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Es duro decir “te lo dije”.

La Unión Europea tiene un problema serio. Tiene que mantener el gasto social alto, pero al mismo tiempo los alemanes no quieren inflar el Euro. Por lo tanto la última salida es cobrar más impuestos. Y el problema es que la curva de Laffer no miente, llega un momento donde es más barato evadir los impuestos que pagarlos. La respuesta de los países de la Unión Europea a esta situación ha sido doble, por un lado tratar de cerrar todos los huecos posibles para la evasión fiscal, considerando en algunos casos prohibir las transacciones en efectivo y por el otro lado hacer la guerra a los paraísos fiscales.

La guerra a los paraísos fiscales ha tenido varios frentes y distintos argumentos. El primero es el que los paraísos fiscales y la opacidad se usan para actividades como el lavado de dinero, la trata de blancas, la financiación del terrorismo y la evasión fiscal. Este es el argumento básico de la OCDE. Tras los Panamá Papers, el gobierno panameño quiso ser un buen ciudadano global y ha tratado, mal que bien, de implantar todos los acuerdos de la OCDE para salir de las listas negras y grises. Esto incluye el tener que compartir información fiscal con países como Colombia, pese a que éstos les ponen aranceles proteccionistas a nuestros productos y se han negado a cumplir con todas las decisiones de la OMC. Un ministro Colombiano muy elegantemente dijo que no tenía que negociar nada con Panamá ya que de todas maneras el acuerdo de Intercambio Automático Multilateral con la OCDE obliga a Panamá a darles la información que ellos necesitan, así que la guerra comercial con Panamá puede seguir. Y Panamá no dijo nada. Panamá siguió firmando y modificando su legislación interna para salir de las listas negras y grises. Los países afro caribeños quisieron que Panamá se les uniera para formar un frente común y defender sus políticas fiscales y Panamá elegantemente rehusó.

Panamá optó ingenuamente por cumplir para mejorar su imagen. El resultado final es que ha tenido que hacer cambios substanciales en su legislación. ¿Todo esto a cambio de qué?

Este es uno de los momentos “te lo dije” de los últimos años. El primero fue cuando se les ocurrió la peregrina idea de nombrar a Joseph Stiglitz en la comisión post Panamá Papers. Desde el momento que nos enteramos de semejante decisión, nuestra postura fue, “esto no va terminar bien”. Y es uno de nuestros momentos “te lo dije”, que no terminó bien.

También advertimos de que ceder ante la OCDE a cambio de nada, para salir de las listas negras y grises, sólo iba a traer como consecuencia que la OCDE y la Unión Europea nos siguieran añadiendo a futuras listas negras y grises. Por cada norma que firmamos e implantamos, nos iban a obligar a aceptar dos o tres normas más. Advertimos que Panamá debía hacer cambios unilaterales para evitar caer en estas listas, pero manteniéndose competitivo, como ha hecho Hong Kong. Y advertimos que detrás de toda esta lucha contra delitos claros como el narcotráfico y el terrorismo, o delitos grises como la evasión fiscal, estaba el tema de que muchos países de la Unión Europea, sobre todo Francia y Alemania, ven la misma idea de competencia fiscal, o sea que un país haga más atractiva su jurisdicción para atraer ahorros e inversiones, es una cosa negativa. Ya no se trata de combatir delitos, sino de evitar la competencia fiscal. Se trata de evitar que los países compitan entre sí por ahorros e inversiones globales.

Tras todo lo que ha hecho Panamá en los últimos años, la Unión Europea nos acaba de volver a poner en otra lista negra. La razón que alegan o se intuye, es que otorgamos ventajas fiscales a las empresas que se establecen en el país. Más o menos lo mismo que la Unión Europea le reclama a Irlanda, cuando obligó a Irlanda a cobrarle a Apple unos impuestos que los irlandeses no le quieren cobrar a Apple, ya que la idea era que Apple se estableciera en Irlanda para crear empleos o valor agregado. O sea para la Unión Europea está mal que un país le ofrezca ventajas fiscales a las empresas que se establecen en él para generar empleo, pero sí está bien si se genera burocracia y dependencia a través de impuestos.

Notoriamente en esta lista está Corea del Sur. Un país que no anda con cuentos para atraer ahorros e inversiones a su territorio. ¿De qué lado de la cama nos queremos levantar? ¿Del lado de una economía que era subdesarrollada hace 60 años y hoy es una de las más ricas del mundo, o del lado de Francia?

Porque ahora la Unión Europea se ha quitado la careta. No se trata de impedir delitos, se trata de impedir competencia fiscal. Es una medida proteccionista. Detrás de todo el discurso grandilocuente, siempre lo fue.

Qué debe hacer Panamá:

Primeramente, olvidarse del discurso biempensante de que cobrar impuestos altos es bueno, y como buenos ciudadanos globales debemos ser cobradores de impuestos de otros países. El ahorro y la inversión, y no los impuestos altos, son los que conducen a un país al desarrollo; y Panamá debe fomentar el ahorro y la inversión. No queremos que nos sancionen, pero tampoco vamos a admitir la supuesta superioridad moral de los países que quieren impuestos altos y que no quieren competencia fiscal. Son países que velan por sus intereses. Nosotros por los nuestros. Francia tiene toda la libertad del mundo de ser un infierno fiscal. Es su decisión soberana, nosotros tenemos toda la libertad del mundo de ser un paraíso fiscal con impuestos bajos para favorecer el ahorro y la inversión. Es nuestra decisión soberana. Y se debe respetar.

Segundo: Panamá debe dejar la mentalidad de enclaves. Ya no podemos darnos el lujo de hacer una ley para atraer empresas extranjeras dándoles legislaciones fiscales y laborales distintas a las de los demás habitantes del país. Ahora tenemos que hacer legislaciones iguales para todos, convertir a todo Panamá en una zona libre o parecido a ello, y no solo a áreas o sectores privilegiados en un enclave.

Tercero: Es hora de asociarnos con otros países y jurisdicciones para defender nuestros intereses, en lugar de andar de casa sola. Uno a uno nos cazan a todos, en un mundo donde si no formamos filas,  nos cazan por separado. Es hora de usar los mecanismos del derecho internacional de manera conjunta.

¿Estará el gobierno actual a la altura? Que conste que lo advertimos antes.

About the author

Ricardo Soto

Ricardo Soto Barrios, abogado, especialista en políticas públicas, egresado de la Universidad Santa María la Antigua. Políticamente liberal, ha participado en muchos proyectos donde se analizan las políticas públicas de Panamá desde un punto de vista liberal y se proponen alternativas. Ha trabajado en la Policía Nacional de Panamá, el Ministerio de Gobierno, y AMPYME, además de ejercer la práctica privada.

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