Etiqueta: impuestos

  • Por qué deberías usar todas las vías legales para evitar pagar impuestos

    Me inspiré para escribir este artículo en una reunión de nómadas de todo el mundo en Bali, donde resido actualmente. Me sorprendió saber que a pesar de que muchos de ellos viajan a tiempo completo y no viven en ningún lugar más de 183 días al año y no tienen un centro de vida en ningún lugar, todavía están empleados «a tiempo completo» en su país de origen o tienen un negocio allí y tienen una carga total de impuestos y gravámenes increíble (más del 50%). Esto significa que incluso si no tienen que hacerlo legalmente (pueden tener residencia fiscal en Paraguay y hacer negocios a través de una sociedad de responsabilidad limitada de los EE. UU.), todavía están (en este caso voluntariamente) bajo los grilletes de su maestro fiscal.

    Si no vives en la Union Europea (UE) la mayor parte del tiempo, normalmente no tiene sentido económico seguir siendo víctima de este infierno fiscal: seguir trabajando allí como empresario individual o en una relación laboral regular.

    Ha sido interesante ver cómo los nómadas difieren en sus puntos de vista sobre el estado, especialmente sobre el pago de impuestos:

    Los nómadas de Europa occidental a menudo creen que reciben servicios adecuados por sus impuestos. Aún así, si tuvieran la opción de no pagarlos, por supuesto, no los pagarían – muchas veces observé una aparente disonancia cognitiva en ellos – nos gusta pagar impuestos porque el estado nos brinda atención médica de calidad, educación y caminos a cambio. Cuando respondí, entonces por qué no los tienes voluntarios, la respuesta fue que nadie pagaría impuestos (pero si no, les “gusta” pagarlos).

    Los nómadas de Europa central perciben que “los que pagan impuestos apoyan la corrupción”. Y lógicamente, si no apoyas la corrupción, no puedes pagar impuestos.

    Los nómadas de Europa del Este fueron aún más lejos: consideraban al estado una organización criminal y extorsionadora que no solo roba todo el dinero sino que comete el mal: encarcela y criminaliza a las personas, inicia guerras, etc.

    Todos los nómadas estuvieron de acuerdo en que si los impuestos fueran voluntarios, nadie los pagaría (ni siquiera los ciudadanos de Europa Occidental a quienes “les gusta pagar”).

    Debo señalar que en esta comunidad nómada, yo era el único libertario obstinado (lo cual era un poco extraño para mí).

    Pasamos de la pregunta de si no pagar impuestos es inmoral (la explicación lógica y ética más simple la puedes encontrar en este video , y a menos que estés convencido y creas en un “contrato social” invisible, el video “ You can always going ” tiene una explicación más detallada) a la pregunta de si, por otro lado, pagar impuestos es moral.

    ¿Por qué pagar impuestos es inmoral?

    Porque pagando impuestos, además de aportar dinero a servicios estatales ineficientes y disfuncionales que distorsionan el mercado al introducir monopolios (educación, salud, etc.) y matar a la competencia potencial (reduciendo así la calidad y aumentando el precio para todos los ciudadanos) , estás contribuyendo a cosas explícitamente inmorales, incluso a crímenes de lesa humanidad.

    Si eres ciudadano de un país que libra guerras invasivas, estás contribuyendo a todo el complejo militarista (por ejemplo, mi amigo apátrida Mike Gogulski revocó su ciudadanía estadounidense solo por esto, para no tener que contribuir a ello con sus impuestos).

    Si eres ciudadano de Eslovaquia, tus impuestos respaldan la criminalización de personas inocentes cuyas vidas han sido completamente arruinadas por el estado (por ejemplo, Jozef Sipos recibió 20 años por cultivar marihuana, más la confiscación de la casa de su familia ). Y hay muchos casos de este tipo en Eslovaquia. Además, está contribuyendo a la censura general que tenemos en Eslovaquia o al totalitarismo digital en constante evolución. Por último, pero no menos importante, usted apoya un sistema judicial disfuncional que deja en libertad a los asesinos agresivos después de tres años ( Juraj Hossa, que mató a golpes a un filipino en el centro de Bratislava, queda en libertad ).

    Si paga impuestos, está haciendo una contribución real a toda esta inmoralidad.

    Y no hagas la vista gorda. Sé que es difícil de leer y aún más difícil de escuchar.

    No es necesario ser un libertario o un anarquista que rechaza los impuestos por principio como una relación unilateral impuesta bajo la amenaza de la violencia para darse cuenta de este simple hecho.

    Te dices a ti mismo, “pero el estado hace muchas cosas buenas; no puedes simplemente mirarlo en blanco y negro de esa manera”. La pregunta es, por tanto: ¿Apoyarías a alguna otra organización que cometa crímenes similares?
    Imagina cualquier otra organización benéfica que dona el 99 % de su presupuesto a una noble causa benéfica pero utiliza el 1 % para abusar de niños pequeños (la similitud con una organización religiosa existente en Eslovaquia es pura coincidencia). ¿Apoyarías a esta organización?

    Si ves al estado en términos puramente utilitarios, la mayoría de las cosas que hace son beneficiosas, por lo que pagar impuestos está bien, aunque cometa atrocidades aquí y allá. Entonces deberías ver esta organización benéfica de la misma manera utilitaria: pueden abusar de niños pequeños aquí y allá, pero la mayor parte de su presupuesto se destina a una buena causa, por lo que es correcto apoyarlos.

    Del mismo modo, así como es irrelevante si nuestra organización benéfica imaginaria utiliza el 1%, el 0,1% o el 0,01% de su presupuesto para abusar de niños pequeños, es vehementemente inmoral apoyarla, así que es igualmente inmoral apoyar con impuestos a un estado que es también haciendo muchas «cosas buenas» mientras comete todo tipo de otras atrocidades (como encarcelar a personas inocentes durante 20 años por delitos sin víctimas).

    El argumento de que podemos influir en el comportamiento y la conducta del estado, a diferencia de las organizaciones benéficas antes mencionadas, con nuestra voz democrática y hacer todo lo posible para garantizar que las personas no vayan a la cárcel durante 20 años por marihuana es débil, ingenuo en el extremo, y también irrelevante.

    Si se nos ofreciera la oportunidad de elegir la gestión de nuestra organización benéfica, que abusa de los niños pequeños, por un voto de uno en un millón, como una excusa para decir que si no nos gusta el hecho de que se abusa de los niños pequeños, tenemos la oportunidad de cambiarlo con nuestro voto, también lo encontraríamos increíblemente ridículo e ingenuo.

    Puede leer el original aquí:

  • Déficit gubernamental

    Como ya es endémico en mis escritos: un “déficit” es una deficiencia en cantidad o calidad o la inhabilidad o incapacidad de la capacidad funcional o, una desventaja; particularmente en nuestra aptitud de llevar a cabo negocios u operaciones públicas.

