislación de excepción. A pesar de tantas medidas contraterroristas, el terrorismo ha cambiado la forma de ejecución, pero los atentados han continuado en creciente aumento; y en respuesta, los diferentes Estados no han hecho sino aumentar las cautelas y restricciones en el ejercicio de determinados derechos fundamentales en la lucha contra el terrorismo.

A la vista de los peligros que para el Estado de Derecho entrañan algunas de las medidas adoptadas por las nuevas leyes antiterroristas, podemos concluir que si el propósito de la lucha contra el terrorismo es la defensa de las libertades y el fortalecimiento de la democracia, no se puede recurrir a prácticas que supongan su total conculcación, pues como decía Benjamín Franklin, “Quien prima la seguridad sobre la libertad no tiene derecho ni a la una ni a la otra”. La solución no consiste, entonces, en el recorte de las libertades ciudadanas. Por otro lado, no se puede renunciar al modelo de sociedad abierta, ni utilizar el terrorismo en la lucha partidaria. La globalización y el desarrollo tecnológico abren nuevas posibilidades al fenómeno terrorista, pero también deben suponer un avance en la lucha contra el mismo. Hay que pensar y discutir abiertamente también sobre los llamados “crímenes sin víctimas”, que luego generan “guerras contra ( drogas, prostitución, armas, comercio, evasión fiscal)”, que no son otra cosa que las consecuencias no deseadas por los gobiernos, al haber avanzado en la legislación contra las libertades individuales, generando así un mercado negro que son los que propician luego sus propios sistemas de defensa y protección, y se convierten en un factor favorable para los terroristas, que parecen encontrarse en un perfecto campo abierto para atentar contra los valores republicanos, occidentales y democráticos.

Bruno Leoni, en La Libertad y la Ley, decía: “la gente, hoy en día, parece incapacitada de comprender: la formación de la ley es mucho más un proceso teórico que un acto de voluntad, y como tal proceso teórico no puede ser el resultado de decisiones emanadas de grupos de poder a expensas de las minorías en desacuerdo.”.

Esta idea es de vital importancia para comprender que no puede utilizarse la ley para regular las relaciones laborales entre personas, ya sean emprendedores, empresas multinacionales o un simple chichero que necesita ayuda en los quehaceres.  Si se pudiera decretar la felicidad por medio de una ley, qué felices seríamos todos!

En la superficie, si uno sólo mira que las personas con menos calificaciones tendrán un aumento en su salario mínimo, no puede menos que acordar con la medida. Somos humanos y esa mirada superficial nos reconcilia con la bondad y la compasión.

Sin embargo, los economistas, pero sobre todo, todos aquellos que se ocupan de la cosa pública (políticos, legisladores, asesores, lobistas, sociedad civil, organizaciones no gubernamentales) deben analizar “lo que no se ve”, al implementar una medida que invariablemente afecta  en el inicio a una minoría, pero que en el largo plazo, afecta a todos. ¿Recuerdan el efecto del aleteo de una mariposa? Algo bello que puede generar un tornado al otro lado del mundo.

En economía, tomar decisiones como imponer un salario mínimo, por sectores externos a la relación laboral, acabará generando como consecuencias principales,  pérdidas de empleos, surgimiento de mercados negros, caída en la competitividad de empresas nacionales vs extranjeras, aumento de precios en bienes y servicios, destrucción de la producción y como resultado, un empobrecimiento general de la población. Y de esto último sí es sabia la gente: es muy normal sostener conversaciones del tipo “ahora cobro más por cheque, pero me alcanza para comprar menos”. En términos sencillos, han logrado explicar cómo el mercado queda distorsionado gracias a la intervención estatal, que para sostener una medida política debe por el otro lado disimular las consecuencias y para ellos manipula los flujos monetarios (emitiendo y colocando deuda por ejemplo) para que se siga estimulando el consumo que estimule la producción. ¿Pero recuerdan que la producción fue impactada en el inicio y los aumentos salariales se dieron por decreto y no por tasas reales de capitalización y producción? Es dinero recirculando pero descapitalizando más en cada vuelta a las empresas que generan trabajo para esa misma población. Es necesario recordar que el fin no es el trabajo; éste es un medio o herramienta, para lograr la producción de bienes y servicios que la población demanda.  Esta actividad es la que realmente, junto al ahorro y capitalización, crea trabajo para todos. Nadie se levanta un día para crear trabajo; se crean empresas, se ponen en marcha ideas, se genera un nuevo bien o servicio para satisfacer una demanda o crear una oportunidad donde la intuyó un emprendedor, y luego ello genera puestos laborales.

