El control de precios, sobre cualquier tipo de bienes y servicios ofertados en el mercado, nunca ha funcionado en la historia de la humanidad. Más tarde o más temprano, sus efectos negativos y dañinos sobre la sociedad se hacen sentir y con fuerza. Entre ellas, escasez y el surgimiento de mercados negros que sólo contribuyen a que los precios que se quieren controlar se disparen más arriba aún, con el consiguiente empobrecimiento de los que supuestamente estaban destinados a ser beneficiados con el control de precios.
En estos momentos, y muy lamentablemente, en Suecia, el gobierno socialdemócrata y verde, liderado por el primer ministro Stefan Löfven, acaba de caer, dado que ha propuesto desregularizar las rentas en los edificios de nueva construcción, lo que acabaría con un modelo de negociación colectiva de más de medio siglo.
El país aplica un estricto control de precios desde el final de la Segunda Guerra Mundial, pero casi ochenta años después, acceder a un piso regulado en el centro de Estocolmo obliga a un tiempo de espera de ¡unos diez años o mucho más!. Según un informe oficial, en 2019, el tiempo de espera medio para un contrato de alquiler de primera mano en Estocolmo era superior a 3.800 días, es decir, diez años. En Gotemburgo era casi de seis años, y en Malmö, de tres. La lista de espera supera las 580.000 personas.
Precisamente, la escasez es generada debido a que al reducir la rentabilidad futura de los propietarios, se desincentivan inversiones futuras, tanto en los pisos ya existentes como en los aún por construir. ¿Quién querría construir si su renta la define el gobierno? Así que sólo crece la demanda, pero la oferta continúa sin crecer.
En Estocolmo, la capital, alrededor del 40% de los inquilinos reside en viviendas acogidas al programa de control estatal. Las negociaciones se realizan entre los sindicatos de inquilinos (unos 350.000) y las agencias de representación de las empresas propietarias (unas 5.000). El estado ofrece un catálogo de viviendas públicas destinadas exclusivamente al alquiler (hyresrätt). Los habitantes de estas viviendas, alquileres de «primera mano», están representados por diversos sindicatos de inquilinos, siendo el más numeroso y relevante Hyresgästföreningen, quienes negocian sus términos de uso de las viviendas con los propietarios de forma conjunta.
Para los pocos propietarios privados, las condiciones de alquiler son muy duras: están supervisadas por el gobierno y los contratos de alquiler no pueden tener más de un año de duración. Y para poder alquilarlo, se deben dar razones y justificaciones permitidas, no se admiten causales como obtención de la renta per sé con ánimo de lucro.
Hoy 255 de un total de 290 municipios suecos tienen oficialmente un déficit de viviendas. Para aquellas personas en busca de un alquiler, la situación de listas de esperas es dramática. Entonces, otra alternativa ha cobrado fuerza: los bostadsrätt, que son cooperativas de pequeños propietarios de viviendas, de tres o cuatro plantas, donde los pisos se reparten entre los asociados. Pero no es una compra con derechos de propiedad absolutos, sino una especie de participación social cooperativa a cambio de una vivienda para el resto de la vida, bien situada y a buen precio. Se puede ceder y transferir, pero no vender. Esta limitación, al estilo de vivienda en Singapur, lo que hace es que al final, se desincentiva el ánimo de lucro, que es por el cual podría satisfacerse la demanda de forma natural. Ya lo decía Adam Smith, «No es por la benevolencia del carnicero, del cervecero y del panadero que podemos contar con nuestra cena, sino por su propio interés».
Y para coronar esta serie de regulaciones, construir en Suecia es muy costoso. Hasta un 72% más que en el resto de la Unión Europea. Las regulaciones medioambientales del país de Greta o urbanísticas son extremadamente duras. Entonces, para que sea rentable construir, los precios deben justificar la inversión. La consecuencia es que los precios de las viviendas particulares se disparen tanto que sólo muy pocos puedan acceder a su propia vivienda. Sólo millonarios podría decirse. Paul Krugman, estimaba que el precio medio de un piso en Suecia ha crecido un 200% durante las últimas décadas.
Pero como siempre sucede, el mercado, los acuerdos libres y voluntarios, mal llamados “mercado negro”, aparecen para dar solución: el subarrendamiento de pisos, o el mercado negro del alquiler. Si bien la ley sueca es muy estricta (incluso penalmente) respecto al alquiler en «segunda mano», es decir, para que el inquilino de un hyresrätt subalquile su vivienda a otra persona, la escasez combinada con la desesperación por un techo, hacen que hayan aparecido cientos de intermediarios y caseros (en muchos casos, fraudulentos) que ofrecen habitaciones a precios altísimos, superiores a los 1.000€ , que claramente triplican a los 400€ o 600€ al mes de los bajo control de precios.
Esta situación de control de precios, genera un sistema que protege a los que llegaron primero, a los que actualmente poseen un alquiler, representados por Hyresgästföreningen y los otros grupos que defienden sus intereses y que presionan por el mantenimiento de los precios regulados.
Las consecuencias las pagan aquellos suecos que aún no han accedido al alquiler regulado, que están en lista de espera y que no tienen el dinero suficiente para comprar una vivienda nueva. Es decir, los jóvenes, las personas que no alcanzan salarios altos debido a sus calificaciones, y los inmigrantes.
Lastimosamente, cuando el gobierno toma cartas en el asunto, es cuando las alarmas ya dejan de serlo, para convertirse en una triste realidad, como las listas de espera para un alquiler ya comentadas o como la expuesta por la carta pública de Spotify advirtiendo sobre su hipotética salida de Estocolmo si la situación seguía sin resolverse, ya que les costaba encontrar alojamiento para sus talentos internacionales.
Los gobernantes y legisladores deberían evitarse toda esta problemática con sólo hojear el libro “4000 años de controles de precios y salarios”, por Butler Eamonn y Robert Schuettinger, donde se demuestra que no existe un solo caso en la historia en el que el control de precios haya detenido la inflación o haya evitado la escasez de bienes y servicios. La imposición del control de precios sobre una comunidad, es una intervención violenta del estado sobre acuerdos libres y voluntarios, lo cuales constituyen la base ética de una sociedad libre. Suecia está pagando un precio muy caro por tal razón. Aprendamos del ejemplo ajeno.
