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Etiqueta: impuestos

  • Cómo la voracidad fiscal puede destruir un sector pujante de la economía. Lecciones desde Ucrania.

    Una nueva ley en Ucrania podría individualizar los impuestos a los especialistas en tecnología.

    Una gran parte de los empresarios de Ucrania son especialistas en tecnologías de la información: de los 1,8 millones de empresarios, casi 130.000 están registrados como programadores. Este ejército de técnicos genera el 3,3% del PIB de Ucrania.

    Por este motivo, la Asociación de Ucrania de TI (el sindicato de trabajadores de la tecnología) propuso el mes pasado, un proyecto de ley sobre impuestos a profesionales técnicos en el Parlamento. Proponen introducir un grupo tributario separado para que los especialistas en tecnología mantengan sus impuestos bajos y fomenten el crecimiento en la industria de TI local. El borrador propone crear un “quinto grupo fiscal” para empresarios individuales, diseñado para aquellos empresarios registrados como «programadores» o cualquier otro campo relacionado con TI, a quienes se les cobraría un impuesto diferente.

    Actualmente, el Servicio de Impuestos del Estado de Ucrania divide a los empresarios en cuatro grupos según sus ingresos y línea de trabajo. El más simple y numeroso es el tercer grupo. Una gran parte de los empresarios de este grupo en Ucrania son especialistas en informática, y el número está creciendo rápidamente, aumentando en un 45% solo en los últimos tres años. Los empresarios individuales registrados en este grupo pagan un impuesto sobre la renta del 5% y un impuesto social de $360 por año.

    Ese ministerio introdujo por primera vez un proyecto de ley destinado a revisar estas condiciones. El ministerio sugirió que algunos de los empresarios de TI deberían ser reclasificados como empleados si tienen un cliente constante de quien han ganado al menos el 75% de sus ingresos en los últimos seis meses, y los empresarios de tecnología que son declarados empleados verían cómo sus cuentas de impuestos se disparan.

    Mientras que hoy en día, los «empresarios individuales» pagan un impuesto del 5% de sus ingresos, al ser reclasificados como empleados, tendrían que pagar un impuesto sobre la renta del 19.5%, mientras que sus empleadores también tendrían que pagar un impuesto adicional del 22% sobre el salario bruto que ofrecen. En general, parecía que un impuesto del 5% aumentaría a 41.5% para aquellos con empleadores constantes. El gremio de TI quedó horrorizado.

    En respuesta a las propuestas del ministrio de Politica Social, Andriy Reva y su ministerio, varias semanas después, la comunidad tecnológica lanzó su propio proyecto de ley. El objetivo principal, según Ovcharenko, jefe interino de la Asociación IT Ucrania, era convencer al gobierno de que los impuestos no deberían aumentar bruscamente, a fin de retener a los inversionistas y a los «cerebros».

    Además de la simplicidad y la baja tasa de impuestos, «resulta que este tercer grupo coincide de la mejor manera posible con las relaciones entre clientes y proveedores creativos en el siglo XXI», dijo Dmytro Ovcharenko, jefe interino de la Asociación IT Ucrania. «Ofrece movilidad, flexibilidad y la capacidad de trabajar con varios clientes simultáneamente».

    El nuevo borrador presentado sugiere mantener las mismas condiciones (5% del impuesto a las ganancias más el impuesto social), pero empezando a partir de 2021 para aumentar gradualmente el impuesto a las ganancias en un 1% cada año, alcanzando el máximo del 10% para 2026; y duplicar el impuesto social a $720. Sin embargo, estas propuestas no son una iniciativa del sindicato de trabajadores tecnológicos para aumentar los impuestos sobre sus miembros, sino que el proyecto de ley representa un compromiso a lo ofrecido por el Ministerio de Política Social en febrero.

    En general, los desarrolladores de software en Ucrania operan con márgenes bajos: solo un 10-15% de los ingresos netos después de restar gastos, por lo que cualquier aumento es «muy sensible para retener a los clientes y a los especialistas en tecnología» en Ucrania, dijo Ovcharenko. Dijo que el mercado solo podría ajustarse y hacer frente a un aumento de impuestos si es gradual.

    La Asociación de Ucrania de TI evalúa que si se hace a su manera con impuesto bajos, para 2024 la industria tecnológica crecerá de 130,000 especialistas en tecnología a 400,000; y de un volumen de exportación de $4.5 mil millones a $10 mil millones.

    Ahora que se han presentado ambas leyes en el Parlamento, la discusión pública ha comenzado. Las encuestas muestran que la mayoría de los programadores estarían de acuerdo con un aumento en el impuesto a los ingresos de hasta el 10%.  Alrededor del 14% de los programadores encuestados por la plataforma tecnológica en línea DOU.ua ya han dicho que se irían del país inmediatamente si el impuesto aumentara a 41.5% además de que no les gusta la idea de pagar impuestos altos en Ucrania debido a la corrupción y la falta de reformas en el país.

