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Al trabajo sin más dilación..

la Constituyente

No importa quien haya ganado.  Cualquiera de los candidatos hizo su campaña, prometiendo o comprometiendo, mejores días para  la ciudadanía. Mejores días en términos de educación, salud, justicia, ética y civismo, economía y seguridad. Lo interesante es que casi no han discutido sobre cómo llevar a cabo todos estos compromisos/promesas. Y ello no deja de ser una buena noticia, porque quizás tengamos un líder escondido que esté dispuesto a que esas  promesas/compromisos se hagan realidad tomando las medidas correctas;  caminar sobre el agua, como decía Mart Laar, el estoniano que colocó al país en la senda del éxito y el progreso.  Y es  imperante que se comience ya mismo, desde hoy, porque si no se traza una línea de acción en forma inmediata dentro de los primeros 6 meses, la implementación será fagocitada por el día a día de la burocracia.

Albert Einstein sentenció un día, que pretender resultados diferentes haciendo siempre lo mismo, era el significado de la locura. Y ya todos en Panamá  experimentamos la locura y no fue agradable;  no hay logros aplaudibles en materia de educación, salud y ética y civismo. Por el contrario, mejor calidad en la educación, salud accesible para todos y baja o ausencia de corrupción han sido las promesas más repetidas desde hace años, sin  haber obtenido  cambios en los resultados  prometidos. Entonces, es hora, es la hora, de intentar algo diferente para que esta vez sí, los resultados sean diferentes. Ya no hay más tiempo. La tecnología alrededor del globo no da tregua, y si no se hace ahora, ya no es cuándo la pregunta, sino qué haremos con una generación desperdiciada  y un futuro que no aguarda.

Entonces, sólo queda intentar lo diferente, observar a los mejores y a trabajar sin más dilación. ¿Qué debe hacer la nueva Administración surgida ayer de las urnas? Ante todo, deben dar señales que el camino será el respeto a las Instituciones, esto es, que  se garantizarán los derechos individuales de cualquier persona viviendo en suelo panameño y ello va desde la garantía de una justicia efectiva, a la seguridad de transitar tranquilo por las calles y hasta la seguridad de que las cargas, regulaciones e impuestos no afectarán la propiedad de personas y empresas. Luego de las primeras señales, vienen las acciones concretas:

Reforma de la política: Afianzar la seguridad y justicia. Poner al Estado en su lugar, a cargo de las funciones de seguridad y administración de justicia, en consecuencia, limitar sus poderes y su presupuesto a las atribuciones y recursos estrictamente necesarios al cumplimiento de tales funciones.

Esto implica  combatir la inseguridad, la violencia y el crimen, como primera prioridad en la agenda estatal. Panamá no tiene hipótesis de conflicto, por lo que destinar cuantiosos recursos para prevención del terrorismo, o asuntos de cooperación internacional deberían pasar a un segundo plano cuando la inseguridad acecha los parques y paseos del país.

Fomentar, fomentar y fomentar  la práctica de los árbitros y amigables componedores para agilizar la correcta aplicación de justicia en los casos donde las personas se sienten más afectadas. Los grandes ya proponen en sus contratos la cláusula de arbitraje.

Asamblea: se debe quitar a la misma de la tarea reguladora  respecto de actividades que son privadas por naturaleza. Pertenecen al campo privado o de los particulares las relaciones sexuales, matrimoniales, familiares, laborales, comerciales, educativas, cívicas, culturales, artísticas, religiosas, médicas, científicas y técnicas, previsionales y de beneficencia, etc., y tienen que realizarse conforme la voluntad de los participantes e involucrados expresada en contratos; no de normativas dictadas por la Asamblea bajo forma de leyes especiales, ni por el Ejecutivo bajo forma de decretos, ni por la ONU, la OEA u otros organismos interestatales bajo forma de tratados o “convenios internacionales”. Todo ello implica una profunda revisión y reforma desregulatoria. Algunas de ellas serán más fáciles que otras, que seguramente no podrán hacerse ahora, pero debe dejarse el camino pavimentado para la próxima vez. Si tienes diez mil regulaciones, destruyes el respeto por la ley dijo una vez Churchill.

Se debe poner a la Asamblea  en su lugar y en su función más importante: a vigilar que el Ejecutivo no se salga de sus límites, vigilancia que se ejerce sobre todo mediante el control de su Presupuesto Fiscal, alimentado sólo de los impuestos y no de deudas. Implica además poner a los partidos políticos en su lugar: como asociaciones privadas, sin dependencia alguna con los recursos del  Estado, a fin de que puedan ser los vasos comunicantes y la voz de la ciudadanía. Así de fácil se reduce a su mínima expresión la corrupción, porque no es otra que la burocracia y la absurda regulación  la que destruye la moral de  las personas.