    Pero, en esta ocasión me aviento en el pantano de los déficits gubernamentales, por varios motivos: por un lado, porque pocos le prestamos bola, a pesar de ser tema de vital importancia para todos; o, porque apuntan bastante bien hacia lo peor de los gobiernos perdidos en corrupción. Tal vez es más fácil verlo cuando el déficit se da en la casa, la familia y no alcanza para poner la paila. Ya veremos cuando no alcanza para la ruma de subsidios; esos que poco o nada subsidian y sí predisponen al colapso.

    El inmenso problema y peligro de los déficits gubernamentales es variado y enredado, a tal punto que muy pocos lo entienden y mucho menos nos interesamos por estudiar el asunto a más de decir cosas como: “el gobierno jamás quiebra”. Tal vez debemos examinar la definición de “quiebra”. Una simple definición de quiebra o bancarrota es la “insolvencia”; es decir, la incapacidad de pagar las deudas. ¡Jmmm!, ¿por qué estoy pensando en la CSS?

    Uno de los vicios, poco vistos en los déficits gubernamentales es que el gobierno que no puede pagar sus compromisos recurre a la emisión de bonos; es decir, a pedir prestado, endeudarse y a pagar intereses. Y… ¿quiénes compran esos bonos? Entre otros, los inversionistas que en vez de ahorrar e invertir en proyectos productivos se complacen en sacar ganancias de la pervertida administración gubernamental; con lo cual los déficits se hinchan y conducen a una contracción en el crecimiento económico.

    La deuda pública en Panamá, que hace 4 años andaba por un 37% del PIB hoy ya casi alcanza al 60% y, la gran pregunta: ¿ese aumento en el gasto deficitario nos ha traído ventajas o desventajas? Y, ni hablar lo que podría suceder si nos golpea una catástrofe nacional: un tsunami (Panamá es altamente susceptible a ello); también están el Barú, la Yeguada, Tisingal o tal, que podrían “emberracarse”; o que se produce un terremoto debajo del Canal y tal. Precisamente por estos motivos es que conviene un superávit y no un déficit. Claro ¡eso que le va importar a los zorros del momento!

    A todo ello, muy pocos ciudadanos se ponen a cavilar en las consecuencias que se dan en una economía en la cual el déficit central se desboca. En el caso de Panamá, que no emitimos papel moneda (¡gracias a Dios!) la inflación nos llega del norte. Sin embargo y como ya señalé, sí hay aspectos económicos negativos, directamente asociados a los déficits, que nos impactan. Uno de ellos es la merma en el ahorro y la inversión; lo cual produce serios impactos económicos a tío pueblo.

    En fin, y como bien lo señala Richard Rahan del Institute of Global Economic Growth: “No desesperéis. Cuando el gobierno fracasa, los emprendedores privados entrarán a llenar el vacío. La inflación y tal habrán destruido el valor de la deuda pública, permitiendo el surgimiento de un nuevo gobierno sin trapos colgando, tal como hemos podido observar en los antiguos países comunistas.” Y sí, pero mientras todo eso ocurre la gente sufrirá.

    Entonces, a ver cómo le cae todo eso a un pueblo al cual le inculcaron el odio a los “privado” e idealiza el centralismo, primo del comunismo. Es decir, no eligen al comunista pero sí a su cuate el centralista y de pezuña, precarista de lo ajeno. Bien pinta el gasto deficitario al ama oscura del politicastro.

  • Decálogo fiscal para cualquier país civilizado

    Luego de mencionar los diez puntos que a continuación se exponen, consigno los aspectos que estimo clave al efecto de proceder a una necesaria reforma fiscal que se ejemplifica con reducciones en el gasto público para permitir que se engrosen los bolsillos de la gente.

    Primero, la idea central por la que se cobran impuestos es la de financiar el gasto gubernamental que demanda la estricta y limitada función de proteger los derechos de las personas que habitan el suelo bajo esa jurisdicción estatal, por tanto los tributos no solo deben resultar lo más bajos posibles sino que no deben gravarse objetos imponibles fuera de esa jurisdicción, abandonando entonces el llamado principio de nacionalidad en materia tributaria debido a que el gobierno local no se ocupa de garantizar derechos de quienes están fuera de sus fronteras.

    Segundo, en un sistema republicano los ingresos fruto de los respectivos gravámenes no pueden ser menores a los egresos debido a la política de endeudamiento y financiamiento monetario. En este contexto la deuda pública externa debe estar prohibida ya que está reñida con la democracia pues compromete patrimonios de futuras generaciones que no han participado en el proceso electoral que eligió al gobernante que contrajo la deuda. En esta línea argumental, no es permisible establecer un correlato con lo que ocurre en los ámbitos privados donde tiene sentido la decisión voluntaria y libre de establecer plazos para contraer deudas y reembolsos. En este sentido, debe destacarse que constituye una contradicción en los términos la expresión “inversión pública”, puesto que la inversión es por su naturaleza un acto subjetivo que estima mayor valor en el futuro que en el presente por lo que el sujeto en cuestión se abstiene de consumir para ahorrar cuyo destino es la inversión. Por ende, en el presupuesto nacional los rubros de gastos deben dividirse en corrientes y en activos fijos pero nunca “inversión” que en ningún caso cabe cuando se recurre a la coerción. En esta misma línea argumental, la financiación vía procesos inflacionarios queda descartada puesto que una sociedad libre requiere la eliminación de la banca central y el curso forzoso.

    Tercero, los ratios como la participación de los aparatos estatales en la renta nacional o los tributos sobre el producto nacional bruto no deben apuntar a que crecimientos en la riqueza justifican incrementos en el gasto o en la recaudación. La presión fiscal debe consignarse en valores absolutos y cuando excede lo necesario resulta saludable la rebelión fiscal, tal como ocurrió en el origen de la revolución estadounidense como marca y límite a lo que el gobierno pude succionar de la población. Este enfoque de simplificación y unificación fiscal complementado con los puntos que siguen liberan a los llamados “expertos fiscales” para que se dediquen a actividades útiles.

    Cuarto, la curva Laffer muestra que a mediada que las tasas fiscales se incrementan aumenta la recaudación hasta que en un punto -debido al debilitamiento y fractura de la estructura productiva- la recaudación disminuye a medida que la presión impositiva se eleva. Esto hace aparecer como que hay un punto óptimo fiscal de máxima presión tributaria que permite una máxima recaudación, pero a lo que originalmente apuntaba Arthur Laffer con su curva (ya insinuada por Adam Smith en 1776) es el establecimiento de un punto de mínima presión fiscal necesario para cumplir con la antedicha misión gubernamental en una sociedad abierta.

    Quinto, no hay tal cosa como impuestos al consumo puesto que todos los gravámenes son al patrimonio: cuando se dice que se aplica un tributo al consumo es que se grava una empresa que vende productos clasificados como de consumo pero esa empresa se hace cargo del impuesto con su patrimonio, por tanto todos los impuestos afectan las tasas de inversión y, como consecuencia, reducen salarios e ingresos en términos reales ya que esa es la única causa que permite elevarlos al incrementarse el ritmo de capitalización.