    Asimismo, la Asociación de Ucrania de TI afirma que la esfera tecnológica ya está pagando tres veces más dinero al presupuesto en impuestos que en otros sectores, porque los ingresos de TI son mucho mayores que en las industrias donde las empresas pagan el 41.5% en impuestos.

    «Es un proceso largo», dice Ovcharenko. «Pero el punto es diferente», continuó. «Se convirtió en la segunda industria más grande en términos de volúmenes de exportación en 2018 … Y podría convertirse en la más grande en los próximos años, trayendo el dinero tan necesario al país», que, a diferencia de los préstamos internacionales, no tendrá que devolverse. Es importante que todos los participantes, tanto la industria como el estado, se unan y encuentren una solución que beneficie a todo el país».

  • Cómo repensar las off-shore y los start up… el ejemplo de Estonia.

    Panamá tiene una crisis, y el espectro del final de los off-shore y el negocio de sociedades y fundaciones está a la vista. Sin embargo hay una manera de salvarlo, que requiere que el gobierno entrante, porque ya no podemos esperar nada del saliente, se enfoque en tomar medidas, que literalmente reorganicen el negocio offshore en Panamá. Estas medidas deben estar sujetas a varios principios.

    Primero, Panamá no es un paraíso fiscal, las sociedades panameñas están sujetas a las mismas normas fiscales que las sociedades extranjeras. La competitividad fiscal ya no se puede basar solo en la privacidad debido a los acuerdos de intercambio de información automáticos sino a la sencillez y territorialidad de nuestro sistema fiscal. Por lo tanto, implantar una simplificación de los impuestos corporativos, de ser posible un Flat Tax bajo, menor al 15%, debe ser uno de los requisitos previos para que el sistema funcione, así como simplificar el pago de impuestos en la DGI para hacerlo fácil, rápido y vía electrónica. La principal razón para tener una sociedad panameña deberán ser los impuestos bajos y fáciles de entender y no por razones de privacidad que están bajo el ataque constante de la OCDE y de la Unión Europea. La idea fundamental es la de simplificar papeleo, permitiendo que se puedan hacer todos los trámites legales para abrir una compañía, incluyendo los fiscales de una sola vez. Los trámites deben ser los suficientemente sencillos para que cualquier persona los pueda hacer sin ayuda de un abogado o contador.

    Segundo. Salvar el sistema offshore implica repensar nuestras normas migratorias y laborales. Porque implícito a un sistema offshore al estilo de Estonia, está la idea de la residencia virtual y de la ciudadanía virtual. Estonia permite ser un residente virtual de Estonia y permite sacar una ciudadanía virtual con derecho a una carnet electrónico que es entregado en las embajadas, que tiene un chip criptográfico, que permite al usuario usar los servicios públicos y privados de Estonia y actúa como firma digital. Es la manera de identificarse ante toda la infraestructura informática de Estonia. El carnet permite operar una sociedad de Estonia a control remoto desde cualquier lugar del mundo. El mercado de Estonia está pensado para start ups, freelancers y nómadas. La idea es que la única vez que se requiera una presencia física de la persona es cuando se quiera sacar un estatus migratorio de residente permanente o abrir una cuenta bancaria, y esto último en ciertos casos. El trámite de residente permanente debe poder hacerse vía virtual mediante un formulario que se llena en un portal y que actúa de ventanilla única migratoria, policial y laboral antes de emitir el documento. Tras completada la solicitud y siendo investigado por la policía local, se debe indicar en qué Embajada se va a buscar el carnet con el chip.

    Tercero: Está claro que las empresas de residentes virtuales offshore van a pagar impuestos, cumplir con igualdad de condiciones en temas fiscales, migratorios, laborales que las empresas locales. La era de un enclave especial para las empresas extranjeras se tiene que terminar. La residencia virtual y el E Government permiten vender al país como un lugar donde simplificar trámites, más que un lugar desde donde eludir impuestos. Eso sí, Estonia por ejemplo solo cobra impuestos en Europa, y se está libre de pagar impuestos si se los reinvierte en su negocio. La idea es fomentar start up y capitalizarlos en Estonia.

    Esto es algo que Panamá debe ir pensando, en lugar de ser un lugar de tránsito de capitales convertirse en un lugar de destino permanente de capitales, un lugar donde la inversión extranjera directa sea para más cosas que logística o apalancar deudas.

  • Ciudad de Canadá acepta pagos de impuestos con Bitcoin desde Abril

    La ciudad de Innisfil, Ontario, se está convirtiendo en el primer municipio de Canadá en aceptar Bitcoin en el pago de impuestos sobre la propiedad.

    La ciudad de 36.000 habitantes, aprobó un proyecto piloto que permitirá a los residentes y a las empresas locales pagar sus impuestos sobre la propiedad en Bitcoin. Según el comunicado, la nueva opción de pago, que entrará en vigor desde hoy, se llevará a cabo en colaboración con el exchange Coinberry.

