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Categoría: Marcos Regulatorios

  • Mejor USA que rusa

    Hoy leo a Judson Berger quien pregunta: “Quién le dirá a la administración Biden que la extracción petrolífera de Venezuela es tan dañina para el medio como la extraída en Texas”. Lo cual, aunque cierto en cierto grado, sí que hay una diferencia; no sólo en la calidad del crudo sino en las normas ambientales de su explotación y uso. Y ni hablar que al comprarle el petróleo de la élite rusa (a Putin) o a Maduro se está colaborando con criminales y fregando a toda la población estadounidense; junto al resto del planeta, incluyendo a Panamá.

    Precisamente en todo ello vemos la perversidad de la politiquería que en búsqueda de intereses mezquinos está dispuesta a causar inmensos daños a la población. Tal es el caso que vemos en Panamá, en dónde ayer sale en La Prensa algo que publiqué hace años en mi libro, Educación ¿particular o gubernamental?, como también en varios ensayos que abordan el tema de la educación centralizada en contraposición a la descentralizada o privada.

    El problema con el rechazo visceral a la “privada” es: ¿privada de qué? Pues, privada de la corruptela de politicastros y gremios magisteriales de funcionarios del estado que tienen secuestrada a toda la población.

    Y, aunque pareciera que me desvié del tema del petróleo, en realidad no es así, ya que si ponemos atención veremos que tanto el tema energético como el educativo, junto con tantos más, se ven afectados por bajos instintos que ni siquiera son ideológicos sino inmorales. Bueno, la verdad es que ideologías como la del socialismo no sólo son empobrecedoras sino inmorales.

    El otro aspecto del desvío que produjo el gobierno Biden con lo de los combustibles fósiles, es que desconoce y se aprovecha de la ignorancia popular en torno a las realidades de la industria en general. Cerrar la producción petrolífera, alegando la protección del ambiente, es fácil. Lo que no es nada fácil es, una vez que te das cuenta del error, lo difícil que resultará, por muchas razones, volver con la producción.

    Por un lado, los inversionistas habrán quedado espantados. Imagínense la inversión que fue afectada en la suspensión del oleoducto Keystone XL. Y ni hablar las 10,000 plazas de trabajadores especializados que tuvieron que emigrar; los cuales no vuelven así no más.

    Lo triste es que los burrócratas no entienden y no toman en cuenta o no les importa lo difícil y arriesgado de invertir en una exploración petrolífera y luego en la operación; particularmente cuando constantemente deben luchar contra el mar de normas que supuestamente les imponen para cuidar el medio; muchas de las cuales son puro tilín-tilín y poca paleta. Y tengan presente que no sólo es Keystone XL, sino toda la industria desde México hasta Alaska y, de paso, Canadá; mientras, a todo ello, ahora pretenden ayudar a Maduro y otras dictaduras.

    En resumen, mientras que tantos gobiernos sigan secuestrados por oligarquías corruptas, y mientras que la población mal educada en los NODUCA del mundo sigan votando por los más ladinos, la cacareada “brecha” entre ricos y pobres no mejorará lo que bien puede y debe.

  • Los neoyorquinos con condenas por marihuana obtendrán las primeras licencias minoristas.

    El pasado jueves, la gobernadora de New York Kathy Hochul y la Junta de Control de Cannabis anunciaron la medida propuesta como parte de la Iniciativa de oportunidad de siembra, que permitiría que las personas con delitos anteriores sean los primeros en vender marihuana cultivada por agricultores de Nueva York, entre otras disposiciones.

    La política aún enfrenta un período de comentario público, pero los funcionarios estatales creen que las primeras licencias se emitirán para el otoño. La junta de cannabis también aprobó licencias para que los agricultores de Nueva York se conviertan en los primeros proveedores de los nuevos puntos de venta. «Las regulaciones presentadas hoy por la Junta de Control del Cannabis darán prioridad a los agricultores y empresarios locales, creando empleos y oportunidades para las comunidades que han quedado excluidas y rezagadas», dijo Hochul.

    La política es parte de un impulso concertado para evitar los escollos de diversidad de legalización de otros Estados al tiempo que garantiza que el incipiente mercado legalizado incluya personas desproporcionadamente afectadas por la prohibición del cannabis. Las personas con condenas relacionadas con la marihuana se beneficiarán de las primeras 100 a 200 licencias minoristas de cannabis otorgadas por el estado en un esfuerzo por corregir estas desigualdades.

