El Flautista de Hamelin es un cuento clásico alemán recopilado por los hermanos Grimm con el nombre del Cazador de Ratas de Hamelin en 1816. La historia narra una desgracia ocurrida en Hamelin, Alemania oriental, en 1284. Cuenta la leyenda que un flautista se ofreció a limpiar la ciudad de una infestación de ratas ese año. El flautista se ofreció a tocar su flauta para atraer las ratas, y poco a poco estas le hicieron caso a su melodía. Estas lo siguieron al rio Wesser y allí se ahogaron. Cuando el flautista demando pago por sus servicios, los aldeanos se negaron a pagarle y el cazador de ratas se fue enfadado. El 26 de junio volvió y tocó su flauta frente a la Iglesia. Se fue llevando los niños a una cueva donde nunca más se le volvió a ver. Solo los ciegos, sordos y cojos se salvaron.

Probablemente el flautista era un líder que se llevaba a los hijos del pueblo a colonizar tierras al este de Alemania en la vida real, pero la leyenda es clara. Todos conocemos flautistas que hablan bonito y tienen buena melodía, pero que llevan a quienes les siguen a su perdición. En la misma Hamelin, hubo un flautista austríaco que se llevó a los hijos del pueblo hacia el Este entre 1941 y 1945. Muchos de ellos nunca volvieron.

Los flautistas que llevan a la gente a la perdición son de dos tipos. Los primeros son como el de Hamelin, tienen melodías pegajosas y prometen el cielo y la Luna. Son personas carismáticas donde los seguidores proyectan sus deseos y complejos personales más íntimos. Los segundos son personas vacías, sin convicciones e ideas, deseosas de satisfacer a sus amos y quedar bien ante todos, ellos no destruyen por convicción, sino por una mezcla de miedo y deseo de quedar bien con la autoridad.

Los primeros son los flautistas carismáticos, como Hitler, Chávez, Perón, Mussolini, Lenin. Personajes que reflejan las frustraciones de sus pueblos, sus deseos y más importante, sus complejos y resentimientos. También en la vida personal el reverendo Jim Jones llegó a convencer a la mayoría de sus seguidores, casi mil personas, que tomaran su Kool Aid con cianuro y obligaran a otros a tomárselo en El Templo del Pueblo en Guyana, siendo hasta la fecha el suicidio colectivo más grande de la historia. Más recientemente en Suiza un visionario convenció a decenas de personas de la secta del Templo Solar que venía una nave espacial a buscarlos si se suicidaban primero. Luego en California miembros de la secta Heaven’s Gate se suicidaron en masa con creencias similares. Otro suicido masivo fue el de una secta cristiana en Uganda, con cientos de muertos.

El ser humano tiene un problema evolutivo; como niños, tenemos que aprendernos las complejas reglas de nuestra especie, y eso implica creernos lo que nuestros padres y otras figuras de autoridad crean convenientes enseñarnos. Si mamá dice que no debemos jugar con fuego, pues no jugamos con fuego. Si la abuela dice que los alacranes y escorpiones son peligrosos, pues ya estamos advertidos. Si papi dice que no metas el dedo en un tomacorriente, pues ya sabemos. El problema es que mucha gente sigue pensando así de adulto. Son personas crédulas toda su vida. Sus padres habrán sido reemplazados por otras figuras de autoridad, pero siguen siendo niños chiquitos. Claro que ahora dependen de lo que diga el Papa, la OCDE, el GAFI, la ONU, Donald Trump, pero la relación es la misma.

El líder carismático destructivo, cree sus mentiras, y él mismo las crea. El seguidor destructivo, no tiene carisma, pero se cree las mentiras porque como un niño su cerebro no evolucionó para descubrir dos falacias lógicas. La primera es la falacia Ad Populum: “eso está bien porque todo el mundo lo hace”. La segunda es la falacia de la autoridad: “ésto está bien porque fulano que tiene poder lo dice”.Los flautistas de Panama son más bien del tipo de flautistas destructivos pasivos. No son líderes carismáticos, más bien son personas sin carisma, convicciones o ideas propias. Son personas que están dispuestas a destruir todas las cosas que hacen a Panamá exitoso porque “todo el mundo lo hace”, o porque la OCDE, el FMI o la ONU lo piden. Como no tienen ideas propias, las falacias ad populum o a la autoridad reemplazan la ausencia de criterios.

Ricardo Martinelli estaba dispuesto a corroer las instituciones buenas o malas de Panamá, para lucrar y luego largarse a otro país con sus dineros mal habidos, según las denuncias y casos judiciales a la fecha. Los actuales burócratas parecieran estar dispuestos a destruir las cosas que hicieron a Panamá el país de América Latina con mayor renta per cápita a cambio de poder largarse a otros países a gozar de puestos internacionales para los cuales ya están haciendo entrevistas de trabajo y pasantías, solo que no se han dado cuenta. O peor, dan todo a cambio de nada. Porque la falacia de la autoridad la tienen tan metida en la cabeza, que se convierte en un imperativo categórico kantiano. Hay que hacer cosas autodestructivas porque hacerlas es ser una buena persona global.

No son el Jim Jones de Guyana, más bien son los guardas armados que fuerzan a los seguidores de Jim Jones a tomarse el Kool Aid para luego suicidarse con su jefe.
En 1284 un flautista se llevó a los hijos e hijas de Hamelin al este, para no ser vistos nunca más. Los historiadores piensan que los niños no murieron sino que fueron colonos en el este de Europa. En 1941 otro flautista se llevó a los hijos de Hamelin al Este, muy pocos volvieron vivos.
Acá unos flautistas, que tocan al son de lo que les ponen sus jefes, están dispuestos a desmantelar todas las prácticas y tradiciones que hacen a Panamá próspero, y a dejarles un legado envenenado a generaciones futuras. No tomemos de su Kool Aid.

Panamá tiene una curiosa actitud, casi Churchilliana, sobre los impuestos. Los impuestos han sido vistos como un mal necesario, algo desagradable pero que se tiene que recolectar para poder mantener y construir los bienes comunes. Sin embargo, los panameños han tratado de mantener la carga fiscal baja, han evitado meter a nadie preso por delitos fiscales porque no han penalizado los delitos fiscales. Un país que rehúsa tratar a sus ciudadanos en el extranjero como un activo, negándose a cobrarles impuestos por negocios que hacen en otros países y prefiriendo que simplemente los repatríen a su país en forma de inversiones. No de impuestos.

Y a Panamá le ha funcionado, somos el país líder en inversión extranjera per cápita y competimos con Chile por ser el país con mayor renta per cápita en la región en el 2018. Claro que esto no está exento de críticas. A Panamá se le acusa de tener una mala distribución del ingreso que clama por estrategias fiscales redistributivas, o sea gravar a los ricos para darles más servicios educativos y de salud a los pobres.

