La Unión Europea (UE) y el Reino Unido se preparan para el peor de los escenarios con el Brexit, término que se usa para referirse a la salida del Reino Unido de la UE (British Exit), tras un referendo consultivo realizado el 23 de junio de 2016, en el que el “sí” obtuvo un 51,9% de los votos frente a un 48,1%.

Para ejecutar la salida, el 29 de marzo de 2017, el Reino Unido activó el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que regula el mecanismo de la salida voluntaria de un estado miembro de la UE mediante una carta dirigida al presidente del Consejo Europeo. A partir de esa fecha, comenzó a correr el plazo de dos años del cual dispone el Reino Unido para preparar su salida efectiva y fijar el nuevo marco de la relaciones con la UE, que deberán votar los 27 estados miembros.

A manera de muestra de la determinación de su gobierno, la primera ministra británica Theresa May, recién notificó oficialmente que la retirada del Reino Unido de la UE se llevará a cabo a las 23:00 horas GMT del sábado 29 de marzo de 2019, es decir, media noche del 30 de marzo, hora de Euskal Herria. Los analistas en Europa señalan que ésta es la única certeza que hasta el momento se tiene sobre el Brexit. En efecto, el pasado 10 de noviembre, el negociador de la UE, Michel Barnier, dio un ultimátum de dos semanas de plazo al Reino Unido para desbloquear las negociaciones en aras de construir una buena relación futura entre ambos. No obstante, hasta la fecha, sucesivas rondas de negociaciones complejas se han celebrado sin que las mismas avancen lo suficiente como para pasar a la segunda fase en la cumbre que se celebrará el 14 y 15 de diciembre, lo cual deja en suspenso todo el proceso y vaticina un Brexit traumático.

Barnier mencionó la dificultad que en menos de un año y medio se logre un acuerdo completo, al recordar que existen más de 1,000 pactos internacionales firmados por la UE de los cuales saldrá el Reino Unido el día que se retire del bloque europeo.

Los tres principales puntos de divergencia en el divorcio entre Londres y Bruselas: Los derechos de los expatriados en el Reino Unido, la factura del divorcio (Bruselas la cifra en 100,000 millones de euros) para zanjar sus compromisos con el presupuesto comunitario,  y la frontera futura con Irlanda del Norte para no poner en riesgo los acuerdos de paz en el Ulster. Los europeos no aceptan hablar de las relaciones futuras con Londres o del período transitorio hasta que haya “progresos suficientes” sobre los términos del divorcio. Por su parte, el equipo negociador británico reclama que la factura de salida y las futuras relaciones deben discutirse simultáneamente.La incertidumbre que pesa sobre las consecuencias del Brexit comienza ya a hacerse sentir en las empresas británicas que tienen actualmente relaciones comerciales con el continente. Los sectores de la industria de automóviles, por ejemplo, temen la perspectiva de un fracaso de negociaciones. De no lograrse un acuerdo, el Reino Unido regresaría a las reglas de base de la Organización Mundial de Comercio, lo que significa que las exportaciones de automóviles británicos se gravarían al 10% en las fronteras del continente.

La patronal empresarial británica (CBI), ha sido muy crítica con la lentitud del proceso de negociaciones del Brexit al observar que está causando parálisis en la inversiones de las empresas del Reino Unido y obligando a que muchas de ellas preparen planes de contingencia para relocalizar gran parte de sus actividades a otros países.

Por el lado de los bancos, numerosas instituciones instaladas en la City de Londres ya han iniciado los trámites de traslado de sus operaciones bancarias y financieras hacia la UE ante la perspectivas de un “hard brexit” (Brexit duro) como lo auspicia la primera ministra, para no perder el denominado derecho de pasaporte que permite a los bancos mundiales con sede en Londres operar en todo el mercado europeo sin restricciones, lo cual conllevaría a una pérdida de competitividad. Franckfort, Luxemburgo, Dublin y Paris son las ciudades elegidas para la relocalización de los diferentes servicios. Se calcula que 70,000 empleos están en riesgo de perderse en este sector.

