A menudo, los peores recortes a las libertades no vienen vestidos de autoritarismo, sino de buenas intenciones. La defensa de los niños, la lucha contra la pornografía, la batalla contra el odio o la protección de la “moral pública” suelen ser causas nobles. El problema comienza cuando, en su nombre, se restringe el acceso a información, se vigila a los ciudadanos y se erosiona la esencia abierta y libre de Internet. Un ejemplo claro y preocupante: los proyectos de ley que exigen identificación oficial para acceder a contenido sexual.
En el artículo “Internet necesita sexo” (publicado en The Conversation y replicado en Almendrón), se expone cómo esta tendencia, impulsada en países como Reino Unido y Estados Unidos, busca obligar a los usuarios a verificar su edad mediante métodos intrusivos como documentos de identidad o tarjetas bancarias. Aunque el argumento es proteger a los menores, el resultado es construir un sistema de vigilancia generalizada que pone en riesgo la privacidad de todos.
El anonimato no es el enemigo
Internet ha sido un refugio para quienes buscan información sobre su sexualidad, salud, identidad de género o experiencias que no pueden compartir en su entorno inmediato. El anonimato no es un defecto del sistema: es su protección. Obligar a los usuarios a identificarse para ver contenido legal, aunque sea sexualmente explícito, abre la puerta a listas negras, estigmatización, chantaje o censura política encubierta.
Como advierte la Electronic Frontier Foundation (EFF), cuando el Estado o las plataformas recopilan datos sensibles sin garantías sólidas, lo que está en juego no es sólo el contenido: es la libertad misma. Hoy es la pornografía; mañana puede ser cualquier forma de disidencia.
Regulaciones desproporcionadas
Regular el acceso de menores a contenidos es legítimo. Pero hacerlo con herramientas que afectan a toda la ciudadanía es desproporcionado y contraproducente. Exigir una verificación de edad obligatoria y centralizada puede:
- Crear bases de datos sobre hábitos sexuales y preferencias personales.
- Incentivar el uso de VPNs o redes inseguras para evadir el control.
- Desincentivar la creación de sitios independientes por miedo a sanciones.
Y lo más grave: abre la puerta al precedente de que para ejercer un derecho —como el acceso a información— uno debe registrarse ante una autoridad.
El verdadero problema no es el contenido, sino la vigilancia
En lugar de construir un internet más seguro, estas medidas lo vuelven más hostil, burocrático y desigual. Como plantea la EFF, el foco debe estar en educar, empoderar a los usuarios, y garantizar mecanismos de control parental voluntarios, no en imponer filtros estatales ni exigir cédulas digitales para navegar.
Porque cuando se normaliza la idea de que el Estado puede decirnos qué ver, cuándo y cómo —y con qué credencial en la mano—, ya no estamos hablando de protección, sino de control.
Responsabilidad individual
La censura moderna rara vez se presenta como tal. Llega disfrazada de buenas intenciones, de protección paternalista, de cruzadas morales. Pero Internet no necesita más paredes, necesita más luz. Y en lugar de sacrificar el anonimato para “cuidarnos”, deberíamos defenderlo como lo que es: una trinchera de libertad. Y la libertad, como se sabe, implica responsabilidad individual.
Add Comment