    Sexto, todos los impuestos deberían eliminarse con excepción del impuesto al valor agregado con la máxima base imponible al efecto de aprovechar el sistema de impuestos a cargo e impuestos a favor que permite ese gravamen con lo que se ahorran controles en un contexto donde no deben operar exenciones fiscales que siempre significan que otros deben hacerse cargo de la diferencia con lo que se dejan de lado no solo las dobles imposiciones sino que no se aplican impuestos directos -los que gravan la manifestación directa de la capacidad contributiva- que obligan a preguntas e inquisiciones insolentes sobre el origen y destino de los recursos por parte de los agentes de recaudación.

    Séptimo, el referido impuesto se traducirá en alícuota proporcional ya que todos los progresivos implican regresividad puesto que los contribuyentes de jure contraen sus inversiones con lo que, como queda dicho, reducen salarios e ingresos en términos reales. Este es el motivo por el que las constituciones liberales prohibieron los gravámenes progresivos y también los directos. Además, la progresividad altera las posiciones patrimoniales relativas, es decir, contradice las posiciones patrimoniales que había establecido la gente con sus compras y abstenciones de comprar en el supermercado y afines con lo que hay derroche de capital lo cual agudiza la antes referida baja en los salarios e ingresos de la población. También la progresividad bloquea la indispensable movilidad social en el asenso y descenso en la pirámide patrimonial.

    Octavo, en materia fiscal es indispensable contar con un sistema federal para no solo descentralizar el poder sino para establecer competencia entre las provincias y municipios puesto que en este esquema los gobernadores e intendentes administran sus recaudaciones locales al efecto de que los pobladores no se muden a otra jurisdicción y para atraer inversiones, lo cual tiende a la prudencia en materia del gasto, y la coparticipación al gobierno central debiera ser exclusivamente para atender a la justicia federal, las relaciones exteriores y la defensa.

    Noveno, la denominada redistribución de ingresos llevada a cabo por los aparatos estatales no es función gubernamental puesto que la distribución queda en manos de la gente que pone de relieve con sus preferencias y necesidades en los procesos de mercado lo cual hace que los comerciantes que atienden esas necesidades y preferencias obtienen ganancias y los que yerran en ese objetivo incurren en quebrantos, lo cual excluye toda posibilidad de empresarios prebendarios que se alían con el poder de turno para obtener privilegios que en toda ocasión atentan contra el bienestar de sus semejantes.

    Y décimo, la eliminación de todas las cargas arancelarias y no arancelarias que siempre obligan a desembolsar mayor erogación por unidad de producto con lo que el nivel de vida de los locales empeora, en lugar de liberar recursos humanos y materiales para atender otras necesidades. Esto significa no limitar el comercio libre a zonas de integración regional sino la integración al mundo en un contexto donde se acepte que el monopolio legal constituye una seria amenaza para la población y el dumping destructivo es el realizado compulsivamente con los recursos de terceros, por ejemplo, a través de las “empresas estatales” deficitarias.

    Como anunciamos al comienzo, aquí refiero sumariamente algunos ejemplos de reducción en la dimensión del aparato estatal a los que he dedicado mayores espacios en otras oportunidades, en este caso para poder aplicar el decálogo que antecede.

    En primer lugar, la importancia vital de abrir el proceso educativo a la competencia sin la existencia de ministerios de educación o de cultura que se arroguen la facultad de dictaminar sobre estructuras curriculares y exento de instituciones estatales que inexorablemente perjudican a los más pobres que se hacen cargo de los costos debido a la contracción de inversiones por parte de los contribuyentes de jure.

    Es imperioso eliminar todas las embajadas puesto que a diferencia de lo que tenía lugar en la época de las carretas, las comunicaciones y teleconferencias de la actualidad hacen que resulten del todo superfluas las lujosas mansiones, los pasaportes diplomáticos y los nutridos séquitos del caso.

    Debe contarse con mercados laborales libres sin las concepciones fascistas de representaciones coactivas y “agentes de retención” que echan mano al fruto del trabajo ajeno al efecto de liberar recursos humanos y materiales al introducirse innovaciones tecnológicas que incentivan a los empresarios a sacar partida de nuevos arbitrajes para lo cual requieren capacitaciones en los nuevos destinos.

    No tiene sentido mantener a las mal llamadas “empresas estatales” puesto que en toda circunstancia implica asignar los siempre escasos recursos en áreas que no son prioritarias para la gente y si se constituyen en las que demanda la población resulta superflua la intervención con el consiguiente ahorro en gastos administrativos en un contexto donde no cabe la impostura de jugar al empresario que siempre es arriesgando fondos propios, todo lo cual naturalmente empeora si la “empresa” en cuestión arroja déficit.

    En el Poder Ejecutivo habría que eliminar todos los ministerios y convertirlos en secretarias de relaciones exteriores, defensa, interior y una vinculada a las finanzas públicas, todas trabajando en la casa de gobierno al efecto de poder vender los inmuebles que hasta el momento albergaban esas y otras muchas reparticiones que habría que borrar del organigrama.

    En el ámbito del Poder Legislativo se debería reducir drásticamente la representación en diputados y contar con un senador por jurisdicción provincial, y en ambas cámaras que todos trabajen tiempo parcial con severas limitaciones temporales para legislar lo cual significa restringirse al estudio y promulgación del presupuesto y a la estricta protección a los derechos de las personas.

    Es urgente reformar el mal llamado “sistema de seguridad social” -en verdad sistema de inseguridad antisocial- que para cualquiera que haya explorado algo de análisis actuarial se percata de que el sistema de reparto obligatorio estafa a los pensionados que han aportado durante su vida activa para recibir montos inaceptables. Hay quienes sostienen la insensatez de que si los aparatos estatales no obligan a prever para la vejez el titular no lo hará, sin tener en cuenta los ejemplos de inmigrantes paupérrimos que llegaban a costas desconocidas y ahorraban de sus trabajos para adquirir departamentitos y terrenitos que luego fueron esquilmados por demagogos que instauraron el referido sistema vergonzoso. Por otra parte, si fuera cierta la irresponsabilidad mencionada, habría que destacar una estructura policial para asegurarse que el pensionado no dilapide su ingreso. El fruto del trabajo ajeno es sagrado y cada uno debería darle el destino que considere mejor.

    En la jurisdicción de la Justicia debería fortalecerse el sistema de árbitros privados sin ninguna limitación para generar procesos abiertos y competitivos en el descubrimiento del derecho y no como resultado del diseño y la ingeniería social. En cuanto a las cárceles, deberían privatizarse, en cuyo contexto el delincuente trabaja para resarcir a la víctima y para financiar su alojamiento y no dejar desamparada a las víctimas y además imponer cargas fiscales a toda la sociedad para mantener criminales.

    En lugar de criticar las formas arbitrarias de distribución de la pauta publicitaria por parte de un organismo oficial, habría que cerrarlo y tercerizar lo que el Gobierno considere pertinente anunciar o hacerlo a través de conferencias de prensa.

    Asimismo, las oficinas estatales de construcción de estadísticas habría que sustituirlas por entidades privadas en un contexto de auditorias cruzadas y competitivas para asegurarse la calidad de las mismas según sean los requerimientos de la población.