El problema básico de esta idea es doble: el primero es que si bien los servicios públicos son una buena manera de redistribuir los ingresos de manera efectiva a los más pobres, en Panamá los políticos prefieren los subsidios directos y regalos clientelistas, subsidios que no son sostenibles en el tiempo y que crean dependencia política. Y segundo, tenemos un estado con una planilla bastante inflada per cápita con respecto a otros países de la región. No tenemos la mejor duda de que si Panamá aumenta los ingresos, estas políticas de gasto público van a seguir, en otras palabras, los impuestos altos van a seguir alimentando al monstruo, y no van ser usados como agentes de cambio.

¿No sería mejor una reingeniería del gasto público para asegurase que éste realmente se traduzca en inversiones y gastos sociales efectivos en lugar de gastarse en planilla y en clientelismos, antes de tratar de aumentar los impuestos para sostenerlo sin control? Los panameños parecen entender esto en el fondo, y ésta convicción es lo que ha mantenido los impuestos bajos. Porque prefieren no alimentar al monstruo y esto debe ser un motivo de orgullo para los ciudadanos que han evitado de esta forma el surgimiento del populismo cuando el resto de Latinoamérica se hundía en el mismo. Además, los problemas de mala distribución del ingreso, si bien pueden ser paliados por una política de educación masiva, en realidad se deben a problemas estructurales de la economía panameña. La pobreza extrema está en las áreas indígenas, donde no existen derechos de propiedad, o en las áreas rurales, donde los derechos de propiedad no están claros por problemas de titulación. Eso les impide capitalizarse, o hacerlo a menor ritmo que los panameños de la economía formal. Esto no se va arreglar subiendo impuestos. Como tampoco subir impuestos va a arreglar que los pobres sigan teniendo bajo acceso a la justicia para hacer valer sus derechos de propiedad y los contratos.

Los panameños por instinto, más que por razonamiento, saben esto. Y prefieren no subir los impuestos ni penalizar la evasión fiscal.

Las presiones para penalizar la evasión fiscal no vienen de la política panameña, vienen de afuera. Vienen de la OCDE y la ONU entre otros. La ONU, a través de un relator en declaraciones públicas, ahora ha decidido meterse en el tema económico, y ha decidido que la evasión fiscal es un problema porque evita que los pobres reciban dinero de los ricos. En otras palabras, según su particular visión, los estados y no los individuos, son los motores del desarrollo económico, y por lo tanto tienen derecho a afectar lo que quieran sobre la capacidad de los individuos de ahorrar e invertir mediante los impuestos, y a perseguir hasta donde sea posible a quien no pague. El experto independiente de la ONU sobre derechos humanos y deuda externa ha recomendado exactamente esto.

Pero no es el único. El ministro de economía y finanzas, ha dicho que si Panamá no penaliza la evasión fiscal, puede volver a la lista gris de la OCDE o GAFI. En otras palabras, el problema es que como Panamá no tiene como delito la evasión fiscal, las solicitudes de los estados extranjeros al Ministerio Público de que se investigue a personas por evasión fiscal terminan en oídos sordos porque ésta no es delito en nuestro país.

En otras palabras la ONU, la OCDE, GAFI y demás, quieren que seamos los cobradores de impuestos de otros Estados, sin darnos nada a cambio. La primera probablemente nos dé un premio por ser buenos ciudadanos del mundo, y la segunda, su premio será el no cumplir la amenaza de ponernos en alguna de sus listas grises y negras por un tiempo, hasta que se les ocurra otra razón para ponernos allí. ¿Acceso a nuevos mercados, inversiones, facilidad de viajar sin visa? No, nada de eso. En el primer caso, palabras cariñosas y en el segundo nos tendremos que conformar que no nos vayan a dar un reglazo por un tiempo. Esos son los incentivos que tenemos para penalizar la evasión fiscal en contra de nuestros mejores instintos.

Y por lo que vemos, el gobierno actual, escaldado por los Panama Papers hará lo que le digan.

Para dorar la píldora, e inyectar algo de lucha de clases en el camino, el gobierno actual piensa que limitar la penalización de la evasión a evasiones de más de cientos de miles de dólares, hará que la mayoría de los panameños miren al otro lado, mientras que los progres y los izquierdistas de hecho lo aplaudan.

Total, sería como el delito de lesiones personales. Que si la incapacidad no llega a cierto número de días es una falta administrativa y no penal. Mucha gente no se da cuenta de que una vez aceptada la figura penal y creados los mecanismos para perseguirla legalmente, es muy probable que sea la tendencia de las administraciones futuras bajar y bajar cada vez más el límite a partir del cual la evasión pasa de ser falta administrativa a ser delito perseguible penalmente. Acabarían persiguiendo a la gente penalmente por delitos de evasión como comprar un auto de segunda mano a un precio demasiado barato. Eso pasa en Argentina por ejemplo, país que se ha tomado como referencia para estas reformas, que no por nada tiene el dudoso récord de ser el país con la mayor presión tributaria del mundo, y con más de la mitad de sus activos depositados fuera del país por sus propios ciudadanos. Creemos que el “vinieron por ellos y yo no dije nada, luego vinieron por mí y no había nadie que dijera nada” de Martin Niemoller se aplica en este caso como anillo al dedo.

Y uno de los problemas más grandes de la evasión fiscal es su carácter político. ¿A qué nos referimos? nos referimos a que los funcionarios administrativos del estado son los que califican si hay o no evasión fiscal y deciden su persecución penal. Ni siguiera en los países desarrollados se ha logrado la neutralidad política total en la actuación de estos funcionarios. En los Estados Unidos, por ejemplo, es bastante común que el IRS audite a los críticos del presidente de turno. Pasó con Nixon, con los Clinton, con Bush hijo y con Obama. En otros países como España, donde existe la tradición cultural de martillar al clavo que sobresale, los funcionarios de Hacienda son especialmente diligentes en perseguir a figuras del deporte, de la farándula, o empresarios en desgracia política para contar las orejas y rabo del personaje. Como en muchos países la presión fiscal es mayor al 70%, y en algunos casos pasa el 100%, en esos países literalmente todo el mundo es un evasor fiscal, por lo menos para poder vivir. Así que el delito de evasión fiscal cuelga como espada de Damocles sobre toda la población que está a merced de no llamar la atención de los funcionarios de Hacienda. Se imaginan a un Luis Cucalón ya no con el poder de congelar activos, sino de meter a la gente en la cárcel?

Pues es eso lo que la ONU convenientemente no ve, y la OCDE/GAFI quiere que hagamos.
Si algo no está roto, no hay que romperlo. Panamá ha funcionado bastante bien sin penalizar la evasión fiscal, ¿por qué tendríamos que penalizarla nosotros ahora por presiones externas? Porque no surge de una necesidad interna de la sociedad panameña, sino como una petición de afuera para sus propios intereses, que no son los mismos nuestros.