Por lo mismo, si el gobierno establece el salario mínimo apenas por encima del salario actual de mercado, lo que va a producir es que los desempleados menos calificados,  los que más necesitan el empleo, los que “están al margen”, directamente no ingresarán al mercado del trabajo; a menos que lo hagan en la economía informal, que no por casualidad son muy grandes en los países donde el salario mínimo es obligatorio. El fenómeno que los gobiernos quieren evitar es el primero que se les produce en contra: mercados negros  e inmigración que suple las demandas laborales a salario de mercado (o no regulado).

Y por supuesto, llegarán las inspecciones de trabajo a tratar de revertir este fenómeno. Y se producirá entonces otra variante, que es la que restringe las posibilidades de trabajo ya que habrá muchas empresas e individuos que no quieran operar “en negro”.

Como consecuencia de este punto podemos llegar a la conclusión que si el salario mínimo es inevitable asumir para el mercado productivo, pueden suceder dos cosas: a) se traslada este costo a los bienes y servicios, que logra el encarecimiento de los mismos y  serán demasiado caros para que alguien los quiera comprar. En este caso se produce una disminución de la demanda global, y es posible que “la ganancia” obtenida  sea tan baja que provoque la desaparición de algunos productores marginales. Pensemos en pequeños emprendedores, comercios pequeños, etc.  Y esto al final nos conduce a los monopolios que a nadie le gustan porque se elimina la competencia y la posibilidad de elegir, favoreciendo a las grandes empresas normalmente. Y esto reduce nuevamente los puestos de trabajo ya que la nueva empresa con mayores tasas de capitalización desplaza a ese otro empleado que antes podía trabajar en la pequeña empresa.

También es posible que suceda que el impacto a nivel nacional encareciendo los bienes y servicios, haga la producción local menos competitiva en precios que la extranjera. Cuando luego se producen las importaciones para favorecer con precios bajos a los consumidores, se dice que esto afecta a la producción local y a los empleados menos calificados y va a producir desempleo. Y en realidad lo que ha sucedido es que previamente se afectó la estructura productiva desde el mismo estado interviniendo y regulándola y que ya el desempleo, tarde o temprano, estaba llamado a producirse. La otra situación b) es que la empresa o el emprendedor decidan absorber los costos de los salarios mínimos para seguir estando competitivos con los precios, en especial, en un mercado global con fronteras cada vez más desdibujadas. En ese caso, lentamente se producirá una descapitalización de las empresas, que en lugar de asignar recursos a proyectos productivos y diversos, deberá concentrarse en pagar salarios mayores que su estructura de precios permite. Con el tiempo, las más afectadas serán las pequeñas, éstas se volverán menos competitivas perdiendo mercado y trasladando, consecuentemente, una parte de su demanda a las grandes firmas. Llegado ese punto, estas  empresas se verán en la horrible decisión de cerrar o pasarse al mercado negro.

Todas estas consecuencias no deseadas, finalmente lo que logran es la llamada “desocupación institucional”, es decir, el resultado de una imposición legal y no de mercado, que produce desempleo totalmente artificial en el país donde se imponen.

Y luego, para tratar de enmendar estos efectos que  causa el salario mínimo,  el estado vuelve a crear más leyes  para solucionar el problema que él mismo ha creado. La consecuencia  es una degeneración institucional, donde se crean nuevas funciones y roles para el gobierno, se invierten las culpabilidades de la situación y de a poco se pavimenta el camino hacia la servidumbre.

Los datos reflejan que los países con mayor flexibilidad laboral en general disfrutan de tasas de desocupación mucho más bajas y salarios más altos que los que se caracterizan por la rigidez regulatoria laboral. Incluso hay otro factor del que no me ocupo en este artículo, que es la otra cara del salario mínimo y referido siempre a la intervención estatal,  que es la flexibilidad o rigidez de los costos laborales de cierre o despido.

