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Categoría: Politica y Actualidad

  • ¿Qué es el Estado Islámico del Gran Jorasán o ISIS-K?

    Esta rama del grupo yihadista Estado Islámico, llamada Gran Jorasán o ISIS-K,  ha sido señalada por la ONU, Interpol y Estados Unidos por sus acciones armadas contra la población civil en Afganistán.

    El ataque al Aeropuerto Internacional Hamid Karzai de Kabul el jueves ha puesto nuevamente los focos sobre el grupo Estado Islámico del Gran Jorasán o ISIS-K, como se le conoce en Estados Unidos, una facción declarada por la ONU como organización terrorista.

    El Gran Jorasán es una región de Asia Central dominada por el Estado Islámico (que conforma algún territorio de Irán, Afganistán y Paquistán). La facción  local del EI surgió entre 2014 y 2015, según datos compilados por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).

    ¿Quiénes son sus cabezas visibles?

    La primera figura en salir a la palestra al frente del grupo fue el ciudadano paquistaní Hafiz Saeed Khan, nombrado Primer Emir.

    A Khan se le unieron otros militantes, como el ex jefe regional talibán Abdul Rauf Khadim, lo que hizo que la facción gozara de un rápido crecimiento.

    Al ISIS-K se le atribuyen centenares de ataques contra la población civil en Afganistán y Pakistán, y muchos enfrentamientos con las fuerzas de Estados Unidos que permanecen desde 2001 en Afganistán.

    ¿Cuál es la postura de Estados Unidos?

    En su lucha por detener el avance del grupo EI en el Medio Oriente, Estados Unidos anunció que intensificaría sus acciones militares para ir allanando el camino a su salida de Afganistán desde hace al menos tres años.

    En 2018, bajo la administración del entonces presidente, el republicano Donald Trump, el secretario de Defensa Jim Mattis expuso parte de la estrategia estadounidense, que consistía en apoyarse en el buscado alto al fuego contra los talibanes.

    «Si los talibanes aprovechan al máximo el alto el fuego en beneficio del pueblo afgano, entonces muchos de los activos de vigilancia que tenemos pueden reorientarse al ISIS-K, a Al-Qaeda y otros terroristas extranjeros que, en primer lugar, no tendrían que estar en Afganistán», explicó Mattis.

    Por entonces, el Pentágono estimaba en 2.000 los combatientes del Estado Islámico del Gran Jorasán, sin embargo, funcionarios afganos calculaban que para entonces esas tropas insurgentes superaban las estimaciones de Washington.

    La resolución de Naciones Unidas

    El 14 de mayo de 2019, el Comité del Consejo de Seguridad de la ONU enlistó para sanciones a “personas, grupos, empresas y entidades asociadas” a ISIS, a Al-Qaeda y al Estado Islámico del Gran Jorasán.

    Directamente la ONU hizo públicas las medidas de congelación de activos y prohibiciones de viajar a decenas de los principales directivos de ISIS-K.

    Las sanciones fueron fundamentadas por “actividades continuas y múltiples actos terroristas criminales destinados a causar la muerte de civiles inocentes y otras víctimas, destrucción de bienes y socavación en gran medida de la estabilidad” en la región.

  • Capitalismo de compinches ¿o fascismo?

    En estos días escuché a un abogado advirtiendo acerca de los peligros del “capitalismo de extrema”, lo cual me llevó a escribir hoy al respecto, veamos. En los EE.UU. se habla mucho de un “crony capitalism” que a pesar de que el diccionario de inglés/español de Google lo traduce a “capitalismo de amigos” yo lo traduzco, de malas ganas a “capitalismo de compinches”, que dista de ser cosa entre amigos; ya que compinche es de cómplices, ligado a acciones delictivas o censurables. Y digo que lo traduzco “de malas ganas” ya que llamarle “capitalismo” a una compinchería es bobería, valga la cacofonía. Desde el instante en que la praxis de política económica o actividad económica se desboca y entra en asociaciones prostituidas, deja de ser capitalismo. En ese caso llamémosle por su verdadero nombre: “fascismo”.

    El comentarista también hizo mención de la brecha o desigualdad entre ricos y pobres, lo cual, como todo, puede ser bien o mal enfocado. Se enfoca mal cuando generalizamos al decir que la desigualdad es mala. Yo les propongo lo contrario; que ¡menos mal! no somos todos pobres o faltos de intelecto. Lo natural en este mundo es que vayan surgiendo humanos con capacidades superiores que crean adelantos para toda la humanidad; tales como Aristóteles, Galileo y tal. Lo malo es cuando personajes de prestigio le cuelgan sentidos depreciativos que prostituyen cosas buenas; como tal es el caso del término “capital”, capitalismo o cápita”, siendo cápita cabeza en latín, termino referido al uso de la cabeza. Mal también es, hablar del capital referente al capital como dinero, y dando a creer que el dinero es cosa sucia. Más aún, quien acuñó el término “capitalismo” fue Marx, y lo hizo con sentido de desprecio.

    Otros, como algún papa, hablan de “capitalismo salvaje”, lo cual también envilece cosas nobles del capital humano, como la probidad, inteligencia, bondad y tal que son el capital más valioso. El capitalismo es de emprendedores, lo cual es cosa deseable y buena; y no como en Panamá en dónde perversos politicastros arraigaron el “no a la privatización”; que sería no a lo tuyo y sí a lo de los politicastros, quienes son los que terminan con el botín.

    El otro tema a escudriñar es aquello del “bien común” o “bienestar social”; que los izquierdistas tergiversan cuando dan a entender que estas cosas vienen de una propiedad comunitaria o peor, que se originan en sistemas de gobierno típicos del totalitarismo en dónde el bienestar fluye de arriba hacia abajo; cuando es todo lo contrario. Si las personas en lo individual, en su familia, el barrio, los organismos sociales y tal, hacia arriba no andan bien, no puede haber bienestar social. La idea de que a través una confiscación impositiva que resta al productivo para repartirlo entre los menos productivos, o peor, se puede lograr bienestar, es ilusión y engaño.

    Igual ocurre con esa otra frase de engaño: “capitalismo extremo”. Si es extremo, deja de ser capitalismo o, mejor dicho, deja de ser emprendimiento en el mercado, que es el término conceptual correcto. Otra manera de describir el «capitalismo extremo» es cuando la política se torna clientelista. Algunos amantes de la libertad en los EE.UU. o como gusta decir mi hermano Irving: “libertófilos”, hablan de “giverment”, que yo traduzco a “regalierno”. También debemos ver las oligarquías.