Tomó más de veinte años pero al fin lo hicieron. Al fin un gobierno se pasa por donde puede el artículo 320 de la Constitución sobre la autonomía presupuestaria de la Autoridad del Canal. Solo esperemos que la Corte Suprema de Justicia no avale esta violación descarada de la Constitución.

Históricamente el sistema judicial panameño legitima al poder en lugar de limitarlo mediante el derecho. Si el gobierno hubiera insistido, pronto tendríamos una prueba fundamental  de cuál es el rol verdadero de la Corte Suprema de Justicia dentro del Estado Panameño. Sin embargo parece que el gobierno por ahora retrocedió. Y decimos “por ahora”, porque queda claro que un gobierno políticamente insaciable nos ha tirado un globo para ver como reaccionamos.  Al ver la reacción, el globo se desinfló, pero queda claro que este gobierno y los que vengan seguirán tirando globos futuros. El pastel de la Autoridad del Canal de Panamá es demasiado jugoso como para no tratar de repartirlo.

La ACP es nuestra PDVSA, los venezolanos pensaron que se habían ganado la lotería cuando Rómulo Betancourt nacionalizó el petróleo. PDVSA se convirtió, al igual que la ACP , en un estado dentro del Estado Venezolano, con independencia presupuestaria, que hacía grandes aportes al presupuesto del mismo. El sueño de todo venezolano era ser empleado de PDVSA. Los salarios y condiciones laborales eran la envidia del país. Con ese dinero extra, el gobierno de Carlos Andrés Pérez se embarcó en una orgía de gastos sociales, becas y subsidios. El hecho que la corrupción de los políticos que asignaban estos recursos era rampante, al principio no importó. Todos en Venezuela, políticos, empresarios, funcionarios, militares, y los pobres de los cerros, recibían, aunque de manera desigual, su pedazo del pastel petrolero. El problema era que el precio del petróleo, boyante en los 70s, decayó gradualmente en los 80s y la torta se hizo más y más pequeña; ya los pedazos más pequeños se quedaban entre políticos, empresarios y funcionarios de alto nivel.

El resentimiento creció, pero la política venezolana no cambió. Los pobres religieron a Carlos Andrés Perez a finales de los 80s, pensando que este mágicamente iba a traer un regreso a los 70s, cuando el petróleo estaba en picos históricos. Esto era un imposible y el Carlos Andrés Pérez de finales de los 80s lo sabía, así que trató de contener el gasto público, lo cual llevó a las masacres del Caracazo en 1989 y al intento de golpe de Hugo Chávez en 1992. El resto es historia, Chávez llega al poder, y en medio de otro boom de precios del petróleo, elimina la independencia presupuestaria y administrativa de PDVSA, entrándole a saco a su presupuesto y a su planilla. El resultado es que pese al boom, la capacidad de producir petróleo de Venezuela ha decaído en promedio un 10% anual, porque no hay dinero ni para reinvertir en PDVSA; Chávez emplanilló a personas basándose en la política y no en la competencia, así que ahora la empresa está mal administrada. Y al final el ciclo de precios del petróleo altos terminó y ahora vemos como todos estos males prácticamente han convertido a Venezuela en un país miserable que nada en petróleo que no puede explotar.

Pareciera que en la Asamblea del actual gobierno, existen funcionarios que quieren hacer algo similar con la ACP. Desde el 2013 los subsidios del gobierno de Panamá superan los aportes del Canal de Panamá. Y el lugar de cortar estos subsidios, pareciera que hay personajes interesados en ver cómo erosionan la autonomía de la Autoridad Del Canal de Panamá de la misma manera que Hugo Chávez Frías erosionó y luego eliminó la autonomía de PDVSA.

La Comisión de Presupuesto, la semana pasada, dirigida por el diputado panameñista Luis Barría, y esto no es casual, modificó de manera inconstitucional un artículo de la ley de Presupuesto, cambiando partidas de la ACP. Lo peor es que declaró haber contado con la aprobación del Ministerio de Canal.  Habían recortado 141 millones de gastos de operación del Canal de Panamá para pasarlos a partidas del estado. En otras palabras, están haciendo con el Canal de Panamá lo mismo que Chávez hizo con PDVSA, disminuir la eficacia operativa a costa de tener más dinero que gastar para el gobierno central. Lo más peligroso son las declaraciones de algunos diputados y miembros del gabinete que declaran que no se hizo nada malo, pese a haber puesto en peligro la calificación de riesgo del Canal, violado la Constitución y haber recibido la condena de gremios y sociedad civil. Lo cual sustenta nuestra teoría del globo, y queda claro que de poderse salir con la suya, lo volverán a intentar en el futuro.

Y es que para miembros del gobierno actual, empeñados en conseguir fondos para gastarlos, y para partidos políticos de línea chavista como el FAD, que ha mantenido una campaña de desprestigio constante contra las administraciones de la ACP a través de sus medios digitales, con el corolario implícito de que llegar al poder meterán sus cascos en el Canal, la ACP es nuestra PDVSA. En lugar de proponer estrategias de gobierno que produzcan crecimiento económico, la salida es ir a buscar recursos de donde haya y gastárselos de manera clientelista. En sacrificar el futuro para gozar del presente, matando las gallinas de los huevos de oro de sus países.

Es una estrategia demencial, pero viendo el éxito que tuvo por más de una década Hugo Chávez, electoralmente funciona. Sigamos burlándonos y discriminando a los venezolanos, mientras nuestros gobernantes buscan asegurarse de que terminemos como ellos. La ACP es nuestra PDVSA.

Hace más de treinta años el profesor Alan Bloom, en “The Closing of the American Mind”, nos prevenía del cáncer que se cernía sobre la educación en humanidades en los Estados Unidos, con el surgimiento un movimiento de políticas de identidad influido por el posestructuralismo francés y por el neo marxismo de la Escuela de Frankfurt. Este movimiento que no tenía nombre en los ochentas, ahora se denomina despectivamente, “corrección política”.

En los ochentas la corrección política se exponía más como una crítica al canon literario occidental; mostrando que estaba dominada por “los grandes hombres blancos muertos”. O sea que el canon establecido de la literatura occidental y las narrativas históricas tendían a sobre representar a los hombres blancos muertos a expensas de las mujeres, de las literaturas de las personas de color en otras partes del mundo. Esta crítica es válida, pero también es cierto en que hasta hace poco la narrativa de la cultura occidental estaba hecha por hombres blancos. No era producto de discriminación, pero era así.