Y los datos también demuestran que los países más avanzados del mundo tampoco mantienen leyes regulatorias sobre salario mínimo. Para ejemplo, en Europa existen nueve países que no tienen salario mínimo y en donde el costo del despido es cero: Suiza, Noruega, Islandia, Austria, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Italia y Chipre. Estos mismos países son, precisamente, los que poseen la tasa de desempleo más baja  y salario promedio más alto del continente. En Asia, Singapur no estatuye salario mínimo y en Hong Kong ha sido de reglamentación reciente, en el año 2010.Ni Qatar ni en Dubai se pagan salarios mínimos tampoco.

En Suiza, la desocupación es cercana al 3,1% y el salario aproximado a los 72.000 euros al año; en Noruega, 3,7% y alrededor de 67.000 euros; en Islandia, 4,8% y 38.128 euros; en Austria, 5,1% y 41.700 euros; en Dinamarca, 6,6% y 53.000 euros; en Suecia, 7,7% y 45.300 euros; y en Finlandia, 8,7% y 42.500 euros. Las excepciones a esta regla son Chipre e Italia, que si bien no regulan expresamente el salario mínimo, en el caso italiano poseen cláusulas legales sobre el despido en empresas con una determinada cantidad de empleados, que hacen elevado el costo al final.

Finalmente, a pesar que Reino Unido, Irlanda y Luxemburgo mantienen leyes sobre salario mínimo, la clave radica en que la indemnización por despidos promedio en estos tres países  oscila entre las 3 semanas de Reino Unido y las 8,2 de Irlanda.

La teoría, apoyada en  los datos,  arroja conclusiones claras. Los países con un mercado laboral flexible, sin la regulación de salario mínimo ni costos asociados al despido, poseen los índices de desempleo más bajos y los salarios más altos del mundo. Por el contrario, aquellos que permanecen en el proteccionismo  legal, lejos de favorecer el mercado del trabajo, sólo lo perjudican y allí sí, quien paga las consecuencias, es aquel al que inicialmente se quería proteger.

La mayoría de los lectores estará de acuerdo en que el estado necesita ser reformado; a diario vemos que hay un exceso de burocracia, que la salud y educación no tienen los estándares de calidad adecuados, que no hay seguridad, y que los subsidios proliferan por doquier, a la par que el gasto público aumenta. Y para solventar esta situación los políticos reclaman mayores impuestos. Increíble que una medida tan impopular, es lo primero que tiene en la mente el gobernante cuando se trata de cuadrar las cuentas. Milton Friedman solía decir: “Estoy a favor de bajar los impuestos bajo cualquier circunstancia, por cualquier excusa y por cualquier razón”. Es algo que suena lógico, porque es una medida fácil de vender a la opinión pública: pagar impuestos no le gusta ni a quien los defiende.

Sin embargo, pasan los gobiernos, los políticos de diversos colores y tendencias, y las reformas necesarias, esto es, reducir el gasto público, nunca llegan. Una explicación posible es la que involucra serios conflictos de intereses en el ejercicio del poder que impide que estos políticos decidan tomar los caminos de la reforma que le conviene a los intereses de la sociedad y al país en su conjunto. Veamos de qué se trata.

La expresión “puerta giratoria” (revolving door) se originó en la legislación americana y se utiliza para describir el movimiento rotatorio de personas que ocupan altos cargos en el sector público y en el privado en distintos momentos de sus trayectorias laborales. Según la Organización para la Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE) se pueden presentar varios tipos de “puerta giratoria” en varias direcciones: a) altos directivos del sector privado que acceden a puestos relevantes en el sector público; b) funcionarios que al dejar su cargo público son contratados en el sector privado para ocupar cargos directivos; o c) individuos que ocupan alternativamente altos cargos en el sector privado y en el sector público.

Podríamos concluir inicialmente que según la OCDE, las “puertas giratorias” son utilizadas por personas que ocupan cargos de influencia en grandes empresas para pasar a ocupar puestos relevantes en instituciones públicas para crear políticas en las mismas áreas que, hasta ese momento, habían gestionado desde el ámbito empresarial. De la misma manera, altos cargos políticos y técnicos de las instituciones públicas, en numerosas ocasiones, pasan a desempeñar puestos clave en las grandes corporaciones y los grupos de influencia empresariales, llevándose consigo a sus nuevos despachos los conocimientos e influencias adquiridas en el ámbito de la administración pública.