    El tema es que, cuando los gobiernos se meten a competir en el mercado contra los ciudadanos, la sociedad pierde en la subsidiaridad. Si un bebé recién nacido no lo arrullas, su mente se atrofia. Al bebé hay que alimentarlo no sólo con leche materna sino con el calor de sus padres, con su voz, caricias y más adelante con palabras y buenas ideas y costumbres; cosas que no nos llegan a través de los regaliernos. Se aprende, evoluciona y logra bienestar personal y comunitario haciendo y no esperando que el regalierno lo haga desde la cuna a la tumba. No hay cosa más alejada de la realidad y la verdad.

  • Certificados falsos de vacunas crecen en el mercado, a medida que los pases de salud se vuelven obligatorios

    La firma de ciberseguridad israelí Check Point Research (CPR) ha sido testigo de un crecimiento exponencial en la actividad del mercado de certificados falsos de vacunas, principalmente a través de Telegram, dijo la compañía, a medida que aumentan los casos de Covid-19 en todo el mundo debido a la variante Delta.

    En solo unos meses, estas cuentas han aumentado en número en Europa y en todo el mundo, lo que ha provocado un aumento de los delitos cibernéticos, según han dicho expertos de la empresa de ciberseguridad.

    Desde el comienzo de la pandemia, la popularidad de estos canales se ha disparado. El número total de vendedores ha pasado de alrededor de 20 a 1,500 entre marzo y diciembre de 2020 y el número de suscriptores también está creciendo rápidamente, según los expertos de Check Point. Los canales siguen cambiando sus ofertas para mantenerse al día con las últimas reglas impuestas por los gobiernos nacionales.

    A pesar de que los sistemas nacionales de prevención son eficientes, rastrear este tipo de actividad se ha vuelto extremadamente desafiante, especialmente cuando se trata de viajes internacionales. Algunos países de la UE, ha introducido aplicaciones para teléfonos inteligentes para verificar si un certificado es auténtico o no, pero eso podría no ser suficiente. Además, las autoridades de control fronterizo carecen de una base de datos internacional de personas vacunadas en todo el mundo: algo que ha llevado la lucha contra el COVID-19 a una escala mayor.

    Los vendedores han ampliado la gama de países de certificados de vacunas falsos. En marzo, EE. UU., Reino Unido y Alemania representaron la mayoría de los anuncios. Actualmente, los vendedores en la red oscura anuncian tarjetas de vacunación falsas en todo el mundo, incluidos EE. UU., Reino Unido, Suiza, Pakistán, Países Bajos, Italia, Grecia, Indonesia y Francia.

    También ha habido un enfoque significativo en la distribución de dichos documentos falsos a través de la plataforma de mensajería Telegram. La cantidad de grupos en Telegram que anuncian tarjetas o certificados falsos de vacunación aumentó según la compañía, en un 257%, ya que CPR estima que hay más de 2.500 grupos activos actualmente. El número de seguidores del grupo para estos ha aumentado en un 566%, ya que estima grupos con 100.000 seguidores cada uno en promedio, con algunos grupos que superan los 450.000 seguidores.

    Los vendedores también han reducido el precio para comprar tarjetas de vacunación falsas a la mitad, de $ 200 cada una en marzo a tan solo $ 100 en la actualidad. «Por tan solo $ 100, los anuncios prometen el certificado Covid Digital de la UE, tarjetas de vacunación CDC y NHS Covid, junto con pruebas falsas de PCR Covid-19 para cualquiera que esté dispuesto a pagar», dice el informe.

    “Los anuncios destacan la posibilidad de viajar y trabajar libremente como beneficios de su producto. Los anuncios pretenden que sus tarjetas de vacunación están registradas y verificadas en el sistema NHS y CDC en línea, así como en la base de datos de la UE”, explicó CPR con más detalle.

    Oded Vanunu, Jefe de Investigación de Vulnerabilidades de Productos en Check Point dijo: “Creemos que el aumento más amplio del mercado está impulsado por la variante Delta que se extiende rápidamente y la urgencia de que todos se vacunen. De hecho, hay personas que no quieren vacunarse, pero quieren las libertades que conlleva la vacunación comprobada. Estas personas están recurriendo cada vez más a la darknet y Telegram».

    “Los proveedores eligen anunciarse y hacer negocios en Telegram porque amplía su distribución. Telegram es menos técnico de usar en comparación con la red oscura y puede llegar a una cantidad desmesurada de personas rápidamente. Desde marzo, los precios de las tarjetas de vacunación falsas se han reducido a la mitad y los grupos en línea de estos servicios fraudulentos de coronavirus cuentan con cientos de miles de seguidores. Recomiendo encarecidamente a las personas que no se comprometan con estos vendedores por nada, ya que estos vendedores buscan más que solo venderle tarjetas de vacunación falsas”, agregó Vanunu.

    Mercado.

  • Talibanes excluyeron de los medios estatales a periodistas mujeres

    Desde que ingresaron a Kabul el domingo pasado, los talibanes han tomado el control de las agencias gubernamentales, incluidos los medios estatales.

    Al menos dos mujeres periodistas que trabajan para una emisora estatal en Afganistán han dicho que los talibanes no les permiten trabajar.

    Desde que ingresaron a Kabul el domingo pasado, los talibanes han tomado el control de las agencias gubernamentales, incluidos los medios estatales.

    Cuando los periodistas de la Radio Televisión Afganistán (RTA) llegaron al trabajo, a algunas mujeres se les dijo que no podían entrar al edificio.

    En un video publicado en línea, la presentadora de noticias de la RTA, Shabnam Khan Dawran, dijo que a sus colegas varones se les permitió ingresar al edificio, pero que a ella se le negó la entrada.

    “No se me permitió (entrar) a pesar de tener mi tarjeta de oficina. Los empleados varones con tarjetas de oficina pudieron ingresar a la oficina, pero me dijeron que no podía continuar con mi deber porque el sistema (gobierno) ha cambiado», dijo Dawran, quien ha trabajado en periodismo durante seis años.

    Otra presentadora de la RTA, Khadija Amin, dijo a la empresa privada TOLONews que no se le permitió ingresar a su oficina el martes y que otras colegas también fueron rechazados más tarde.

    Amin dijo que hablaron con el nuevo director designado por los talibanes, quien les dijo que el grupo pronto tomaría una decisión sobre si pueden trabajar.