En la época de Alan Bloom se corrió a buscar autores mujeres y de minorías étnicas y se trató de encajar la ficción de que sus trabajos eran de igual valor que los clásicos escritos por hombres blancos que reemplazaban. En algunos casos era verdad, como en el caso de Jane Austen o Hannah Arent, pero en muchos era reemplazar obras de gran valor por mediocridades escritas por mujeres o minorías étnicas en una acción afirmativa de la cultura. Lo cual nos lleva a un fenómeno simultaneo y paralelo. La acción afirmativa en admisión a las universidades y la contratación de profesores. Si el canon literario occidental estaba dominado por hombres blancos muertos, las universidades estaban dominadas por hombres blancos vivos. Por lo tanto para auspiciar el aumento de las minorías étnicas y las mujeres, se establece un patrón de acción afirmativa, o como diríamos en español de manera contradictoria, “discriminación positiva”.

De acuerdo con esta medida, las Universidades tendrían requisitos más favorables para la admisión de estudiantes femeninos o de minorías étnicas. Y si se era mujer y de una minoría étnica oprimida, todavía mejor. Algunos de esos requisitos eran positivos, como ayudas financieras para los estudiantes desfavorecidos, pero otros, como reducir los requisitos académicos, eran negativos tanto para estudiantes como para profesores. Lo peor es que como esta “discriminación positiva” (el término en sí es una contradicción) se fundamentaba en cosas como el sexo o la etnia, y menos en la clase social, tuvo como efecto fomentar y exacerbar las políticas de identidad. Ahora todo el mundo buscaba un antepasado de alguna minoría para calificar para las ventajas de la discriminación positiva.

Lo mismo pasaba con el sexo, ahora todo el mundo buscaba ser de alguna minoría sexual para poder calificar. Se fomentó la diversidad en las universidades, étnica y sexual, a costa de fomentar divisivas políticas de identidad, que destacaban más las diferencias entre grupos que sus coincidencias. Y lo peor es que todas estas diferencias eran contra el “hombre blanco heterosexual y cristiano”, el gran cuco de todas estas diferencias, que sin importar la clase social, era el gran opresor. Esto fue creando un resentimiento que se refleja en el nacimiento de políticas de identidad para los hombres blancos, que también ahora se ven como un grupo oprimido. Surge entonces la “alt right”, que recicla el supremacismo blanco del Ku Klux Klan y el racismo biológico de los nazis europeos, usando las políticas de identidad y las posibilidades de la Internet.

Durante los noventas y los dos mil también, ésta política de identidad se reflejaba más bien en la discriminación positiva, en el canon de lecturas, y en la creciente preocupación por el lenguaje de género neutro y la eliminación del lenguaje ofensivo que constituía una micro agresión. En los últimos años de la administración Obama se dio un aumento de la corrección política y las políticas de identidad y también con ello una reacción adversa que se refleja en aumento de los ataques mediáticos a las universidades por apoyar estas políticas.

El más absurdo choque de lo políticamente correcto y las políticas de identidad, se da en una Universidad pública de Washington State, Evergreen State College. Evergreen State College, copió la idea del autor Douglas Turner Ward un Día de Ausencia, sobre un día sin afroamericanos, lo cual inspiró Un Día sin Inmigrantes, con la idea de demostrar cómo se vería el mundo sin la diversidad. Este era el llamado Día de Ausencia. Día en que los activistas de las minorías abandonaban el Campus, para demostrar lo que se pierde sin las minorías oprimidas y despreciadas. Al Día de Ausencia, sigue el Día de Presencia, en el cual se llevan a cabo talleres para sanar las divisiones sociales norteamericanas. La idea en si no es mala.

El problema es que este año, los activistas de los “oprimidos” quisieron hacer las cosas un poco diferentes, y el lugar de abandonar ellos el Campus, les pidieron a los estudiantes y profesores blancos que abandonaran el Campus de manera voluntaria durante el Día de Ausencia. Aunque la ausencia era voluntaria, el hecho de que se les pidiera a profesores y estudiantes blancos que abandonaran el Campus fue visto como un racismo a la inversa. No es lo mismo que un grupo de personas decidan por un día abandonar voluntariamente un lugar, a que éstos les pidan a otros que abandonen voluntariamente un lugar. En el primer caso, se puede interpretar que las personas hacen uso de su libertad, en el segundo caso se puede ver como una discriminación soterrada. El escándalo no se hizo esperar. Los medios tomaron el caso. Por otro lado los estudiantes negros, preocupados por la violencia policial, acusaron a la administración de racismo. Cansados de ver lo que parecía una actitud condescendiente hacia sus críticas, los estudiantes se enfocaron el profesor blanco que había denunciado los cambios al Día de Ausencia como racismo en reverso. Los videos se hicieron virales y el profesor terminó entrevistado por Tucker Carlson en el sensacionalista canal Fox News. Esto a su vez llevó a la Alt Right a enfocarse en la universidad y en ir a protestar allí, así como en montar campañas de acoso y troleo e incluso amenazas violentas. El resultado es mayor escrutinio por parte de los políticos.

¿Se pueden hacer las cosas de maneras diferentes? Por ahora las políticas de identidad siguen fuertes. La identidad es más fuerte que una opinión. Una persona identificada como de color, corre más riesgo de ser maltratada por la policía en una detención. Una persona que se identifica como minoría sexual LGBT, corre más riesgo de suicidarse. Las opiniones en cambio no se muestran hasta que la persona las emite. Por lo tanto para los partidarios de las políticas de identidad, diversidad de opiniones, o sea, libertad de expresión del pensamiento y diversidad de identidades, no es lo mismo. Esta insistencia en las políticas de identidad tiende a justificar la supresión de la expresión de pensamientos “ofensivos” a las identidades oprimidas mientras que tiende a justificar “la rabia” en las expresiones de los “oprimidos” cuando reaccionan a estas expresiones ofensivas. Esto no conduce a un diálogo civilizado, sino a una carrera de provocaciones y reacciones, y a una progresiva radicalización del debate.

Eso es lo que llevó a Donald Trump a la presidencia y lo puede bajar de allí también. Por un lado están los moderados, que cometen el error de criticar a los que piden justicia en lugar de criticar las injusticias en sí. Por otro lado están los que creen que el fin justifica cualquier medio. Y los Estados Unidos se están radicalizando. La solución es el diálogo, pero también en abandonar el irracionalismo implícito en las políticas de identidad, herederas de Nietzsche y de Focault, la idea que no existe la verdad sino voluntades de poder. Porque si se niega la racionalidad, y todo se reduce a luchas por el poder entre identidades, no solo peligra el diálogo, sino la idea de la racionalidad en sí. Y eso es lo más cuestionable de la presente situación en los USA.

