Hay una idea que se ha instalado tanto entre conservadores como entre ciertos sectores progresistas: que ser LGBT implica, casi automáticamente, pertenecer a una determinada corriente política. Como si la orientación sexual o la identidad de género llevaran incorporado un programa económico, una visión del Estado o una forma de entender la sociedad. Desde una perspectiva liberal, esa premisa es falsa.
El liberalismo no pregunta con quién compartes tu cama. Pregunta algo mucho más importante: ¿quién tiene derecho a decidir sobre tu vida? Y la respuesta es sencilla: tú.
El individuo antes que el colectivo
La gran diferencia entre el liberalismo y gran parte de la política contemporánea es que el primero no comienza por los grupos. Comienza por la persona.
No existen derechos «gays», «heterosexuales», «trans», «blancos», «negros» o «católicos». Existen derechos individuales.
El derecho a la vida.
El derecho a la propiedad.
El derecho a contratar.
El derecho a expresarse.
El derecho a asociarse.
El derecho a amar a quien uno quiera.
No porque el Estado los conceda, sino porque pertenecen a cada ser humano por el solo hecho de serlo. Cuando entendemos esto, desaparece la necesidad de crear categorías privilegiadas o ciudadanos de distinta jerarquía.
El enemigo nunca fue el mercado
Existe una narrativa muy difundida según la cual el capitalismo habría sido históricamente enemigo de las personas LGBT, sin embargo, la realidad es bastante distinta. Quienes encarcelaban homosexuales no eran las empresas. Quienes prohibían determinadas relaciones no eran los comerciantes. Quienes perseguían judicialmente determinadas conductas eran los Estados con sus normativas sobre la sodomía, las prohibiciones matrimoniales, la censura, la persecución policial. Todo eso fue poder político, no el mercado.
No significa que las empresas siempre hayan sido inclusivas. Muchas no lo fueron. Pero una empresa puede equivocarse y perder clientes; un Estado puede perseguirte con la fuerza. La diferencia no es menor.
La libertad incluye el derecho a equivocarse
Aquí aparece uno de los puntos más difíciles de aceptar para muchos activistas. Un liberal defiende el derecho de una pareja homosexual a abrir un negocio. Pero también defiende el derecho de otra persona a no querer contratar con ellos. Y defiende exactamente el mismo derecho en sentido inverso. La libertad de asociación funciona en ambas direcciones.
No existe libertad si solo protege las decisiones que nos gustan. Aceptar esto cuesta porque hemos confundido igualdad ante la ley con obligación de aprobación social. Son cosas completamente distintas.
La igualdad jurídica no garantiza el afecto
Ninguna ley puede obligar a alguien a admirarte, ni respetarte o invitarte a su cumpleaños. Tampoco a enamorarse de ti. La función del Derecho no consiste en fabricar afectos, sino en impedir agresiones.
Cuando el Estado intenta convertir la aprobación social en obligación jurídica, inevitablemente invade libertades ajenas.
El problema de la política identitaria
Paradójicamente, buena parte del activismo contemporáneo LGBT ha terminado reproduciendo exactamente aquello que decía combatir. En lugar de decir: «Somos individuos iguales.» dice: «Somos un colectivo diferente que necesita un tratamiento especial.» Ese cambio es enorme y equivocado, porque deja de reclamar igualdad para comenzar a reclamar privilegios o cupos. Pide representaciones obligatorias, subsidios específicos. Es lo que llamamos discriminación positiva, con sus leyes especiales, observatorios o directamente solicitar Ministerios, Secretarías y Programas.
Todo ello supone más poder político administrando diferencias. Y cuanto mayor es el poder para clasificar personas, mayor es también el riesgo de arbitrariedad.
El orgullo no necesita permiso estatal
Resulta llamativo que muchos gobiernos utilicen hoy la bandera arcoiris mientras mantienen enormes aparatos burocráticos que regulan la vida de millones de personas.
El liberalismo propone algo distinto.
No pide que el Estado celebre tu identidad. Pide algo mucho más modesto y, al mismo tiempo, mucho más revolucionario: que te deje vivir en paz.
No hace falta un ministerio para amar. No hace falta un subsidio para formar una familia o una campaña oficial para desarrollar un proyecto de vida.
Lo que hace falta es que nadie tenga poder para impedirlo.
Más libertad significa más diversidad
Las sociedades más libres suelen terminar siendo también las más diversas, pero no porque un gobierno diseñe esa diversidad, sino porque, cuando desaparecen las barreras legales, las personas comienzan a vivir como realmente desean.
Algunos serán conservadores, otros progresistas. Habrá otros religiosos, ateos. Otroas más serán homosexuales, bisexuales o heterosexuales. Y ninguno necesitará justificar su existencia ante una autoridad política.
El verdadero desafío
Quizá el mayor desafío para las personas LGBT sea dejar de pensar que necesitan un protector permanente. Porque quien hoy dice proteger también puede decidir mañana controlar. La historia demuestra que el poder cambia de manos, pero los derechos individuales permanecen.
Por eso el liberalismo no ofrece protección especial. Ofrece algo mucho más sólido, que es una regla igual para todos, la Igualdad ante la Ley. Que ningún gobierno pueda decirte cómo debes vivir. Que ningún funcionario pueda decidir qué identidad merece reconocimiento. Que ningún político pueda convertir tu vida privada en un instrumento de su campaña.
El liberalismo no necesita una teoría específica sobre las personas LGBT.
Porque no necesita teorías específicas sobre ningún grupo.
Su pregunta siempre es la misma:
¿Estamos respetando la libertad y los derechos de cada individuo?
Si la respuesta es sí, entonces poco importa el sexo de tu pareja, tu identidad, tu religión o tus preferencias personales. Eso deja de ser un asunto político para convertirse en lo que siempre debió ser: tu vida. Y solo tuya.
Hay momentos que duelen de una manera particular. Es el dolor de ver algo que amaste, algo que construiste con convicción filosófica y esfuerzo técnico, convertido en el argumento de quien representa exactamente lo que quisiste combatir. Esto es lo que ocurrió esta semana en Argentina, con Bitcoin, cuando el estado ensucia gratuitamente.
El jefe de Gabinete Manuel Adorni formalizó su declaración jurada patrimonial de 2025 junto a un conjunto de rectificaciones que alteran de forma notable los números de sus finanzas familiares informados desde 2020, en el marco de expedientes que tramitan en Comodoro Py por presunto enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. El núcleo de su defensa, el escudo elegido, fue Bitcoin.
El componente más relevante del patrimonio rectificado son los 513.000 dólares vinculados a inversiones en Bitcoin. Según la reconstrucción oficial, Adorni y su esposa operaron entre 2013 y 2018 mediante ocho billeteras virtuales, con una inversión inicial de alrededor de 200.000 dólares.