    El municipio además aseguró que, en comparación con las tarjetas de crédito, pagar los impuestos de propiedad con Bitcoin será más económico. Esto se debe a que la comisión de procesamiento será del 0,5% en comparación con las tarjetas de crédito, que cobran un promedio del 1,75%.

    Para la alcaldesa de Innisfil, Lynn Dollin, la medida es un indicativo de que la ciudad es “verdaderamente innovadora y está preparada para el futuro“. En esta misma línea, un informe del personal de la ciudad señaló: «La demanda de este servicio en Innisfil no está clara en este momento; sin embargo, las soluciones y conceptos innovadores se están convirtiendo rápidamente en nuestra característica de identificación para atraer y retener a los empresarios y profesionales progresistas en nuestra comunidad».

    A partir de abril, los residentes podrán pagar los impuestos en la billetera del pueblo de Innisfil usando el servicio de Coinberry, con sede en Toronto. Sin embargo, el municipio no conservará las criptomonedas. Coinberry Pay se encargará de procesar los fondos y los convertirá instantáneamente en dólares canadienses. A continuación, estos serán transferidos a una cuenta bancaria de Innisfil.

    Esta medida, que amplía las opciones de pago al incluir una moneda digital, impide que la ciudad quede expuesta a las fluctuaciones de precios. No obstante, esto ha sido criticado por algunos como un truco publicitario.

    El año pasado Ohio anunció que los impuestos podrían ser pagados en Bitcoin, pero el estado no conservaría ninguna criptomoneda. Para aquel entonces, un artículo del Barron’s sugería que la medida podría responder a un acto político que busca publicidad en la fama mundial del Bitcoin.

    No obstante, la nueva medida podría implicar algunas otras desventajas. Innisfil ha advertido a los usuarios que las fluctuaciones de valor en espera de confirmación serán responsabilidad del cliente.

    Por lo tanto, las tasas de cambio y el tiempo de confirmación del pago en Blockchain podrían jugar a favor o en contra de los usuarios. Dependiendo de las tasas de cambio, el usuario podría terminar pagando de más o convirtiéndose en un deudor a la municipalidad.

    Si aplicamos la anterior crítica de Barron’s en este caso, la municipalidad de Innisfil no estaría permitiendo el pago de impuestos en Bitcoin sino proporcionando una plataforma de intercambio a los ciudadanos.

    Coinberry official blog

    A pesar de la crítica, Coinberry se mostró muy entusiasmado por la colaboración con la municipalidad para la adopción de la nueva medida. Andrei Poliakov, fundador y CEO de Coinberry, declaró que su plataforma había estado en negociaciones con oficiales del gobierno desde hace meses gracias a la Blockchain Association of Canada. Andrei Poliakov, destacó en este sentido:

    Los líderes de todos los niveles de gobierno que sean los primeros en reconocer los beneficios de la “nueva economía financiera” serán los primeros en cosechar las recompensas. Estamos muy contentos de haber logrado un hito en la historia de la adopción de la criptomoneda en Canadá.

    Aceptar Bitcoin para el pago de impuestos se está popularizando cada día más en todo el mundo. El año pasado, Ohio se convirtió en el primer estado de EE UU en aceptar el pago de impuestos en Bitcoin. Más recientemente, New Hampshire le siguió la pauta con un proyecto de ley que busca implementar el pago de impuestos para el 2020.

    Por el momento, los contribuyentes únicamente podrán realizar sus pagos utilizando Bitcoin, pero Poliakov reveló que Coinberry Pay planea añadir soporte para Ether (ETH), Litecoin (LTC), Ripple (XRP) y Bitcoin Cash (BCH) en el futuro cercano.

    Esta iniciativa surge como una gran alternativa para los ciudadanos canadienses y la industria de las criptomonedas; con un gobierno municipal decidiendo colocar su confianza tanto en Coinberry como en Bitcoin, el activo más popular del ecosistema cripto se acerca un paso más hacia la adopción, el entendimiento y la desestigmatización masiva.

  • La OCDE espera un impuesto digital global para 2020.

    La posibilidad de un acuerdo internacional para cobrar impuestos a los gigantes de la tecnología de los EE. UU. como Amazon, Google y Facebook es un tema candente, ya que los países amenazan con hacerlo solos y Europa se encuentra dividida.

    Como parte de una revisión de su código tributario el año pasado, los EE. UU. incluyeron una disposición para disuadir a las multinacionales de evitar los impuestos de los EE. UU., domiciliando patentes y otros intangibles en jurisdicciones de bajos impuestos.

    El secretario general de la OCDE, Ángel Gurria, dijo este jueves pasado que este año la OCDE espera sentar las bases para un impuesto internacional a los gigantes digitales que podría entrar en vigor en 2020. El cambio desplazaría los ingresos tributarios multinacionales de los paraísos fiscales y de algunas naciones exportadoras hacia países con un gran número de consumidores.