El efecto incertidumbre del Brexit se está igualmente observando en el mercado inmobiliario. Un informe del Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), organismo profesional británico de reglamentación y promoción de la profesión inmobiliaria, asegura que a nivel nacional, el indicador de precios cayó a su nivel más bajo en más de cuatro años en Londres y regiones cercanas causadas por la pérdida de confianza de los agentes, la depreciación de la libra esterlina y algunas modificaciones fiscales. RICS sostiene que la incertidumbre política vinculada al Brexit están poniendo a prueba el sector inmobiliario en el Reino Unido.

En las previsiones económicas recién publicadas por la Comisión Europea, aparece la economía británica como la que menos crecerá en 2018 del bloque, un 1,5%, menos incluso que la griega.

Ante los riesgos de que el proceso culmine sin acuerdo cuando en marzo de 2019 Reino Unido quede desconectado de la UE y de sus Tratados, el ministro para el Brexit David Davis ha asegurado que el gobierno británico está “preparado para todos los escenarios” A su vez, Barnier ha afirmado que la falta de acuerdo será “un mal acuerdo”, pero que también el bloque europeo está preparado para “todo tipo de eventualidades”.

El «basement dweller» es un término de internet muy pintoresco. Literalmente significa «el que vive en el sótano». Imagínate a un inadaptado sucio, mal vestido, sin peinarse o afeitarse, pegado todo el día a la pantalla de internet troleando en foros y redes sociales, haciendo memes, robando información de las computadoras de otro, haciendo virus y spyware para molestar. Como esa persona es un inadaptado social y frecuentemente está dentro del espectro autista, suele vivir con sus padres hasta una edad muy avanzada, usualmente hasta quedarse huérfano de adulto.

A los basement dwellers se les presuponen habilidades cibernéticas extraordinarias, son los hackers o ladrones de información de las películas.  Pero la realidad es distinta, una cosa son unos basement dwellers y otra cosa son los hackers profesionales, con formación universitaria en muchos casos, que trabajan para empresas de seguridad, de investigaciones privadas o para servicios de inteligencia para los estados. El tipo de personas que posee todo tipo de software y hardware, muchos de ellos no disponibles comercialmente, para poder infiltrar los ordenadores de los objetivos, con malware o syware que los firewalls y antivirus comerciales no pueden detectar. El tipo de hackers que puede viajar alrededor del mundo con identidades falsas y hospedarse en hoteles, acompañado de expertos en violar cerraduras y desactivar alarmas, para plantar malwares en computadoras de sistemas no conectados a una red externa. El tipo de hackers que pueden pagar a empleados de las compañías blanco de sus actividades, para que les ayuden a plantar este malware o sacar los discos duros externos donde estén alojados, subrepticiamente. Este tipo de hackers suele costar dinero, dinero que solo pueden pagar personas o corporaciones multimillonarias, o gobiernos.Recientemente el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos, o ICIJ por sus siglas en inglés, ha tenido dos grandes “filtraciones” de información, los Panamá Papers, producto de una “filtración” a la firma panameña Mossack y Fonseca, y los Paradise Papers, producto de otra “filtración” a dos empresas de contabilidad y planeación ubicadas en la Bahamas, Bermuda, Isla de Mann y Singapur. Pero con información proveniente de una multiplicidad de jurisdicciones. Obviamente el ICIJ dice que va proteger a los responsables de estas filtraciones,  y que no es una entidad gubernamental, así que no va a compartir estas “filtraciones” a los gobiernos salvo cuando se descubra actividad criminal (o sea, ellos son los que van a decidir si una actividad es criminal o no). Sin embargo ya se han visto casos como los Panama Papers donde las autoridades fiscales de ciertos gobiernos como el Alemán, han comprado información. Recordemos que para muchos países, no solo la defraudación fiscal, o sea el no declarar ingresos, sino también la “planeación fiscal agresiva”, o sea el buscar la manera de no pagar tantos impuestos dentro del esquema legal son actividades delictivas.

