El Salvador ha dado un giro significativo en su política de adopción de Bitcoin, cediendo ante las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) para asegurar un préstamo de 1.4 mil millones de dólares, haciendo cambios claves en la Ley Bitcoin. Esta decisión marca un cambio drástico desde que el país se convirtió en el primer estado del mundo en aceptar Bitcoin como moneda de curso legal en 2021.
Contexto de la Reforma
La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele, aprobó rápidamente una reforma a la Ley Bitcoin, que ha estado vigente desde septiembre de 2021. Esta reforma fue impulsada por la necesidad de cumplir con los requisitos del FMI, que ha expresado su preocupación por los riesgos asociados con el uso de criptomonedas en la economía del país. Con 55 votos a favor y solo 2 en contra, los legisladores eliminaron la obligación para las empresas de aceptar Bitcoin, convirtiendo su uso en algo voluntario.
Cambios Clave en la Ley Bitcoin
Los cambios introducidos en la ley son significativos:
- Aceptación Voluntaria: Las empresas ya no están obligadas a aceptar Bitcoin como forma de pago, lo que representa un cambio fundamental respecto a la legislación anterior.
- Eliminación del Rol Estatal: Se suprime el papel del gobierno en la promoción y facilitación del uso de Bitcoin, lo que incluye la eliminación de referencias a la criptomoneda como moneda de curso legal.
- Limitaciones en el Uso: Las transacciones con Bitcoin ahora se limitarán a interacciones entre ciudadanos y empresas privadas, excluyendo a las instituciones públicas.
Estos cambios reflejan una respuesta directa a las preocupaciones del FMI sobre la estabilidad financiera y la integridad económica del país. El organismo internacional había advertido sobre los riesgos asociados con la volatilidad del Bitcoin y había instado al gobierno salvadoreño a reconsiderar su política.
Implicaciones Económicas
El acuerdo con el FMI no solo proporciona un alivio financiero inmediato, sino que también abre las puertas a otros préstamos y financiamiento por parte de instituciones como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Se estima que el acuerdo podría desbloquear hasta 3.5 mil millones de dólares adicionales en financiamiento para El Salvador. Sin embargo, este cambio también refleja una realidad más amplia sobre la adopción de criptomonedas en El Salvador. A pesar de ser pionero en la adopción de Bitcoin, encuestas recientes indican que aproximadamente el 92% de la población no utilizó Bitcoin para transacciones durante 2024. Esto sugiere que la aceptación y uso real de la criptomoneda han sido limitados entre los ciudadanos.
Reacciones y Futuro
La reacción a estos cambios ha sido mixta. Mientras que algunos sectores ven esto como una medida necesaria para estabilizar la economía del país, otros critican al gobierno por retroceder en su ambiciosa agenda de innovación financiera. Stacy Herbert, directora de la Oficina Nacional de Bitcoin, ha afirmado que aunque Bitcoin seguirá siendo considerado un activo legal, su uso se limitará principalmente a inversiones privadas. Además, se ha anunciado que la billetera gubernamental Chivo Wallet será “vendida” o “descontinuada”, lo que pone fin a uno de los principales mecanismos estatales para facilitar transacciones en Bitcoin.
La reforma a la Ley Bitcoin en El Salvador representa un cambio significativo en la estrategia económica del país y una clara respuesta a las presiones internacionales. Al hacer que el uso de Bitcoin sea voluntario y limitar el papel del estado, El Salvador busca equilibrar sus ambiciones innovadoras con las realidades económicas y las exigencias impuestas por el FMI. Este desarrollo plantea preguntas sobre el futuro del Bitcoin en el país y su capacidad para cumplir con sus objetivos económicos sin depender excesivamente de esta criptomoneda.
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