    Las propuestas presentadas por la OCDE han sido acordadas por 127 países, e incluyen planes más limitados de algunos estados miembros de la UE que se enfocan solo en compañías digitales. Asimismo, la OCDE ha comunicado que hay un consenso creciente detrás de una propuesta de Estados Unidos para una revisión de las normas tributarias corporativas globales, a medida que los países intentan llegar a un acuerdo sobre cómo imponer a las empresas multinacionales en la era digital.

    Conforme a los planes, las empresas pagarían impuestos según el lugar en el que realizan sus ventas, un cambio significativo, ya que hasta ahora el impuesto a las empresas dependía en gran medida de la ubicación de sus empleados, oficinas y otros activos. El nuevo régimen, que limitaría las oportunidades para que las compañías cambien las ganancias de jurisdicciones con impuestos altos a bajos, se aplicaría a todos los grupos multinacionales, no solo a las compañías digitales a las que apuntaba la acción inicialmente.

    Las naciones más ricas está encabezando los esfuerzos para repensar los acuerdos internacionales que sustentan el impuesto corporativo, como parte de una ofensiva sobre cómo las multinacionales mueven las ganancias entre las jurisdicciones. El año pasado, Bruselas también propuso un impuesto interino a escala de la UE sobre los ingresos por servicios digitales para evitar dicen, un mosaico de impuestos a las empresas digitales en diferentes estados miembros. Los ministros de finanzas de la UE aún están negociando sobre la iniciativa provisional, que requiere una aprobación unánime.

    Asimismo, algunos países de la UE liderados por Francia, y Gran Bretaña y España en gran medida, anunciaron que, a falta de normas internacionales que impidan a las empresas trasladar las ganancias a países con impuestos bajos, están creando sus propios impuestos nacionales dirigidos específicamente a las grandes empresas digitales y argumentaron que las empresas tecnológicas con sede en los Estados Unidos, no pagan su parte justa de impuestos en los países donde venden servicios digitales. Irlanda, Dinamarca y Suecia, por su parte, han bloqueado el plan de la UE, mientras que la poderosa Alemania está algo indiferente, por temor a las represalias de Estados Unidos contra su industria automotriz.

  • Estado de New Hampshire presentó proyecto de ley que permitirá pagos de impuestos en Bitcoin

    Los legisladores del estado de New Hampshire en Estados Unidos han presentado un proyecto de ley que permitiría a los contribuyentes del estado pagar los impuestos con la principal criptomoneda, el Bitcoin. Así lo anunció Finance Magnates el jueves 24 de enero.

    New Hampshire se ha unido a la lista de estados de EE. UU. que le han dado cabida a las criptomonedas como medio de pago de servicios. En este caso, los impuestos, siendo los representantes Michael Yakubovich y Dennis Acton quienes presentaran el  Proyecto de Ley de la Cámara Nº 470, el 3 de enero de 2019.

    Según el informe, el proyecto de ley se propuso el miércoles 23 de enero en la Cámara de Representantes y será revisado por un subcomité el 29 de enero, el cual emitirá su decisión final el próximo 14 de marzo.

    La propuesta señala que:

    “El plan debe abordar cualquier problema de contabilidad, valoración y administración, y también identificar un procesador de pago de terceros adecuado que procesará las transacciones de criptomoneda sin costo para el estado. El Tesorero del Estado debe enviar el plan al Gobernador, la Cámara de Representantes y el Senado a más tardar el 1 de noviembre de 2019″.

    De ser aprobada, esta ley ubicaría a New Hampshire en el tercer lugar entre las entidades estadounidenses que han permitido que los residentes de su territorio paguen impuestos con Bitcoin. Le anteceden Ohio y Arizona.

    Ahora bien, tal como se leyó en la cita previa, el Tesorero deberá enviar el plan a las autoridades antes de noviembre de este año y su fecha de implementación sería a partir de julio del 2020. Sobre ello, la ley establece que:

    “Este proyecto de ley requiere que el Tesorero del Estado desarrolle un plan de implementación para que el estado acepte las criptomonedas como pago de impuestos y tarifas a partir del 1 de julio de 2020”. 

    Aunque hasta la fecha no se ha revelado en qué forma el tesorero del estado logrará implementar un plan en el que todas las agencias estatales puedan empezar a aceptar BTC, el proyecto de ley menciona que los pagos recibidos con criptomonedas se convertirán a dólares estadounidenses utilizando un procesador de pagos de terceros y las agencias estatales recibirán monedas fiduciarias.

    Este no es el primer proyecto de ley de este tipo en New Hampshire, ya que un proyecto de ley similar, para aceptar Bitcoin, se presentó en 2015. Sin embargo, el proyecto de ley no fue aprobado por el comité de revisión, ya que en ese momento muchos legisladores se mostraron escépticos acerca de los activos digitales.

    El año pasado, Ohio se convirtió en el primer estado de los Estados Unidos en legalizar los pagos de impuestos en Bitcoin. Al dar la bienvenida a la iniciativa, Overstock, un minorista en línea y compañía matriz de múltiples startups de blockchain, se convirtió en una de las primeras corporaciones en pagar sus impuestos en monedas digitales.

     

  • Una nueva cárcel por deudas.