Estas formas de ingreso al y egreso del sector público, desde y hacia el sector privado, acarrean varios riesgos. Estos riesgos pueden incluir conflictos de interés y captura de la decisión estatal por parte de poderosos sectores económicos o grandes firmas, cuando los funcionarios privados pasan a ocupar posiciones públicas; o traspaso de información privilegiada, contactos y know-how cuando se abandonan los cargos públicos para acceder a un puesto en firmas u organizaciones privadas, lo que la literatura académica denomina soborno diferido o retardado (Schneider, 1993).

Hablamos de conflictos de interés cuando los funcionarios públicos que tienen o han tenido un vínculo con una empresa privada, toman decisiones que favorecen a dicha empresa, de manera tal que al hacerlo ese beneficio también los alcanza de manera concreta y específica.

Asociado con este fenómeno aparece el de la captura de la decisión estatal, que presenta dos variantes posibles, no excluyentes entre sí: la captura regulatoria, donde los sectores económicos sensibles a la regulación estatal toman el control de las instancias decisorias de gobierno y/o las agencias regulatorias, de forma directa o indirecta; y la captura cultural, donde las firmas se benefician de la acción de las agencias públicas porque los funcionarios comparten un mismo conjunto de creencias y visiones sobre el mercado en cuestión (Garín y Morales (2015: 9). Y que, además, la visión de los individuos depende tanto del cargo que ocupan en la actualidad, como de los que ocuparon previamente y ocuparán en el futuro (Schneider, 1993).

El fenómeno de las puertas giratorias pretende legitimarse por la supuesta gestión de recursos según criterios supuestamente neutros de eficacia y austeridad.

¿De dónde se derivan los conflictos de interés? Los gobiernos formulan e implementan políticas públicas que, por definición, deben procurar el bienestar de la sociedad en su conjunto. Si, por ejemplo, ciertas áreas claves de la gestión pública quedan bajo la influencia de intereses del sector privado, el riesgo de conflictos de interés es elevado, porque las decisiones estatales pueden beneficiar directamente al sector “de procedencia” del funcionario, sin que necesariamente haya sobornos o prebendas.

En muchos países las recomendaciones de la OCDE permitieron reforzar los marcos regulatorios, en particular en lo referido a los “períodos de enfriamiento” (esperas) que deben respetar los funcionarios antes y después de ocupar cargos gubernamentales. En Estados Unidos, Japón, Reino Unido y Países Bajos, por ejemplo, se estableció una espera de 2 años posteriores a dejar el cargo público, para volver a trabajar en un área vinculada en el sector privado.

El fenómeno de puertas giratorias plantea importantes problemas para la república, puesto que genera serios conflictos de intereses entre los derechos fundamentales que debe proteger una instancia pública y democrática y los que finalmente son conseguidos corporativamente a través del “rent seeking”.

Podría argumentar que hasta aquí uno podría coincidir con las motivaciones y preocupaciones expresadas por la OCDE, a la que sin embargo, le faltaría una categoría más y de la que no se habla: este fenómeno sería cuando “las puertas giratorias” se atraviesan desde el sector público local hacia el sector público internacional.

Esta situación no categorizada por la OCDE, no observa cómo esta práctica política de hacer de los puestos públicos locales un escalón hacia mejores situaciones y beneficios intangibles en Organizaciones Internacionales, han utilizado de manera habitual estas instituciones como agencias de colocación para los suyos, manipulándolas como un lugar de retiro dorado, designaciones para cumplir compromisos políticos o peor aún, como refugio para esconder a figuras incómodas; cuando estos organismos no deberían existir o en su caso, servir de plataforma para profesionales altamente cualificados y competentes, y no como alternativa a las puertas giratorias.

Resulta innecesario afirmar que las Naciones Unidas o el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial o el Banco Interamericano o la misma OECD son organismos fuertemente politizados, o sea, manejados por los partidos políticos, con poder real, de los países miembros que componen dichas instituciones.