Y luego está la afrenta moral. O sea, asolear a personas en los medios diciendo, “fulano de tal tiene una sociedad offshore” aunque no se haya hecho nada indebido con esa sociedad. Por ejemplo el directivo del partido español Ciudadanos, tuvo que renunciar porque tenía una sociedad de Mossack y Fonseca. Resulta que el tipo había vivido en Panamá y abrió sus sociedades porque quiso iniciar dos comercios acá que no le resultaron. O ciertos políticos argentinos, que ante los malos manejos del dinero crónico de Argentina, habían creado sociedades panameñas para tener ahorros en dólares.

Muchas de las personas que han sido asoleadas en los medios y sancionadas moralmente en los Panama Papers y seguramente serán asoleadas en los Paradise Papers, no hay hecho nada indebido ni ilegal. Y tampoco muchos de los políticos que han sido asoleados en los medios. Muchos han renunciado más bien por un linchamiento en la opinión pública, no por hacer nada delictivo. Y lo mismo ha pasado con otras personalidades.

Los periódicos, usualmente de centro izquierda que forman parte del ICIJ parecen partir de una premisa. “El gasto público es bueno y sabio, el estado es el único que puede garantizar los derechos sociales mediante su gasto y por lo tanto los políticos tienen la potestad de poner los impuestos que les da la gana, aunque estos puedan exceder el 100% de los ingresos de una persona, y los buenos ciudadanos tienen el derecho de obedecer tratando de pagar la mayor cantidad de impuestos posibles. Los estados tienen el deber de garantizar que sus ciudadanos son buenos ciudadanos globales y ayudar a los otros estados a cobrar sus impuestos aún a costa de los intereses de sus propios habitantes”. Por lo tanto el ICIJ tiene derecho a usar información obtenida por medios cuestionables, usualmente delictivos, como el robo de información y el hacker, para asolear a personas e individuos que no cumplen con esta premisa.

El modus operandi ya lo sabemos. Un soplón “whistleblower” en inglés, se acerca al Suddeutsche Zeittung o SZ abreviado, diario alemán, diario alemán social liberal opuesto a los conservadores de la democracia cristiana, con información confidencial obtenida de manera ilegal de los bancos suizos, de Luxemburgo, de Mossack y Fonseca, o de compañías offshore en las Bahamas. Este diario dice que la información es tanta y tan internacional que tiene que compartirla con el ICIJ, el cual ha desarrollado un software para que periodistas de los diarios afiliados al consorcio, puedan buscar nombres de personajes locales para sus noticias locales.

Lo curioso es que estos soplones o “John Doe”, nunca pueden aclarar cómo pudieron tener acceso a tanta información, de compañías que guardan la información de manera descentralizada y muchas veces con las mejores salvaguardas que la tecnología moderna puede ofrecer.

Lo cual nos lleva a la pregunta inicial, ¿basement dwellers o periodistas investigativos? Porque realmente acá no hay una verdadera investigación, más bien parece que ladrones profesionales de información, usualmente vinculados servicios de inteligencia de gobiernos, a un par de billonarios que compran deuda soberana de países o invierten en monedas, o corporaciones que se dedican a actividades similares, roban información y luego la proporcionan, debidamente filtrada, a medios de comunicación para que hagan el trabajo “investigativo”.Lo cual plantea serios problemas éticos.

El primero es la neutralidad de la fuente. Vimos como en los Panama Papers, los primeros titulares decían que amigos de Putin eran clientes de Mossack y Fonseca. Ahora en los Paradise Papers, parecen seguir un guion similar, que asociados a Trump y su yerno, tienen negocios con Rusia. No dice si son legales o no los negocios, pero el morbo está servido.