    George Orwell, en Rebelión en la Granja dijo “todos somos iguales, pero unos somos más iguales que otros”. Y esto parece aplicarse a los Estados, donde pareciera que las garantías y estándares morales que se exigen a los ciudadanos no son las mismas que se exigen a los funcionarios y políticos; de hecho en Panamá pareciera que son más suaves para los políticos que para los ciudadanos de a pie.

    Si un gamberro virtual usa fotos de una bloguera rusa para difamar a la procuradora, el Ministerio Público actúa con una celeridad nunca vista cuando es un ciudadano común el que tiene una amenaza que pone en peligro su vida. O cuando se exigen un montón de trámites para poder legalmente acusar a políticos de delitos concretos, que no se exigen a un ciudadano de a pie. Uno de estos temas es la penalización de delitos donde el ciudadano debe dinero a la administración pública, concretamente el tema de la evasión fiscal.

    Anteriormente, antes de la Ilustración, era común que muchas personas dieran con sus huesos en la cárcel por temas de deudas, y por lo tanto, una de las cosas que se propuso la Ilustración fue el eliminar la cárcel por deudas. Pero una cosa era deberle a Juan de los Palotes y la otra deberle al Rey.

    De todas maneras, en el siglo XIX la tendencia fue a eliminar los impuestos sobre las personas, y convertirlo en algo meramente administrativo. Total para hacer muchos trámites como vender cosas, o importar cosas al país tenían tarde o temprano que pagar el impuesto. Pero con la popularidad del impuesto sobre la renta, la cosa empezó a cambiar. Ahora el ciudadano empieza a convertirse en un delator de sí mismo. Tiene que presentarse ante el Rey y sin decir mentiras declarar cuánto gana. La obligación de no declarar contra sí mismo queda tácitamente abrogada, sus palabras ahora van a ser juzgadas contra los hechos que los funcionarios detecten. Ahora deberle al Rey no solo se convierte en una falta administrativa sino en delito. Las deudas fiscales implican cárcel de nuevo, siempre y cuando el acreedor sea el Estado. Porque todos somos iguales, pero unos somos más iguales que otros y el Estado es el dedo ordenador de Dios en la tierra, aparentemente.

    Panamá, país pensado por un liberal con raíces profundas en el liberalismo del siglo XIX y XVIII, el liberalismo de la Ilustración, sabía tácitamente esto, y se resistió a penalizar la evasión fiscal. Era para el panameño un corolario del principio liberal de que no habrá cárcel por deudas. De hecho, el Art. 21 de la Constitución Nacional reza en su frase final: No hay prisión, detención o arresto por deudas u obligaciones puramente civiles. Sin embargo, por presiones externas de los “estándares internacionales” Panamá está dispuesta a ceder más aún y alejarse por primera vez de estos principios liberales para permitir que deberle dinero al Rey, perdón, al ESTADO, sea penalizable con la privación de la libertad. Un precepto Constitucional está a punto de ser violentado.

    Y esta penalización de la evasión fiscal va a traer consecuencias en un país donde la actuación del Ministerio Público y el Sistema Judicial han sido poco neutrales respecto al poder político que controla al ejecutivo.

    Pronto veremos los resultados, que no serán buenos, y los veremos comenzando por aquellos que hoy piden reformar la Constitución cuando ni siquiera pueden respetar la vigente, si es que aprueban la Ley mientras el pueblo está rezando.

  • La única bonanza de penalizar la evasión fiscal es para las grandes firmas de contadores.

    Pues sí, ahora los encargados de la contabilidad de las empresas también son responsables por el cumplimento de la evasión fiscal, de empleados y profesionales auditores, pasan a ser cómplices; lo mismo los abogados, de profesionales asesores se convierten en cómplices. ¿Y los gerentes de empresas? ¿Se desvelarán pensando si sus contables están haciendo bien su trabajo?

    Esto va a traer una complicación interna para el personal de las empresas y a lo externo, van a crearse problemas de asignaciones de responsabilidades internas, y el costo de los profesionales externos va a aumentar al aumentar la responsabilidad legal de sus actos que ahora pueden ser delictivos dependiendo de un tipo penal que va a ser calificado por la DGI.

    Obviamente que muchos contadores se van a retirar del negocio de las grandes empresas, y el negocio probablemente quede en manos de las mismas empresas de contabilidad que asesoran a la OCDE y que ya están empezando a ofrecer servicios legales en violación a la ley 9 de 1984 sobre los abogados.

    Al pasar de sanciones administrativas a penales, el tema de la evasión fiscal cambia totalmente de cariz. Y los costos para las empresas cuyas actividades estén dentro del monto punible en temas de contabilidad y manejo fiscal van a aumentar, porque ahora la responsabilidad es mayor. Y se necesitarán más controles dobles, más empleados para asegurarse que no se cometen delitos. Y ese costo se llama incremento del costo de productividad. Y como siempre sucede, ese costo lo pagará el consumidor final.

