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La Factura electrónica estatal y el futuro

En América Latina la gente no entiende el derecho a la intimidad. Esto es casi obligatorio comprenderlo, sobre todo cuando el Estado y la Iglesia piden eliminar el derecho a la intimidad en nombre del bien común y salen decenas de bienpensantes a decir, “está bien”.

América Latina tiene bases fiscales bastante estrechas, y en su lucha por recaudar más, los estados suelen en lugar de buscar mecanismos para ampliar la base fiscal, encontrar las herramientas para evitar que los contribuyentes puedan escaparse. Con la excusa de que “el que nada debe, nada teme”, se pide sistemáticamente a los ciudadanos que renuncien a su derecho a la privacidad.

Uno de los problemas más grandes de Panamá es que estamos en Latinoamérica. Esto significa que cuando contadores, abogados, médicos, sacerdotes se reúnen, se reúnen con personas de la misma área cultural. Más que darnos apoyo mutuo, pareciera que esto refuerza nuestros prejuicios. Cuando vemos los países con la carga fiscal más alta del mundo, son países latinoamericanos. En lugar de buscar la manera de bajar la carga fiscal y ampliar la base fiscal, la solución típicamente latinoamericana es recargar más y más a los que ya pagan impuestos. Obviamente éstos para poder seguir siendo competitivos cuando se tienen cargas fiscales del 58%, 75% y más del 100% de los ingresos, forzosamente se tienen que evadir los impuestos. Y el estado latinoamericano típico tiene como salida no estimular a la gente a que pague más, sino más bien en buscar más y más vías para que el que paga siga siendo exprimido. En otras palabras, se castiga la virtud.

Cuando Panamá empieza a tomar como ejemplos de buenas prácticas a sistemas aplicados en México, Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia debemos preguntarnos, todos esos países tienen una renta per cápita más baja que la nuestra pese a su enorme riqueza natural, ¿por qué? Es una lástima que no entendamos que debemos hacer benchmarking con países que están mejor y más avanzados que nosotros, lastimosamente no con nuestros hermanos latinoamericanos.

Un tema importante donde Latinoamérica se equivoca de nuevo y pretendemos copiar esta equivocación es la factura electrónica estatizada.

En los Estados Unidos y en la Unión Europea existe factura electrónica regulada por el estado, para asegurar estándares de contabilidad y legales comunes con la obligación de suministrar información fiscal a requerimiento. La innovación latinoamericana es hacer la nube de facturación electrónica estatal y manejada directamente por las autoridades fiscales con transmisión automática de información, no es lo mismo.

Esto plantea varias interrogantes.

1. Derecho a la intimidad, ¿debe tener el estado y por lo tanto los políticos el derecho a saber todas las transacciones de la empresa?

2. ¿Cómo garantizan que esa información no se use para actividades extorsivas o de competencia desleal usando información privilegiada?

3. ¿Una nube monopolio estatal va a ser tan innovadora, tan eficiente y tan al día como una serie de nubes privadas que ofrezcan servicios de facturación electrónica y cuya afiliación sea a voluntad de los usuarios?

4. ¿Qué efectos tiene si la nube falla? ¿Se va a hacer el estado civilmente responsable por fallos en la red? ¿O por fugas de información? ¿O por hackeos?

5. Dicen que una factura electrónica ahorra papel y facilita el gobierno electrónico, vamos a asumir que esto es cierto. ¿Justifica entonces la existencia de un monopolio estatal sobre la nube de facturación y acceso irrestricto del Estado a la información contenida allí? ¿Por qué la Unión Europea y los Estados Unidos no han tomado el paso de monopolizar y nacionalizar las nubes de facturación Electrónica?

Primero veamos la parte legal y filosófica.

1. No existe todavía una ley de protección de datos, sólo un anteproyecto y ya hemos tenido durante el gobierno anterior un ejemplo de uso político de la Dirección General de Ingresos. El Actual Director es una persona muy seria, pero no va a ser eterno en el puesto, nadie lo es. No existen garantías legales para proteger al ciudadano contribuyente de los posibles abusos que esta práctica pueda permitir en manos de una administración poco escrupulosa. Porque ahora no solo tienen acceso al flujo de caja de una empresa, sino a transacciones individuales. Técnicamente ahora pueden saber la vida privada de los clientes de la empresa también.

Un argumento es que antes las transacciones se hacían por medio de la máquina de impresión fiscal, y que por lo tanto ya se tenía el Estado en las empresas, pero estas máquinas eran propiedad del particular, la transacción era entre dos particulares y se informaba al Estado. Ahora la transacción es entre particulares, pero pasa obligatoriamente por el Estado. Nos pueden decir que es lo mismo que la impresora fiscal, pero no es lo mismo. Cuando se usan impresoras fiscales es lo mismo que cuando se tiene un contador propio, ambos tienen la obligación legal de darle información fiscal al estado, pero lo hacen como parte de SU EMPRESA. La imprenta fiscal es su propiedad y su responsabilidad, el contador es una persona que trabaja contractualmente para la empresa. Ahora una nube estatal de facturación electrónica pertenece al estado, uno ya no es responsable de su buen o mal funcionamiento, sino los funcionarios; equivalente sería que se ordenara que los contadores públicos autorizados y los encargados de contabilidad de las empresas sean de ahora en adelante funcionarios de la DGI y además de llevar la contabilidad de la empresa, también le den información automáticamente a la DGI.