El segundo es que uno de los principales donantes del ICIJ es una fundación de un billonario húngaro norteamericano, enemigo de Trump y de Putin, que además ha invertido fuertemente en deuda soberana en el tercer mundo y en el Euro, y tiene un interés personal en que los estados de la Eurozona y del tercer mundo puedan exprimir fiscalmente a sus ciudadanos para que puedan pagar sus bonos de deuda soberana y mantener la apuesta que hizo con el Euro. Esta fundación está dirigida en su parte periodística por la esposa de Joseph Stiglitz el cual es uno de los asesores económicos de este billonario. Luego se preguntan porque la visita de Stiglitz a Panamá fue un fiasco, algo que predije desde el mismo momento que se nombró la comisión. Pueden acusarme de teorías de conspiración, pero acá no hay que buscar mucho, las relaciones entre las partes son públicas y notorias, cualquier búsqueda en Google puede demostrar estas relaciones en términos sencillos de sí o no. También hemos visto, como pareciera que es el caso británico, se buscara incomodar a James Cameron o a la Casa Real británica entre los primeros titulares, aunque no hubiesen hecho nada ilegal. Lo cierto es que en todos estos escándalos llama la atención la falta de nombres norteamericanos que no estén vinculados a Donald Trump.

El tercero es que en muchos países serios es un violación de la confidencialidad profesional. Por ejemplo en los Estados Unidos se considera que no es ético divulgar información de la relación cliente/profesional, como la de un médico, abogado, contador, sicólogo, que se haya obtenido sin consentimiento de las partes. Algo que claramente están violando los medios miembros del ICIJ. Imagínese si un grupo antiaborto, logra hackear las base de datos de un sistema de clínicas de abortos, y publica los nombres de todas más mujeres que abortaron. O se hackea la oficina de un sicólogo y se publica el estado mental de sus clientes online. Sería un escándalo y con razón. Aparentemente publicar información robada sobre las relaciones legales entre clientes y firmas de abogados o de contabilidad sí es considerado ético por lo periodistas.

Cuarto, está claro que estas “filtraciones”, más que depurar el sistema financiero, buscan que éste se centralice aún más en torno a los Estados Unidos, el Reino Unido, Holanda e Israel como lo dice Thierry Meissan de la Red Voltaire. Los tres primeros países tienen sus propios paraísos fiscales inshore, donde aparentemente los soplones, o mejor dicho los hackers, no parecen actuar y el último es una de las mejores fuentes de hackers profesionales del mundo. El sistema offshore surgió en los 70s para canalizar el dinero gris del mundo hacia las economías norteamericanas y británicas. Y durante la guerra fría nadie lo criticó. Ahora que China ha entrado con fuerza y Rusia es malo, la idea está clara, obligar a los paraísos fiscales que los países arriba mencionados no controlan, a renunciar a sus actividades. Además de los países ya mencionados, en estos escándalos son raros los nombres japoneses, coreanos del sur, australianos…..lo cual nos dice por dónde va tabla.

Tenemos nuestras dudas de que si el SZ y por ende el ICIJ cumplen o no con la Carta de Múnich sobre ética periodística, que deberían conocer muy bien. En ésta se dejan claras varias cosas:

“La Carta de Múnich estipula que los periodistas sólo publicarán informaciones cuyo origen conocen, que no suprimirán informaciones esenciales y que no alterarán los textos y documentos. También especifica que los periodistas no recurrirán a métodos desleales para obtener informaciones, fotografías o documentos. ”  Thierry Meissan.

Tenemos buenas razones para creer que la Carta de Múnich ha sido ignorada en todos estos puntos en los escándalos iniciados por el SZ y el ICIJ. Y está claro que el propio ICIJ no parece cuestionar que la Fundación Ford con sus vínculos a la política exterior globalista de los USA, y la Open Society Foundation de Soros estén entre sus principales donantes. Dicen, “no recibimos donaciones de gobiernos”, pero aparentemente sí reciben donaciones de fundaciones que reciben dinero de agencias de tres letras del gobierno de los Estados Unidos o de personas muy vinculadas a la política exterior profunda de los Estados Unidos.

Por eso nos preguntamos, ¿desde cuándo ser “periodista investigativo” equivale ser a un basement dweller?. En el caso de WikiLeaks, por lo menos sí eran verdaderos basement dwellers dispuestos a ir a la cárcel si los pillaban. Acá más bien parecieran ser las herramientas inconscientes, o eso espero, de gobiernos y billonarios aliados a estos.