    Como tantas veces he escrito, es necesario reafirmar que el voto es un derecho y no una obligación en el contexto de la eliminación de las llamadas listas sábanas y equivalentes para sustituir por procedimientos compatibles con el sistema republicano para que resulte claro que el proceso electoral es el aspecto formal de la democracia y su aspecto sustancial es la protección de los derechos individuales.

    Por último en este resumen telegráfico, junto con la arriba mencionada prohibición de contraer deuda pública, es imperioso subrayar la también referida necesidad de liquidar la banca central ya que cualquiera de los tres caminos que elija para operar, sea expandiendo la base monetaria, contrayéndola o dejándola inamovible, en cualquiera de las tres variantes estará necesariamente distorsionando los precios, que son los únicos indicadores para asignar recursos eficientemente con lo que la población se empobrece. Como queda consignado, es indispensable que la gente pueda elegir los activos monetarios que sean de su preferencia sin la imposición del curso forzoso. En la medida en que se vayan adoptando estas políticas pueden irse introduciendo reformas fiscales compatibles con un sistema genuinamente republicano sin interferencias de un Leviatán desbocado que aniquila las libertades individuales tan ponderadas por todos los grandes maestros de la ciencia jurídica y la economía.

  • Tasa impositiva y recaudo impositivo no son lo mismo

    Se ha visto que un impuesto ideal no debe pasar de un 10% y, definitivamente no más allá del 20%; lo cual es mucho más lógico cuando quienes administran la cosa pública son una banda de malhechores; que son tan ignorantes que no se dan cuenta de que podrían robar más con una tasa impositiva menor.

    La ignorancia legislativa es uno de los grandísimos problemas de nuestra sociedad; es decir, legisladores o, si se quiere, diputados, que no entienden de economía. Pero, antes de seguir sería bueno ponernos en sintonía respecto al o a los significados de la palabra “economía”; la cual viene del griego “oikos» o “casa”, término que incluía todo el contenido de la casa. La palabra “oikos» asociada con el vocablo “nemó” o “administrador”, de la casa. Pero la definición mía al término es: “Cómo poner la paila con lo que nos entra”; es decir, con recursos limitados. Luego, vienen definiciones tales como “la riqueza de los recursos de un país, especialmente en términos de la producción y consumo de bienes y servicios.” Pero… realmente ¿acaso en ello está la verdadera riqueza? Y, también hay definiciones como: “el manejo cuidadoso de los recursos disponibles”; lo cual nos debería llevar a la pregunta: ¿Nuestros legisladores y políticos en general, manejan cuidadosamente nuestros recursos?.

    A lo que voy es que, mal andamos cuando no entendemos que los aumentos de las leyes de impuestos no se traducen en mayor recaudo; lo cual debía ser obvio para quienes alguna vez han administrado su propio negocio. Lastimosamente, son pocos los políticos o politicastros que han montado empresas y las han administrado exitosamente; estos, más bien lo que “administran” son los recursos ajenos, y los administran muy mal. Si tienes un negocio y aumentas precios no significa que automáticamente vas a ganar más. Obviamente, disminuirá la clientela; sea que no estén dispuestos a pagar más o que puedan pagar más.

    Más allá, el aumento en impuestos tiende a disminuir los recaudos a más largo plazo. Tal vez en el corto plazo el político de turno aumente su recaudo; hasta que el efecto negativo o dañino de semejante medida socave la producción y actividad del mercado. Nuevamente, en este caso, vemos que se trata de desincentivos, tal como el disminuir los ahorros del productor, los cuales son esenciales para la inversión y el crecimiento. Desgraciadamente los politicastros tienden a torcerles las mentes a la población diciéndoles cosas tales como: “es que los ricos se quieren hacer más ricos.”

    La realidad es que llega el momento en que las personas muy acaudaladas ya no pueden vivir mejor y sus riquezas las usan para efectuar nuevos negocio e inversiones. Esta es la experiencia que me quedó de mi abuelo Novey y de sus hijos y mi padre, quienes crearon docenas de empresas y miles de plazas de trabajo; pero si los conocías en casa, te darías cuenta que no vivían en lujosa extravagancia.

    Está el caso del economista Laffer, quien publicó la hoy famosa “Curva Laffer”, la cual explica de forma obvia lo que ocurre cuando aumentamos los impuestos más allá de lo racional. El problema con la explicación gráfica de Laffer es que es demasiado sencilla, a punto que cualquiera puede entender el mensaje y eso no les gusta a los malos políticos. En efecto, los impuestos tienen consecuencias y a partir de cierto punto dichas consecuencias se tornan negativas; particularmente par los más pobres. Se ha visto que un impuesto ideal no debe pasar de un 10% y, definitivamente no más allá del 20%; lo cual es mucho más lógico cuando quienes administran la cosa pública son una banda de malhechores; que son tan ignorantes que no se dan cuenta de que podrían robar más con una tasa impositiva menor.

    En fin, el secreto de una pujante economía está en motivar o incentivas un emprendimiento que se traduzca en mejores ganancias para todos.

  • Paraísos fiscales para las criptomonedas: los 10 mejores países.

    M6 Labs Research, una comunidad de investigadores cripto, elaboró la lista de los mejores paraísos fiscales cripto para los inversionistas en criptomonedas e incluye tres países de América: El Salvador, Puerto Rico y Las Bahamas.

    En primer lugar señala cómo Portugal, que fuese considerado el país por excelencia dentro de los paraísos fiscales cripto de Europa por tener cero impuestos a las criptomonedas, salió de la lista luego del anuncio de un impuesto a corto plazo del 28% sobre las ganancias de inversión en monedas digitales. Además, el gobierno portugués planea cobrar un impuesto del 4% sobre las transferencias de criptomonedas entre individuos

    Entonces, M6 Labs dice que, como ahora que Portugal ya no es un paraíso fiscal, estas son algunas alternativas para los que buscan un país con poco o ningún impuesto a cripto:

    1.- Suiza
    Los inversores privados no tendrán que pagar el impuesto sobre las ganancias de capital sobre sus ganancias en criptomonedas, pero las empresas y comerciantes autónomos tendrían que pagar el Impuesto sobre las Ganancias de Capital. Hay algunas condiciones que se deben cumplir:

    Debe mantener los activos criptográficos durante al menos 6 meses
    El volumen de negocios debe ser menor que “5 veces su participación”
    La ganancia neta de capital debe ser inferior al 50% de sus ingresos totales

    2.- Singapur
    Dice el informe de M6Labs que las ganancias de capital no están sujetas a impuestos en Singapur; por ende, las ganancias de capital obtenidas de la compra de criptomonedas por razones de inversión a largo plazo no están sujetas a impuestos. Sin embargo, pagará impuestos si comercia regularmente con criptomonedas.

    3.- Emiratos Árabes Unidos
    Dubái tiene un impuesto sobre la renta personal del 0%, dice el grupo M6Labs. Específicamente, no hay impuesto sobre la renta personal si es residente fiscal en Dubái, independientemente de cuánto gane. Tampoco hay impuestos sobre las ganancias de capital, ya sea que opere activamente o simplemente tenga activos criptográficos.