    Añadió que los talibanes han cambiado los programas de la RTA y «no hay presentadoras».

    Una periodista que solía trabajar para RTA dijo que está preocupada por sus antiguos colegas.

    “Desafortunadamente, volvemos a la era de los talibanes. Estoy muy preocupado por la seguridad de mis compañeros”, dijo a la VOA el periodista, que pidió no ser identificado.

    En su primera conferencia de prensa desde que tomaron el poder, los talibanes dijeron que los derechos de las mujeres serían respetados bajo la Shariah, o ley islámica. El portavoz del grupo también dijo que los medios de comunicación podrían informar libremente siempre que fueran justos y promovieran la unidad nacional.

    Pero muchos periodistas y organizaciones de derechos de los medios son cautelosos. La emisora ​​pública alemana Deutsche Welle (DW) dijo que los combatientes talibanes mataron a uno de los familiares de sus periodistas esta semana mientras buscaban al reportero.

    El asesinato «es inconcebiblemente trágico y testimonia el grave peligro en el que se encuentran todos nuestros empleados y sus familias en Afganistán», dijo el jueves por la noche el director general de DW, Peter Limbourg, según Reuters.

    Los talibanes no han comentado públicamente sobre el ataque contra la familia del periodista de DW o sobre el bloqueo de las mujeres periodistas en los medios estatales. Dijeron anteriormente que los periodistas son libres de trabajar en medios de propiedad privada, pero que los talibanes administrarán medios de propiedad estatal.

    Cambio de programación

    RTA tiene docenas de canales de radio y televisión y opera en Kabul y 32 provincias.

    Pero cuando los talibanes tomaron el poder, cambiaron los nombres de las estaciones a Shariat Ghag (Voice of Shariah), el nombre de la única estación de radio que existía bajo el gobierno del grupo en la década de 1990.

    Un periodista independiente de Helmand dijo a la VOA que los talibanes reemplazaron el canal local RTA por Shariat Ghag Radio el viernes y que la estación está principalmente «cubriendo las noticias y actividades de los talibanes».

    Dijo que los talibanes les dijeron a los empleados de la estación provincial estatal que «transmitieran según sus instrucciones».

    La emisora ​​ya no cuenta con presentadoras ni voces femeninas, según la periodista, a quien no se nombra por razones de seguridad.

    Las mujeres periodistas de estaciones de propiedad privada han seguido transmitiendo. El martes, una presentadora de TOLONews entrevistó a un funcionario talibán, en una medida que muchos consideraron sin precedentes.

    La Directora General de la UNESCO, Audrey Azoulay, pidió el viernes que se garantice la libertad de expresión y la seguridad de los periodistas en Afganistán.

    «Nadie debe tener miedo de decir lo que piensa en esta coyuntura crítica, y la seguridad de todos los periodistas, incluidas las mujeres, debe estar especialmente garantizada», dijo Azoulay en un comunicado.

    La UNESCO agregó que el progreso de los últimos 20 años «no debe deshacerse y, en particular, que las mujeres periodistas deben poder continuar con su trabajo crucial».

    [Esta historia se originó en la división afgana de VOA.]

  • Mujer afgana: el dolor de ya no poder serlo

    Para una mujer afgana, la diferencia entre haber emigrado al extranjero o, como la mayoría, haberse quedado en su país apostando a que nunca regresarían a la barbarie, significa en estos momentos vivir una vida aceptable o estar muerta en vida.

    «Mañana ya no iré a la universidad. Los talibanes son como animales, no entienden el Corán. Para ellos las mujeres no deberían educarse. Se acabó todo para nosotras», dice una joven mujer afgana casada que acudía hasta ayer a educarse con el apoyo total de su esposo.

    Durante el régimen talibán, uno de sus portavoces llegó a declarar que «la cara de una mujer es una fuente de corrupción».

    Un estudio de ONU Mujeres denomina la segregación sistemática de la sociedad afgana en aquellos años como un «apartheid de género», pues las mujeres no podían trabajar, ni estudiar a partir de los 8 años o salir al balcón de su casa sin un hombre. Ninguna mujer afgana debía hablar en voz alta o reír en la calle, ya que ningún extraño debía escuchar la voz de una mujer. Peor aún, la violencia contra la mujer en un 23 por ciento estuvieron relacionados con compromisos y casamientos forzados, 14 por ciento conllevaron violencia física, y 9 por ciento una combinación de violación, prostitución forzada y relaciones sexuales forzadas por parte de los maridos. Y no queremos saber sobre cómo se daban esos casamientos forzados entre inocentes niñas y hombres adultos.

    Afganistán ya era en 2011 el peor país donde una mujer podía vivir, según una encuesta de la fundación Thomson Reuters, y ahora todo indica que la situación para ellas solo va a empeorar. Ayer mismo podían verse las primeras cuadrillas de talibanes pintando las paredes y vidrieras comerciales donde una mujer afgana aparecía promocionando algún producto o servicio.

    En Kabul en la década de 1970, las mujeres se educaban, vestían con minifalda y atuendos de moda, como cualquier mujer urbana occidental de aquella época. Con el regreso talibán al poder, no sólo la burka (velada completa de cabeza a los pies), sino que no podrán usar el móvil, tener acceso a redes sociales como Facebook o salir con las amigas por la ciudad. Ninguna mujer en el mundo merece vivir encerrada y amenazada.

    Entre 1996 y 2001, los talibanes en el poder imprimieron una visión ultraortodoxa de la ley islámica, que impide a la mujer estudiar, trabajar o simplemente salir de su casa sola o con amigas. Para salir debe hacerlo con el consentimiento del hombre del hogar, ser acompañada por un miembro masculino de la casa y siempre bajo una burka que la vela del público.

    Las flagelaciones, lapidaciones y las ejecuciones han sido parte del paisaje habitual en plazas y sitios públicos durante esos años de los talibanes a cargo. Hasta hoy, algunas de estas prácticas sobrevivían en entornos rurales, quizás con no tanta frecuencia y brutalidad, pero lentamente se suponía que iban a desaparecer; no a reimponerse nuevamente a la vista de una sociedad occidental que observa impávida cómo estas prácticas pueden suceder en pleno siglo XXI.

    «No es retroceder unos años, es volver a la edad media», asegura con firmeza la joven Khadija desde Kabul a la agencia EFE. Ella se casó libremente con su marido en 2019 y ambos viven desde entonces juntos.