Ahora están de moda las “filtraciones de paraísos fiscales”. Los “paraísos fiscales son malos, permiten a la gente evadir impuestos en vez de pagarlos, lo que hace que los Estados no tengan dinero para gastos sociales” (de los gastos militares nadie habla). Parecería una conducta realmente nociva para la sociedad.

Sin embargo, la gente se olvida de algo, aunque el Guardián, uno de los diarios de la red de periódicos que hacen periodismo investigativo con información robada, perdón, filtrada a firmas de abogados y contadores violando las relaciones cliente/profesional, reconoce un hecho que muchos parecen olvidar. Los paraísos fiscales surgen principalmente en los años 70s del siglo pasado, aunque países como Panamá, Bermuda y Suiza ya tenían legislación pertinente, y no fue hasta los 1970s cuando se crea la actual red de paraísos fiscales.

The Guardian además narra por qué existen los paraísos fiscales en primer lugar. El Guardián explica que muchas personas tenían la necesidad de proteger sus ingresos de gobiernos dictatoriales o de gobiernos que tenían un manejo irresponsable de su moneda. Nuestra pregunta es, ¿son los gobiernos del 2017 menos dictatoriales o más responsables manejando sus monedas?

Está claro que el secreto que usaban los judíos para esconder su dinero de los nazis, luego fue usado por los nazis para esconder el dinero que le robaron a los judíos, y que posteriormente el secreto bancario ha sido usado por políticos corruptos, lavadores de dinero y otros delincuentes para esconder su dinero. Está claro que las personas que esconden su dinero en otras jurisdicciones son por razones de todo tipo. Un empresario serio o un médico tienen las mismas preocupaciones monetarias que un narcotraficante. Pero The Guardian omite algo importante. Los paraísos fiscales tienen su boom en los años 70s por dos razones importantes atribuibles a la izquierda.

La primera es el triunfo de sus políticas monetarias keynesianas, con el abandono total del patrón oro. Que crearon un caos monetario total y que tanto los Estados Unidos como en Reino Unido usaron los paraísos fiscales para inyectar divisas por la puerta trasera en sus economías.

La segunda es que a partir de finales de los 60s, los estados del primer mundo empezaron a subir los impuestos para costearse amplios estados de bienestar, cuando no militar. Las presiones tributaria y monetaria hicieron que muchas personas empezaran a usar los refugios fiscales, mal llamados paraísos fiscales por los franceses, para eludir pagar impuestos de manera legal. Como dijo Barack Obama, el problema de los paraísos fiscales “no es que lo que hagan sea ilegal, sino que es legal”.Por lo tanto los gobiernos europeos, sobre todo Alemania y Francia, que tienen, sobre todo el último, una presión fiscal enorme que puede afectar a toda la Eurozona, les han declarado la guerra en el G 20 a los paraísos fiscales. Y la guerra no es limpia. Sigue un patrón determinado. Usualmente un “fulano cualquiera”, un “Juan Pérez”, un “John Doe”,  supuestamente preocupado por los paraísos fiscales, hace una filtración al diario alemán Suddeutsche Zeitung, el cual la filtra a su vez al Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos. El problema es que los John Does probablemente no existen, sino que son hackers, ladrones de información pagados, o por billonarios o por gobiernos, con un interés en destruir los paraísos fiscales por un tema de poder recaudar más y tener control. De esa manera los periodistas investigativos se convierten en herramientas útiles de los servicios de inteligencia o billonarios de fondos mutuos como Paul Singer y/o George Soros, las caras republicanas y demócratas de una misma moneda.

En el fondo hay un duelo entre dos visiones en conflicto sobre el rol del Estado en la economía. Los economistas que opinan que el Estado debe tener un rol central en la economía opinan que los paraísos fiscales no tienen un papel económico útil y deben dejar de existir. Los economías mas liberales que opinan que la economía es principalmente un tema de ahorro e inversión privada opinan que los paraísos fiscales, o mejor dicho refugios fiscales, sirven para lo que son, refugios contra la voracidad de estados hipertrofiados y que el dinero que se fuga por esos paraísos suele terminar en los países con economías exitosas, en forma de inversiones y no de gasto público en países con economías ineficientes. De esta manera actúan como un contrapeso a la voracidad de los estados mal manejados. Por algo el dinero que se fuga a través de los paraísos fiscales vuelve a regresar a los Estados Unidos, en Reino Unido y ahora también termina en China, lo cual explica muchas cosas.