El anterior secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, diseñó su estrategia para hacerse con este cargo siendo ministro de Exteriores de Corea del Sur. El actual, António Guterres, anteriormente desempeñó el cargo de primer ministro de Portugal (1995-2002). En el caso del FMI, sus tres últimos directores-gerentes han sido Christine Lagarde, Dominique Strauss-Kahn y Rodrigo Rato; los tres habían sido anteriormente ministros en sus países. El actual presidente del Banco Mundial proviene de la Organización Mundial de la Salud. El BID manejado desde el 2005 por Luis Alberto Moreno proviene de una amplia trayectoria dentro del sector público colombiano, desde Ministro de Desarrollo Económico a embajador ante Estados Unidos. El mexicano Ángel Gurría llega a la OCDE tras una extensa carrera en el servicio público mexicano, incluyendo dos cargos ministeriales, Relaciones Exteriores y Hacienda y Crédito Público. Y sólo estoy nombrando a las Organizaciones Internacionales más reconocidas por el lector común.

En la tercera temporada de House of Cards, la serie que define a la política en intereses concretos y prácticos dejando de lado las ideologías y los valores, Claire Underwood, primera dama de los Estados Unidos, lograba ser nombrada embajadora de su país ante la ONU. Y es que a esos organismos son pocos los que se les resisten para utilizar en beneficio propio; brevemente se pueden listar salarios que arrancan en más de 8000 dólares o euros, lujosas casas pagadas por el organismo correspondiente (nuestros impuestos es decir), choferes particulares, escuelas de primer nivel para los hijos, pasaportes diplomáticos, viajes en primera clase a países exóticos alojados en hoteles de varias estrellas, inmunidades y un aura de “pertenecer” a alguna clase social inventada a falta de méritos propios.

Es lógico que ante tantos brillos y oropeles a futuro, un político no tomará las medidas que le convienen al país porque en realidad su conflicto de intereses reside en que en general estos organismos internacionales, con agenda propia y en general inclinados al paternalismo estatal, lo estarán observando y presionando a que se ejecuten sus proyectos, que al fin y al cabo, disfrazados de buenas intenciones, perpetuarán la pobreza; y mantener ese estado de las cosas es lo que hace que sus carreras estatales se perpetúen indefinidamente hasta lograr su retiro con los mejores beneficios. Si algún político decidiera implementar una reforma de tipo liberal, hasta allí llegaría su posible carrera en algún organismo internacional.

Regresando a los conflictos señalados en el paper de la OECD, es interesante señalar que su más alto ejecutivo en materia de impuestos durante 20 años, el Dr. Jeffrey Owens, formalmente el Director del Centro de Política Fiscal de la OCDE asumió en el 2012 la posición en la firma privada de consultoría Ernst & Young como asesor de política senior de su vicepresidente mundial fiscal, Dave Holtze. ¿Cómo podríamos definir las siguientes palabras de acuerdo a lo estatuido por la misma OCDE con respecto al conflicto de interés cuando un funcionario público de altísimo nivel se pasa al sector privado a ocupar similar cargo? Dave Holtze, Vicepresidente mundial fiscal de Ernst & Young, ha declarado: “Jeffrey ofrecerá una perspectiva única y valiosa a nuestros clientes. Su amplio conocimiento del panorama y las sólidas relaciones con organismos como la OCDE, el G20, el IMF y el Banco Mundial, facilitará enormemente la comprensión de la política fiscal y administrativa de nuestros clientes y ayudará a garantizar su deseo de mantener los niveles más elevados de cumplimiento con las normas fiscales”. Cabe acotar que E&Y a nivel global asesora a muchos países y empresas en materia impositiva, negociaciones y cumplimiento, incluida Panamá.

Para los lectores que quieran profundizar sobre ésta rara situación al menos, este artículo sobre BEPS y reconocimientos a Pascal Saint-Amans, su sucesor y también, oh, casualidad, ex funcionario del ministerio de finanzas francés, llevará luces sobre el tema. En mi libro, que un ex subordinado y su ex jefe dirijan desde una organización pública que norma sobre los países y otra privada que asesora sobre la misma materia, se llama conflicto de interés.