Como libertarios estamos a favor de la inmigración con controles razonables, la gente debe tener el derecho de votar con los pies inmigrando a mejores sociedades para mejorar su vida, siempre y cuando estén dispuestos a respetar el Contrato Social que hizo la sociedad a la cual emigran mas próspera, exitosa y libre. Los controles migratorios deben tener como función asegurar que los inmigrantes respeten el Contrato Social. Las medidas migratorias de carácter proteccionistas no son aceptables para un libertario pues violentan la facultad de las personas de contratar y obligarse libremente con las personas que deseen. Como diría Don Justo Arosemena, si fuera por nosotros, eliminaríamos la palabra extranjero. Dicho esto, debemos hacer una serie de observaciones sobre la decisión de la Universidad de Panamá, siguiendo en esto a la Universidad Tecnológica de Panamá de cobrar una matrícula más cara a los estudiantes extranjeros.

En principio, debemos dejar claro que cometieron un error al casar el pagar una matrícula más cara a la nacionalidad y no a la residencia fiscal. Debemos entender que los recursos son limitados y el precio es una manera de racionalizar el uso de un recurso. En este caso de la educación universitaria, es claro que el sistema tiene limitaciones y de por sí está sobrecargado. Por lo tanto, las autoridades universitarias pueden subir la matrícula para garantizar que los recursos se usen bien. En el caso de los estudiantes extranjeros hay dos situaciones muy distintas, las cuales ilustro con casos de la vida real.

Paula B, es venezolana, sus padres vinieron en el 2003, tas la huelga de PDVSA, ella estudió en Panamá, en escuelas privadas, sus padres pagan impuestos sobre la renta y de inmuebles en Panamá, se les descuenta seguro social y seguro educativo. La chica es venezolana, pero ha vivido en Panamá más que en Venezuela. Ahora graduada, quiere entrar a la Universidad estatal y posiblemente busque nacionalizarse.

Maria A, ella vino en el 2015, sus padres, que viven en Venezuela, la mandaron a Panamá para protegerla de la crisis. Para estar legal, se metió a estudiar en la Universidad de Panamá y sacar permiso temporal de estudiante. Espera graduarse y poder emigrar eventualmente a Europa.

En el primer caso, se trata de una persona residente en Panamá, que produce bienes y servicios en Panamá, o depende de personas que producen bienes y servicios en Panamá. Que pagan impuestos directos e indirectos, incluyendo el seguro educativo.

En el segundo caso, se trata de una persona que está en Panamá de paso, por razones coyunturales y paga impuestos indirectos, pero no impuestos directos, ni ella ni sus familiares.

Y es allí donde está el problema, si bien la educación debe ser igual para todos e idealmente gratuita según la Constitución, en realidad los recursos son limitados. Y se entiende que la gratuidad y la solidaridad deben ser de los contribuyentes de la jurisdicción A, para los contribuyentes de la jurisdicción A.  De no aceptarse este principio, nada evitaría que los ciudadanos de un Estado B, que tiene un sistema educativo peor, terminen estudiando en las universidades del estado A, pagados por los contribuyentes del Estado A. De hecho esto pasa en Argentina, donde más de 30,000 estudiantes colombianos estudian de manera gratuita, a expensas de los contribuyentes argentinos. O en el sistema de salud panameño subsidiado, donde turistas llegan al Santo Tomás a operarse pagados por el contribuyente panameño para luego regresarse a su país. Este “free riding” o gorromismo, eventualmente termina sobrecargando los servicios sociales del estado panameño y generando resentimientos y xenofobia contra los extranjeros.

En otros países este principio se entiende. Por ejemplo, en los Estados Unidos existen universidades públicas excelentes, como la Universidad de California en Berkeley, la Universidad de Texas en Austin o la Universidad de Nueva York. Y los gringos hacen diferencias entre los estudiantes In State, o sea residentes en el estado, y los estudiantes Out of State, o sea los estudiantes que no viven en el estado y tienen que pagar una matrícula más cara ya que ni ellos ni sus padres pagan impuestos en el estado donde está ubicada la universidad. Si un residente de Alabama quiere ir a Berkeley, pues tiene que pagar más matrícula que un residente de California, porque se supone que el californiano algo ha pagado con sus impuestos a la universidad, o por lo menos sus padres lo hicieron.

Lo que no hacen en los Estados Unidos es discriminar por nacionalidad como pretenden hacer en Panamá. Un residente extranjero legal en California, tiene los mismos derechos que un US citizen californiano, pues ambos pagan sus impuestos en California. Un extranjero o un US citizen que venga de otro estado, tendrá que pagar más.

Y ése es el error del enfoque de la Universidad de Panamá. El tema no es de nacionales y extranjeros, sino de residentes fiscales en la República de Panamá, panameños y extranjeros, versus extranjeros que solo están de paso. Ese es el enfoque correcto para evitar el free riding universitario.

El 11 de Septiembre del 2001, a las 8:30 PM, el presidente de Estados Unidos, George W. Bush le hablaba a la nación: «Los ataques terroristas pueden sacudir los cimientos de nuestros edificios principales, pero no pueden tocar los cimientos de Norteamérica».

Hoy, a 16 años del ataque a las Torres Gemelas, la revisión de la situación actual sobre las libertades civiles, nos indica todo lo contrario a lo sostenido en aquel entonces, y que los terroristas, quizás en una consecuencia no deliberada del todo, lograron derribar el concepto firmemente arraigado en la mentalidad americana sobre la vida, la libertad y el derecho a perseguir la felicidad.
Ningún evento en la historia ha cambiado más la forma de relacionarnos, que los trágicos eventos del 11 de septiembre. Más allá de la pérdida de casi 3000 personas, el agujero causado en la economía estadounidense de cerca de 11 billones de dólares y el gasto multimillonario aprobado para la guerra global contra el terrorismo, los ataques al World Trade Center de Nueva York y al Pentágono sacudieron los pilares económicos de los US, en momentos en que atravesaban por una recesión. Pero no fueron los daños más graves.

John Stuart Mill, el gran economista y filósofo, observó en el siglo XIX que «a menudo causa admiración la gran rapidez con que se recuperan los países de cuadros de devastación, la pronta desaparición de los rastros del daño efectuado por terremotos, inundaciones, huracanes y los estragos de la guerra». En ese sentido, las pérdidas económicas, a pesar de una lenta recuperación aunada a otros factores, finalmente se fue dando.

La verdadera perdedora ha sido la idea de la libertad, como suele suceder tras acontecimientos tan dramáticos; la lucha contra el fenómeno terrorista planteó importantes problemas dogmáticos que afectaban a los principios estructurales del Estado de Derecho. En efecto, se puso en juego la tensión dialéctica entre los principios de libertad y seguridad, que siempre ha sido una constante a lo largo de la historia de la humanidad y la balanza se inclinó hacia la primera en perjuicio de la segunda. Hay que recordar que en esos días, en los US, cualquier ciudadano tenía miedo a abrir la correspondencia por si contenía ántrax, no es de extrañar que leyes que en cualquier otro momento habrían sido resistidas por los ciudadanos por la erosión de sus libertades, ahora se imponían hasta con beneplácito de los mismos. Por mucho tiempo los estadounidenses habían disfrutado y apoyado toda la gama de estas libertades, que van desde las garantías a la libertad de expresión y tolerancia de las diversas religiones hasta la garantía de igual protección ante la ley.
Ahora sólo decían: «Aquí tienen nuestros derechos fundamentales, ahora nos cuidan y protegen”, cerrando el trato sobre la limitación de los mismos a cambio de una más confortable seguridad.

