En julio de 2025, el resultado del juicio contra Roman Storm, cofundador de Tornado Cash, se presenta como uno de los procesos legales más relevantes en materia de privacidad digital y libertad de software. Esta causa, que comenzó el 14 de julio en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, enfrenta al desarrollador con cargos graves: conspiración para lavar dinero, violar sanciones de Estados Unidos y operar un negocio de transferencia de dinero no autorizado. De ser declarado culpable, Storm podría ser condenado hasta a 45 años de prisión.
¿Qué es Tornado Cash y por qué es polémico?
Tornado Cash es un “mixeur” de criptomonedas lanzado en diciembre de 2019 y basado en la red Ethereum. Su función es mezclar fondos de múltiples usuarios, dificultando el rastreo de quién envía o recibe criptodivisas. Fue diseñado como una herramienta de privacidad financiera, útil tanto para activistas como para usuarios comunes que desean mantener sus transacciones seguras y anónimas.
Sin embargo, las autoridades estadounidenses lo acusaron de facilitar el lavado de más de mil millones de dólares en criptomonedas, incluidos los fondos robados por el grupo Lazarus, vinculado al gobierno de Corea del Norte. Esto llevó a que el Departamento del Tesoro impusiera sanciones en agosto de 2022, aunque estas fueron retiradas en marzo de 2025 tras una batalla legal que argumentó que sancionar el software es equivalente a sancionar ideas.
El debate central: ¿Código como discurso o crimen?
El núcleo del juicio radica en si publicar y mantener un protocolo descentralizado es un ejercicio legítimo de libertad de expresión o si constituye una actividad criminal. La defensa alega que Storm solo escribió código abierto, sin control sobre cómo lo usarían terceras personas. Desde mayo de 2020, según documentos judiciales, Tornado Cash se volvió inmutable y no podía ser apagado por sus creadores.
Sus abogados sostienen que ni él ni sus colegas recibieron o transmitieron fondos directamente, argumento reforzado por pronunciamientos de entidades como Paradigm, la Ethereum Foundation, Defi Education Fund, Coin Center y Vitalik Buterin, quienes presentaron amicus briefs, advirtiendo que criminalizar a desarrolladores tendría un efecto paralizante sobre toda la industria del software.
Por otra parte, los fiscales argumentan que Storm obtuvo ganancias a través del token TORN, vinculado al funcionamiento del protocolo, y que era consciente de que Tornado Cash facilitaba el lavado de grandes sumas de dinero ilícito.
¿Por qué este caso marcará el futuro?
Para los defensores del software descentralizado y la privacidad financiera, para quienes amamos la libertad sin cortapisas, este juicio constituye un punto de inflexión. Si un tribunal decide que escribir y publicar código se considera delito cuando puede ser mal usado, sentaría un precedente con consecuencias profundas sobre el desarrollo de aplicaciones de cifrado, blockchain, IA y otras tecnologías abiertas.
El juicio también pone bajo lupa hasta qué punto los desarrolladores deben ser responsables por el uso que hagan terceros de su software. Especialistas legales señalan que la clave está en probar si hubo intención, conocimiento del uso ilícito o participación activa de Storm para facilitar transacciones criminales.
El momento decisivo
Roman Storm ha recaudado más de 2 millones de dólares en criptomonedas para financiar su defensa, y solicita aún otros 500 000 USD adicionales ─parte de un fondo previsto de 3,5 millones─ para enfrentar un juicio que se alargará varias semanas y que incluye testigos y peritos complejos. La jueza Katherine Failla, antes del inicio del juicio, ya ha dejado claro que prohibirá que se mencionen las sanciones de 2022, pues fueron levantadas y podrían confundir al jurado.
El veredicto no solo afectará directamente a Storm, sino que también definirá si los desarrolladores de herramientas tecnológicas pueden ser perseguidos penalmente por cómo otros empleen esos instrumentos. En última instancia, el fallo podría redefinir los límites de la libertad de expresión en la era digital y el grado de responsabilidad legal de quienes crean software descentralizado.
El juicio a Roman Storm ha trascendido la esfera individual para convertirse en una batalla legal central por la privacidad, la libertad de código y la innovación tecnológica. Haciendo comparaciones de simple entendimiento, es como penalizar al fabricante de cuchillos porque un usuario en lugar de usarlo para cortar alimentos, lo utilizó como un arma asesina contra un semejante. El desenlace del juicio, esperado en las próximas semanas, podría marcar un antes y un después para el ecosistema de las criptomonedas, DeFi , la tecnología abierta y sobre todo, la privacidad, un derecho fundamental que está siendo puesto en peligro. Y si se convalida la posición de las autoridades, no puede esperarse nada menos que un futuro oscuro para los derechos individuales.
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