    4.- Eslovenia
    Eslovenia tiene una propuesta de impuesto a intercambios de criptomonedas. Tiene una tarifa plana de poco menos del 5% para transacciones de criptomonedas y también cuando se venden o intercambian.

    5.-Las Bahamas
    Los ciudadanos y residentes extranjeros no pagan impuestos sobre la renta personal o ganancias de capital Las Bahamas también permite que las personas paguen otros impuestos utilizando criptomonedas en lugar de los métodos tradicionales de pago con dinero fiat. Además, ese conjunto de islas tiene su propia moneda digital de banco central: el sand dollar.

    6.-Malta
    El grupo investigador cuenta que Malta tiene un complicado sistema de impuestos a las criptomonedas. No tiene impuestos sobre las ganancias de capital sobre las ganancias obtenidas de las criptomonedas que se mantienen a largo plazo. Sin embargo, el comercio de criptomonedas en Malta está sujeto a un impuesto sobre la renta comercial del 35 %.

    7.- Puerto Rico
    Los residentes de Puerto Rico que compran y venden criptomonedas no están sujetos al impuesto sobre ganancias de capital. Sin embargo, deben seguir las leyes fiscales de su país de origen para cualquier criptomoneda que se compre fuera de Puerto Rico.

    8.-Malasia
    Malasia no considera las criptomonedas como un activo de capital. Entonces, comprar y vender criptomonedas es esencialmente libre de impuestos en el país. ¡Ojo!, pero, solo está libre de impuestos si no es una forma regular de ingresos. Entonces, los traders que compran y venden cripto a diario y viven de eso sí tendrán que pagar impuestos aquí.

    9.-El Salvador
    Como se ha dicho muchas veces, El Salvador fue la primera nación en aceptar Bitcoin como moneda de curso legal, por lo tanto han impulsado una serie de medidas para hacer de este un país ideal para los inversionistas y comerciantes cripto. El propio presidente, Nayib Bukele, prometió dar ciudadanía a los extranjeros que reporten que realizarán esta actividad. Los extranjeros no están obligados a pagar impuestos sobre los ingresos que obtienen de sus ganancias con criptomonedas.

    10.-Taiwán
    Taiwán no cobra impuestos sobre las ganancias de capital, dice M6Labs. Las operaciones con criptomonedas se tratan como ingresos de transacciones inmobiliarias y deben declararse como ingresos individuales a efectos fiscales. Sin embargo, este listado de paraísos fiscales cripto no es definitivo ni inamovible.

    Reconoce M6Labs que esta lista debe renovarse frecuentemente dado que, al ser una tecnología relativamente nueva, los países cambian con frecuencia su política fiscal sobre ella.

    Fuentes: M6Labs y Diario Bitcoin.

  • El impuesto de sucesiones y la realeza británica

    Presuntamente, todos los niños de la escuela estadounidense aprenden sobre el Boston Tea Party y otros eventos que culminaron con la independencia de los Estados Unidos del gobierno del rey Jorge III. Piense en ello como la primera revuelta fiscal de Estados Unidos. Pero esa no es la única historia interesante sobre los impuestos y la realeza inglesa.

    Escribí tanto en 2017 como en 2020 que el príncipe Harry y Meghan Markle (ahora el duque y la duquesa de Sussex) sufrirían algunas consecuencias fiscales adversas al residir en los Estados Unidos.

    La reciente muerte de la reina Isabel II nos brinda otra oportunidad para comentar sobre la política fiscal. Parece que la familia real tiene algunas preferencias fiscales muy buenas.

    Para algunos antecedentes, Jyoti Mann informó sobre el tema para el Business Insider.

    «El rey Carlos III… pasó medio siglo convirtiendo su patrimonio real en una cartera de miles de millones de dólares y uno de los generadores de dinero más lucrativos en el negocio de la familia real. …Durante la última década, reunió un gran equipo de gerentes profesionales que aumentaron el valor y las ganancias de su cartera en aproximadamente un 50 por ciento. … Las tenencias del conglomerado están valoradas en aproximadamente $ 1.4 mil millones, en comparación con alrededor de $ 949 millones en la cartera privada de la difunta reina. Estas dos propiedades representan una pequeña fracción de la fortuna estimada de $ 28 mil millones de la familia real. …El crecimiento de las arcas de la familia real y la riqueza personal del rey Carlos durante la última década se produjo en un momento en que Gran Bretaña enfrentaba profundos recortes presupuestarios de austeridad. …el Ducado de Cornualles… ha financiado sus gastos privados y oficiales, y ha financiado a William, el heredero al trono, y a Kate, la esposa de William. Lo ha hecho sin pagar impuestos de sociedades como la mayoría de las empresas en Gran Bretaña están obligadas a hacerlo, y sin publicar detalles sobre dónde invierte su dinero el patrimonio. …documentos financieros filtrados conocidos como Paradise Papers revelaron que el patrimonio del ducado de Charles había invertido millones en compañías extraterritoriales, incluida una empresa registrada en las Bermudas».

    Antes de continuar, no puedo resistirme a hacer dos comentarios. Primero, el Reino Unido no ha “enfrentado una profunda austeridad” o “recortes presupuestarios”. Lo más que se puede decir es que el gasto “solo” creció al ritmo de la inflación cuando David Cameron y Theresa May estaban al mando. En segundo lugar, no es de interés periodístico que la familia real utilice las llamadas sociedades offshore. Probablemente sea seguro decir que el 99 % de las personas con inversiones transfronterizas (incluidas personas como usted y yo con cuentas IRA y 401(k)) se benefician de algún tipo de interacción financiera con jurisdicciones neutrales en materia fiscal, como las Bermudas y las Islas Caimán.

    Ahora examinemos una historia para el New York Times de Jane Bradley y Euan Ward sobre las preferencias fiscales.

    «El rey Carlos no tendrá que pagar el impuesto de sucesiones sobre el patrimonio del Ducado de Lancaster que heredó de la reina debido a una regla que permite que los activos se transfieran de un soberano a otro. Carlos heredó automáticamente el patrimonio, la principal fuente de ingresos del monarca… El nuevo rey evitará el impuesto a la herencia sobre el patrimonio valorado en más de 750 millones de dólares debido a una regla introducida por el gobierno del Reino Unido en 1993 para evitar que los bienes de la familia real se eliminen si dos monarcas iban a morir en un corto período de tiempo… La cláusula significa que, para ayudar a proteger sus activos, los miembros de la familia real no tienen que pagar el impuesto del 40% sobre propiedades valoradas en más de £325,000 ($377,000) que los no- residentes reales del Reino Unido sí. …La Reina comenzó a pagar voluntariamente el impuesto sobre la renta y las ganancias de capital sobre el patrimonio en 1993 y Charles puede decidir hacer lo mismo».

    Centrémonos específicamente en el impuesto de sucesiones.