La frase que lo resume todo, pronunciada con una tranquilidad desconcertante ante las cámaras: «Ahorramos en negro, como todos los argentinos.»
Deténganse un momento en esa oración. Un funcionario público, jefe de Gabinete de una nación, investigado judicialmente, justifica activos no declarados invocando la conducta de evasión generalizada de sus conciudadanos como argumento moral. Y para blindar esa justificación, invoca Bitcoin.
Lo que Bitcoin fue, y lo que este hombre pretende que sea
Quienes estuvimos cerca del movimiento cypherpunk en sus años formativos sabemos con precisión quirúrgica para qué fue diseñado Bitcoin. No fue diseñado para que un ministro con mansión en country esquive una causa penal. Fue diseñado para que los individuos, personas comunes, activistas, disidentes, trabajadores sin acceso al sistema bancario, pudieran conservar y transferir valor fuera del alcance del Estado y de sus estructuras de coerción.
El manifiesto cypherpunk de Eric Hughes de 1993 era explícito: la privacidad es necesaria para una sociedad abierta. Pero la privacidad no es secrecía. La privacidad es el poder del individuo de revelar selectivamente lo que es de él. Lo que Adorni llama «privacidad» es otra cosa: es la ocultación de un funcionario público, servidor del Estado, pagado con fondos expropiados de sus conciudadanos, respecto de los bienes que acumuló en el ejercicio de ese poder.
Satoshi Nakamoto no construyó una blockchain para que los burócratas guardaran su botín. Construyó una cadena de bloques precisamente para hacer visible, inmutable y auditable cada transacción. El libro contable abierto de Bitcoin, esa transparencia radical, es la antítesis de lo que Adorni pretende representar con su relato. Él no usó Bitcoin como herramienta de soberanía individual. Lo usó como pantalla.
El daño concreto al movimiento voluntarista
Existe una narrativa que los enemigos de Bitcoin han intentado instalar durante quince años: que la criptomoneda es el instrumento predilecto de criminales, evasores y corruptos. Durante años, la comunidad cripto, con datos, con argumentos, con paciencia, rebatió esa calumnia. Los estudios de Chainalysis, los análisis de Elliptic, la evidencia empírica: las actividades ilícitas en Bitcoin representan una fracción marginal frente al volumen del sistema financiero tradicional. El dólar en efectivo ha financiado más corrupción que todos los satoshis juntos.
Pero los argumentos técnicos necesitan contexto cultural para aterrizar. Y el contexto que Adorni está instalando es devastador: en la Argentina de 2026, Bitcoin aparece en los titulares nacionales no como herramienta de emancipación financiera, sino como la coartada de un funcionario investigado por enriquecimiento ilícito.
Según la denuncia que impulsó la causa, el patrimonio de Adorni habría experimentado un incremento del 500% en un único período fiscal, con omisión de activos financieros y depósitos en el exterior por sumas superiores a 16 millones de pesos. Un contratista declaró ante la Justicia que el costo de la remodelación de la vivienda del funcionario alcanzó los 245.000 dólares, con pagos realizados en efectivo. La fiscalía detectó movimientos de fondos a través de más de veinte exchanges, entre ellos Binance, Ripio, Lemon y Satoshi Tango, con operaciones de entrada y salida en BTC, ETH y USDT.
Este es el contexto real. No el de un early adopter visionario que compró en 2013 y guardó sus llaves con disciplina austríaca. El contexto es el de un hombre sobre el que recaen sospechas serias, quien según se comenta en el propio gobierno no puede cuadrar fácilmente sus gastos e ingresos, y que elige Bitcoin como explicación retroactiva en el momento de máxima presión judicial.
Eso contamina. Eso mancha. No a Bitcoin como protocolo, el protocolo es indiferente a la moral de sus usuarios, sino a la narrativa del ecosistema cripto ante millones de personas que aún están formando su opinión sobre estas tecnologías.
La perversión ideológica más profunda
Hay algo todavía más grave que el daño reputacional. Es la perversión ideológica.
El movimiento libertario, en su rama genuina, no en su versión de marketing electoral, descansa sobre un principio que no admite excepciones: la ética de la no-agresión. El individuo libre no impone su voluntad sobre otros por la fuerza. El Estado, en cambio, es por definición un aparato de coerción: extrae recursos por amenaza, redistribuye por decreto, castiga la disidencia con violencia institucionalizada.
Bitcoin fue concebido como una respuesta técnica a ese problema. Una moneda que no requiere permiso. Que no puede ser confiscada por decreto. Que devuelve al individuo la soberanía sobre su propio valor.
Adorni no es un individuo libre operando fuera del Estado. Es el Estado mismo. Es el jefe de Gabinete de un gobierno que administra el monopolio de la violencia legítima sobre cuarenta y cinco millones de personas. Cuando él custodia Bitcoin, no está ejerciendo soberanía individual: está usando los instrumentos del movimiento voluntarista para proteger los frutos del poder coercitivo que él mismo encarna y administra.
Es la inversión perfecta del propósito original. Es usar la llave de la celda para construir otra celda.
La trampa de la política y el bitcoin-washing
Los que llegamos a Bitcoin desde la filosofía y no desde la especulación lo sabemos: la tecnología es neutra, pero la adopción no lo es. Cuando los Estados, los bancos centrales y ahora los funcionarios corruptos abrazan el discurso cripto, no se están convirtiendo. Están capturando el relato.
En los últimos años hemos visto a gobiernos de todo el espectro ideológico intentar apropiarse de la estética libertaria de Bitcoin para sus propios fines. El bitcoin-washing, usar la moneda como señal de rebeldía mientras se ejerce el poder de siempre, es una forma sofisticada de cooptación.
Adorni practica una versión especialmente burda de ese juego: usar Bitcoin no como señal ideológica, sino como escudo judicial. No dice «Bitcoin porque soy libre». Dice «Bitcoin porque no pueden probar que no lo tenía.»
Y lo más hiriente es que tiene parcialmente razón en el plano técnico. La defensa introdujo como argumento central que las operaciones pueden ser verificadas mediante las claves privadas de las billeteras, que permitirían a peritos judiciales reconstruir el histórico on-chain de cada dirección. La trazabilidad de Bitcoin, esa característica diseñada para garantizar transparencia, se convierte en su coartada.
Lo que la comunidad cripto debería hacer
No silencio. No complicidad entusiasta porque «es bueno para el precio.» No el tibio «no nos metemos en política.»
La comunidad cripto argentina o latinoamericana, incluso la global, tiene una obligación intelectual y ética: separar con bisturí la adopción genuina de Bitcoin como herramienta de libertad individual, de su uso instrumental por parte de quienes administran el mismo poder coercitivo del que Bitcoin pretende emanciparnos.
