Opinión

El señor Estado nos cuida de nosotros mismos.

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El gobierno mediante un comunicado, dice que no ha presentado un proyecto de ley que penaliza con un impuesto del 8% a la venta de bebidas azucaradas. Este proyecto lo presentaron Yanibel Abrego del CD y Javier “Patacón” Ortega del PRD. Este proyecto incluye gaseosas, jugos enlatados o envasados, lácteos envasados, y prácticamente cualquier bebida no alcohólica no natural, o sea no artesanal.

Como resulta que muchos restaurantes tienen una política de no regalar vasos de agua porque no les es rentable, esperemos que de ahora en adelante vendan alcohol. Pongámoslo así. Los restaurantes de comida rápida no tienen el agua en las opciones de refill de las bebidas, y muchos restaurantes si se les pide un vaso de agua se lo dan a regañadientes y usualmente un vasito tan pequeño como el que usan los dentistas para enjuagar la boca del paciente después de una endodoncia. Y vamos que tomar agua todo el tiempo, por más saludable que sea, aburre un poco.

Otros restaurantes venden el agua en botellas. Es mejor, pero tomar agua todo el tiempo, no a todos les apetece.

El Legislador ha decidido que tomar demasiadas bebidas azucaradas, como sodas gaseosas, jugos, batidos, tés fríos, es malo para la salud, y tiene razón, porque demasiada azúcar está ligada a la obesidad y a la diabetes. Así que en lugar proponer lanzar una campaña masiva de educación a la población y dar incentivos a que existan alternativas a estas bebidas nocivas, elije el camino más fácil, penalizar con un impuesto del 8% a las bebidas culpables. Su razón es que bueno, penalizar con impuestos y cajas horripilantes ha funcionado para el cigarrillo, aunque ha disparado en algo el contrabando.

El problema es que una bebida azucarada es mucho más común que el cigarrillo; salvo los veganos y uno que otro obsesivo por la salud, toda la población las consume regularmente. Y son mucho más fáciles de hacer, como cualquiera que ha consumido bolis caseros, o limonada casera lo puede atestiguar. ¿Qué van a hacer entonces, prohibir el azúcar? ¿Poner un policía fiscal en cada casa? ¿Y qué hacemos con las igualmente dañinas harinas blancas procesadas? ¿O los alimentos que tienen el muy dañino jarabe de maíz? ¿Van a gravarlos también? O peor, los bocadillos que contienen harinas blancas procesadas y azúcares a la vez. Los bums, danesas, orejitas, churros, galletas, hojaldres, obleas, waffles, pancakes, donas, y siropes para todos los anteriores. ¿Van a castigarnos con impuestos por comerlos también? ¿Nos vamos despidiendo de las pizzas?. Todos estos alimentos tienen elevado contenido de carbohidratos procesados de elevado índice glicémico. Y los que tienen trigo probablemente tengan los efectos negativos alergénicos que muchos médicos ahora están descubriendo en el cereal fundador de la civilización occidental. ¿Por qué solo las bebidas? Será que los honorables diputados quieren vender agua embotellada o licor y no lo sabemos? ¿Mejor nos vamos preparando para abstenernos del Ron Ponche a fin de año??

Si realmente a los legisladores les importara la salud de la población lo primero que tienen que hacer es proponer informar y educar a la población y proponer estímulos para que se brinden alternativas saludables. Estamos seguros que muchas de esas alternativas saludables, que involucran bebidas naturales, están penalizadas por barreras arancelarias y burocráticas en el Ministerio de Salud. ¿Eliminar barreras, dar incentivos? Eso brilla por su ausencia en el proyecto de Ley. Más bien pareciera otro globo negable, hecho por un legislador afín al gobierno, pero no del gobierno, para ver cómo se recaudan más ingresos tanto para el Ejecutivo como para el Legislativo, gravando las bebidas más comunes y populares.

Esta medida es demasiado clara. Con la excusa de cuidarnos de nosotros mismos, porque somos nosotros al final quienes bebemos sodas y chichas, en realidad se busca recaudar más para el legislativo. Esto ha sido una constante. Los legisladores del gobierno podrán pertenecer a partidos de oposición, pero han sido curiosamente sospechosos de colaboración pasiva a la hora de discutir cómo aumentar los ingresos del Estado. Bueno, en el caso del impuesto de inmuebles, Javier Ortega dejó claro que apoyaba la propuesta del gobierno.

Y mientras los diputados no entiendan que su función es controlar el poder, al poder ejecutivo, en lugar de repartirlo de manera clientelista, y ver cómo llevan recursos del Estado a su circuitos, vamos a ver una curiosa colaboración de los diputados de la oposición y del gobierno en buscar maneras de cómo sangrar al contribuyente, porque al final se trata de esto, de ver cómo se cobra más.

Al final, en la Asamblea de Diputados, oposición y gobierno trabajan juntos para aumentar el gasto y los impuestos. Por algo el presupuesto del Ministerio de la Presidencia y de la Asamblea de Diputados es mayor que el del vital Órgano Judicial y el Ministerio Público.

¿Y qué mejor excusa de que el Estado nos proteja de nosotros mismos? Total es la misma excusa de la guerra contra las drogas. No somos libres de decidir qué nos metemos en nuestros cuerpos y qué efectos tiene eso en nuestros cuerpos y nuestras vidas. Porque como nuestros cuerpos ya no son nuestros, tenemos la expectativa de que si nos enfermamos, el Estado debe velar por nuestra salud. Por lo tanto, el señor Estado, tiene la facultad de exigirnos que nos portemos bien, para evitar crear externalidades negativas y sobrecargar el sistema. Al final en este contrato social cedemos nuestros cuerpos y nuestros bolsillos al Estado. Luego nos quejamos cuando el Estado decide por nuestros cuerpos.

Ahora se pretende usar los impuestos ya no como el tema fiscal y de política económica que es para lo que se imponen, sino como una forma de legislar moralidad. Ya vimos cómo el gobierno anterior castigaba con impuestos a las industrias donde sus opositores trabajaban, castigando a toda la industria y no solo a las empresas de los opositores. Ahora pareciera que se quieren usar los impuestos para legislar moralidad. Si se está casado se paga menos impuestos de inmuebles que si no se lo está. Si uno come mal de acuerdo al criterio de gobierno, paga más impuestos que si no come mal. Los impuestos deben ser vistos puramente como un tema de política fiscal y económica del estado, no como una manera de pasarle facturas a los opositores o de dictar moralidad desde el estado.

 

 

 

About the author

Ricardo Soto

Ricardo Soto Barrios, abogado, especialista en políticas públicas, egresado de la Universidad Santa María la Antigua. Políticamente liberal, ha participado en muchos proyectos donde se analizan las políticas públicas de Panamá desde un punto de vista liberal y se proponen alternativas. Ha trabajado en la Policía Nacional de Panamá, el Ministerio de Gobierno, y AMPYME, además de ejercer la práctica privada.

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