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Deben pagar los extranjeros más por las matrículas universitarias? Una postura libertaria.

Como libertarios estamos a favor de la inmigración con controles razonables, la gente debe tener el derecho de votar con los pies inmigrando a mejores sociedades para mejorar su vida, siempre y cuando estén dispuestos a respetar el Contrato Social que hizo la sociedad a la cual emigran mas próspera, exitosa y libre. Los controles migratorios deben tener como función asegurar que los inmigrantes respeten el Contrato Social. Las medidas migratorias de carácter proteccionistas no son aceptables para un libertario pues violentan la facultad de las personas de contratar y obligarse libremente con las personas que deseen. Como diría Don Justo Arosemena, si fuera por nosotros, eliminaríamos la palabra extranjero. Dicho esto, debemos hacer una serie de observaciones sobre la decisión de la Universidad de Panamá, siguiendo en esto a la Universidad Tecnológica de Panamá de cobrar una matrícula más cara a los estudiantes extranjeros.

En principio, debemos dejar claro que cometieron un error al casar el pagar una matrícula más cara a la nacionalidad y no a la residencia fiscal. Debemos entender que los recursos son limitados y el precio es una manera de racionalizar el uso de un recurso. En este caso de la educación universitaria, es claro que el sistema tiene limitaciones y de por sí está sobrecargado. Por lo tanto, las autoridades universitarias pueden subir la matrícula para garantizar que los recursos se usen bien. En el caso de los estudiantes extranjeros hay dos situaciones muy distintas, las cuales ilustro con casos de la vida real.

Paula B, es venezolana, sus padres vinieron en el 2003, tas la huelga de PDVSA, ella estudió en Panamá, en escuelas privadas, sus padres pagan impuestos sobre la renta y de inmuebles en Panamá, se les descuenta seguro social y seguro educativo. La chica es venezolana, pero ha vivido en Panamá más que en Venezuela. Ahora graduada, quiere entrar a la Universidad estatal y posiblemente busque nacionalizarse.

Maria A, ella vino en el 2015, sus padres, que viven en Venezuela, la mandaron a Panamá para protegerla de la crisis. Para estar legal, se metió a estudiar en la Universidad de Panamá y sacar permiso temporal de estudiante. Espera graduarse y poder emigrar eventualmente a Europa.

En el primer caso, se trata de una persona residente en Panamá, que produce bienes y servicios en Panamá, o depende de personas que producen bienes y servicios en Panamá. Que pagan impuestos directos e indirectos, incluyendo el seguro educativo.

En el segundo caso, se trata de una persona que está en Panamá de paso, por razones coyunturales y paga impuestos indirectos, pero no impuestos directos, ni ella ni sus familiares.

Y es allí donde está el problema, si bien la educación debe ser igual para todos e idealmente gratuita según la Constitución, en realidad los recursos son limitados. Y se entiende que la gratuidad y la solidaridad deben ser de los contribuyentes de la jurisdicción A, para los contribuyentes de la jurisdicción A.  De no aceptarse este principio, nada evitaría que los ciudadanos de un Estado B, que tiene un sistema educativo peor, terminen estudiando en las universidades del estado A, pagados por los contribuyentes del Estado A. De hecho esto pasa en Argentina, donde más de 30,000 estudiantes colombianos estudian de manera gratuita, a expensas de los contribuyentes argentinos. O en el sistema de salud panameño subsidiado, donde turistas llegan al Santo Tomás a operarse pagados por el contribuyente panameño para luego regresarse a su país. Este “free riding” o gorromismo, eventualmente termina sobrecargando los servicios sociales del estado panameño y generando resentimientos y xenofobia contra los extranjeros.

En otros países este principio se entiende. Por ejemplo, en los Estados Unidos existen universidades públicas excelentes, como la Universidad de California en Berkeley, la Universidad de Texas en Austin o la Universidad de Nueva York. Y los gringos hacen diferencias entre los estudiantes In State, o sea residentes en el estado, y los estudiantes Out of State, o sea los estudiantes que no viven en el estado y tienen que pagar una matrícula más cara ya que ni ellos ni sus padres pagan impuestos en el estado donde está ubicada la universidad. Si un residente de Alabama quiere ir a Berkeley, pues tiene que pagar más matrícula que un residente de California, porque se supone que el californiano algo ha pagado con sus impuestos a la universidad, o por lo menos sus padres lo hicieron.

Lo que no hacen en los Estados Unidos es discriminar por nacionalidad como pretenden hacer en Panamá. Un residente extranjero legal en California, tiene los mismos derechos que un US citizen californiano, pues ambos pagan sus impuestos en California. Un extranjero o un US citizen que venga de otro estado, tendrá que pagar más.

Y ése es el error del enfoque de la Universidad de Panamá. El tema no es de nacionales y extranjeros, sino de residentes fiscales en la República de Panamá, panameños y extranjeros, versus extranjeros que solo están de paso. Ese es el enfoque correcto para evitar el free riding universitario.

About the author

Ricardo Soto

Ricardo Soto Barrios, abogado, especialista en políticas públicas, egresado de la Universidad Santa María la Antigua. Políticamente liberal, ha participado en muchos proyectos donde se analizan las políticas públicas de Panamá desde un punto de vista liberal y se proponen alternativas. Ha trabajado en la Policía Nacional de Panamá, el Ministerio de Gobierno, y AMPYME, además de ejercer la práctica privada.

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