    ¿Es injusto que la familia real se beneficie de una buena política fiscal (como la exención del impuesto sobre sucesiones) cuando otros residentes del Reino Unido no reciben el mismo trato? La respuesta es sí, por supuesto.

    Pero la forma correcta de lidiar con esa inequidad es que el Reino Unido elimine su impuesto a las sucesiones, no que lo extienda a reyes, reinas y príncipes.

    Sin embargo, centrémonos en un pasaje del artículo que merece mucha atención. Se nos dice que la exención del impuesto sobre sucesiones fue diseñada para “protegerse contra la destrucción de los bienes de la familia real si dos monarcas murieran en un corto período de tiempo”.

    Técnicamente, los activos no serían eliminados. Pero ese escenario resultaría en una pérdida de casi el 65 por ciento de la riqueza de la familia.

    No espero que nadie derrame muchas lágrimas por la difícil situación de la realeza británica.

    En cambio, quiero que todos piensen en inversores, empresarios y dueños de negocios en el Reino Unido. ¿Está bien que pierdan el 65 por ciento de su dinero simplemente porque hay dos muertes “en un corto período de tiempo”?

    La respuesta es no. El impuesto de sucesiones es un impuesto malvado y destructivo. Eso es cierto para la realeza.

    Y, a pesar del análisis predeciblemente malo de la OCDE, también es cierto para nosotros, los campesinos.

  • Liz Truss: ¿quién es la nueva primera ministra británica y por qué sustituye a Boris Johnson?

    Liz Truss será la próxima primera ministra del Reino Unido. Tras dos meses de competición, los miembros del Partido Conservador la han elegido como su nueva líder. Ya solo falta que Truss viaje a Balmoral, en Escocia, donde será invitada formalmente por la Reina para formar gobierno.

    Truss se convertirá en la cuarta líder y primera ministra tory en poco más de seis años. Es la decimoquinta Primera Ministra de la Reina Isabel, y la tercera mujer que ocupa el cargo.

    Su rápido ascenso a la cima comenzó en 2010, cuando fue elegida por primera vez al Parlamento. Cuatro años después, se incorporó al gabinete de David Cameron como secretaria de Medio Ambiente. Posteriormente, fue secretaria de Justicia y luego secretaria jefe del Tesoro con Theresa May, y secretaria de Comercio Internacional y de Asuntos Exteriores con Johnson.

    Truss es una libertaria económica declarada. Apoyó con entusiasmo la permanencia en el referéndum de 2016 sobre la pertenencia del Reino Unido a la UE pero posteriormente predicó los beneficios del Brexit y ha adoptado una postura notablemente beligerante contra Rusia por su invasión de Ucrania.

    La marca de Truss de libertarismo económico, optimismo político y belicismo resultó decisiva en la contienda por el liderazgo de 2022. A pesar de una serie de meteduras de pata y giros en falso, su programa de reducción de impuestos, junto con su antigua lealtad a Johnson, le dio una ventaja sustancial sobre su rival directo, Rishi Sunak.

    Como nueva primera ministra, Truss se enfrenta a una serie de retos enormes: una inflación galopante, unos costes energéticos desorbitados, el deterioro de los servicios públicos, las continuas huelgas y un gobierno independentista en Escocia. En el extranjero, debe hacer frente a la guerra de Ucrania y a las problemáticas relaciones con la Unión Europea.

    ¿Por qué dimitió Boris Johnson?

    Truss sustituirá a Boris Johnson, que fue obligado a dimitir como líder conservador y primer ministro el pasado julio. La dimisión masiva de unos 60 ministros y otros cargos políticos, entre ellos Sajid Javid, secretario de Sanidad, y Sunak, ministro de Hacienda, se produjo en protesta por la mala gestión de Johnson de un escándalo en el que estaba implicado Chris Pincher, antiguo jefe adjunto del Gobierno.

    Pincher dimitió de su cargo tras ser acusado de agredir sexualmente a dos hombres en un club privado. Pincher dijo que había “bebido demasiado” y se mostró avergonzado, pero negó las acusaciones y sigue siendo un diputado independiente. Surgieron otras acusaciones históricas de conducta sexual inapropiada, que plantean preguntas sobre lo que Johnson sabía y cuándo.

    En un principio, Downing Street negó que Johnson estuviera al corriente de estas acusaciones cuando nombró a Pincher como jefe de filas. Más tarde se demostró que este desmentido era falso. Johnson también fue criticado por no haber suspendido inmediatamente a Pincher del partido, ya que sólo lo hizo después de recibir intensas presiones desde sus propias filas.

    Pero el poder de Johnson era tenue incluso antes del asunto Pincher. Una serie de escándalos demostraron su falta de rigor en la vida pública. Varios conservadores le habían pedido que dimitiera por el partygate, es decir, por las revelaciones sobre las reuniones etílicas en Downing Street, que desafiaban las restricciones de la COVID-19, y que finalmente se tradujeron en multas policiales para Johnson y su esposa.

    La propia conducta de Johnson se había convertido en una distracción indefendible. Nada menos que el 41% de los diputados conservadores votaron contra él a principios de junio.

    La percepción de la falta de dirección de Johnson fue una segunda fuente de descontento. Podía afirmar que había “conseguido el Brexit”, pero ¿qué iba a hacer su Gobierno a continuación? Se hablaba mucho de “nivelación” pero poco de sustancia práctica. Los problemas se vieron agravados por la inminente crisis del coste de la vida y el aparente caos de su operación en Downing Street.

    Por último, Johnson había llegado a ser visto como un lastre electoral. Los conservadores estaban por detrás de los laboristas en las encuestas de opinión desde finales de 2019 y, más recientemente, habían perdido una serie de elecciones parciales frente a los laboristas y los liberales demócratas. Los diputados conservadores, especialmente en los escaños marginales, estaban preocupados.

    El asunto Pincher resultó fatal para Johnson porque aprovechó directamente estas fuentes de descontento. Los partidarios de Johnson afirmaron que su propio partido le había apuñalado por la espalda, pero tras repetidos tropiezos, simplemente había tropezado con su propia espada.

    ¿Por qué no ha habido elecciones?

    La elección del sucesor de Johnson es un asunto exclusivo del partido conservador en el gobierno. El Reino Unido es un sistema parlamentario en el que el gobierno de turno lo forma quien consigue la confianza de la Cámara de los Comunes. En la práctica, esto suele significar el líder del partido que obtuvo la mayoría de escaños en las últimas elecciones generales.

    Cuando un primer ministro dimite a mitad de una legislatura, no hay necesidad constitucional de celebrar nuevas elecciones generales. En su lugar, el partido en el poder elige a un nuevo líder y, por tanto, al nuevo primer ministro.

    Los primeros ministros que asumen el cargo de esta manera no son inusuales. Desde 1945, ocho primeros ministros comenzaron con la victoria en unas elecciones generales, mientras que nueve lo hicieron a mitad de legislatura.