    En épocas de necesitar mayor agilidad para la competitividad, se genera más burocracia haciendo menos competitivas a las empresas y por supuesto, más caros los productos y servicios panameños.

    Como el tipo penal hace que técnicamente un centavo más o un centavo menos haga toda la diferencia, ahora la puntillosidad en las declaraciones de rentas va a ser mayor. Y de hecho es probable que personas naturales o jurídicas decidan no ganar la cantidad de dinero suficiente para no arriesgarse acercarse al nivel donde la evasión fiscal tenga consecuencias penales. Esto significa que tomarán la decisión consciente de ser menos productivos, una consecuencia frecuente de la fiscalidad progresiva.

    Recordemos una cosa, a largo plazo es bastante dudoso que esa figura se quede en esa suma. Al final la tendencia va a ser a bajar la figura gradualmente, de la misma manera que el gobierno tampoco ha podido a la larga cumplir con los límites de la Ley de Responsabilidad Fiscal y gradualmente ha subido el límite de la misma para emitir más deuda.

    Cuando estamos ante un gobierno fiscalmente irresponsable, lo mejor es saber decir que «no» en lugar de seguir alimentando al monstruo. Porque podrá emitir toda la deuda que quiera, o penalizar toda la evasión fiscal que quiera, pero cuando se es irresponsable y falto de ideas, todo el dinero del mundo nunca será suficiente. Y nunca será suficiente para nuestros políticos.

  • La Presidencia como agencia de eventos. Lecciones para la JMJ. 

    Hay una falacia económica que se conoce como “lo que se ve y lo que no se ve”. En el siglo XIX Frederic Bastiat la expuso como el resultado de que la gente muchas veces se enfoca en los beneficios visibles de un evento o una política pero no ve los costos ocultos del mismo. Por ello, una de las cosas de las cuales los políticos abusan es de decir que “logré X o Y evento para mi país”.

    La gente no se acuerda de la orgía de corrupción que el gobierno de Lula trajo para Brasil al llevar a cabo una Copa del Mundo y una Olimpíada en dos años. En los Estados Unidos es peor, en un sistema de ligas deportivas cartelizado, los alcaldes y gobernadores se atreven a decir que trajeron X o Y franquicia de su liga deportiva a su estado sin ningún reparo, claro que usando el dinero de los contribuyentes.

    En otras palabras estos mega eventos, sean deportivos (lo que usualmente son) o sean religiosos (algo ya poco usual) suelen terminar en mega pérdidas reales para los países que los hacen a largo plazo.

    Son ejemplos modernos del Pane et Cicus romano. Más que cualquier otra cosa.

    Muchas veces los políticos usan eventos como las Olimpiadas o la Copa del Mundo de Fútbol o en los Estados Unidos construir estadios con fondos públicos para equipos privados con la misma excusa, “vamos a mejorar el turismo”. Bueno, el problema de estos eventos organizados con fondos públicos es que éstos tienen que salir de algún lugar. Porque los estados trabajan con fondos limitados. El dinero que se usa en prestar una cosa ya no se puede usar en otra. Lo mismo pasa con el tiempo.

    El dinero que se usa para organizar el evento se obtiene de los impuestos y es menos dinero que se destina a otras actividades estatales como campañas de vacunación masivas, fumigaciones contra los mosquitos, mejorar las calles, agilizar los procesos judiciales, mejorar el patrullaje y la seguridad, mejorar las escuelas públicas.  El tiempo también se pierde; este tiempo perdido en las empresas no turísticas durante el evento y la baja de la productividad en las empresas no turísticas durante los días que las personas no puedan movilizarse fácilmente a sus lugares de trabajo entre otros problemas, es una pérdida que no se recupera.

    En otras palabras, el estado al apoyar un evento específico crea ganadores artificialmente en la industria del turismo a costa de crear perdedores en otros lugares. Hay estudios tras estudios económicos en muchos países que demuestran que las bonanzas de estos eventos temporales, deportivos o en el caso de la JMJ, religiosos, no contribuyen en la recaudación fiscal y son menores en ingresos a los recursos gastados por el estado en los mismos. Y las ganancias en el sector turismo se balancean con las pérdidas en otros sectores.

    El comité organizador de la JMJ reporta que espera recaudar 41 millones en concepto de impuestos o tasas, relacionadas con la JMJ; la pregunta sería, ¿cuánto significa ésto versus cuánto dinero de los impuestos de todos ha recibido la Iglesia Católica durante los últimos 4 años y cuánto dinero se ha gastado el gobierno directamente en su parte de la organización del evento? Por ejemplo los gastos de hospedar a los mandatarios extranjeros y sus comitivas. ¿Cuánto costará cada mochila del peregrino? ¿Y lo gastos hospitalarios a cuánto ascenderán? Está claro que el gran ganador sería el sector turístico, que se encuentra deprimido y tendría un respiro a costas del evento. Pero la experiencia demuestra que estas ventajas se balancean con las cosas que se tenían que hacer en otros sectores durante estos últimos años pero que no se hicieron.