Adorni no es un cypherpunk tardío. No es un early adopter que entendió antes que los demás. Es un funcionario estatal investigado por enriquecimiento ilícito que encontró en la jerga cripto un lenguaje conveniente para una situación judicial incómoda.
Bitcoin merece mejor compañía.
Los que creyeron en esto cuando era una rareza técnica sin precio de mercado, cuando la elegancia matemática de la prueba de trabajo era suficiente recompensa intelectual, cuando el protocolo era una respuesta filosófica antes que una clase de activo, esos no construyeron esto para que sirva de cobertura a ningún aparato de poder.
Colombia amaneció este lunes con dos nombres tatuados en su destino inmediato: Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Los resultados de la primera vuelta del 31 de mayo de 2026 no solo definen quiénes disputarán la presidencia el 21 de junio; trazan una frontera profunda entre dos visiones de Estado que difícilmente podrían ser más antagónicas. Con una abstención históricamente baja para una primera vuelta y más de 20 millones de votos emitidos, Colombia habló alto y con una claridad inquietante: el centro no existe.
Lo que ocurrió ayer no fue únicamente una elección. Fue la certificación de que la polarización que Gustavo Petro instaló en el imaginario político colombiano ha dado a luz a su propio espejo: una ultraderecha populista que adopta el mismo lenguaje emocional, la misma retórica de salvación nacional y el mismo desprecio por los matices que caracteriza a los extremismos bien conocidos en la región. El uribismo tradicional fue desplazado. Paloma Valencia, con apenas un 7%, representa el cadáver político de la derecha moderada. El futuro se dirimirá entre dos proyectos que, desde una perspectiva liberal clásica, generan inquietudes legítimas aunque de naturaleza muy distinta.
«La primera vuelta ha confirmado que Colombia no tiene un candidato de centro viable para el balotaje. Es la primera vez en la historia reciente del país que los dos extremos del espectro se enfrentarán solos.»— Análisis de Mundiario, 1 de junio de 2026
I. Abelardo de la Espriella: el outsider que sorprendió
Abogado penalista nacido en Montería, conocido por defender a figuras públicas y empresarios en procesos judiciales complejos, De la Espriella construyó su candidatura sobre el movimiento Defensores de la Patria desde finales de 2025. Su ascenso fue meteórico y su victoria en primera vuelta, con más de diez millones de votos, es políticamente significativa: logró penetrar en feudos de la Costa Caribe donde el Pacto Histórico esperaba dominar. Su fórmula vicepresidencial, el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, aporta credencial técnica a una campaña que en lo demás ha apostado por la confrontación visceral.
Su programa, bautizado como «El Milagro de los Nunca», propone una reducción del Estado en un 40% en cuatro años, un ajuste fiscal de 70 billones de pesos, rebajas tributarias para estimular la inversión privada, y un crecimiento anual del 7% «al estilo de Corea del Sur». En materia de seguridad, promete construir diez megacárceles privadas en la selva siguiendo el modelo del presidente Bukele de El Salvador, retomar la fumigación aérea con glifosato de 330.000 hectáreas de cultivos ilícitos, y recuperar en noventa días el control de zonas dominadas por grupos armados bajo lo que denomina una «Pax Romana».
Desde una óptica liberal minarquista, la propuesta económica de De la Espriella tiene un atractivo superficial: reducir el Estado, bajar impuestos, liberar el mercado. Sin embargo, es necesario distinguir con precisión entre liberalismo y populismo de derecha. El primero confía en las instituciones, el Estado de derecho y los límites del poder ejecutivo. El segundo utiliza el lenguaje del mercado libre como legitimación retórica mientras concentra poder discrecional en el ejecutivo, debilita los contrapesos judiciales y moviliza emocionalmente a las masas contra un enemigo interno.
Advertencia — Radicalización institucional
La promesa de suspender los efectos de la JEP por decreto presidencial, la referencia al «estado de excepción» como instrumento de gobierno y el modelo Bukele de detención masiva sin garantías procesales son incompatibles con el liberalismo clásico. Un Estado mínimo que tortura o encarcela sin juicio no es minarquista: es autoritario. La diferencia no es cosmética; es constitutiva. Colombia ha pagado un precio histórico enorme por la concentración de poder ejecutivo. De la Espriella, pese a su retórica pro-mercado, no ofrece garantías institucionales convincentes.
II. Iván Cepeda: la continuidad con otro rostro
Senador del Pacto Histórico, hijo de un senador asesinado por el paramilitarismo, exiliado, estudioso del derecho internacional humanitario, Cepeda representa la continuidad ideológica del proyecto Petro con mejores modales institucionales. Su programa, «El poder de la verdad», tiene 433 páginas y habla de cuatro «revoluciones»: agraria, social, ética y política. Propone redistribución masiva de tierras, 30.000 kilómetros de vías terciarias, ampliación del programa Colombia Mayor de tres a cinco millones de beneficiarios, la creación de un Banco del Pueblo para erradicar la pobreza monetaria y una transición energética que abandone la dependencia del petróleo.
Cepeda no es Petro, aunque lo prolonga. Es más disciplinado intelectualmente, menos dado a los estallidos autoritarios y más respetuoso de las formas democráticas. Sin embargo, su programa se lee, como han observado analistas de Cambio Colombia, «más como un manifiesto político que como un plan técnico de gobierno». La sostenibilidad fiscal de propuestas como ampliar Colombia Mayor, financiar créditos agrarios al 2% y crear múltiples fondos estatales nuevos depende de una reforma tributaria que el Congreso colombiano ha demostrado históricamente ser incapaz de aprobar en sus versiones más ambiciosas.
«El bloque social de Cepeda es real: campesinos, indígenas, afrodescendientes, sindicatos y jóvenes. Pero gobernar para ese bloque sin dañar el tejido productivo requiere una destreza fiscal que su programa aún no demuestra con claridad.»— Análisis comparativo, Razón Pública · Mayo 2026
III. ¿Cuál gobierno puede mejorar Colombia?
Esta pregunta, formulada con honestidad desde una perspectiva liberal minarquista, obliga a reconocer algo incómodo: ninguno de los dos finalistas representa un ideal liberal. Ambos proponen un Estado activo y potencialmente intervencionista, aunque en distintas áreas y con distintos riesgos para las libertades civiles.
El caso para una preferencia condicionada por Cepeda
Si la pregunta se reduce a instituciones, Colombia requiere un gobierno que respete el Estado de derecho, la independencia judicial y las libertades de prensa. El historial de Cepeda como defensor de derechos humanos, la ausencia de amenazas al sistema judicial y su menor predisposición al discurso de «estado de excepción» lo hacen preferible desde el ángulo de las garantías institucionales básicas. Un liberal clásico puede oponerse a su programa económico, pero puede al menos confiar en que las cortes seguirán funcionando y los periodistas no serán intimidados sistemáticamente.