    Khadija, sin embargo, cree que a partir de ahora ninguna mujer podrá elegir su vida. Opina que la mayoría de los talibanes tiene «delirios y problemas mentales» y «no entiende lo que es Afganistán, muchos ni siquiera son de aquí».

    Zarifa Ghafari lleva prácticamente toda su vida luchando por los derechos de las mujeres en Afganistán. Hace solo tres años se convirtió en la mujer más joven en ser escogida alcaldesa (en el país afgano a los alcaldes los nombra el presidente y no salen de las urnas) y una de las pocas mujeres en ocupar ese puesto, la primera en su provincia. Ahora, con la toma de Kabul por parte de los talibanes e instaurado de nuevo el régimen, teme por su vida. “Ser mujer en mi país significa vivir una vida realmente llena de dificultades, donde todo se juzga por género”, ha dicho.

    «Es una pesadilla para las mujeres que han estudiado, que piensan en un mañana mejor para ellas y las generaciones futuras», dijo Aisha Khurram (22), representante de la juventud afgana ante la ONU y estudiante de la Universidad de Kabul.

    Los talibanes afirmaron que respetarían los derechos humanos si regresaban al poder en Afganistán, enfatizando en los de las mujeres, pero (y éste es un gran «pero») según los «valores islámicos» más ortodoxos.

    Sin embargo, la mujer afgana mira con desconfianza esas promesas, sobre todo aquellas que durante dos décadas pudieron concurrir a la universidad, ocuparon cargos de responsabilidad política, en periodismo, el poder judicial y las fuerzas de seguridad.

    La periodista afgana, Shabnam Bayani, afirmó recientemente en una entrevista con la emisora panárabe Al Arabiya, que «las mujeres desaparecieron de las calles de Kabul por temor a la acción de los talibanes», reportó la agencia de noticias ANSA.

    El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo estar «horrorizado» por «ver cómo desaparecen los derechos tan duramente conquistados por las niñas y mujeres de Afganistán».

    Hoy, durante la reunión de emergencia del Consejo, Guterres expresó: «Estoy particularmente preocupado por los informes de crecientes violaciones contra mujeres y niñas afganas. Es esencial que se protejan sus derechos ganados con tanto esfuerzo».

    Frente a lo que está sucediendo, es imposible no pensar en los llamados movimientos feministas de los últimos años, las que llaman a una sororidad (solidaridad entre mujeres) odiando a todo aquello que no sea violento en sus formas de expresar los reclamos. Esas demostraciones con cánticos a los gritos, rechazando al hombre, desnudando los cuerpos exponiendo y haciendo de la vulgaridad y  fealdad un valor, esas mujeres que denigran las convicciones religiosas de los demás, sólo pueden hacerlo en el mundo occidental, el mundo libre y capitalista que odian.

    Ese «poder hacerlo» es justamente la diferencia de ser mujer en un país con libertades o sin ellas, la suerte de tener garantizados sus derechos individuales o despertarse un día en una enorme cárcel de mujeres.

  • Bitcoin frente al sistema bancario tradicional en El Salvador: cómo se preparan a un mes de su adopción

    En junio de este año, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo no sólo en aceptar a Bitcoin (BTC) como moneda de curso legal, sino señalando su curso forzoso, marcando un importante hito en la evolución de la moneda digital desde sus inicios hace unos doce años a la adopción masiva a la que conduce la ley.

    La decisión de integrar BTC en el sistema financiero del país ha sido recibida con fuertes críticas del Fondo Monetario Internacional y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Mientras tanto, JPMorgan Chase cree que «la apuesta por Bitcoin de El Salvador podría ejercer una presión adicional sobre la ya limitada capacidad de la red para servir como medio de intercambio».

    Entidades como Banco Agrícola, filial de Bancolombia; BAC Credomatic, filial del Banco de Bogotá; y Davivienda El Salvador expresaron a través de la Asociación Bancaria Salvadoreña (Abansa) que, «para fines contables, de depósito y crédito, continuarán usando el dólar estadounidense y no la criptomoneda».

    Y en una posición mucho más dura aún, el Banco Mundial rechazó su ayuda técnica y citó como razones «la preocupación por la transparencia del proceso y el impacto medioambiental del minado, el sistema por el que se generan nuevos bitcoins y que implica que las computadoras resuelvan una serie de cálculos matemáticos, para lo que consumen una gran cantidad de energía».

    En una posición apenas un poco más optimista, en un reciente informe del Bank of America (BOA), los analistas del banco dijeron que la decisión de El Salvador de reconocer a BTC como moneda de curso legal podría agilizar las remesas, promover la digitalización financiera, proporcionar a los consumidores una mayor capacidad de elección y abrir el país a las empresas estadounidenses y a los mineros de la moneda digital.

    También sostienen que uno de los desarrollos que harán que la adopción sea relativamente fácil, para un país cuya bancarización apenas llega al 30 %, es la aplicación estatal de billetera (wallet), llamada «Chivo» , dado que daría paso a que el uso de bitcoin en los comercios sea totalmente opcional, ya que desde esta se haría la conversión automáticamente.

    Los analistas del BOA incluso  enfatizaron que “democratizar el acceso a los pagos electrónicos a través de Bitcoin tiene un toque progresivo”.

    Para quienes hemos estado desde los inicios estudiando el BTC, sostenemos que las opiniones del mainstream financiero están a medio camino aún hoy entre no comprender realmente lo que es BTC y que las reglas tradicionales no funcionan con la criptomoneda; y la desesperación por parar un proceso imposible ya de detener. Y hay que decirlo: que los análisis, tanto positivos como negativos respecto al uso de criptomonedas, no logran entender la principal razón de éxito y condición de existencia del BTC: que nació para ser medio de intercambio entre pares, para una sociedad de intercambios libres y voluntarios entre la gente, que no necesita un estado que intervenga en esos intercambios.

    He allí la principal razón de las consecuencias negativas que se señalan inmediatamente desde las instituciones del sistema financiero tradicional que no logran entender que el BTC elimina el middle man que son las instituciones bancarias por excelencia. A pesar de la existencia de los exchanges entre moneda fiat y moneda cripto, no es necesaria u obligatoria la intermediación a traves de ellos.