    Los partidos políticos tienen sus propias reglas sobre cómo seleccionar a un nuevo líder. Antes de 1965, los nuevos líderes conservadores surgían de consultas con los altos cargos del partido. Desde entonces y hasta 1998, los nuevos líderes fueron elegidos exclusivamente por los diputados conservadores. A partir de entonces, han sido elegidos mediante un proceso de dos fases en el que los diputados seleccionan a dos candidatos, y luego los miembros del partido –en el caso de los conservadores, unos 180.000 miembros que pagan cuotas– hacen la elección final.

    En la primera fase del concurso para sustituir a Johnson participaron ocho candidatos. Tras cinco rondas de votaciones entre los diputados conservadores, Sunak, excanciller, quedó en primer lugar con 137 votos (38,3%), Truss, entonces ministra de Asuntos Exteriores, quedó en segundo lugar con 113 votos (31,6%), y Penny Mordaunt, ministra de Estado para la Política Comercial, fue eliminada de la carrera con 105 votos (29,3%)

    A continuación se celebró una votación entre los miembros del partido, para la que Sunak y Truss pasaron gran parte de julio y todo agosto pidiendo apoyo. Al final, Truss se impuso a Sunak por 57% a 43%.

    ¿Qué pasa ahora?

    La tarea inmediata de Truss será formar un gobierno. Las personas que incluya en su gabinete marcarán el tono de sus relaciones con su partido. Truss ganó el liderazgo porque fue la elección de los afiliados conservadores, no el candidato preferido de sus diputados. El periodo de luna de miel podría ser breve, especialmente si los conservadores siguen languideciendo por detrás de los laboristas en las encuestas.

    Sobre todo, Truss tendrá que gestionar las expectativas de su partido sobre las próximas elecciones generales. Todos los primeros ministros que asumen el poder son recibidos con peticiones para que se celebren elecciones inmediatas con el argumento constitucionalmente espurio de que no han sido elegidos.

    Al mismo tiempo, los primeros ministros que asumen el poder quieren su propio mandato de los votantes. Esto refuerza su autoridad y les permite empezar con un nuevo conjunto de compromisos.

    Truss tiene el poder de convocar elecciones generales a voluntad. Si los conservadores disfrutan de un rebote sostenido en las encuestas, Truss tendrá que calcular si es mejor consultar al país antes, a sabiendas de que la situación económica puede deteriorarse, o esperar hasta el último momento, con la esperanza de que las cosas mejoren.

    Si no se produce ese impulso, esos cálculos serán discutibles, y es probable que el parlamento elegido de 2019 complete toda la legislatura. Los votantes tendrán entonces la oportunidad de emitir su veredicto sobre el nuevo primer ministro británico a más tardar en enero de 2025.The Conversation

    Nicholas Allen, Reader in Politics, Royal Holloway University of London

    Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

  • Planificar una Reforma Impositiva

    En años anteriores ya hemos planteado las necesarias reformas para la modernización del estado que le permita competir y ser una jurisdicción atractiva a la inversión. La reforma impositiva es una de ellas y aunque puede parecer compleja, con una buena planificación, puede llevarse a cabo, si es que realmente se entiende la necesidad de hacerla.

    La innecesaria complejidad impositiva en cualquier país genera costos no deseables y pérdidas de eficiencia ya muchas veces estudiadas y estimadas producto de los gastos en los que se incurren así como de los negocios que se dejan de realizar y las reasignaciones de recursos que se producen. Los intrincados códigos tributarios imponen costos adicionales de asesoría y procesamiento en las presentaciones necesarias a la direcciones impositiva. Las distorsiones en los distintos sectores y contribuyentes también generan redistribuciones compulsivas de recursos no deseables y sus consiguientes impactos en la eficiencia.

    Asimismo aparte de las falencias de los sistemas impositivos en general, la aplicación de sistemas denominados progresivos tampoco tienen un efecto de esa índole más que en la recaudación, siendo el impacto de estos en la distribución algo discrecional por parte del Estado en la aplicación de los fondos.

    Dado este panorama es que entonces un análisis para la reforma alineado a una simplificación generalizada y un esquema de flat tax  podría tener un alto impacto en la estructura económica.

    En ese sentido posibles guías para los cursos de acción pueden ser:

    • Simplificación del sistema impositivo.

    Acciones estratégicas:

    1. Análisis y definición de un esquema óptimo de flat tax. Variantes sobre uso de impuesto al valor agregado, al ingreso, impuestos laborales. Viabilidad técnica, consideraciones de impactos no deseados.
    2. Junto a la reforma del sistema de tasas y simplificación de las mismas también se debería considerar igualar todas las áreas dentro de lo posible y eliminar los sistemas de áreas económicas especiales o de esquemas de excepción que generan distorsiones económicas.
    3. Desregulación irrestricta de todos los mercados, eliminación de barreras, excepciones y subsidios implícitos.

     

    • Privatización de las prestaciones laborales, reemplazo de indemnizaciones por seguros privados de desempleo.

    Acciones estratégicas:

    1. En conjunción con las medidas del sector de salud que deben también tomarse, reorientar el esquema de prestaciones que se otorgan a los sistemas que prevalezcan.
    2. Estudiar y de ser posioble proponer un proyecto de ley de seguro integral de desempleo, con la intención de hacerlo obligatorio para todos los trabajadores asalariados del sector privado, contratados a partir de la aplicación de la ley, voluntario para aquellos que estaban empleados desde antes de esa fecha, o analizar la factibilidad de cubrir las primas de esos casos mediante algún sistema por lo previo.

     

    • Privatización del sistema de pensiones, consideración de sistemas abiertos de capitalización. Análisis del acople del sistema de reparto anterior, posibles transiciones.

    Acciones estratégicas:

    1. Proponer un proyecto que contemple la viabilidad de la privatización del sistema de pensiones, esta debe considerar la posibilidad de operar libremente en el mercado y no sujeto a bonos y papeles del estado.
    2. Consideración de la integración de bonos o títulos de deuda por las contribuciones anteriores para poder homogeneizar el sistema. Opción de mantenimiento de 2 sistemas, uno solidario y uno por capitalización.

     

    • Consideraciones sobre descentralización fiscal.

    Acciones Estratégicas:

    1. Análisis de las vías y marco legal.
    2. Implementación del sistema impositivo regional y local. Transferencia de las potestades recaudatorias así como de las erogaciones a cubrir.
    3. Descentralización y disminución de las partidas a Provincias, Alcaldías y demás organizaciones inferiores sobre el presupuesto nacional. Racionalización de las transferencias de partidas. Análisis de la necesidad de subsidios cruzados para el financiamiento operativo. Proposición de un plan que contemple los reclamos por disparidades regionales y sus posibles soluciones.
  • Cuando los impuestos se vuelven asalto

    Nos plegamos al asalto fiscal, ya sea por la fuerza de leyes prostituidas o porque el sistema enseñó a muchos que es posible vivir a las patas de las mesas del banquete de pérfidos gobernantes o, simplemente por que nos acostumbramos al sistema, perdiendo de vista su inmoralidad.