El caso para una preferencia condicionada por De la Espriella
Si la pregunta se centra en economía y seguridad fiscal, De la Espriella tiene propuestas en el papel más compatibles con un Estado más pequeño y una economía de mercado. Su fórmula vicepresidencial, Restrepo, es un economista serio. El combate frontal al narcotráfico, si se ejecuta dentro del marco legal, podría reducir una de las principales fuentes de violencia e inestabilidad que impide el desarrollo. Un liberal pragmático podría apostar por su gestión económica mientras espera que las instituciones contengan sus instintos más autoritarios.
IV. El fracaso del centro y la lección que nadie aprende
Sergio Fajardo, ex alcalde de Medellín y candidato del centro ilustrado, fue eliminado. Paloma Valencia, con propuestas moderadas de centroderecha, quedó en un distante tercer lugar. El mapa electoral colombiano de 2026 confirma lo que ya insinuaba 2022: la polarización no es un accidente sino una estrategia rentable. Tanto el petrismo como su contraparte de ultraderecha se benefician de un electorado que vota por miedo al otro, no por amor a su candidato.
Para quienes creen en el liberalismo clásico —en la limitación del poder, en los derechos individuales, en el mercado libre dentro de un Estado de derecho robusto— Colombia ofrece hoy un menú de opciones profundamente insatisfactorio. Lo que resta antes del 21 de junio es observar con atención si alguno de los dos finalistas es capaz de moderar su discurso, construir coaliciones hacia el centro y ofrecer garantías institucionales suficientes para gobernar un país que no puede permitirse más experimentos ideológicos de alta temperatura.
V. Implicaciones para Panamá
Para la República de Panamá, las elecciones colombianas tienen consecuencias directas y concretas. El Tapón del Darién, el narcotráfico transnacional, los acuerdos de cooperación bilateral y la política exterior regional son áreas donde el próximo gobierno colombiano tendrá un impacto inmediato en los intereses panameños.
Con De la Espriella — Oportunidades
Mayor cooperación militar en el Darién: la estrategia «Pax Romana» implica presión sobre el Clan del Golfo, principal controlador del tráfico migratorio
Alineación ideológica con el gobierno de Mulino: coincidencia en política de mano dura migratoria y antinarcóticos
Probable acercamiento a Washington: relaciones más fluidas con EE.UU. facilitarían el trilateral Panamá-Colombia-EE.UU. para control del Darién
Reducción potencial del flujo migratorio si la fumigación y el combate al Clan del Golfo reducen las rentas criminales
Con De la Espriella — Amenazas
Riesgo de «balcanización» del combate: operaciones de fuerza bruta sin coordinación pueden desplazar flujos migratorios sin eliminarlos
Si usa decreto presidencial para suspender la JEP, podría tensionar acuerdos de paz que mantienen ciertos corredores controlados
Su estilo confrontacional puede generar inestabilidad interna en Colombia con efectos regionales
Fumigación aérea masiva puede afectar ecosistemas transfronterizos del Darién
Con Cepeda — Oportunidades
Continuidad del proceso de paz puede reducir zonas de conflicto armado en áreas limítrofes
Política exterior más activa en foros multilaterales: mayor coordinación regional en gestión migratoria
Enfoque en desarrollo rural colombiano podría reducir causas profundas de emigración
Relaciones diplomáticas más estables con Venezuela podrían facilitar la gestión regional de flujos migratorios
Con Cepeda — Amenazas
Continuación de la «Paz Total» implica negociación con el Clan del Golfo, que mantiene control del Darién como fuente de renta
Posible distanciamiento de Washington en materia de seguridad, debilitando la cooperación trilateral
Si la economía colombiana deteriora, aumenta la presión migratoria interna hacia el norte
Tensión con el gobierno Mulino si Cepeda adopta posiciones más cercanas a Venezuela o Nicaragua
En términos estructurales, el principal interés de Panamá es que Colombia tenga un gobierno capaz de ejercer soberanía efectiva sobre el Darién y de cooperar con seriedad en el combate al Clan del Golfo. Por este criterio específico, un gobierno de De la Espriella ofrece más retórica de acción inmediata; un gobierno de Cepeda ofrece más estabilidad a largo plazo si sus diálogos de paz producen resultados. Ninguno garantiza la solución definitiva de un problema estructural que lleva décadas.
VI. Lo que viene antes del 21 de junio
La campaña de segunda vuelta será probablemente la más tensa que Colombia ha vivido en décadas. Cepeda necesita convencer a los votantes de Fajardo, Valencia y otros candidatos del centro y centroderecha para alcanzar mayoría. De la Espriella parte con ventaja numérica pero enfrenta el desafío de que su voto duro tiene techo conocido y que el voto de miedo puede actuar en su contra tanto como a su favor.
Los colombianos que votaron ayer por candidatos eliminados tienen ahora la palabra más importante. La decisión que tomen en las próximas tres semanas no solo determinará quién gobierna Colombia hasta 2030, sino que enviará una señal sobre si la democracia colombiana es capaz aún de producir gobiernos que respeten las reglas del juego, las libertades fundamentales y la separación de poderes.
Desde esta orilla analítica, la preocupación no es ideológica sino institucional. Colombia merece un gobierno que administre bien el Estado, no que lo use como arma. Que reduzca la violencia sin convertirse en violencia. Que amplíe libertades, no que las suspenda en nombre de la seguridad. Ninguno de los dos finalistas ha demostrado todavía ser ese gobierno. La segunda vuelta es la última oportunidad para convencer.
Nota editorial: Este análisis fue elaborado el 1 de junio de 2026, horas después del cierre del preconteo oficial. Los datos electorales provienen de la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia. Las evaluaciones programáticas se basan en los planes de gobierno registrados ante el Consejo Nacional Electoral, declaraciones públicas de campaña y análisis de El Tiempo, El Espectador, Semana, La Silla Vacía, Razón Pública, Bloomberg Línea, CNN en Español e Infobae.
Perspectiva declarada: Este análisis adopta una perspectiva liberal minarquista: favorable a la limitación del poder estatal, al Estado de derecho, a las libertades civiles y económicas, y crítica tanto del autoritarismo de derecha como del populismo de izquierda. Esta perspectiva no es neutral; es transparente.
El pasado 14 de marzo falleció Jürgen Habermas a los 96 años, dejando huérfano a un siglo de debates sobre democracia, racionalidad y espacio público. Desde esta trinchera liberal, la de Mises, Hayek y la desconfianza saludable hacia todo poder concentrado, rendimos homenaje a un adversario intelectual de primera categoría. Porque los grandes debates no se tienen con mediocres.