    Moraleja, cuando un político se ufana de haber conseguido X o Y evento para un país, o traer X o Y liga deportiva a una ciudad es porque éste no es económicamente rentable; si lo fueran, la Iglesia o la empresa privada lo hubieran organizado por sí mismos sin necesidad de fondos públicos. Estamos seguros por ejemplo que si la JMJ se hubiera organizado en los Estados Unidos o Francia, salvo en el tema de la seguridad, que es función del Estado, no sale un centavo de los impuestos para el evento… por algo no se hizo allá. Si gobernar bien un país es organizar eventos, bueno Grecia y el Brasil de Lula y Odebretch serían ejemplos de buenos gobiernos.

     

  • La nueva trampa fiscal: los umbrales para sustentar la evasión fiscal.

    El gobierno, tras las presiones externas, sobre todo las del Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea, busca penalizar la evasión fiscal. Como el clamor de penalizar la evasión fiscal no sale de la sociedad panameña sino de presiones externas, el gobierno ha tenido que hacer una maroma política para hacer la ley más potable. Penalizar la evasión fiscal por encima de los 300 mil dólares. O sea para los evasores que ganen más de un millón de dólares al año.

    Algo similar se hizo con el contrabando, penalizándolo hasta cierto nivel, pero por debajo de este nivel la evasión fiscal y el contrabando siguen siendo faltas administrativas. En el 2015 el contrabando fue penalizado, siempre y cuando la cuantía del contrabando sea mayor de los 500 mil dólares. Ahora se busca penalizar la figura de la evasión fiscal por umbrales similares. Nótese que en ambos casos se debe más a presiones externas ya que el gobierno no ha hecho todo lo que pudo para mejorar la recaudación tributaria sin tener que penalizar la evasión. Las presiones externas se deben a que si la evasión es delito en Panamá, los fiscales extranjeros podrán pedir a sus colegas panameños que se investigue penalmente a los que usan a Panamá para evadir impuestos en sus países.

    Esto plantea al gobierno varios problemas: el primer problema es que como el proyecto no tiene apoyo local, sino que se debe por presiones extranjeras, tiene un costo político cuando nos aproximamos a un año electoral. Obviamente si los diputados buscan réditos políticos, no va a ser penalizando la evasión fiscal. El gobierno por lo tanto, por ahora busca presentarlo como un tema de que es solo para las personas que ganan más de un millón de dólares. Pero esto presenta varias aristas. Una de ellas es que las personas que ganan más de un millón de dólares pueden pagar abogados y contadores para crear estructuras que les permitan eludir impuestos, o sea, tomar medidas legales que no son delito para pagar la menor cantidad de impuestos posibles. Así que dudamos de la efectividad para castigar a los evasores que menciona el proyecto.

    El segundo problema es de arquitectura jurídica y va a llevar a aplicar tarde o temprano la norma que penaliza la evasión fiscal a todo el mundo.

    Estamos hablando de las figuras de error de prohibición y de error de tipo.

    En la teoría finalista del delito, el error de prohibición recae sobre el carácter y la entidad del injusto del actor. En el caso de la evasión fiscal, el injusto recae sobre la capacidad una empresa de hacer lo que debe hacer, maximizar utilidades, así que lo más razonable para cualquier empresario serio es que busque maneras de bajar los impuestos, dentro de la legalidad, al mínimo legalmente requerido.

    El problema es que la Dirección General de Ingresos puede tener otra opinión sobre las actividades realizadas para pagar impuestos, y esta opinión puede ser malintencionada, como ya lo demostró un ex director de la DGI y como lo ha demostrado el IRS norteamericano. Las autoridades fiscales pueden y son de hecho usadas para perseguir a enemigos políticos. Lo cual nos lleva a una situación donde el imputado puede que honestamente crea que no ha hecho nada malo, pero las autoridades fiscales creen que sí, y éstas son las que de hecho califican el tipo penal. El que se verifique o no un tipo penal depende ahora de las autoridades administrativas. Aquí tenemos un problema de error de prohibición. Y un delito sin víctimas claras. Porque se trata de una persona que toma medidas para salvaguardar su propio patrimonio, pero que es obligada a desprenderse del mismo bajo presión de una autoridad política, y que es penalizado por no querer hacerlo. Obviamente este desprendimiento forzado es en nombre del bien común y la cosa pública, porque si no lo fuera así, sería llamado robo.

    Pero contamos con un precedente funesto, y es que la tendencia a hacer al estado más pesado, y más brutal sobre la vida cotidiana de las personas ya llegó a Panamá. Uno de los grandes triunfos de la Ilustración en el Siglo XVIII fue la eliminación de la cárcel por deudas; ahora se hace cada vez más legalista que las deudas con el estado se paguen con cárcel.