    Por ello, el BOA, a pesar de ver algunos beneficios, como los señalados más arriba, cree que la adopción de Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador es negativa en general, en gran parte debido a la alta volatilidad de la criptomoneda y su falta de control. Los analistas explicaron que dejar que la gente pague impuestos con un activo altamente volátil es particularmente preocupante, advirtiendo que podría conducir a fuertes caídas en los ingresos si el precio cae.

    Vale señalar que esta semana también la agencia de clasificación Moody’s dio una posición negativa sobre la adopción de Bitcoin en El Salvador y, de hecho, fue una de las razones por la que bajó su clasificación de riesgo-país.

    Lo que el sector tradicional ve como negativo para el sistema, es un hecho positivo para la gente, porque deja de depender del estado, y sobre todo, le pone un freno al sistema de control y vigilancia estatal sobre los ahorros, conductas e intercambios entre una comunidad. Por supuesto que los impuestos quedarán en una fragilidad como nunca antes, dado que la gente recuperará su poder y decididamente tomará acciones sobre cuándo, cómo y por qué pagará impuestos. El mecanismo de control se invierte y el soberano, el pueblo, vuelve a tomar poder y decisiones sobre sus vidas.

    Por eso, a pesar de ser un avance la declaración de legalidad del BTC, (aún cuando no debería serlo por parte de institución alguna, por las razones expuestas más arriba), la cláusula de curso forzoso hace retroceder la esencia del BTC, que es un medio transaccional voluntario. Allí es donde sí vemos un problema que se deberá resolver, porque se le debe dejar a la gente la opción de escoger libremente qué moneda utilizar al intercambiar soberanamente su producción.

    Por eso es importante mirar a El Salvador, a un mes exacto de cuando comenzará el mal llamado “experimento”, no sólo porque en El Salvador (y el mundo en general) hacen años que existen comunidades que han adoptado el BTC sin necesidad alguna de regulación, sino porque los intercambios entre la gente no son (o no deberían serlo) experimentos controlables por agencia gubernamental alguna. Así comenzó la civilización, intercambiando valor sin interferencia alguna.

  • El gasto de planilla gubernamental necesita los aportes de tres canales para pagarse

    Es desconcertante ver que tantos critiquen el gasto gubernamental excedido y desviado, y la crítica no llega ni a primera base. Pero hoy, como ya parece ser todos los días, me encuentro que, de lo desconcertante hemos pasado a lo delirante, tanto en Panamá como allende. En particular me llamó la atención un artículo de James Bovard publicado por el Instituto Mises, en el cual el autor señala que a pesar de que la gran mayoría reconoce que el gasto desmedido es inmensamente perjudicial; ¡de pronto!, para el gobierno de Biden en USA, lo considera como el camino al progreso y la salvación. ¿De veras?

    Creer que derramando papelitos verdes podemos prosperar es clara señal de demencia o, de algo peor. En el caso de Biden, Bovard nos dice que este presidente declaro: “Tenemos que gastar estos dineros para asegurar el crecimiento económico, sin entrar en consideraciones de cuanto esto ayudara a la gente.” ¿Entendiste? Yo no. Allá lo llaman, “estímulo federal”; acá en nuestro patio una funcionaria de alto rango me dijo que era “welfare”, que traduce a bienestar social. Curioso que en tantos casos el bienestar lleva nombre y apellido.

    Uno de los problemas grandotes es lo difícil que es repartir tanto dinero o lo que sea a través de un aparato gubernamental que no es bueno ni para tapar baches en las calles. En Venezuela vimos el caso de buques llenos de comida, la cual se pudrió en los muelles porque Chávez no lograba repartirlo. Pero seguro que sus amiguitos sí lograron llenar alacenas.

    Tanto en USA como en nuestro patio, las autoridades jamás aceptarán que esos “estimulos” se deben al fracaso de los encierros que han destruido la economía y empobrecido a media humanidad; a punto que ya el COVID dejó de ser el problema principal. Ni hablar que en el proceso pisotearon las libertades ciudadanas y convencieron a medio país de que ellos, “las autoridades” eran la salvación; cuando en realidad son la perdición. En Panamá el sector informal, que antes andaba por el 40%, ahora anda por el 65% o más. Lo único bueno es que muchos están comenzando a copiarse de los asiáticos, que hace mucho estaban claritos en cuanto a eso de ser “empresarios”; o, mejor dicho, “emprendedores”. Y, a todo esto, ni entremos a ver lo de la educación; que, si antes andaba mal, ahora, simplemente, ¡no anda!

    Por otro lado, muchos se volvieron adictos a los “estímulos”; aunque nadie alertó acerca de lo que se estaba “estimulando”. Y, a todo ello, olvidado quedaron las advertencias de ilustres antepasados; tal como el economista Warren Nutter quien advirtió: “Mientras más se toma el gobierno, menos sobrevive la democracia.” Jefferson: “La dependencia es buena herramienta para los designios de ambiciones políticas. Plutarco, en los últimos días del Imperio Romano: “En esos tiempos los subsidios habían corrompido al pueblo, y la mayoría aprendió a comerciar con sus votos.” Montesquieu: “No se puede ser magnánimo sin una gran extorsión: para lo cual hace falta subvertir al estado. Hayek: “El concepto de que el estado debe ser guiado por la opinión de la mayoría tiene sentido solamente si esas opiniones fuesen independientes del gobierno.” En fin, todo cuanto anima al pueblo a ver a los políticos como salvadores, hace peligrar la libertad.

    A fin del día, el “regalierno” (gobierno regalón) nos llevará al desastre. La ley no sólo ha sido prostituida, sino que es tan extensa que ni los conocedores la conocen. El gasto gubernamental es cada vez más insostenible. La Prensa de hoy por Roberto González – 5/8/2021 nos informa que se contemplan $6,233 millones para la planilla estatal del 2022. Y ¡es sólo la planilla!, esa que se está pagando con préstamos. El Canal aportó $1800 al gobierno. Quiere decir que para el año 2022 necesitaremos un poco más de 3 «Canales de Panamá» para pagar solamente la planilla. No sé si el loco soy yo o si hay otros “locos” por allí.

  • Las 10 Ciudades más Amigables con la Economía Colaborativa en LatAm

    La Red Latinoamericana Somos Innovación, RELIAL y el Consumer Choice Center han revelado el “Índice de Economía Colaborativa LatAm 2021”. El índice destaca y clasifica a las ciudades más dinámicas de América Latina por su amabilidad con la economía colaborativa. Su principal objetivo es informar a los ciudadanos sobre qué ciudad está haciendo el mejor trabajo proporcionando la mayor variedad de servicios de la economía colaborativa al tiempo que garantiza un fácil acceso.