Jürgen Habermas fue, ante todo, un hombre obsesionado con una pregunta legítima: ¿cómo pueden las sociedades modernas sostenerse sin recurrir a la violencia ni a la autoridad dogmática? Su respuesta, el diálogo racional, la esfera pública, la democracia deliberativa, era genuinamente ilustrada y genuinamente honesta. Desafió la tendencia predominante del cinismo posmoderno respecto a la verdad y la razón, ofreciendo una firme defensa de los ideales de la Ilustración y la posibilidad de la libertad individual y social. En eso, paradójicamente, compartía más con los liberales clásicos de lo que él mismo hubiera admitido.
Su concepto de acción comunicativa, la idea de que la legitimidad surge del argumento y no de la imposición, tiene un eco inesperado en la tradición del orden espontáneo. Hayek también creía que el conocimiento es disperso, que ningún centro puede monopolizarlo, que la coordinación social emerge de interacciones descentralizadas. Habermas llegó a conclusiones similares sobre el origen del consenso, pero cometió el error clásico de la izquierda ilustrada: confiar en que ese consenso podía diseñarse institucionalmente, canalizarlo a través del Estado administrativo, hacerlo operar desde arriba.
Aquí reside la fractura fundamental. Su teoría propuso que la legitimidad política surge del diálogo entre ciudadanos libres e iguales, capaces de argumentar y justificar sus posiciones, frente a la imposición del poder económico o burocrático. Hasta ahí, magnífico. El problema es que su solución a esa imposición del poder no fue reducir el Estado, sino perfeccionarlo mediante procedimientos deliberativos. La escuela austríaca advierte que eso es una ilusión: los procedimientos no eliminan los incentivos perversos de la burocracia ni el problema del cálculo económico. El «mejor argumento» no gana en una comisión parlamentaria; gana el grupo de presión mejor organizado.
En sus últimos años, Habermas estaba particularmente preocupado por el estado del proyecto de la Unión Europea, convencido de que la integración democrática era el mejor contrapeso a la destructividad del capitalismo global y del nacionalismo. Nosotros diríamos lo contrario: que la tecnocracia de Bruselas es precisamente el tipo de poder sin accountability que él debería haber temido más. Su europeísmo fue coherente con sus valores, pero ciego a las consecuencias de centralizar decisiones lejos de los ciudadanos concretos.
Y sin embargo, hay algo que los liberales debemos agradecerle. Jürgen Habermas nunca cedió al relativismo. Sostuvo que la razón existe, que la verdad importa, que el debate público tiene normas que no son arbitrarias. Mientras la muerte y la destrucción de la Segunda Guerra Mundial habían desilusionado a la mayoría de los pensadores respecto a la razón, Habermas vio en la comunicación racional una oportunidad para redimir la sociedad democrática. Esa fe en la razón, tan denostada hoy por la izquierda posmoderna que él mismo contribuyó a confrontar, es un legado que merece defenderse.
El debate que nos deja no es menor: ¿puede existir una esfera pública genuinamente libre sin mercados libres que la sostengan? ¿Puede haber deliberación auténtica cuando el Estado financia los medios, las universidades y las instituciones del «diálogo»? ¿Es posible la democracia deliberativa sin propiedad privada como contrapeso al poder político?
Habermas no respondió bien esas preguntas. Pero las hizo inevitables. Y eso, en filosofía, vale tanto como responderlas.
Hay historias empresariales que incomodan al relato dominante. No porque sean perfectas, sino porque demuestran que otra relación entre capital y sociedad es posible sin pasar por el Estado. La de Milton Hershey es una de ellas.
En una época —finales del siglo XIX y comienzos del XX— marcada por monopolios protegidos, aranceles, concesiones y connivencia política, Hershey eligió un camino distinto: crear valor real, competir en el mercado, y luego devolver a la sociedad no vía impuestos ni prebendas, sino mediante propiedad privada organizada con fines educativos.
Su mayor legado no es el chocolate. Es el Milton Hershey School Trust.
El gesto radical: donar la propiedad, no el excedente
En 1918, Milton Hershey tomó una decisión que aún hoy resulta subversiva: entregó el control económico de su empresa a un fideicomiso educativo destinado a sostener una escuela para niños huérfanos y vulnerables. No fue filantropía cosmética. No fue “responsabilidad social empresaria”. No fue deducción fiscal oportunista.
Fue algo mucho más profundo: una renuncia voluntaria al control del capital para garantizar una misión concreta, sin intermediación política.
Desde una perspectiva libertaria, este punto es crucial:
Hershey no pidió subsidios ni impuestos reducidos.
No reclamó privilegios regulatorios para su escuela.
No delegó la educación en el Estado.
No esperó el rediseño de la sociedad desde arriba.
Simplemente dijo: “Esto es mío. Y con esto voy a financiar educación, de forma privada, permanente y autónoma.”
El Trust como antítesis del capitalismo prebendario
El capitalismo prebendario —el que hoy se fomenta desde sistemas políticos capturados— funciona al revés:
Empresas que no compiten, sino que hacen lobby.
Fortunas que no crean valor, sino que capturan rentas.
“Filantropía” que depende del favor estatal.
Educación convertida en instrumento ideológico.
El Trust de Hershey rompe ese esquema.
El fideicomiso:
No depende del presupuesto público.
No está sujeto a ciclos electorales.
No responde a sindicatos estatales ni burócratas.
Vive o muere según la buena administración del capital.
Es educación financiada por mercado, sostenida por propiedad privada y blindada frente al populismo. Para un libertario, esto no es una anécdota moral: es arquitectura institucional.
Educación sin Estado (y sin resentimiento)
La Milton Hershey School no nació como un experimento ideológico, sino como una solución concreta: formar personas capaces de valerse por sí mismas.El foco no era la igualdad forzada, sino la movilidad real. No la victimización, sino la responsabilidad personal. No el adoctrinamiento, sino el oficio, la disciplina y la dignidad del trabajo.
Hershey entendió algo que hoy parece olvidado: la educación no necesita ser estatal para ser inclusiva, necesita ser sostenible, exigente y honesta.
Un empresario, no un redentor
Desde el punto de vista libertario, hay algo aún más valioso: Hershey nunca quiso ser un salvador social. No escribió manifiestos.
No intentó “reformar el sistema”. No pidió que otros siguieran su ejemplo por ley.
Actuó como empresario: Creó riqueza. Asumió riesgos. Compitió. Ganó. Y luego decidió libremente qué hacer con lo suyo.
Ese es el orden correcto.
Todo lo demás —impuestos forzados, redistribución política, filantropía obligatoria— es una inversión moral del proceso.