Las puertas giratorias siguen generando polémica y siguen abriéndose paso en otras actividades rentables, aunque admito que no he encontrado otra más clara que la mencionada. Lo cierto es que de un tiempo a esta parte los ciudadanos quedan presos de intereses ajenos y las reformas necesarias para que un país prospere demoran en llegar, porque mientras cada tanto aparece un líder estadista al que poco le importan las recetas de los organismos internacionales, la mayoría de ellos, sólo esperan terminar su ciclo de gobierno local para de allí saltar a una vida de privilegios e inmunidades.

La mayor parte de los países latinoamericanos, durante los años previos a la Segunda Guerra, tuvo un comportamiento predominantemente abierto a la inmigración en general. Ello vendría a cambiar luego de la toma de poder de los nazis en Alemania. Entre 1933 y 1945, los gobiernos latinoamericanos restringieron severamente el ingreso de inmigrantes judíos invocando diversas causales.

No era casual que todo ello sucediera como coletazos de la Gran Depresión, donde líderes políticos y gobiernos por toda la región explotaron la crisis económica para desarrollar bases populistas. Las políticas de gobernantes como Getulio Vargas (Brasil), Roberto Ortiz (Argentina), Arturo Alessandri (Chile), Lazaro Cardenas (México), y Fulgencio Batista (Cuba) fomentaron el desarrollo de partidos políticos anti-inmigrantes o plataformas y fuertes campañas en la prensa contra las leyes de inmigración y con discursos proteccionistas en lo económico. Estas actitudes fueron reflejadas en leyes de inmigración cada vez más estrictas que fueron introducidas por toda Latinoamérica: México en 1937; Argentina en 1938; Cuba, Chile, Costa Rica, Colombia, Paraguay y Uruguay en 1939.

Por ejemplo, la ley cubana, fuertemente influenciada por un marcado nacionalismo, percibía el arribo de extranjeros como una amenaza a la mano de obra local. Y el complemento de la Ley de Nacionalización del Trabajo, promulgada en 1933, había representado un fuerte golpe a la inmigración, porque establecía que al menos la mitad de los trabajadores de cada empresa debía ser de nacionalidad cubana.

Con este clima político, mientras tanto, otro más grave sucedía en Europa, más concretamente en Alemania. A principios de 1939 los nazis habían cerrado ya la mayor parte de las fronteras de Alemania y muchos países habían impuesto límites en el número de judíos que podían acoger en sus fronteras.

Desesperados, encontraron un destino clave: Cuba. Cuba era un punto de tránsito de camino a Estados Unidos y las autoridades cubanas en Alemania ofrecían visas a US$ 200 o 300 cada una, aproximadamente USD 3.000 al cambio de hoy en día.

El 13 de mayo de 1939 más de 900 judíos abandonaron Alemania a bordo de un crucero de lujo, el SS St. Louis. Esperaban llegar a Cuba y de ahí viajar a Estados Unidos, escapándose así de la persecución de los nazis, por lo que su única esperanza era que se les brindara una segunda oportunidad en otro lugar. Pero a medida que el crucero se fue acercando a la costa de La Habana el 27 de mayo esa sensación de optimismo dio primero paso al miedo, y luego al pánico y posteriormente a la desesperanza.

Según la edición del 23 de mayo de 1939 del periódico El Mundo muestra que mientras el St. Louis todavía estaba cruzando el Atlántico, la Secretaría de Hacienda cubana intentaba conseguir un cambio en la ley de inmigración de 1917 para prohibir el desembarco de «individuos oriundos o procedentes de Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Yugoslavia, Lituania, Bulgaria, Alemania, Turquía, Rumania, Rusia, China, Jamaica, Haití y Japón». Detrás de esta campaña antisemita se escondía un componente político que intentaba quebrar al presidente cubano Federico Laredo Brú. Los periódicos como el Diario de la Marina, llamaban al gobierno a frenar «el alud inmigratorio en que ha caído nuestro país».

A su llegada al puerto de La Habana, en la madrugada del 27 de mayo, Laredo Brú emitió una orden especial que le prohibía al St. Louis entrar al puerto y una patrulla marina lo escoltó mar afuera. Sólo 28 refugiados lograron cambiar sus permisos por visas regulares y pudieron desembarcar, mientras el resto rogaba por una mejor acogida en puerto estadounidense. El 2 de junio, el St. Louis fue obligado a dejar aguas cubanas con 907 pasajeros a bordo.