    Los servicios de economía compartida han florecido en algunas de las ciudades más dinámicas de América Latina, muchas de las cuales han optado por la innovación y la elección del consumidor en lugar del paternalismo favorecido por sus homólogos europeos. La ineficacia del transporte público y la incapacidad inherente del gobierno para predecir cómo evolucionará la innovación, junto con los altos niveles de corrupción y los bajos salarios, son algunas de las razones por las que la economía colaborativa ha logrado avanzar y ofrecer estos servicios a los consumidores.

    Para la mayoría de los países, el ranking incluye la capital y una segunda ciudad más grande. Sin embargo, debido a las particularidades del desarrollo económico y los sistemas políticos de Argentina, México, Brasil y Costa Rica, también incluyen más ciudades.

    Las 10 primeras ciudades según el índice son Río de Janeiro (Brasil), Bogotá (Colombia), Alajuela (Costa Rica), São Paulo (Brasil), San José (Costa Rica), Puebla de Zaragoza (México), Santiago (Chile), Ciudad de México (México), Lima (Perú), Monterrey (México) y Buenos Aires (Argentina).

    Estas 10 ciudades ocupan un lugar destacado en el uso compartido de vehículos y pisos, lo cual es una gran noticia para los consumidores de América Latina y de otros países. Sin embargo, en algunas de esas ciudades, los scooters eléctricos no están permitidos y no hay aplicaciones profesionales de car sharing disponibles. Está claro que la economía compartida está en auge en América Latina y debemos esperar ver un mayor desarrollo en los próximos años.

    Río de Janeiro (Brasil) lidera la lista de las ciudades de América Latina más favorables a la economía colaborativa. La ciudad ha demostrado una extraordinaria apertura a todos los servicios de economía entre iguales examinados. A diferencia de algunos de sus vecinos latinoamericanos, São Paulo no impone impuestos sobre el alojamiento en línea ni exige un sistema de permisos para quienes deseen alquilar en plataformas de alquiler de pisos, como Airbnb.

    Los beneficios económicos que ha aportado la economía colaborativa en Brasil, y en particular en Río, han sido sorprendentes. En 2015, por ejemplo, los ingresos de los anfitriones y el gasto de los huéspedes en Río generaron una actividad económica de 160 millones de dólares, lo que ayudó a levantar comunidades que aún no habían tenido un gran crecimiento económico.

    El flatsharing también ha revolucionado el mercado de la vivienda compartida en México. Tres ciudades mexicanas -la Ciudad de México, Puebla de Zaragoza y Monterrey- encabezaron la lista del Índice de Economía Compartida del CCC de este año. Entre 2015 y 2018, el número de huéspedes de Airbnb en México que viajan dentro del país pasó del 24% al 61%.

    Sin embargo, en Puerto Limón (Costa Rica), Salto (Uruguay) y San Miguelito (Panamá), que se encuentran entre las ciudades menos favorables a la economía colaborativa de América Latina, los servicios de transporte compartido y las motos eléctricas no están disponibles. Asimismo, en cuatro de las cinco peores ciudades, las aplicaciones para compartir gimnasio no están disponibles.

    Ranking completo

    economia colaborativa

    Según Federico Fernández, Director Ejecutivo de Somos Innovación, «el Índice de Economía Colaborativa 2021 para las ciudades latinoamericanas es una herramienta clave a la hora de señalar nichos de oportunidad perdidos para la innovación a nivel urbano de los que nuestras sociedades pueden beneficiarse. El delivery, el carsharing, el hailing, los apartamentos, los gimnasios y los nuevos servicios de micromovilidad pueden ayudarnos a todos a dar más y mejores soluciones a viejas necesidades de maneras nuevas y más eficientes».

    Para Irene Giménez, de Goethals Consulting Corp., «en Panamá, apenas había iniciado el servicio, se permitió el funcionamiento de Uber durante un determinado período de tiempo sin presiones; lo mismo sucedió con Airbnb y el resto de aplicaciones surgidas a la sombra de la sharing o gig-economy; a medida que las aplicaciones comenzaron a plantear fuerte competencia con los sectores tradicionales, no tardaron en comenzar las presiones regulatorias.

    Podemos observar que el factor común se concentra en las denuncias de evasión fiscal por parte de los sectores tradicionales de transporte. Por este motivo, el Estado mantiene las regulaciones sobre este mercado, favoreciendo particularmente a los taxis en detrimento de las otras opciones que demandan los ciudadanos. Aún así, Panamá aparece en el puesto 15 de 44 ciudades latinoamericanas, lo cual indica que de habernos mantenido bajo las regulaciones livianas iniciales, posiblemente estaríamos dentro de los primeros lugares atractivos para la innovación que requieren los ciudadanos.

    Las regulaciones ad hoc llevadas a cabo por el gobierno para atender la situación de Uber no generaron una mejora en el servicio, ya que están basadas en atender cuestiones de cumplimiento estatal. Por el contrario, la evidencia indica que estas medidas son deficientes y perjudicaron el normal funcionamiento del servicio y, en el peor de los escenarios, han expulsado a otras empresas del país, limitando así la sana competencia.

    La intervención del Estado orientada hacia la protección del sector tradicional que no ha innovado, sólo generan descontento ciudadano y posiblemente una caída en índices donde Panamá solía brillar por su  apertura y modernización. Esto induce a pensar en una necesidad de actualizar los marcos regulatorios, desregulando para seguir atrayendo más y más empresas de la gig economy.

    En los tiempos actuales los esquemas regulatorios deberían ser orientados a fortalecer estos servicios virtuales. En las ciudades que figuran en la cúspide del ranking, se permitió entrar a estas aplicaciones al mercado mediante un marco institucional favorable. El resultado es que el consumidor puede elegir libremente entre múltiples oferentes, promoviendo su competencia y el perfeccionamiento de estos a través del sistema de calificaciones. De esta manera, no existiría la necesidad de regular este mercado, ya que este se autorregularía libremente teniendo como juez soberano al consumidor.»

    Por su parte, Maria Chaplia, directora de investigación del Consumer Choice Center, explica que «la clasificación demuestra la disponibilidad de los servicios de la economía colaborativa junto con la facilidad de acceso a los usuarios. Las ciudades que obtienen la puntuación más baja han optado por una regulación excesiva en detrimento del interés de los consumidores, limitando así de forma significativa sus opciones de consumo».