Es cierto que tanto el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos como la Unión Europea han tomado medidas para hacer obligatoria la facturación electrónica. Pero nunca mediante el monopolio estatal como se hace en Latinoamérica, eso sería impensable y probablemente inconstitucional en países que respetan la intimidad de las personas, sino mediante la contratación por parte de los contribuyentes de nubes de servicios de facturación electrónica privadas que guarden la información bajo ciertos estándares para tenerla disponible a requerimiento, justo como lo hacen contadores y abogados corporativos. No de manera automática, de información privada, controlada por las autoridades fiscales (casi como impuso la OECD con los países violando su soberanía fiscal, imponerles un intercambio automático “por las dudas” y no cuando existe un requerimiento porque se ha constituido semiplena prueba judicial de un delito). Aquí se pretende que la facturación la haga una nube estatal, y que además le pasa información de manera automática a la DGI, ¿que vendrá después, exigir que todos los contadores de las empresas trabajen para la DGI también?

2. No existe legislación de protección de datos en Panamá. El SENACYT tiene un proyecto, pero hasta allí. No es ley de la nación y no se toma en cuenta el tema serio de la factura electrónica. Ahora las personas están poniendo todos sus negocios y sus vidas en mano de una nube de datos estatal. ¿No sería justo conversar estos temas primero? Y más cuando tenemos un sistema judicial lento, corrupto y favoritista que falla en proteger los intereses de los ciudadanos frente al Estado.

3. En la Unión Europea existe el einvoicing o facturación electrónica, que por lo general es un servicio dado para facilitar el comercio electrónico y existen una serie de empresas, que compiten entre ellas por clientes, que ofrecen servicios de nube para emitir facturas. Estos servicios si bien están sujetos a regulación estatal, son de afiliación voluntaria y compiten entre ellos por clientes. La UE busca introducir guías para un formato único para facilitar el comercio internacional más aquellas de los estados nacionales, pero los proveedores de servicios de facturación siguen siendo privados y los clientes son voluntarios, no obligados a afiliarse a un servicio. Esto crea la posibilidad de servicios de facturación colaborativos o inclusive mediante Blockchain. En cambio lo que se propone para Panamá es un servicio único manejado por el estado. Sabiendo cuán inmunes son los monopolios públicos o privados a la competencia y a la innovación, el resultado sería que tendríamos un servicio de facturación electrónica que iría siempre atrasado tecnológicamente, inflexible e insensible al cambio.

4. Y ésto trae otro problema, ¿respondería el estado a las empresas si algo sale mal? Si la economía pierde competitividad, si no puede seguir el paso de innovación frente a las nuevas tecnologías ¿quedamos casados con un monopolio estatal de facturación arcaico, un INTEL de las facturas electrónicas?

5. Si la factura electrónica ahorra papel, si facilita el comercio electrónico, son decisiones económicas costo beneficio de los empresarios. Por algo existen en los Estados Unidos y la Unión Europeas empresas que proporcionan nubes privadas de facturación electrónica en esos lugares. Porque la gente los necesita. Ahora bien, ¿justifica eso que el estado desee establecer un monopolio legal estatal sobre la facturación de una empresa? Eso algo totalitario y hostil contra tanto la empresa privada, la libre competencia y la libertad de elegir. Algo típico en nuestra América, y que trae problemas serios para el desarrollo económico. ¿No es acaso el sistema de facturación un tema de estrategia de negocios y si es algo bueno cada comerciante lo adoptará como disponga su plan de negocios? ¿No es acaso el intercambio comercial una acción privada entre adultos que consienten? ¿Qué es eso de la libre empresa entonces? Parece que acá no se entiende esto.

Si el e-commerce es bueno, ¿por qué tiene que existir un monopolio estatal sobre el mismo? Si las telecomunicaciones son buenas, ¿debe acaso existir un monopolio estatal sobre las mismas y acceso ilimitado del estado a las comunicaciones privadas? O si el transporte es bueno ¿debe el estado tener todo el monopolio del transporte y pleno conocimiento de quien viaja a qué lugar todo el tiempo? Decir que las bondades innegables de la facturación electrónica justifican que el Estado debe tener su monopolio y acceso ilimitado a toda la información contenida allí es mentir descaradamente, se quiere el monopolio no para ayudar, sino para controlar.

Todas estas preguntas siguen sin resolver. Pero tenemos que hacerlas.

About the author

Ricardo Soto

Ricardo Soto Barrios, abogado, especialista en políticas públicas, egresado de la Universidad Santa María la Antigua. Políticamente liberal, ha participado en muchos proyectos donde se analizan las políticas públicas de Panamá desde un punto de vista liberal y se proponen alternativas. Ha trabajado en la Policía Nacional de Panamá, el Ministerio de Gobierno, y AMPYME, además de ejercer la práctica privada.

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  • Realmente es muy interesante mirar los ejemplos que vienen de Europa, Asia y EUA, locales que las últimas tendencias son de migrar para modelos como los que se utilizan en Latinoamérica.

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