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Así se prepara Suiza para la Era BEPS

Desde julio de 2013, la OCDE ha lanzado quince líneas de acción orientadas a armonizar estándares de fiscalidad corporativa en el marco del proyecto BEPS. Cuatro años después, ministros y altos cargos de 68 jurisdicciones se han reunido para impulsar en París la creación del llamado Instrumento Multilateral (MLI por sus siglas en inglés), un mecanismo mediante el cual la OCDE ocupará un rol central a la hora de coordinar esos estándares comunes y restringir la competencia tributaria entre distintas jurisdicciones.

La mirada de muchos de los países firmantes estaba puesta en Suiza, cuyo histórico modelo de impuestos bajos podría quedar amenazado por el avance de la agenda BEPS. El país helvético también ha optado por firmar el acuerdo promovido por la OCDE, aunque en su caso ha adoptado una estrategia diferenciada y se ha reservado el derecho a implementar los nuevos estándares a base de reformar sus acuerdos tributarios bilaterales con otros países, en vez de acudir directamente al nuevo modelo centralizado que ha dado pie al MLI.

Las mismas autoridades suizas explican que “hay más de 3.500 acuerdos bilaterales en el mundo desarrollados para evitar la doble tributación. El acuerdo de la OCDE requiere ajustes en algunos de ellos y Suiza se compromete a alinear aquellos tratados que sean necesarios, en el espíritu del proyecto BEPS”. ¿Pero qué acuerdos y qué países se verán afectados?

Según las autoridades suizas, los cambios que se van a realizar afectan a los acuerdos bilaterales contra la doble tributación que se han suscrito con Argentina, Austria, Chile, India, Islandia, Italia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Polonia, Portugal, Sudáfrica, República Checa y Turquía. De todos estos países, los casos más relevantes son los de Liechtenstein y Luxemburgo, dos países que, al igual de Suiza, ocupan un rol relevante en su papel de centros financieros internacionales.

Aunque Suiza ha entrado en el proceso con el punto extra de reparo que suponen las negociaciones bilaterales, el país helvético sí ha explicado que va a someter a ciertos esquemas de arbitraje coordinado todas aquellas disputas tributarias que puedan surgir en el futuro. De modo que, aunque la adaptación de los tratados se canalizará en muchos casos por la vía bilateral, algunas controversias sí terminarían juzgándose por el camino centralizado que defiende la organización con sede en París.

No obstante, las autoridades suizas también han anunciado que no ratifican el documento al completo, sino que se reservan su derecho a ignorar algunas de las cláusulas favorecidas por la OCDE. Hablamos, por ejemplo, de las reglas de “transparencia empresarial” (artículo 3), de las “empresas con doble residencia” (artículo 4), de la “transferencia de dividendos” (artículo 8), de las “rentas del capital derivadas de propiedades físicas” (artículo 9) o de las “normas contra abusos canalizados vía terceras jurisdicciones” (artículo 10).

De hecho, Suiza también ha dejado fuera de la firma otros artículos y, además, ha introducido su propio criterio a la hora de resolver disputas. Por ejemplo, a la hora de aceptar mecanismos de arbitraje, ha revisado de dos a tres años el período contemplado para dichos procesos. Otro ejemplo, a la hora de regular dichos arbitrajes, Suiza insiste en que no irá más allá de los estándares mínimos aprobados inicialmente por la OCDE y el G-20, evitando la aplicación de normas más restrictivas. En suma, doce páginas de excepciones y de salvaguardias adicionales con las que Suiza reduce su grado de integración en el acuerdo.

Además, la aprobación de este nuevo marco aún no es del todo definitiva. Y es que el gobierno de Suiza ya ha anunciado que va a organizar una “ronda de consultas públicas” y que va a requerir “votación parlamentaria” como condiciones para oficializar la entrada en vigor de la Era BEPS. Está por ver qué rol jugará el sector privado a la hora de influir en esta fase previa a la aprobación definitiva de los nuevos estándares, pero todo apunta a que habrá cierta batalla para contener la entrada en vigor de muchas de las normas defendidas desde la OCDE.

¿Cuánto puede retrasarse este proceso de deliberación público-privada? De entrada, las autoridades han anunciado que no empezarán las discusiones hasta finales de 2017, de modo que ya han ganado medio año. Además, si tomamos como referencia el anterior documento del proyecto BEPS que fue discutido por las autoridades helvéticas, podemos ver que, aunque empezó a tramitarse en el Consejo Federal en noviembre de 2016, a mediados de 2017 sigue en período de discusión por parte del Consejo Nacional.

Se cumplen, por tanto, las líneas maestras de la estrategia que proponía la plataforma empresarial Economie Suisse, en un informe divulgado hace ahora dos años. Por un lado, Suiza minimiza el impacto de los acuerdos BEPS a base de introducir salvaguardias diversas. Por otro lado, el país helvético retrasa su entrada en vigor a base de extender los plazos y de canalizar el grueso del pacto por la vía bilateral.

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Diego Sanchez de la Cruz

Diego Sanchez de la Cruz

Diego Sánchez de la Cruz es analista económico, con más de 1.000 publicaciones (artículos, reportajes y entrevistas) en Libre Mercado y PanAm Post, y es colaborador habitual en programas y tertulias del canal 13 TV, España. También es profesor de IE University y director de Foro Regulación Inteligente. Su nuevo libro, “Por qué soy liberal”, salió a la venta en febrero de 2017 y ya va por su segunda edición.

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