Navegando tan cerca de la Florida que podían ver las luces de Miami, algunos pasajeros en el St. Louis telegrafiaron al presidente Franklin D. Roosevelt pidiendo refugio. Roosevelt nunca respondió. El Departamento de Estado y la Casa Blanca habían decidido no tomar medidas extraordinarias para permitir que los refugiados entraran a los Estados Unidos. Un telegrama del Departamento de Estado enviado a un pasajero declaró que los pasajeros deben “esperar su turno en la lista de espera y calificar y obtener visas de inmigración antes de que sean admisibles en los Estados Unidos”. Con Canadá sucedió algo similar y consultas a otros países latinoamericanos regresaron el mismo resultado negativo. Para Junio, el capitán no tuvo otra opción que dar la vuelta y retornar a Europa el 6 de junio de 1939.

Siete días más tarde, mientras el barco cruzaba el Atlántico, se llegó a un acuerdo que daba nueva esperanza a los pasajeros. Trabajando con otras organizaciones judías europeas y representantes del gobierno, Morris Troper, director europeo del Joint Distribution Committee (JDC), había arreglado que los pasajeros de St. Louis ingresaran a Gran Bretaña, Francia, Bélgica y Holanda. Gran Bretaña acogió 287 pasajeros, Francia 224, Bélgica, 214, y los Países Bajos 181. El JDC junto con la Sociedad de Ayuda a los Niños Judíos (OSE) lograron ayudar a 60 niños que viajaban en el St. Louis y pudieron refugiarlos en varios hogares en Montmorency, al norte de París.

Menos de tres meses después, estalló la Segunda Guerra Mundial. Ese mismo año, toda Europa occidental estaría bajo ocupación alemana, y los antiguos pasajeros de St. Louis serían alcanzados por el terror nazi y una gran parte de ellos terminaron en campos de concentración. Al terminar el Holocausto 234 de ellos estaban muertos.

El Editorial del prestigioso periódico cubano Diario de la Marina del 14 de mayo de 1939, ante el inminente arribo a Cuba del St. Louis, recogiendo las opiniones imperantes de la época, cerraba: «si continuamos con las puertas entreabiertas, si ya no abiertas, a los numerosos refugiados europeos, pronto empezaremos a palpar las consecuencias… No tardarán mucho tiempo, sin embargo, en encontrar lo que buscan: trabajo. Pronto, pues, se intensificará el problema del desempleo. En breve surgirán las protestas… Hay que cuidar la casa propia… No es xenofobia, es prudencia».

Para conmemorar el Día Internacional del Recuerdo del Holocausto, dos académicos judíos, Russel Neiss y Charlie Schartz, crearon la cuenta de Twitter Stl_Manifest. A modo de recordatorio sobre lo ocurrido con los refugiados del St. Louis y de una forma impactante, han compartido tweets que parecen escritos por las mismas víctimas: se presentan con su nombre, explican que fueron rechazados por EE. UU. y detallan como murieron.

St. Louis Manifest‏ @Stl_Manifest 7 jun.
My name is Meta Münz. The US turned me away 78 years ago today. I was murdered in Auschwitz #StLouisVigil #NeverAgain

St. Louis Manifest‏ @Stl_Manifest  7 jun.
My name is Willi Dublon. The US turned me away 78 years ago today. I was murdered in Auschwitz #StLouisVigil #NeverAgain

St. Louis Manifest‏ @Stl_Manifest 7 jun.
My name is Horst Rotholz. The US turned me away 78 years ago today. I was murdered in Auschwitz #StLouisVigil #NeverAgain

St. Louis Manifest‏ @Stl_Manifest 7 jun.
My name is Max Hirsch. The US turned me away 78 years ago today. I was murdered in Mauthausen #StLouisVigil #NeverAgain

St. Louis Manifest‏ @Stl_Manifest 7 jun.
My name is Joachim Hirsch. The US turned me away 78 years ago today. I was murdered in Auschwitz #StLouisVigil #NeverAgain