    Lo que nos lleva al error de tipo y su solución no es buena. Cabe preguntarnos por qué la evasión fiscal se convierte en delito más arriba de los 300 mil o el contrabando más arriba de los 500 mil. Un candidato de un partido de izquierdas, de esos que Nietzsche llamó, las “tarántulas de la igualdad” o los “buscadores de justicia/vengativos encubiertos” se podrá preguntar, ¿por qué 300 mil es delito y 299, 999.99 es falta administrativa? ¿Qué diferencia hace un centavo sobre si un hecho es un delito o una falta? La solución clara va a ser extender el tipo penal a todas las conductas similares, independientemente de la cuantía. Cuando ya se tiene un pie adentro, mejor se mete todo el cuerpo.

    Total, cuando se tipifica el robo no se especifica la cuantía. Así que una vez penalizada la evasión fiscal, el umbral mágico de los 300 mil dólares se va a ir erosionando gradualmente hasta hacerse universal.

    Al final, hasta no declarar una entrada de 100 dólares va a estar penalizado. Y todos viviremos con un contador y un abogado tributario en el fast dial del teléfono.

    Una vez tipificada deficientemente la evasión penal, la solución de estos errores de tipicidad es expandir el tipo penal y hacerlo universal eliminando la cuantía. Después de todo, hablamos de un tipo penal y no de un proceso civil. Este va a ser el resultado final.

    Por esto, el endulzarnos con que la norma no se nos va a aplicar a todos los mortales, es sólo una medida temporal política, ya que el tipo penal estaría en el Código y solo quedaría el solucionar el tema de la cuantía… Y lo más probable es que sea para bajarla. Sólo es cuestión de tiempo.

    Esto es lo que está en juego al final.

  • El problema de la penalización de la evasión fiscal

    Panamá está en una encrucijada, la inversión extranjera directa ha caído, los activos líquidos han bajado, el desempleo aumenta y el crédito se contrae. Ante esto cediendo presiones de los organismos internacionales, el gobierno nacional busca penalizar la evasión fiscal.

    Las razones son dobles. La primera es que Panamá puede mostrarle al Fondo Monetario Internacional que evadir impuestos es delito en Panamá, y a la vez, mostrarle a la Unión Europea que podemos ahora acoger las solicitudes de investigar penalmente la evasión fiscal porque en Panamá también es delito.

    Sin embargo las presiones del Fondo Monetario Internacional parecen más enfocadas en hacerle un favor a los Europeos que en buscar aumentar las recaudaciones.

    Hay maneras de aumentar la recaudación fiscal en Panamá que no requieren la penalización de la evasión fiscal. Para empezar deben hacer el trámite fiscal más barato en tiempo y dinero, más sencillo y amigable a los usuarios. Mejorar la información fiscal que suele ser desconocida para los contribuyentes, reducir las tasas y simplificar los impuestos que son demasiado altos para que la gente los pague.

    Todo esto no se ha hecho. Sin embargo en lugar de darnos a elegir entre una zanahoria o un garrote, solo se nos muestra el garrote. Y lo que es mas preocupante, el hecho de que Panamá adquiera todo tipo de compromisos con la OCDE, el GAFI y el FMI en materia fiscal no nos quita el peso de encima, a cada cesión de terreno nuestra, se responde con nuevas exigencias. Y lo peor, el gobierno se ha ido comprometiendo a cumplir cosas pensando que con firmar nos van a dejar tranquilos, cuando no tenemos la capacidad institucional para cumplir con lo que firmamos y quedamos mal cuando nos piden un acuerdo de intercambio de información y no se da, bien por falta de capacidad, que es vista por Francia y otros de nuestros críticos como falta de voluntad en cumplir lo pactado.

    El tema es que penalizar la evasión fiscal, es un grave error conceptual,  aunque en el borrador de proyecto de ley está escrito que es para personas que ganen más de un millón de dólares al año para caer en el monto a evadir penalizable. Esto significa que el grueso de los contribuyentes en Panamá por ahora no se ven amenazados por la persecución penal de la evasión fiscal, pero una vez que nos acostumbremos a que el Estado penalice la evasión fiscal es cuestión de tiempo para que gobiernos sucesivos bajen el monto perseguible penalmente. Y todos recordamos que en Panamá existe una tradición de usar la evasión fiscal como un instrumento para perseguir opositores políticos. Que el actual gobierno no lo haya hecho no implica que un gobierno anterior no lo hizo, y que un gobierno futuro no lo vaya a hacer.

    Si al Fondo Monetario Internacional realmente le interesara aumentar la recaudación fiscal para el gobierno de Panamá, tendría que sugerir otras medidas. Al FMI lo que realmente le interesa es que Panamá pueda colaborar con los gobiernos Europeos en la persecución penal de la evasión fiscal sin mirar los efectos institucionales y políticos que esto pueda tener en Panamá.

    Porque simplificar los trámites y bajar los impuestos podría lograr aumentar la recaudación sin recurrir a medidas penales. Muchas personas evaden impuestos no porque no quieran sino porque son demasiado caros. Y están los temas tecnológicos e institucionales. Pero está claro que el FMI vela más por los intereses de la Unión Europea que por los de Panamá…. Y pareciera que nuestras autoridades hacen más o menos lo mismo.