Opinión

La alegría de los biempensantes, el caso Waked.

derecho

Al final se declaró culpable de Wire Fraud o fraude en transacciones bancarias. Pero no de lavado de dinero, cargo por el cual las empresas de su tío y hermanos fueron puestas por funcionarios de tercera categoría en la lista Clinton y declarados legalmente leprosos para el sistema financiero norteamericano. Pagaron no solo ellos, sino sus empleados, y en el caso del Balboa Bank hasta sus clientes.

Ante todo eso, el gobierno de Panamá que tiene la obligación de defender los derechos de los nacionales y extranjeros bajo su territorio, muy alegremente salió a decir que no ponía la mano en el fuego por los Waked, lo cual no se le pedía; pero sí debió haber reclamado que una medida así contra sus empleados y en el caso del Balboa Bank, no se podía tomar a la ligera, y debió haber hecho los reclamos correspondientes, mucho más allá de ayudar por omisión al embajador Feeley a ver cómo los rivales comerciales y políticos de los Waked compraban una por una las empresas para salvar a sus empleados.

No, el gobierno no tenía que meter la mano en el fuego por Waked…..pero tenía que velar que culpable o inocente se le respetara el debido proceso y la presunción de inocencia como ciudadanos panameños en la aplicación extraterritorial de una sanción administrativa.

El  gobierno también tenía que velar porque los castigos no fueran colectivos, porque se castigó no solo a los Waked de manera preventiva, sino también a sus empleados y clientes. Tenemos entendido que los cuentahabientes del Balboa Bank no van a ver la totalidad de sus depósitos. ¿Qué culpa tenían ellos de los manejos reales o supuestos de los Waked? Y aparentemente el interventor no encontró nada. Que es lo peor.

¿No tiene la obligación el gobierno de proteger la vida, bienes y honra de los asociados? ¿O es así nada más cuando los asociados no son acusados por los Estados Unidos o tienen sus cuentas en un banco de alguien acusado por los Estados Unidos?. La responsabilidad penal es individual, pero aparentemente los castigos son colectivos.

Los biempensantes han salido a decir que si no se quiere aparecer en la lista Clinton, pues no incomodes, que los gringos tienen derecho a proteger su sistema financiero. Lo cual significa que se invierten los valores que fundan una república liberal. Ahora como en el Proceso de Kafka, no solo se es culpable hasta demostrar la inocencia, sino que no se tiene derecho ni siquiera a saber de qué se le acusa al final.  Para los biempensantes, los funcionarios del Departamento del Tesoro son más infalibles que el Papa, y más honestos e imparciales que cualquier juez norteamericano. Nunca mienten y nunca se equivocan. Así que por un mero acto administrativo pueden declarar leproso a cualquier extranjero y decretar su muerte económica para el futuro…. Nada de pendejadas como presentar una acusación formal, someter esta medida al control de un juez, nada de eso. Nada de dar ni siquiera por escrito las razones por las cuales se está en la lista. Se es culpable y uno debe saber por qué. Yo el estado al acusarte soy la plena prueba. Tú demuéstrame que no hiciste lo que te acuso, aunque no te diga de qué te acuso.

Los biempensantes luego dicen, “bueno es que son los Estados Unidos”. O sea que la fuerza da la razón. Si es así, los asaltantes y violadores tienen razón, porque lograron someter a sus víctimas, hicieron las cosas que hicieron porque pudieron. Aparentemente todas las personas contra las cuales se aplica la lista Clinton son culpables ¿verdad?Porque si leemos los medios, veremos casos como el de Rosa Giraldo Arango, vendedora callejera desplazada a la cual le quebraron su tienda y la metieron en la Lista Clinton por error durante cinco años. Ella fue a una entidad del estado a reclamar su subsidio y le dijeron que estaba en la lista Clinton. Y sus cuentas habían sido bloqueadas. Comenzó a andar de despacho en despacho, y el gobierno Colombiano, al igual que el nuestro, se lavó las manos, diciendo que eso era potestad de los gringos. Perdió sus ahorros, su subsidio social, la capacidad de hacer préstamos. Al final el Tribunal Constitucional Colombiano revocó la prohibición de recibir subsidios, pero solo tras cinco años sigue en la lista Clinton y siendo un paria bancario que depende de prestamistas callejeros para financiarse. Una persona pobre, se hizo más pobre porque la metieron por error en la Lista Clinton. Su pecado era que su nombre era muy similar a la de una allegada al cártel del Norte del Valle. Pero ella no tenía los recursos para apagar abogados en los Estados Unidos y en Colombia, se quedó en la lista.

O el caso del abogado colombiano Luis Carlos Morales, que se entera por amigos que su nombre aparecía en la lista Clinton gracias a que éstos la leyeron en Internet. Su pecado aparentemente fue vender unas acciones hoteleras de una empresa colombiana a otra española, ninguna de las cuales estaba en la lista Clinton, pero uno de los socios colombianos de la contraparte sí fue colocado en la lista luego de la transacción, aunque al momento en que se hizo la venta de las acciones, ninguna de las partes estaba en la Lista Clinton, así que era imposible para ellos saber que algo andaría mal luego y tener poderes adivinos para anticiparse.

Tuvo que contratar abogados. El abogado tuvo que contratar abogados en los USA, algo que no es barato justo cuando uno se convierte en un paria bancario, financiero y de aseguradoras. Jamás se le notificó formalmente de la medida, se enteró por internet. Nunca se le avisó de ningún cargo, nunca se le dijo que estaba siendo investigado por algo. La Lista Clinton es un proceso administrativo ante la OFAC pero es tan grave como una condena penal, pero sin sus garantías. Tras dos años de trámite en la embajada de los Estados Unidos en Colombia y pagar abogados en los Estados Unidos, se le removió de la lista Clinton. Pero ¿qué pasa cuando alguien no tiene el nivel económico y educativo de este abogado?

La Lista Clinton plantea severos problemas legales como: la falta de garantías de defensa para las personas que actúan de buena fe o son acusadas por error; la aplicabilidad de una medida administrativa tan severa que se hace efectiva mediante una lista publicada por internet con efectos extraterritoriales; la omisión del trámite de exequátur para la aplicación de sentencias extranjeras en un sanción que tiene efectos extraterritoriales. Nos extraña que ni la Cancillería ni sus asesores legales se hayan percatado de ese detalle y cómo viola los derechos de todos los panameños y no solo los de los Waked. Y también viola la soberanía del estado panameño.

Todo eso es demandable y reclamable ante los Estados Unidos, pero como dijo la canciller, “el gobierno no pone la mano en el fuego por nadie”. Aparentemente tampoco por los panameños o la Constitución. Pero eso ya lo sabemos.

About the author

Ricardo Soto

Ricardo Soto Barrios, abogado, especialista en políticas públicas, egresado de la Universidad Santa María la Antigua. Políticamente liberal, ha participado en muchos proyectos donde se analizan las políticas públicas de Panamá desde un punto de vista liberal y se proponen alternativas. Ha trabajado en la Policía Nacional de Panamá, el Ministerio de Gobierno, y AMPYME, además de ejercer la práctica privada.

Add Comment

Click here to post a comment

Ticker

1 BTC = $49148.31 USD  (via Coinbase)
1 ETH = $4146.19 USD  (via Coinbase)
1 LTC = $154.87 USD  (via Coinbase)
Quotes delayed up to 2 minutes.

Indicadores Financieros

Estadísticas de Panamá

Conectate

Conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales oficiales, donde encontrarás las últimas noticias y más...

error: Content is protected !!