A partir del 1 de enero de este año 2024, la mayoría de las empresas creadas o registradas para hacer negocios en los Estados Unidos deben reportar información sobre su Beneficiario Final a la FinCEN como parte de una iniciativa contra el lavado de dinero promulgada a través de la Ley de Transparencia Corporativa (CTA), P.L. 116-283, en 2021. El requisito se aplica a aproximadamente 32,6 millones de empresas, dijeron funcionarios de FinCEN, con aproximadamente 5 millones de informes iniciales agregados anualmente después de ello. La ley permite a la FinCEN obtener información de ‘aquellas empresas fantasma que actúan como fachada para el movimiento de dinero ilícito’, ocultando el beneficiario final, manifiesta la FinCEN. Las sanciones por violaciones intencionales son de 591 dólares al día, hasta 10.000 dólares, y las sanciones penales podrían incluir hasta dos años de prisión.
Sin embargo, la aplicación de regulaciones relacionadas con la información de beneficiario final de las sociedades y empresas (BOI, por sus siglas en inglés) plantea importantes preguntas desde la perspectiva libertaria o de las libertades civiles. En primer lugar, estas regulaciones exigen que la mayoría de las empresas en Estados Unidos divulguen información sobre sus propietarios beneficiarios como parte de los esfuerzos contra el lavado de dinero, según lo establecido por la Ley de Transparencia Corporativa (CTA, por sus siglas en inglés). Si bien la prevención del lavado de dinero y otras actividades financieras ilícitas es crucial para mantener la integridad del sistema financiero y combatir el crimen, el enfoque y la amplitud de estas regulaciones pueden tener implicaciones significativas para la privacidad, la autonomía empresarial y el debido proceso.
Hace dos días, coincidiendo con esta postura, un tribunal de distrito federal de Alabama sostuvo que la Ley de Transparencia Corporativa (CTA), P.L. 116-283, que exige la presentación de información sobre el beneficiario final o beneficiarios reales (BOI) por parte de las empresas, es inconstitucional.
El tribunal de distrito aceptó la moción de los demandantes para un juicio sumario el viernes en el caso National Small Business United contra Yellen, No. 5:22-cv-1448-LCB (N.D. Ala. 3/1/24). Un demandante, la Asociación Nacional de Pequeñas Empresas, tiene más de 65.000 miembros.
Si bien la legislación puede tener ‘fines sensatos y loables’, afirmó el tribunal en su opinión, los argumentos del gobierno de que el Congreso tiene ‘el poder de regular millones de entidades y sus partes interesadas en el momento en que obtienen un estatus corporativo formal’ de un estado ‘ no está respaldado por un precedente.’ La ley ‘excede los límites de la Constitución sobre el poder legislativo y carece de un nexo suficiente con cualquier poder numerado para ser un medio necesario o adecuado para lograr los objetivos políticos del Congreso’, decía la opinión jurídica.
Disposiciones sobre informes de la BOI
Según la ley, que el Congreso aprobó como iniciativa contra el lavado de dinero en 2021, las empresas declarantes, definidas como corporaciones, sociedades de responsabilidad limitada (LLC) y entidades similares, deben revelar la identidad y la información sobre los beneficiarios finales de las entidades. Para las nuevas entidades constituidas después del 1 de enero de 2024, las empresas informantes también deben revelar la identidad de los ‘solicitantes’, definidos como cualquier individuo que presente una solicitud para formar una corporación, LLC u otra entidad similar.
Desde una perspectiva libertaria, la implementación de estas regulaciones plantea preocupaciones sobre el equilibrio entre la supervisión del gobierno y las libertades individuales. Si bien la transparencia es necesaria para prevenir el mal uso de las estructuras corporativas con fines ilícitos, la recopilación indiscriminada de datos personales sin salvaguardias adecuadas plantea preocupaciones sobre el posible abuso o acceso no autorizado a información sensible. Los principios libertarios enfatizan la autonomía individual y los derechos de privacidad, y cualquier intromisión en estos derechos debe justificarse cuidadosamente y ser proporcional a los objetivos declarados.
Además, la carga regulatoria impuesta por los requisitos de cumplimiento puede afectar desproporcionadamente a las pequeñas empresas y los emprendedores. Los procedimientos de presentación de informes complejos y las posibles sanciones por incumplimiento pueden disuadir la innovación y la actividad económica, especialmente para las startups y las pequeñas empresas con recursos limitados. En un marco de mercado libre, la regulación excesiva sofoca el espíritu empresarial y socava los principios de libertad económica y competencia.
Asimismo, los mecanismos de ejecución asociados con estas regulaciones plantean interrogantes sobre el debido proceso y la presunción de inocencia. Aunque FinCEN afirma que las acciones de ejecución se dirigirán principalmente a violaciones intencionales, el potencial de ejecución arbitraria o interpretación errónea de los requisitos regulatorios introduce incertidumbre para las empresas. La filosofía libertaria enfatiza el Estado de Derecho y la intervención limitada del gobierno, abogando por marcos legales claros y consistentes que protejan los derechos individuales y brinden certeza legal.
Casi a la misma conclusión arriba aunque forzadamente la directora de FinCEN, luego del fallo citado, Andrea Gacki, cuando admite ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes: ‘El estatuto es muy claro en que sólo podemos tomar medidas coercitivas contra violaciones deliberadas’, y ‘No se trata de castigar a las pequeñas empresas, sino de buscar a aquellos actores que deliberadamente eluden los requisitos’. Si bien los esfuerzos para combatir los delitos financieros son necesarios, los responsables políticos deben considerar cuidadosamente las implicaciones de las medidas regulatorias sobre las libertades individuales y la libertad económica. Equilibrar los objetivos de seguridad nacional e integridad financiera con el respeto por la privacidad, el debido proceso y la innovación económica es esencial para mantener los principios de una sociedad libre y abierta. La regulación efectiva debe esforzarse por lograr estos objetivos sin cargar indebidamente a las empresas ni comprometer los derechos fundamentales.
Add Comment