La legislación antiterrorista en los US.

La primera respuesta contra el terrorismo fue la Orden Ejecutiva (13224) dictada por el presidente Bush el 24 de septiembre de 2001, sobre financiación terrorista (Executive Order on Terrorist Financing. Blocking Property and Prohibiting Transactions with Persons who Commit, Threaten to Commit or Support Terrorism), por medio de la cual se bloqueaban los bienes de 27 personas y organizaciones terroristas vinculados a al-Qaeda.

El 9 de noviembre de ese mismo año, el presidente dictaba una nueva Orden Ejecutiva para la preparación de los ciudadanos en la guerra al terrorismo (Citizen Preparedness in War on Terrorism Executive Order), por la que se creaba un grupo de asalto (Task Force) para preparar a los ciudadanos a reaccionar ordenadamente en lugares públicos de un posible atentado terrorista en los EEUU; y apoyar a las autoridades sanitarias en prevenir y responder ante un posible ataque terrorista.

Sin embargo, la Ley antiterrorista, la USA Patriot Act (Uniting and Strengthening America by Providing Appropiate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism) aprobada el 26 de octubre de 2001, sería la que modificaría la legislación completa en esta cuestión. La USA Patriot Act , cuyo nombre delimitaba claramente a sus opositores con la etiqueta de antipatriotas, en todo su articulado, eliminaba de raíz las garantías constitucionales básicas de detenidos e introducía medidas que violaban la privacidad de los ciudadanos bajo pretexto de facilitar la guerra contra el terrorismo.

Gracias a los nuevos poderes reconocidos por la Ley antiterrorista, el FBI podía vigilar la correspondencia y las comunicaciones a través de Internet o por teléfono de los sospechosos de vínculos con el terrorismo, concepto sin una clara y concreta definición. El “pinchazo” lo podía decidir en algunos casos un Fiscal federal, sin autorización judicial por 48 horas. Se establecía que con un único permiso judicial se podían pinchar todos los teléfonos que pudieran ser usados por un presunto terrorista, mientras que siempre fue necesaria una orden judicial por cada línea telefónica. La nueva Ley tipificaba el ciberterrorismo cuando los ataques informáticos generaran pérdidas superiores a 5.000 dólares.

También se obligaba a las empresas de Internet a entregar el registro de actividad y los correos electrónicos de un sospechoso. Además, se facilitaba el intercambio de información pinchada entre las diferentes agencias gubernamentales. Gracias a esta ley que convertía a todos en sospechosos, el FBI podía ahora acceder, entre otras fuentes, a la lista de libros que los ciudadanos americanos retiraban de las bibliotecas, para analizar si sus hábitos de lectura concordaban con el perfil de alguien perteneciente a una organización terrorista. Sobre esta cuestión, que puso en alerta a muchas bibliotecas del país, el presidente Obama dijo en la conferencia anual de 2005 de la American Library Association que él creía en una lucha contra el terrorismo que no pisoteara los derechos civiles y que no le gustaba «que los agentes federales fisgoneen en nuestras bibliotecas». Sin embargo, Obama terminó apoyando las disposiciones de la USA Patriot Act.

Además, la Ley permitía a la policía detener a extranjeros residentes sin necesidad de formular cargos contra ellos durante siete días, lo cual era una mejora procesal, si se tiene en cuenta que el Fiscal General Ashcroft había solicitado una detención “indefinida y registrar domicilios sin autorización judicial previa”. Tampoco era necesaria la intervención judicial para pinchar las conversaciones entre reclusos y abogados, cuando existiera una sospecha razonable para creer que el detenido pudiera usar las comunicaciones con sus abogados para facilitar actos de terrorismo. De otra parte, se podía condenar como terroristas a quienes alojaran en sus casas a personas, si tenían “bases razonables para creer” que estaba relacionado con actividades terroristas.

En definitiva, todo este conjunto de medidas adoptadas por el Gobierno americano desde los atentados del 11 de septiembre constituyen la expansión más fuerte del Poder Ejecutivo desde la guerra fría.

Pero, sin lugar a dudas, la más polémica de las medidas adoptadas por el Ejecutivo ha sido la creación de Tribunales militares “de excepción” para juzgar a ciudadanos extranjeros sospechosos de participar en actividades terroristas, o poner en peligro la seguridad nacional en virtud de la Orden Presidencial de 13 de noviembre de 2001 (Detention, Treatment, and Trial of Certain Non-Citizens in the War against Terrorism), cuyo antecedente se origina en 1942 con el presidente Roosevelt. Después de los atentados del 11 de septiembre, el presidente Bush, que sin una declaración de guerra del Congreso de los US, había proclamado el estado de emergencia nacional el 14 de septiembre de 2001 (Proc. 7463, Declaration of National Emergency by Reason of Certain Terrorist Attacks), acudió a este precedente para justificar el establecimiento de Tribunales militares de excepción para extranjeros acusados de terrorismo.

Aunque sus defensores hayan sostenido que los Tribunales militares que se han organizado cumplen el Código Normalizado de Justicia Militar, la situación no es aceptable en el marco del Estado de Derecho. Y ello porque este Código exige un juicio público y sin demoras, el derecho a confrontar a los testigos y acceso a las pruebas en contra, el derecho a pedir un jurado de ciudadanos corrientes e imparciales que decida si las pruebas demuestran la culpabilidad más allá de toda duda razonable, y el derecho de elegir abogado, la unanimidad en la condena de muerte y, sobre todo, la posibilidad de recurso de apelación ante civiles confirmados por el Senado.

Y ninguno de esos derechos fundamentales se encontraban reconocidos en la resolución militar presidencial por la que se establecían Tribunales para las personas calificadas como terroristas antes de juicio. Posteriormente se introdujeron modificaciones al precisarse que los Tribunales militares que juzgaran a extranjeros por cometer actos de terrorismo contra los US sólo podrían imponer la pena de muerte por unanimidad, dado que en un principio se había estudiado la posibilidad de imponer la pena de muerte simplemente con dos tercios de los votos, mayoría que sigue siendo necesaria para decidir la condena. Los Tribunales aplicarán legislación civil y militar, siendo los acusados considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable, aunque, sin embargo, pueden admitirse como pruebas “simples rumores”. Como en un consejo de guerra, el abogado defensor (militar o civil) tendrá acceso a todas las pruebas, salvo las que puedan suponer un riesgo para la seguridad nacional.