Y luego está el tema de la privacidad y la libertad. Los enemigos de los refugios fiscales quieren penalizar no solo el fraude fiscal, o sea el no pagar impuestos que legalmente se tienen que pagar, quieren penalizar la elusión fiscal o sea hacer una planificación de operaciones para pagar la menor cantidad de impuestos posibles dentro de lo ordenado por la ley. Eso es precisamente lo que quería Obama al decir que el problema con los refugios fiscales es que lo que hacen es mayoritariamente legal. Muy pronto los abogados y contadores van a terminar actuando de cobradores de impuestos en perjuicio de sus clientes, lo que ya varias de las regulaciones de la OCDE y sus propuestas a futuro presentan como clara tendencia. Por lo tanto no nos debe extrañar que para los “activistas” fiscales, o más bien para los agentes de gobiernos, las relaciones cliente/abogado o contador/abogado ya no sean sagradas. Así lo han demostrado los robos de información de los Panama Papers o de los Paradise Papers (a esos no les pusieron Bermuda Papers por lo visto).  Y los periodistas actúan como caja de resonancia de estas “filtraciones”.  El mundo futuro parece ser un mundo donde un gran hermano fiscal sepa cómo cada uno se gana cada centavo y como lo gasta. Lo que la gente no sabe es que si el Estado puede saber esto, también puede saber todos los detalles de su vida, hasta los más íntimos.Si analizamos los ataques hechos a las firmas en estas “filtraciones”, fueron robos de información muy bien planeados, hechos de manera simultánea en las oficinas de las firmas en varias jurisdicciones, lo cual implica que para ser un adolescente en el sótano de la casa de su madre, los filtradores, por no decirles ladrones, tenían acceso a programas computacionales muy sofisticados y muchas millas acumuladas para viajar.  Cabe preguntarse quiénes, aparte de gobiernos o de inversionistas de fondos mutuos que tienen inversiones billonarias en deuda soberana o en monedas como el Euro, pueden costearse el contratar y equipar a hackers tan sofisticados.

Pero parece que las cosas han cambiado un poco desde los Panama Papers; Obama ya no está en la Casa Blanca, Hollande ya no está en el Eliseo, en Alemania el SPD aparentemente ya no va a ser aliado de la Merkel.  Y los Paradise Papers aparentemente no han sido el escándalo mundial que fueron los Panama Papers aunque todavía es temprano para decirlo. En mundo del 2017 es menos receptivo al tema de los refugios fiscales que el de los Panama Papers.

Y por supuesto, hay una gran falacia que medios como The Guardian parecen no entender, el dinero no se esconde en los paraísos fiscales, el dinero regresa a donde vino. El dinero que los colombianos depositan en Panamá, termina en Colombia, en su mayoría se reinvierte. El dinero que los inversionistas norteamericanos mandan a BBV termina vía Nevada o Delaware en los USA. El Dinero que los Británicos envían a Gran Caymán y a Bermuda termina en la City of London. Lo mismo pasa con el dinero alemán en Suiza o Liechtenstein. Solo que en vez de usarse como gasto público, se usa en forma de inversiones en empresas que crean trabajos y pagan más impuestos. Porque vamos, nadie va a meter su dinero debajo del colchón en una economía como la de Gran Cayman o la de Panamá; ese dinero hay que ponerlo a producir, y para ponerlo a producir se necesita una economía grande. Los refugios fiscales se quedan más bien con los costos de manejo y con inversiones menores, pero que también generan empleos reales y sostenibles.

Así que ese dinero no se pierde en los paraísos fiscales, si la economía es saludable y apropiada para las inversiones, ese dinero va a regresar tarde o temprano. Esto es algo que convenientemente se ignora.