Por un 2026 con más Milton Hershey y menos empresarios prebendarios
Cerrar 2025 recordando a Milton Hershey es recordar que:
El capital no es el problema, sino su captura.
La desigualdad no se corrige destruyendo riqueza, sino creándola y usándola con inteligencia.
La educación florece cuando está protegida de la política.
El empresario auténtico no vive del Estado, vive del cliente.
Hershey no fue un santo. Tampoco fue perfecto. Pero entendió algo esencial que hoy escasea: el verdadero legado no se vota, no se subsidia, no se decreta. Se construye.
Desde Goethals Consulting, cerramos 2025 con ese deseo: que el talento vuelva a ser premiado, que volvamos a confiar en la libertad, no porque sea perfecta, sino porque es humana, y que el éxito deje de pedir perdón. Porque cuando el capital es libre y responsable, no necesita redención. Necesita propósito. Por un 2026 con más historias como la del gran empresario Milton Hershey.
El dilema liberal de Guy Sorman plantea una reflexión clave sobre la relación entre el liberalismo y los líderes políticos que, en su nombre, buscan reducir el tamaño del Estado. En su análisis, Sorman destaca la paradoja de que figuras como Donald Trump y Javier Milei, a pesar de defender la modernización estatal y la eficiencia económica, terminan asociando el liberalismo con actitudes autoritarias, extremas y divisivas. Este fenómeno, argumenta, podría llevar a una reacción adversa que desprestigie la causa liberal y facilite el retorno de modelos intervencionistas.
Uno de los puntos centrales del análisis de Sorman es la diferencia fundamental entre el sector privado y el Estado. Mientras que las empresas están sujetas a la competencia y la necesidad de generar beneficios, el Estado, según él, no enfrenta los mismos incentivos de eficiencia. Sin embargo, esta comparación simplista omite un aspecto clave: el objetivo del Estado no es generar rentabilidad, sino proveer bienes y servicios públicos esenciales que el mercado no puede garantizar de manera equitativa. Por ello, la eficiencia en la administración pública debe evaluarse no solo en términos de costos, sino también en función de su capacidad para garantizar derechos y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Sorman también plantea una crítica a la forma en que Trump y Milei implementan sus políticas. Si bien sus ideas sobre reducir el Estado pueden ser válidas en algunos aspectos, el problema radica en su ejecución: el desmantelamiento abrupto de instituciones sin una estrategia de transición clara, el desprecio por el consenso democrático y la polarización extrema. Sorman señala que, en su afán de eliminar lo que consideran excesos estatales, estos líderes terminan enfrentándose a una oposición feroz que puede poner en riesgo la estabilidad del país e incluso derivar en un resurgimiento de políticas estatistas como reacción.
Un punto especialmente relevante es la advertencia de Sorman sobre los precedentes históricos en América Latina. La región ha vivido procesos de reformas económicas impuestas por gobiernos autoritarios, lo que ha generado una asociación entre liberalismo y represión. Este riesgo no es menor: si las reformas económicas no van acompañadas de un fortalecimiento institucional y un respeto irrestricto por las reglas democráticas, el resultado puede ser una deslegitimación completa del liberalismo y una puerta abierta para proyectos populistas que prometan restaurar derechos socavados.
Sorman ofrece una tercera vía ante el dilema liberal: la posibilidad de implementar reformas liberales sin caer en la agresión política o el desprecio por el diálogo democrático. Aquí menciona el caso de líderes como Ronald Reagan y Margaret Thatcher, quienes, con distintos matices, lograron aplicar reformas sin generar el nivel de rechazo que hoy enfrentan Trump y Milei. Esto implica que el liberalismo no está condenado a la polarización, pero requiere de un liderazgo que entienda la importancia de la pedagogía política y el consenso social.
En conclusión, el dilema que plantea Sorman no es menor. Si el liberalismo se asocia con el caos, la exclusión y el atropello institucional, su destino será la marginalidad y el resurgimiento de modelos opuestos. La pregunta es si habrá liderazgos capaces de aplicar reformas con sensatez o si, por el contrario, los excesos actuales terminarán por destruir la credibilidad de su propia causa.
Los últimos acontecimientos han dejado en evidencia lo que desde el primer día muchos advertimos: no basta con gritar consignas libertarias para ser un verdadero liberal. El escándalo de la promoción presidencial de Javier Milei de la criptomoneda $LIBRA no es solo un episodio bochornoso en la política argentina; es una manifestación clara de la confusión conceptual que reina en ciertos sectores que se autoproclaman liberales.
Desde una perspectiva libertaria, el papel del gobierno es claro y limitado: garantizar la vida, la propiedad y la libertad de los individuos. Cualquier intromisión estatal fuera de estos principios fundamentales es, por definición, una violación de los derechos individuales. Por eso, cuando un presidente no solo interviene en la economía a través de la manipulación monetaria, sino que además promociona activamente negocios privados, es legítimo preguntarse: ¿cómo es posible que alguien que se dice liberal incurra en semejante desvío?
La respuesta es sencilla: Milei no es liberal. Su incapacidad para comprender la argumentación moral del liberalismo es lo que lo ha llevado a este punto. El liberalismo no es solo una teoría económica, ni una simple postura pragmática sobre el funcionamiento de los mercados. Es, antes que nada, una filosofía de vida basada en el principio de no agresión, en la responsabilidad individual y en la absoluta separación entre el poder político y los intereses particulares.
Cuando el presidente de un país usa su investidura para impulsar un activo financiero, está haciendo algo que ningún liberal auténtico podría justificar. No importa si lo hace por ignorancia o con intenciones deshonestas; en ambos casos, el error es imperdonable. La promoción estatal de un bien o servicio es, en esencia, una forma de intervención, ya que altera la percepción del riesgo y genera incentivos artificiales para la inversión. En este caso, las consecuencias fueron inmediatas: tras la promoción presidencial, la criptomoneda experimentó un alza abrupta seguida de un derrumbe, perjudicando a quienes confiaron en el mensaje de autoridad.
Este episodio también ha expuesto otro problema más profundo: el falso dilema entre pragmatismo y principios. Hay quienes creen que, en política, la pureza ideológica debe ceder ante la necesidad de tomar decisiones estratégicas. Sin embargo, cuando se renuncian los principios, lo que queda es una versión degradada de la misma corrupción que se pretende combatir. Un gobierno que promueve negocios privados está operando con la misma lógica intervencionista de aquellos a quienes critica.
La estafa y el fraude son moralmente inaceptables en cualquier sistema de pensamiento coherente. En el marco del liberalismo, además, representan un atentado contra la confianza y la libre asociación. El mercado solo puede funcionar en un entorno donde los intercambios sean voluntarios y basados en información transparente. Cuando un gobernante distorsiona ese proceso con su influencia, está incurriendo en una forma solapada de coacción, pues su autoridad genera expectativas que alteran el cálculo racional de los individuos.