    Los impuestos son, como bien lo define el mismo término, cosas que nos imponen, por vía de la fuerza o compulsión; lo cual, debería llevarnos a preguntar ¿por qué a la fuerza y no voluntariamente? ¿Dirás que mi pregunta es ingenua? ¿Lo es? Anoche veía una serie en Netflix en la cual los recaudadores del rey hacían la recolecta a punta de espada. En fin ¿puedes darme una explicación moral que justifique la imposición forzada?

    Uno de los argumentos o argucias morales mediante la cual se intenta justificar el asalto fiscal jala por el lado de la “integración social”. Es muy entretenido como le cuelgan apéndices al término “social”; la constitución de Panamá está llena de ejemplos, cada uno más bobo que el otro.

    Pero, lo que nos dicen otros es que el verdadero motivo de la recolecta coercitiva o violenta nace desde el momento en que la comunidad percibe que el gobierno anda desbocado, tanto en tamaño como en alcance. Y sí, el asunto es sumamente sencillo y lo triste es que somos todos unos congos. El gobierno es una institución social necesaria o buena, ¡sólo en su medida justa!, a punto tal que pagar los impuestos sería mayormente cosa voluntaria.

    Nos plegamos al asalto fiscal, ya sea por la fuerza de leyes prostituidas o porque el sistema enseñó a muchos que es posible vivir a las patas de las mesas del banquete de pérfidos gobernantes o, simplemente por que nos acostumbramos al sistema, perdiendo de vista su inmoralidad. Tristísimo, ya que robar es robar, y peor cuando apodamos “autoridad” a los ladrones.

    El problema yace más allá del asalto, en las consecuencias de todo ello, que las sufren los que menos tienen; al tiempo que disculpan a los ladrones y acusan a quienes, bien o no tan bien algo producen, dando economía y trabajo.

    Si revisamos la historia humana, veremos que los impuestos tienen su origen en la conquista y en la iniquidad. En el Panamá de la historia, llamada Castilla de Oro, el verdugo mayor y celador de la finca del rey, tenía sus puestos y sistemas de control y recaudo. ¿Qué diferencia podemos ver en los dominios de Al Capone o los capos en México?, que en muchos casos brindan mayor y mejor seguridad de que las mismas autoridades gubernamentales.

    Veamos lo que ocurre hoy en Panamá con los precios del combustible, que ahora, insoportables, muchos se lanzan al paro para exigir controles de precio. Pero… $0.60 de cada galón son impuestos que usa el gobierno para que “el pueblo” pueda comprar el gas licuado a $5, cuando el precio de mercado está cerca a los $20. Podrás vivir a costillas de otros por cierto tiempo, pero, tarde o no tan tarde se acaba el espejismo.

    Por otro lado, pocos conocen o entienden la desproporción entre los costos de producción o distribución y lo que cuesta superar los costos normativos y burrocráticos; sin entrar a lo de las coimas. ¿Qué más prueba requieren que el tamaño de la economía informal? ¿Conocen los costos asociados a la producción de un molde de pan? Tío pueblo pide impuesto a los relojes de oro de los ricos; pero no se dan cuenta que el verdadero costo que paga la sociedad está en esos $0.60 del combustible o el los $0.35 del pasaje del Metro, que les está costando diez veces más que eso; cosa que no sufren porque no lo ven.

    Y no entremos en las marañas de la CSS y otros instituciones públicas o privadas que desde su nacimiento no fueron más que engaño monumental; el cual, por lo visto, aprenderemos a lo rudo.

    ¿Y qué hacer al respecto? La respuesta es simple pero probablemente utópica, al menos hasta que lleguemos al colapso; ese que es la mayor de todas las escuelas. La solución y la señalé en este escrito, que está en disminuir el tamaño e intromisión del gobierno a lo que verdaderamente es su función. Ese día nacería un nuevo Panamá.

  • San Francisco suspenderá el impuesto al cannabis para combatir el mercado ilegal.

    Los supervisores de San Francisco aprobaron este martes por unanimidad una ordenanza para suspender el Impuesto Comercial de Cannabis de la ciudad hasta fines de 2022.

    Con la legalización de la marihuana recreativa en cada vez más estados de EEUU, los dispensarios legales se han convertido en algo habitual. A pesar de ello, la mayor parte de las ventas siguen teniendo lugar en la clandestinidad. Las estrictas regulaciones provocaron el cierre de tiendas y la huida de los operadores del sector, algunos incluso terminaron vendiendo su producto en el mercado ilegal, que se acerca a los USD 8.000 millones anuales en California, duplicando el número de ventas legales.

    Los votantes de San Francisco aprobaron el impuesto en noviembre de 2018, que imponía un tributo del 1 al 5% en toda la ciudad sobre los ingresos brutos de las empresas de cannabis.

    La oficina del supervisor Rafael Mandelman, autor de la legislación, señaló un informe del 19 de diciembre de la Oficina del Analista Legislativo de California que encontró que el aumento de las tasas de impuestos estatales sobre el cannabis estaba directamente relacionado con las ventas ilegales de cannabis. Además, el aumento de los robos también está creando problemas para los minoristas del sector.

    “Las empresas de cannabis crean buenos empleos para los habitantes de San Francisco y brindan productos seguros y regulados a sus clientes. Lamentablemente, el mercado ilegal está floreciendo al rebajar los precios de los negocios legales, lo cual es malo para nuestra economía, ya que los negocios ilegales no pagan impuestos mientras someten a los trabajadores a condiciones peligrosas ya los consumidores a productos peligrosos”, afirmó Mandelman. “Ahora no es el momento de imponer un nuevo impuesto a las pequeñas empresas que recién se están estableciendo y están tratando de competir con los operadores ilícitos”, agregó.

    «Las empresas de cannabis, junto con muchos otros minoristas en San Francisco, están luchando bajo el peso del robo minorista fuera de control», dijo Mandelman. «San Francisco necesita hacer más para proteger estas empresas, sus empleados y sus clientes antes de que les impongamos un nuevo impuesto».

    Una vez que la legislación entre en vigor, Mandelman dijo que su oficina trabajará en conjunto con la Oficina del Controlador de la Ciudad, la Oficina del Tesorero y Recaudador de Impuestos y la Oficina de Cannabis, entre otras partes interesadas, para analizar datos sobre las ventas comerciales de cannabis en la ciudad.

    «La industria del cannabis no es lo suficientemente madura para soportar cargas fiscales adicionales además de los impuestos estatales increíblemente altos», dijo Ali Jamalian, presidente de Sunset Connect, la primera planta de fabricación de equidad social en San Francisco y presidente de San Francisco Cannabis Oversight Comité.

    “La industria del cannabis requiere un uso intensivo de capital para las empresas emergentes, lo que deja poco espacio para que los operadores de equidad social recién acuñados y los operadores heredados paguen un impuesto sobre los ingresos brutos. Esta legislación nos ayudará a seguir construyendo una base sólida para una industria del cannabis sólida y con todo incluido en San Francisco «.

    El objetivo sería presentar un conjunto de recomendaciones sobre la tasa impositiva y la estructura para los minoristas de cannabis a la Junta de Supervisores e implementar un nuevo plan para 2023.