    En general, se puede concluir de este estudio que, aunque hay margen de mejora, la economía colaborativa está floreciendo en América Latina. Las plataformas han demostrado una gran flexibilidad y voluntad de adaptarse a las particularidades sobre el terreno para ofrecer a los consumidores latinoamericanos más opciones.

    «En lugar de elegir a los perdedores y a los ganadores del mercado, los gobiernos deberían crear y mantener las condiciones para que tanto los servicios tradicionales como las empresas de las plataformas puedan competir en igualdad de condiciones. Debe ser el consumidor quien decida qué servicio utilizar.» concluye el estudio.

    Para conocer más acerca del “Índice de Economía Colaborativa LatAm 2021”, visiten www.somosinnovacion.lat

    Acerca de Somos Innovación

    ​​Somos Innovación es la alianza latinoamericana dedicada a lograr la implementación de soluciones innovadoras en cada uno de nuestros países, desde México hasta Argentina y Chile. Somos la voz de la sociedad civil pujante que quiere progresar a través de la innovación, la adopción de nuevas tecnologías y la creatividad humana.

    La Red SI está compuesta por más de 30 organizaciones, fundaciones y tanques de pensamiento latinoamericanos. Nos une el convencimiento de que a través de soluciones innovadoras es cómo las personas se involucran en la resolución de problemas.

    Sitio web: https://www.somosinnovacion.lat

    Acerca de Goethals Consulting Corp. (GCCViews)

    Goethals Consulting Corp. es la empresa consultora de Panamá con más años de experiencia en el campo de soluciones innovadoras para empresas y gobiernos.

    Desde hace 17 años estamos brindando un servicio responsable y de excelencia a la hora de aplicar  tecnologías disruptivas tanto en el sector público como en el privado.

    Desde la plataforma de PanamaCompra, al diseño de complejos algoritmos  para la implementación del Sistema de Gestión de Centros de Justicia Integrados de El Salvador, pasando por el diseño y construcción de aplicaciones innovadoras para diversos sectores, hasta lo más reciente como Blockchain, seguimos avanzando y acompañando las nuevas tecnologías en su natural evolución.

  • Ley rider: intervencionismo en el mercado del servicio de delivery en España

    El Real Decreto Ley 9/2021, o ‘Ley Rider’, del 11 de mayo, por el que se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, entra en vigor este 12 de agosto en España. Con esta normativa, el sector público impone a las empresas de reparto (principalmente, de comida a domicilio) una relación laboral contractual con sus repartidores, conocidos como riders, al repartir la mayoría en bicicleta.

    “Esta ley protege a los más vulnerables porque afecta a los jóvenes de nuestro país y por eso es tan importante lo que estamos haciendo”, dijo Yolanda Díaz Pérez, ministra de Trabajo. Según sus palabras, 16.794 personas han regularizado su situación laboral gracias al esfuerzo de los inspectores. Esto ha tenido un impacto económico de 29 millones de euros, afirmó.

    La nueva ley entró en vigor una vez publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). A partir de ese momento, las empresas tienen tres meses, hasta el 12 de agosto, para realizar los cambios necesarios en sus relaciones laborales con los repartidores de alimentos. Sin embargo, la nueva ley no afecta a los trabajadores de otras plataformas digitales, como las aplicaciones de transporte.

    Muchas empresas en España aprovechan lo que se conoce en los EE.UU. y UK como la “gig economy”, un término que hace referencia a los trabajadores autónomos que trabajan en trabajos temporales y flexibles, como repartir alimentos desde una variedad de empresas y establecimientos, a clientes. Pero en los últimos años, los trabajadores de este sector vienen exigiendo el reconocimiento como personal asalariado y solicitando los derechos correspondientes, como la baja por enfermedad y las vacaciones pagadas.

    Aun cuando es temprano para ver los resultados positivos que pretende la ley rider, la primer consecuencia negativa para los empleados ya se conoce: Empresas como la británica Deliveroo, a raíz de la inminente entrada en rigor de esta ley, ha decidido cerrar su actividad en España y pretende acometer un proceso de despido colectivo que afectará a un total de 3.871 personas, entre personal de oficina y repartidores.

    La empresa anunció este viernes su intención de salir del país en octubre, luego de abrir un “período de consultas” con sus trabajadores, a quienes horas después informó de la apertura del referido proceso directamente a principios de septiembre.

    En un comunicado, los responsables de Deliveroo en España han vinculado su retirada del mercado español con la competencia en el sector de la comida a domicilio, ya que “mantener una posición de mercado de primer nivel requeriría un nivel de inversión muy elevado con un retorno potencial altamente incierto».

    La ley rider también obliga a todas las empresas a informar a los pasajeros de reparto de alimentos sobre cómo los algoritmos y la inteligencia artificial afectan sus condiciones de trabajo, decisiones de contratación y despidos. “Ahora los algoritmos se van a poner al servicio de la mayoría de la sociedad”, dijo la ministra Díaz. «Todas las empresas comerciales de hoy utilizan la inteligencia artificial de una forma u otra y es clave para nosotros ser valientes y gobernar sin miedo la transición tecnológica».

    La ministra también anunció la creación de un comité de expertos que evaluará al gobierno y estudiará “el buen uso de la inteligencia artificial y los algoritmos en las relaciones laborales”. Díaz explicó: “Necesitaremos conocimientos colectivos para que cuando alcancemos una posición más avanzada tengamos la aptitud con respecto a cómo abordamos el uso de la inteligencia artificial en las relaciones laborales”.

    La aprobación de la nueva ley provocó diversas respuestas de los sindicatos y asociaciones empresariales. Aunque la legislación está destinada a brindar más seguridad a los pasajeros que realizan entregas de alimentos, ha sido rechazada por el movimiento Delivery Workers United con el argumento de que provocará la pérdida de puestos de trabajo. Los manifestantes llevaron una pancarta con el mensaje: «Stop Rider law, soy un trabajador autónomo» frente al Congreso el pasado martes.

    Pepe Álvarez, secretario general del sindicato Unión General de Trabajadores (UGT), que participó en las negociaciones, celebró la medida este martes. “Esta es una ley que va a poner las cosas en orden”, dijo durante una entrevista televisiva al noticiero La hora de la 1, de la cadena estatal TVE.