Si el liberalismo es una filosofía de vida, entonces debe aplicarse con coherencia en todos los aspectos. Esto incluye la relación del gobernante con la economía y la inversión privada. Un presidente liberal nunca intervendría en el mercado, ni siquiera con una recomendación. Un presidente liberal tampoco manipularía la moneda, ni utilizaría el poder del Estado para influir en los proyectos de vida de otros.
Milei está enfrentando hoy una humillación que no es el resultado de un ataque externo, sino de sus propias contradicciones. Si hubiera sido verdaderamente liberal, jamás habría caído en este juego. No se trata de un error de cálculo político, sino de un fracaso moral. Y si hay algo que la historia ha demostrado, es que cuando se traicionan los principios en nombre de la conveniencia, la factura siempre llega.
El liberalismo no necesita mesías ni figuras providenciales. Necesita individuos dispuestos a defender sus ideas sin dobleces, sin atajos y sin justificaciones para el oportunismo. La lección que debemos aprender de este escándalo es simple pero fundamental: la libertad solo puede sostenerse sobre principios firmes. Cuando se los ignora, el resultado es siempre el mismo: decepción, fracaso y, en el peor de los casos, estafa.
El liberalismo clásico pone énfasis en limitar el poder estatal a sus funciones esenciales: garantizar la seguridad y la justicia. Esto implica «remover» cualquier intervención estatal que exceda esos roles, dejando espacio para la autonomía individual y el desarrollo espontáneo de la sociedad civil. En cambio, las ideologías colectivistas tienden a «reemplazar» estructuras existentes con nuevas que reflejen su propia visión del mundo, imponiendo una hegemonía ideológica que puede sofocar la diversidad de pensamiento. En su intervención en el Foro Económico Mundial en Davos 2025, Javier Milei adoptó una postura que resulta polémica dentro del marco del liberalismo que dice defender.
Calificar al «wokismo» como un «virus» y un «cáncer» que debe ser «extirpado» no solo implica una retórica combativa y polarizadora, sino que también plantea dudas sobre la coherencia de sus declaraciones con los principios fundamentales del liberalismo. El liberalismo no busca imponer un pensamiento único, sino promover un terreno fértil donde las ideas compitan libremente en un mercado abierto de perspectivas.
La cultura «woke» tiene su origen en un contexto específico: la lucha por visibilizar las injusticias sociales y raciales. Aunque su evolución y algunas de sus expresiones han generado controversia, descalificar todo el movimiento como un mal que debe erradicarse es una simplificación que ignora la riqueza y la complejidad de las dinámicas sociales. Además, el tono mesiánico de Milei, al presentar su postura como una «cruzada global», lo coloca en un rol de salvador que contradice el principio liberal de que los cambios auténticos deben surgir de abajo hacia arriba, es decir, de la sociedad civil y no como imposiciones desde el Estado o, en este caso, desde una figura política con aspiraciones globales.
El discurso de Milei en Davos también revela un entendimiento limitado del rol del Estado dentro del marco liberal. El verdadero liberalismo no se compromete con batallas culturales diseñadas para reemplazar una ideología con otra, sino que se enfoca en limitar el poder del Estado y garantizar las condiciones para que cada ciudadano ejerza sus libertades individuales. Emprender una cruzada ideológica contra el «wokismo» sugiere la intención de utilizar las herramientas del poder para moldear la sociedad según un modelo específico, lo cual no difiere, en esencia, de las tácticas de los regímenes totalitarios que Milei critica.
Un ejemplo concreto de esta incoherencia en el discurso es la forma en que Milei sugiere que Occidente debe alinearse en su lucha contra el «wokismo». Este llamado contradice el principio del pluralismo liberal y la idea de que cada individuo y cada comunidad tienen derecho a decidir su propio camino. El intento de suprimir una corriente ideológica particular mediante la intervención estatal o el liderazgo global no respeta la diversidad de pensamiento ni el principio de autonomía que el liberalismo defiende.
Es importante subrayar que la verdadera amenaza al liberalismo no radica en la existencia de ideologías como el «wokismo», sino en el uso de los mecanismos del poder para controlar el discurso público y limitar las expresiones individuales. Si Milei realmente aspira a liderar un movimiento liberal coherente, debería concentrarse en fortalecer las instituciones de seguridad y justicia, y dejar que el debate ideológico ocurra en el ámbito privado y social, sin interferencias estatales ni cruzadas impuestas desde arriba.
En su artículo «El momento polaco», para el medio ABC, Guy Sorman traza un recorrido histórico y político que posiciona a Polonia como una nación clave para la defensa de los valores democráticos y liberales en Europa. El análisis de Sorman no solo destaca el papel histórico de Polonia como baluarte frente a las amenazas externas, sino que también celebra el liderazgo actual de Donald Tusk como una oportunidad única para revitalizar el proyecto europeo frente a los desafíos contemporáneos. A continuación, examinaremos los principales puntos de este texto y su relevancia en el contexto geopolítico actual.
Polonia como baluarte histórico de Europa
Sorman inicia su artículo recordando episodios en los que Polonia actuó como escudo de Europa frente a amenazas externas. Desde la contención de las invasiones mongolas en el siglo XIII hasta la defensa de Viena frente al Imperio Otomano en 1683, Polonia aparece como un actor central en la salvaguarda de la cristiandad y la estabilidad europea. Este hilo histórico se extiende al siglo XX con el Milagro del Vístula en 1920, cuando el ejército polaco detuvo la expansión del comunismo soviético hacia Occidente.
Este marco histórico refuerza la idea de que Polonia, a menudo subestimada, ha jugado un papel desproporcionado en la configuración del destino de Europa. Más que un repaso nostálgico, Sorman utiliza estos ejemplos para cimentar su argumento: Polonia, una vez más, está llamada a liderar en un momento crítico para Europa.
Donald Tusk: Un líder liberal en tiempos de incertidumbre
La figura de Donald Tusk emerge como el eje central del análisis de Sorman. Según el autor, Tusk no solo representa la restauración de la democracia en Polonia tras los años de populismo de derecha, sino también un modelo de liderazgo liberal que la Unión Europea necesita urgentemente. Su programa, resumido en el lema “¡Seguridad! ¡Europa!”, combina una economía liberal dinámica con un compromiso firme con la seguridad militar y los valores democráticos.
Polonia, bajo la dirección de Tusk, ha demostrado un compromiso ejemplar con la defensa, destinando cerca del 5% de su PIB al gasto militar, una cifra que supera con creces la de otros países europeos. Este esfuerzo no solo fortalece la seguridad frente a las amenazas rusas, sino que también responde a las críticas de Estados Unidos, que ha presionado a sus aliados europeos para aumentar sus presupuestos de defensa.
