Desde una perspectiva libertaria, la máxima de Jorge Luis Borges, “Creo que con el tiempo mereceremos que no haya gobiernos”, refleja una esperanza fundamentada más en la maduración moral humana que en el rechazo simplista del Estado. No es un capricho literario, sino una aspiración profunda: llegar a un futuro donde las personas sean lo suficientemente civilizadas para convivir sin estructuras coercitivas.
Esta idea cobra fuerza en un contexto donde el Estado, por su propia naturaleza expansiva, parece más una amenaza que una garantía. Como sostiene el fallo reciente contra Storm, el Estado no siempre está al servicio del individuo. Al contrario, cuando ampara o amplía su aparato coercitivo, pone en riesgo las libertades fundamentales.
Los valores libertarios descansan en la convicción de que el individuo posee derechos inalienables: vida, libertad, propiedad y que éstos deben estar protegidos frente a cualquier invasión del poder estatal. El Estado, en cambio, por definición, tiende a priorizar los propios intereses de una mayoría circunstancial ejerciendo el gobierno, expandir su control y reglamentar las acciones de los ciudadanos aunque sea bajo el velo del “bien común”.
El veredicto contra Storm, que destruye, sin matices, el ejercicio genuino de esas libertades, confirma esta peligrosa dinámica. La justicia, en este caso, se convierte en herramienta de represión. El Estado actúa como acusador, juez y verdugo, sin distinción entre roles ni contrapesos efectivos. El individuo, así, queda subordinado a una máquina estatal rígida y deshumanizada.
Por eso, afirmar que “el gobierno no es tu amigo” no es una frase retórica vacía: es reconocer que la protección real de la libertad está en los límites que los ciudadanos imponen desde su autonomía. La verdadera defensa de los derechos surge cuando el Estado reconoce su rol limitado y cede el protagonismo al individuo responsable.
Pero esto no implica caer en el nihilismo. El objetivo no es abolir el Estado hoy, sino replantear su naturaleza. Requiere reglas mínimas, claras y concretas, donde el poder estatal sea transparente, accountable y subsidiario. Un Estado que cumpla funciones imprescindibles: seguridad, justicia, defensa, sin invadir los espacios del individuo.
La cita borgiana, entonces, ilumina una senda esperanzadora: mereceremos un futuro sin gobiernos, no porque los despreciemos, sino porque habremos alcanzado un grado de civilización tal que ya no los necesitaremos para convivir con respeto, ética y responsabilidad individual.
Mientras tanto, el fallo contra Storm pone en evidencia cuánto queda por recorrer. La libertad no es una concesión estatal: es un activo que es anterior al estado, son derechos self-evident por el mero hecho de ser seres humanos, derechos fundamentales que debemos defender y resguardar con firmeza. El individuo debe velar por sus derechos siempre ante cualquier forma de autoridad que los desmerezca. Y nunca pedir permiso por ejercerlos siempre que respetemos a los mismos derechos en nuestros semejantes.
Este fallo contra Storm refuerza una enseñanza clara: el individuo no debe delegar su soberanía en un Estado con intereses propios de quienes gobiernan. Debe vigilar, cuestionar y, sobre todo, actuar libremente. Los libertarios compartimos la convicción de que el Estado no es nuestro amigo; reconocerlo no es derrotismo, sino una advertencia necesaria para defender lo que realmente importa.
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