    Carlos Gutiérrez, del sindicato Comisiones Obreras (CCOO), que también participó en las negociaciones, aplaudió la ley, pero afirmó que debería haber ido más allá. “Esta es una ley que va en la dirección correcta porque fortalece la relación de trabajo entre los pasajeros y obliga a las empresas a ofrecer transparencia sobre las nuevas formas de administrar la fuerza laboral, como el uso de algoritmos”, dijo. Pero agregó: “El texto no es tan ambicioso como nos hubiera gustado. Creemos que podríamos haber ido más allá y regularizado las diferentes realidades laborales que se dan en estas plataformas digitales ”.

    La asociación líder de plataformas de entrega de alimentos APS, por su parte, que representa a Deliveroo, Stuart, Glovo y UberEats, declaró su oposición a la ley rider. En un comunicado de prensa emitido el martes, advirtió que el decreto “compromete el desarrollo de un sector que aporta más de 700 millones de euros al PIB de España”. La asociación también criticó el hecho de que la ley se aprobó como un decreto real, lo que significa que no fue objeto de debate parlamentario, y sin consultar a «restaurantes, plataformas y, lo que es más sorprendente, a los propios trabajadores de la entrega«.

    La asociación también criticó la ley rider por obligar a las plataformas a hacer que sus algoritmos sean más transparentes . “Si bien España afirma ser una nación de nueva creación, esta es la primera ley en Europa que incluye la obligación de que las empresas tecnológicas revelen sus algoritmos”, agrega el comunicado de prensa.

    Como siempre sucede, las leyes se juzgan por sus intenciones, pero no por sus resultados. Deberá pasar un tiempo para evaluarlos, pero desde ya, Deliveroo cierra en España y nadie puede anticipar qué sucederá con la vida de esos riders que ahora se quedan sin trabajo.

  • Entre la libertad y el mandato

    Richard W Rahn, director del Institute for Global Economic Growth y MCon LLC, cuenta que, en junio del presente una encuesta de Momentive halló que en los EE.UU. los jóvenes entre 18 y 24 años, el 54% favorecía el socialismo y sólo el 42% al capitalismo, es decir, entre la libertad y el mandato, elegían el mandato. Esta realidad nos lleva a deducir que la mayoría de esos jóvenes, que rechazan el capitalismo, desconocen que el socialismo ha fracasado en todos los sitios en que se ha puesto en práctica. Y tampoco están enterados que los principales países comunistas asesinaron a más de 100, 000, 000 de su propia gente.

    ¿Saben esos jóvenes lo que es capitalismo o socialismo? En pocas palabras, el socialismo es un sistema totalitario de coerción; algo así como lo que ocurre hoy día en Panamá y el mundo en general, en dónde el gobierno ordena encierros, cierre de negocios, uso de máscaras, y ahora quiere obligar a tener pasaporte de vacunado. Eso no es capitalismo; ya que el capitalismo requiere que los ciudadanos sean libres para resolver sus necesidades sin imposiciones o mandatos. Lo planteo de otra forma: “¿Le darías a las autoridades del gobierno el poder de darte ordenes? ¿Estarías de acuerdo que en la Constitución estuviese plasmada semejante entrega de nuestro albedrío (libertad personal que requiere reflexión y elección consciente)? Mi sentido pésame si estás en esa línea.

    El capitalismo se basa en el libre intercambio de bienes y servicios en una división voluntaria del trabajo, de manera que cada uno resuelve sus necesidades dependiendo de su particular condición, sus habilidades y gustos. No hay sistema de gobierno que sea capaz de tomar esas realidades en cuenta al momento de dar órdenes. Si Pedro es bueno en música, ofrecerá sus servicios de músico. O Pablo es bueno cocinando, resolverá sus necesidades siendo cocinero y así. Lo que se busca son ciudadanos que resuelvan por su cuenta y que les digan a los gobernantes: “¡Oye, no empujes!, que yo toco a mi ritmo y Pablo cocina a su gusto”. Si no te gusta la música de uno o la comida del otro, pues te buscas otro ritmo o platillo.

    En Panamá hemos cultivado una cultura disfuncional en dónde se popularizó el “no a la privatización”; un decir sin sentido. Si estás en San Miguelito y dices: “me voy para Colón, pero no voy por la Transístmica; automáticamente estas diciendo que te vas por otra ruta o medio. Es decir, que te irás por el corredor o en avión. Si le preguntas a quien dice “no a la privatización” ¿qué otro sistema de gobierno pretende?, no te sepa decir y terminamos sin chicha ni limonada, sumidos en el guacho de servidumbre, que es servilismo o capitalismo de compinches.

    El servilismo, que es una condición en la cual uno carece de libertad para determinar cómo actúa en su vida. En tal situación, tu vida no es tuya, no es de tu propiedad; y así lo ven los marxistas, que el estado es dueño de tu cuerpo, pensamiento, palabra y acción. Pero… el estado no es el pueblo sino los Castro, Chávez y Maduros del mundo.

    En la Colonia, el rey de España era la ley; y muchos perdieron la vida por contradecir los deseos de su lacayo, Pedrarias. Algunos ilusos pensarán y dirán que todo eso cambió y que en Panamá hay capitalismo y democracia… ¡falso! En Panamá tenemos, si acaso, un “capitalismo de compinche” o mafia de “honorables”.

    Hoy, a medida que el mundo evoluciona y que los ciudadanos vamos logrando estar más y mejor informados, vamos despertando y exigiendo nuestros derechos. ¡Por supuesto!, que eso incomoda a los “honorables”, que ven peligrar la fuente de sus fétidos sancochos. Esto los lleva a buscar maneras de someter a sus siervos; lo cual hacen con toques de queda, máscaras y tal, bajo la falsa argucia del COVID. Y si eso lo aceptamos, ¿quien sabe qué otra cosa peor aceptaremos?. Entre la libertad y el mandato, se vuelve a elegir el mandato.

    ¿Y cómo resolvemos o salimos del servilismo? Tal vez la mejor forma está en convencer a los panameños de exigir su derecho a elegir cómo y dónde educan a sus hijos. Lo que jamás debimos hacer es encargar a los zorros del gallinero la educación de nuestros hijos; ¿o es que no se han dado cuenta de que no los educan? Esos mismos “honorables” que obligan a los que menos tienen a enviar sus hijos a las mazmorras públicas que osan llamar “escuelas”, envían a los suyos a las privadas. ¿Por qué no darles ese mismo derecho a todos?; si, a fin de cuentas, el NODUCA gasta más por alumno que lo que se cuestan promedio las escuelas privadas.