El enfoque de Tusk, sin embargo, va más allá de la seguridad militar. Sorman lo describe como un defensor de la Europa liberal frente al iliberalismo representado por figuras como Viktor Orbán en Hungría y Marine Le Pen en Francia. En este sentido, su liderazgo se presenta como una oportunidad para revitalizar el proyecto europeo, recordando los beneficios sociales, económicos y políticos que han caracterizado a la Unión.
Desafíos globales y el papel de Europa
Sorman no minimiza los retos que enfrenta Tusk en su presidencia rotatoria de la Unión Europea. Con solo seis meses de mandato, las prioridades son claras: garantizar el apoyo europeo a Ucrania frente a la agresión rusa, reafirmar el compromiso con la OTAN y consolidar los valores democráticos y liberales en un contexto de crecientes tensiones internas y externas.
En este sentido, Sorman advierte sobre el peligro del chantaje estadounidense y del imperialismo ruso, subrayando la necesidad de que Europa actúe con autonomía y determinación. La referencia a Elon Musk, a quien Sorman describe como un «delirante», introduce una dimensión contemporánea al debate, señalando cómo los actores no estatales también influyen en la dinámica global y desafían los valores europeos.
El reto de ilusionar a Europa
Sorman concluye su artículo con un llamado a la acción: Europa necesita líderes ilustrados capaces de devolver la ilusión a sus ciudadanos. La propuesta de Tusk, basada en seguridad y liberalismo, podría ser la chispa que reactive la confianza en un proyecto europeo que, según el autor, se encuentra en una encrucijada. Más allá de la seguridad y la economía, Sorman subraya la importancia de reafirmar los principios democráticos y liberales que han sido la piedra angular de la Unión Europea desde su creación.
«El momento polaco» de Guy Sorman es tanto un homenaje al papel histórico de Polonia como un análisis del liderazgo de Donald Tusk en un momento crucial para Europa. Al conectar los logros pasados de Polonia con los desafíos actuales, Sorman presenta un argumento convincente sobre la importancia de este país en la defensa de los valores europeos frente a las amenazas internas y externas. Bajo la dirección de Tusk, Polonia tiene la oportunidad de demostrar que el liderazgo liberal no solo es viable, sino necesario para el futuro de Europa. En un contexto de creciente incertidumbre global, este «momento polaco» podría marcar el comienzo de un renacimiento europeo basado en los principios de libertad, seguridad y cooperación.
Julian Assange, el fundador de WikiLeaks, ha regresado a su Australia natal como un hombre libre tras una ardua batalla legal de 14 años. Su liberación, facilitada por una generosa donación de 8 BTC, es un hito significativo no solo en la lucha por la libertad de expresión, sino también en la reafirmación de los valores fundamentales del liberalismo.
Assange y la Lucha por la Libertad de Expresión
Julian Assange se ha convertido en un símbolo de la lucha por la transparencia y la rendición de cuentas gubernamental. Su trabajo con WikiLeaks expuso más de 90.000 documentos clasificados relacionados con las guerras en Irak y Afganistán, revelando abusos y crímenes de guerra que de otro modo habrían permanecido ocultos. Esta labor periodística le valió la persecución implacable por parte de varios gobiernos, culminando en su encarcelamiento en el Reino Unido.
La libertad de Assange, lograda a través de un acuerdo de culpabilidad con el gobierno de Estados Unidos, es un testimonio del poder de la solidaridad y el apoyo global. La campaña de recaudación de fondos para su vuelo de regreso a Australia, que alcanzó su objetivo gracias a una sola donación anónima en Bitcoin, destaca el papel crucial de la cooperación voluntaria y la generosidad en la consecución de causas justas.
Liberalismo y Sentimientos Morales
El liberalismo, tal como lo concibieron pensadores como Adam Smith, se basa en principios de empatía, generosidad y compasión. En su obra «La Teoría de los Sentimientos Morales», Smith argumenta que la moralidad y la ética emergen de la capacidad humana para la empatía y el deseo de actuar en beneficio propio, que termina por ser el de los demás. La historia de Assange y su liberación subraya estos valores fundamentales.
La donación de 8 BTC que cubrió los costos del vuelo de Assange es un ejemplo concreto de cómo los individuos pueden actuar de manera desinteresada y solidaria sin la necesidad de coacción estatal. Este acto de generosidad voluntaria es una manifestación del liberalismo en su forma más pura: la cooperación para el bien común sin la intervención forzosa del gobierno.
Las Amenazas a la Libertad Individual
El caso de Assange también pone de relieve las amenazas persistentes a la libertad individual. Los gobiernos, en su afán por controlar la información y suprimir la disidencia, han utilizado la fuerza y la coerción para silenciar a quienes se atreven a desafiar el statu quo. La persecución de Assange es un claro ejemplo de cómo el poder estatal puede ser utilizado para reprimir la libertad de expresión y castigar a aquellos que buscan la verdad.
En contraste, la comunidad global que se unió para apoyar a Assange demuestra el poder de la acción colectiva y la solidaridad. Los fondos recaudados para su liberación no solo financiaron su vuelo, sino que también enviaron un mensaje poderoso sobre la importancia de la libertad de prensa y la transparencia gubernamental.
El Papel del Estado y la Apropiación de la Generosidad
En las últimas décadas, el estado ha tendido a apropiarse de actos de generosidad y solidaridad que tradicionalmente eran realizados por individuos y comunidades. Los impuestos y las regulaciones han convertido la caridad en un deber coercitivo, despojando a los actos de bondad de su naturaleza voluntaria y desinteresada. Este fenómeno ha erosionado los valores del liberalismo, reemplazando la empatía y la compasión con la obligatoriedad y el control.
La campaña de recaudación de fondos para Assange, financiada en gran parte por una donación anónima en Bitcoin, es un recordatorio de que la verdadera generosidad y solidaridad surgen de la voluntariedad, no de la coerción. La criptomoneda, en este contexto, se convierte en una herramienta de libertad, permitiendo a los individuos contribuir a causas que consideran justas sin la interferencia del estado.
La liberación de Julian Assange es un triunfo para la libertad de expresión y una reafirmación de los principios liberales. La empatía, la generosidad y la cooperación voluntaria jugaron un papel crucial en su regreso a casa, subrayando la importancia de estos valores en la lucha por la justicia y la libertad. En un mundo donde el estado casi siempre se apropia de actos de bondad, la historia de Assange nos recuerda que la verdadera solidaridad y la acción colectiva nacen del deseo genuino de ayudar a los demás, sin coerción ni control gubernamental.