La ola de miedo no tardó en extenderse globalmente, especialmente en algunos países que vieron en este clima la excusa perfecta para aumentar sin demasiada oposición sus posibilidades de control y autoridad. Tanto fue así, que tan solo un año después de los atentados del 11-S, Reporteros Sin Fronteras ya advertía de que «la Red puede muy bien figurar en la lista de ‘daños colaterales’ de la deriva generalizada de la seguridad». Así, pocos meses después de los atentados, en Alemania se aprobaron las medidas Otto-Katalog, que permitían a las autoridades acceder a datos de los ciudadanos como informaciones relativas a intercambio de e-mail y en Canadá se aprobó la Ley Antiterrorista que permitía por primera vez que un servicio del Ministerio de Defensa efectuara escuchas telefónicas de cualquier ciudadano, sean o no canadienses. Leyes semejantes se aprobaron también en países como Italia o Dinamarca.

Otra consecuencia no deliberada fue con respecto a la inmigración.

Los ataques terroristas también condenaron el futuro prometedor de 12 millones de inmigrantes indocumentados que se hallaban a las puertas de la legalización.
Cinco días antes del atentado, los presidentes de Estados Unidos, George W. Bush, y de México, Vicente Fox, habían firmado un acuerdo para regularizar las permanencias de entre 2 y 3 millones de trabajadores sin papeles, la mayoría campesinos.
Los terroristas que cometieron el ataque del 9/11 eran extranjeros con permiso de estadía. Ello aumentó la desconfianza y el miedo, al punto que la inmigración indocumentada se convirtió en un asunto de seguridad nacional. Después del 9/11 nada fue igual para los inmigrantes sin papeles.

El terrorismo no es un fenómeno coyuntural sino estructural, por lo tanto la lucha contra el mismo ni puede ser de tipo militar (caso de US), ni puede realizarse mediante la adopción de normas excepcionales y extraordinarias (caso del Reino Unido), sino a través de la legislación ordinaria, de conformidad con los principios inherentes a un Estado de Derecho. La lucha que plantea el terrorismo debe ser una inteligente y el Estado de Derecho, dada la complejidad del problema planteado, debe desarrollar su acción contra el mismo con instrumentos jurídicos, policiales, financieros y políticos, procurando la coordinación nacional e internacional, pero siempre sin eliminar su propia lógica existencial. La solución no está en las respuestas militares ni en las guerras preventivas. Aunque sea, al menos en cierta medida, asumible el principio de vulnerabilidad de las sociedades occidentales, también lo es que la invasión de la privacidad, y de otros derechos fundamentales, no garantiza la seguridad.

Las nuevas leyes antiterroristas adoptadas por las diferentes democracias liberales con posterioridad a los atentados del 11 de septiembre han incidido de forma abiertamente restrictiva en el ejercicio de determinados derechos fundamentales como la libertad y seguridad personales, la tutela judicial efectiva, la intimidad, el secreto de las comunicaciones telefónicas o a través de Internet, etc.; han aumentado los poderes y facultades de los servicios de inteligencia y la policía en la lucha contra el terrorismo; y han afectado de manera singular al estatus jurídico de los extranjeros residentes en sus territorios, quienes, en ocasiones, han visto cercenados sus derechos más fundamentales de una forma absolutamente arbitraria. En muchos de estos casos, las medidas legislativas adoptadas en la lucha antiterrorista superan incluso a la legislación de excepción. A pesar de tantas medidas contraterroristas, el terrorismo ha cambiado la forma de ejecución, pero los atentados han continuado en creciente aumento; y en respuesta, los diferentes Estados no han hecho sino aumentar las cautelas y restricciones en el ejercicio de determinados derechos fundamentales en la lucha contra el terrorismo.

A la vista de los peligros que para el Estado de Derecho entrañan algunas de las medidas adoptadas por las nuevas leyes antiterroristas, podemos concluir que si el propósito de la lucha contra el terrorismo es la defensa de las libertades y el fortalecimiento de la democracia, no se puede recurrir a prácticas que supongan su total conculcación, pues como decía Benjamín Franklin, “Quien prima la seguridad sobre la libertad no tiene derecho ni a la una ni a la otra”. La solución no consiste, entonces, en el recorte de las libertades ciudadanas. Por otro lado, no se puede renunciar al modelo de sociedad abierta, ni utilizar el terrorismo en la lucha partidaria. La globalización y el desarrollo tecnológico abren nuevas posibilidades al fenómeno terrorista, pero también deben suponer un avance en la lucha contra el mismo. Hay que pensar y discutir abiertamente también sobre los llamados “crímenes sin víctimas”, que luego generan “guerras contra ( drogas, prostitución, armas, comercio, evasión fiscal)”, que no son otra cosa que las consecuencias no deseadas por los gobiernos, al haber avanzado en la legislación contra las libertades individuales, generando así un mercado negro que son los que propician luego sus propios sistemas de defensa y protección, y se convierten en un factor favorable para los terroristas, que parecen encontrarse en un perfecto campo abierto para atentar contra los valores republicanos, occidentales y democráticos.

Bruno Leoni, en La Libertad y la Ley, decía: “la gente, hoy en día, parece incapacitada de comprender: la formación de la ley es mucho más un proceso teórico que un acto de voluntad, y como tal proceso teórico no puede ser el resultado de decisiones emanadas de grupos de poder a expensas de las minorías en desacuerdo.”.

Esta idea es de vital importancia para comprender que no puede utilizarse la ley para regular las relaciones laborales entre personas, ya sean emprendedores, empresas multinacionales o un simple chichero que necesita ayuda en los quehaceres.  Si se pudiera decretar la felicidad por medio de una ley, qué felices seríamos todos!

En la superficie, si uno sólo mira que las personas con menos calificaciones tendrán un aumento en su salario mínimo, no puede menos que acordar con la medida. Somos humanos y esa mirada superficial nos reconcilia con la bondad y la compasión.

Sin embargo, los economistas, pero sobre todo, todos aquellos que se ocupan de la cosa pública (políticos, legisladores, asesores, lobistas, sociedad civil, organizaciones no gubernamentales) deben analizar “lo que no se ve”, al implementar una medida que invariablemente afecta  en el inicio a una minoría, pero que en el largo plazo, afecta a todos. ¿Recuerdan el efecto del aleteo de una mariposa? Algo bello que puede generar un tornado al otro lado del mundo.