Reforma de la economía: Dejar que las actividades económicas las ejecuten los trabajadores, los emprendedores, y los inversionistas. Se debe sacar a los políticos, funcionarios y burócratas de su función favorita, de generar negociados y poner en planilla estatal a manzanillos y empresarios prebendarios. Para ello deben ser privatizadas (mejor dicho, regresar a su cauce natural) o concesionadas  las empresas que aún quedan en manos del estado y desreglamentadas estas actividades, para que sean sensibles a las necesidades, deseos, exigencias y preferencias de los consumidores, del lado de la demanda, y de los productores, del lado de la oferta, y así crear y distribuir la riqueza por su canal natural: el mercado. El IDAAN debe ser, guste o no, el primero en la lista; luego las participaciones estatales en empresas como la telefonía y al fin,  la eliminación total de organizaciones que sólo están para otorgar subsidios disimulados a falsos empresarios que no se animan al riesgo.

La plataforma de servicios internacionales debe ser protegida contra los embates de organizaciones extranjeras; ello se hace unificando los impuestos en todo el país, unificando  los niveles de presión impositiva que poseen las empresas multinacionales en zonas especiales , a la baja;  eliminando así la distorsión y disminuyendo la presión,  la inversión se hace aún más apetecible, sin diferencias entre locales y extranjeros o zonas dentro del mismo país.

La ley laboral del siglo pasado debe derogarse en forma inmediata. Ni los trabajos, ni las personas son los mismos de antaño ni las demandas y exigencias actuales pueden satisfacerse con este Código. Directamente debe desregularse y fomentarse la libre contratación; si ello no es posible, al menos debe derogarse la regulación sobre salario mínimo como prioridad antes que nos atrape otro año.

La actividad regulatoria esencial del estado debe realizarse bajo modernas y seguras tecnologías. La tecnología no debe usarse contra el ciudadano, sino a favor de él. Blockchain e Inteligencia Artificial deben ser utilizados para cuando la actividad privada necesita su apoyo para transaccionar a nivel internacional, no para espiar a los rivales o empresas.  Proyectos como la Factura Electrónica no deben implementarse.

Reforma de la Educación: Del lado de la demanda, es poner la educación en manos de los educadores y no del Estado, para que los niños y los padres en la enseñanza de sus hijos, puedan escoger con entera libertad el centro docente de su preferencia, con el tipo de educación, y el contenido, los planes, los programas y el sistema o método que prefieran. Con bonos y subsidios para quienes no puedan pagar. Y del lado de la oferta, que todos los maestros, profesores, docentes y capacitadores puedan competir, tanto en calidad, como en variedad y precios.

¿Y los pobres? los más pobres tienen que ser asistidos por el Estado con vouchers o cupones, para pagar por sus matrículas y gastos en las agencias y centros docentes de su elección, los cuales serán reembolsables en dinero por el Estado, a todos aquellos institutos que los usuarios hayan escogido para su educación.

Reforma de la salud: Al igual que en la educación, se trata de poner la medicina en manos de los médicos y auxiliares de la medicina, no del Estado, para que los enfermos, discapacitados y accidentados puedan escoger libremente el centro médico, hospital o clínica de su preferencia, con la atención de su elección, del lado de la demanda de servicios médicos. Y para que los médicos, enfermeras, e involucrados en la profesión médica en general puedan competir, tanto en calidad y variedad como en precio, del lado de la oferta de medicina.

Al igual que con la educación, en este caso los enfermos, discapacitados y accidentados pobres sin cobertura, deben ser asistidos por el Estado con vouchers, para pagar por sus gastos en los centros médicos de su elección, los cuales serán reembolsables por el Estado, a los institutos de salud que estos usuarios hayan escogido para sus tratamientos.

Reforma de las Jubilaciones y Pensiones: En base al mismo esquema de la educación y la salud, es poner la CSS en manos de los administradores de fondos y no del Estado, para que futuros  jubilados y pensionados puedan escoger con entera libertad la Caja o Fondo Previsional de su preferencia, con el tipo de Plan, Póliza o contrato de su elección, del lado de la demanda. Y del lado de la oferta, para que las compañías administradoras puedan competir, en calidad, variedad y precios.

En la transición, los actuales jubilados deberán ser pagados por los remanentes y seguramente, sí, impuestos especiales que deberán pagarse al efecto y cesarán una vez terminados los últimos beneficiarios del antiguo sistema. La rama de la salud deberá ser ejecutada en forma separada de acuerdo al punto anterior.

Muy probablemente, la ejecución de estas medidas  implican para el país tener que denunciar ciertos Convenios y Organismos internacionales. Está bien, tendremos que prescindir de sus consejos y “misiones técnicas”; y vivir con la responsabilidad de tomar nuestras propias decisiones, lo cual será una gran bendición para las futuras generaciones. Sólo hay que hacerlo; otra vez, como diría Churchill, No es suficiente con hacer lo mejor que podamos. A veces, debemos hacer lo que se requiere.

Nota: esta redacción fue hecha antes de conocerse los resultados electorales.

About the author

Irene Gimenez

Irene Gimenez, analista internacional. Es abogada con maestría en economía y ciencias políticas. Su especialidad es el análisis económico del derecho. También tiene especializaciones en temas financieros, tecnología y globalización. Su preferencia hoy día es analizar el impacto de los desarrollos bajo tecnología Blockchain y el impacto que ello generará en las próximas décadas.

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