En economía, tomar decisiones como imponer un salario mínimo, por sectores externos a la relación laboral, acabará generando como consecuencias principales,  pérdidas de empleos, surgimiento de mercados negros, caída en la competitividad de empresas nacionales vs extranjeras, aumento de precios en bienes y servicios, destrucción de la producción y como resultado, un empobrecimiento general de la población. Y de esto último sí es sabia la gente: es muy normal sostener conversaciones del tipo “ahora cobro más por cheque, pero me alcanza para comprar menos”. En términos sencillos, han logrado explicar cómo el mercado queda distorsionado gracias a la intervención estatal, que para sostener una medida política debe por el otro lado disimular las consecuencias y para ellos manipula los flujos monetarios (emitiendo y colocando deuda por ejemplo) para que se siga estimulando el consumo que estimule la producción. ¿Pero recuerdan que la producción fue impactada en el inicio y los aumentos salariales se dieron por decreto y no por tasas reales de capitalización y producción? Es dinero recirculando pero descapitalizando más en cada vuelta a las empresas que generan trabajo para esa misma población. Es necesario recordar que el fin no es el trabajo; éste es un medio o herramienta, para lograr la producción de bienes y servicios que la población demanda.  Esta actividad es la que realmente, junto al ahorro y capitalización, crea trabajo para todos. Nadie se levanta un día para crear trabajo; se crean empresas, se ponen en marcha ideas, se genera un nuevo bien o servicio para satisfacer una demanda o crear una oportunidad donde la intuyó un emprendedor, y luego ello genera puestos laborales.

 

 

Por lo mismo, si el gobierno establece el salario mínimo apenas por encima del salario actual de mercado, lo que va a producir es que los desempleados menos calificados,  los que más necesitan el empleo, los que “están al margen”, directamente no ingresarán al mercado del trabajo; a menos que lo hagan en la economía informal, que no por casualidad son muy grandes en los países donde el salario mínimo es obligatorio. El fenómeno que los gobiernos quieren evitar es el primero que se les produce en contra: mercados negros  e inmigración que suple las demandas laborales a salario de mercado (o no regulado).

Y por supuesto, llegarán las inspecciones de trabajo a tratar de revertir este fenómeno. Y se producirá entonces otra variante, que es la que restringe las posibilidades de trabajo ya que habrá muchas empresas e individuos que no quieran operar “en negro”.

Como consecuencia de este punto podemos llegar a la conclusión que si el salario mínimo es inevitable asumir para el mercado productivo, pueden suceder dos cosas: a) se traslada este costo a los bienes y servicios, que logra el encarecimiento de los mismos y  serán demasiado caros para que alguien los quiera comprar. En este caso se produce una disminución de la demanda global, y es posible que “la ganancia” obtenida  sea tan baja que provoque la desaparición de algunos productores marginales. Pensemos en pequeños emprendedores, comercios pequeños, etc.  Y esto al final nos conduce a los monopolios que a nadie le gustan porque se elimina la competencia y la posibilidad de elegir, favoreciendo a las grandes empresas normalmente. Y esto reduce nuevamente los puestos de trabajo ya que la nueva empresa con mayores tasas de capitalización desplaza a ese otro empleado que antes podía trabajar en la pequeña empresa.

También es posible que suceda que el impacto a nivel nacional encareciendo los bienes y servicios, haga la producción local menos competitiva en precios que la extranjera. Cuando luego se producen las importaciones para favorecer con precios bajos a los consumidores, se dice que esto afecta a la producción local y a los empleados menos calificados y va a producir desempleo. Y en realidad lo que ha sucedido es que previamente se afectó la estructura productiva desde el mismo estado interviniendo y regulándola y que ya el desempleo, tarde o temprano, estaba llamado a producirse. La otra situación b) es que la empresa o el emprendedor decidan absorber los costos de los salarios mínimos para seguir estando competitivos con los precios, en especial, en un mercado global con fronteras cada vez más desdibujadas. En ese caso, lentamente se producirá una descapitalización de las empresas, que en lugar de asignar recursos a proyectos productivos y diversos, deberá concentrarse en pagar salarios mayores que su estructura de precios permite. Con el tiempo, las más afectadas serán las pequeñas, éstas se volverán menos competitivas perdiendo mercado y trasladando, consecuentemente, una parte de su demanda a las grandes firmas. Llegado ese punto, estas  empresas se verán en la horrible decisión de cerrar o pasarse al mercado negro.

Todas estas consecuencias no deseadas, finalmente lo que logran es la llamada “desocupación institucional”, es decir, el resultado de una imposición legal y no de mercado, que produce desempleo totalmente artificial en el país donde se imponen.

Y luego, para tratar de enmendar estos efectos que  causa el salario mínimo,  el estado vuelve a crear más leyes  para solucionar el problema que él mismo ha creado. La consecuencia  es una degeneración institucional, donde se crean nuevas funciones y roles para el gobierno, se invierten las culpabilidades de la situación y de a poco se pavimenta el camino hacia la servidumbre.

Los datos reflejan que los países con mayor flexibilidad laboral en general disfrutan de tasas de desocupación mucho más bajas y salarios más altos que los que se caracterizan por la rigidez regulatoria laboral. Incluso hay otro factor del que no me ocupo en este artículo, que es la otra cara del salario mínimo y referido siempre a la intervención estatal,  que es la flexibilidad o rigidez de los costos laborales de cierre o despido.

Y los datos también demuestran que los países más avanzados del mundo tampoco mantienen leyes regulatorias sobre salario mínimo. Para ejemplo, en Europa existen nueve países que no tienen salario mínimo y en donde el costo del despido es cero: Suiza, Noruega, Islandia, Austria, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Italia y Chipre. Estos mismos países son, precisamente, los que poseen la tasa de desempleo más baja  y salario promedio más alto del continente. En Asia, Singapur no estatuye salario mínimo y en Hong Kong ha sido de reglamentación reciente, en el año 2010.Ni Qatar ni en Dubai se pagan salarios mínimos tampoco.

En Suiza, la desocupación es cercana al 3,1% y el salario aproximado a los 72.000 euros al año; en Noruega, 3,7% y alrededor de 67.000 euros; en Islandia, 4,8% y 38.128 euros; en Austria, 5,1% y 41.700 euros; en Dinamarca, 6,6% y 53.000 euros; en Suecia, 7,7% y 45.300 euros; y en Finlandia, 8,7% y 42.500 euros. Las excepciones a esta regla son Chipre e Italia, que si bien no regulan expresamente el salario mínimo, en el caso italiano poseen cláusulas legales sobre el despido en empresas con una determinada cantidad de empleados, que hacen elevado el costo al final.

Finalmente, a pesar que Reino Unido, Irlanda y Luxemburgo mantienen leyes sobre salario mínimo, la clave radica en que la indemnización por despidos promedio en estos tres países  oscila entre las 3 semanas de Reino Unido y las 8,2 de Irlanda.

La teoría, apoyada en  los datos,  arroja conclusiones claras. Los países con un mercado laboral flexible, sin la regulación de salario mínimo ni costos asociados al despido, poseen los índices de desempleo más bajos y los salarios más altos del mundo. Por el contrario, aquellos que permanecen en el proteccionismo  legal, lejos de favorecer el mercado del trabajo, sólo lo perjudican y allí sí, quien paga las consecuencias, es aquel al que inicialmente se quería proteger.