    Algunas licencias se destinarán a organizaciones sin fines de lucro o empresas que tengan un líder vinculado a una condena por marihuana. También se dará prioridad a las personas con un padre, tutor legal, hijo o cónyuge condenado por un delito relacionado con la marihuana.

    Las condenas deben haber ocurrido antes del 31 de marzo de 2021, cuando el exgobernador Andrew Cuomo firmó el proyecto de ley de legalización del estado.

    Los estados donde la marihuana es legal han intentado cada vez más en los últimos años garantizar que haya un lugar en el mercado para las personas que fueron procesadas por una droga ahora permitida. Pero los esfuerzos han sido lentos en muchos estados.

    Nueva York es el estado más grande de EE. UU. después de California en legalizar la marihuana para adultos mayores de 21 años. Otros dieciséis Estados han legalizado la marihuana recreativa, todo en desafío a la ley federal, que aún prohíbe el uso de marihuana.

    El plan de licencias sigue otras iniciativas de Nueva York, como un fondo propuesto de subvenciones y préstamos para empresas emergentes de $200 millones para empresarios de marihuana que son mujeres o minorías, agricultores en apuros, veteranos discapacitados y personas de comunidades que soportaron una fuerte vigilancia policial.

    Nueva York tiene como objetivo proporcionar el 50% de las licencias a dichos solicitantes. “Es realmente alentador ver que Nueva York está tomando las lecciones aprendidas de otros estados”, dijo Melissa Moore, otra líder de la Drug Policy Alliance.

    Las reglamentaciones de Nueva York también establecerán reglas para otros solicitantes de licencias minoristas. Los solicitantes individuales deben demostrar su presencia en Nueva York y que tienen al menos un 10% de participación en la propiedad de una empresa que generó ganancias netas durante dos años.

    La administración de Hochul, ha prometido crear la industria de la marihuana «más diversa e inclusiva» de la nación y brindar oportunidades a las personas que soportaron la peor parte de la guerra estadounidense contra las drogas que duró décadas.

  • Se filtró la orden ejecutiva de Biden sobre criptomonedas: 6 puntos claves

    Se filtró la orden ejecutiva de Biden sobre criptomonedas: 6 puntos claves

    La esperada orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos Joe Biden se publicará hoy, pero el medio The Block la filtró antes. Además, se publicaron antes de tiempo los comentarios de Yellen sobre la misma en la web de la institución. Allí ella hablaba sobre su reacción a la orden ejecutiva del presidente Joe Biden y detalles de lo que será su política en relación a las criptomonedas. A la vez, un medio filtró el presunto documento original de la orden.

    El comunicado de Yellen, publicado en el sitio web del Departamento del Tesoro ayer por la noche, destaca que la orden ejecutiva de criptomonedas de la administración de Biden logra el equilibrio adecuado entre alentar la innovación responsable y abordar los riesgos potenciales para los consumidores y el sistema financiero en general.

    La declaración, que tenía como fecha el 9 de marzo (ayer), ha sido eliminada de la web. Un portavoz del Tesoro se negó a hacer más comentarios, contó Fortune.

    Ayer en la mañana los medios, entre ellos DiarioBitcoin, informaron que esta semana la administración planeaba hacer pública esta orden, luego de los llamados de la industria para que la Casa Blanca asumiera un papel de liderazgo en el establecimiento de políticas para activos digitales. La orden es el primer intento de coordinar la estrategia del gobierno.

    Declaración de Yellen sobre la orden

    Según la declaración de Yellen, la orden abordará los beneficios sustanciales que podría traer la innovación, al tiempo que tratará sobre los riesgos relacionados con las finanzas ilícitas, protegerá a los consumidores e inversores y evitará las amenazas al sistema financiero y la economía en general.

    El Tesoro se asociará con otras agencias para compilar un informe sobre el futuro del dinero y los sistemas de pago, según el comunicado. El departamento también convocará al Consejo de Supervisión de Estabilidad Financiera para examinar los riesgos potenciales para la estabilidad financiera y evaluar si existen las salvaguardas necesarias. También trabajará con socios internacionales “para promover estándares sólidos y condiciones equitativas”.

    Yellen dijo que los esfuerzos del departamento en virtud de la orden ejecutiva complementarían el trabajo que ya se ha realizado, incluido el informe que el Grupo de Trabajo del Presidente sobre Mercados Financieros publicó el año pasado sobre las monedas estables.

    “A medida que asumimos este importante trabajo, nos guiarán grupos de protección de consumidores e inversores, participantes del mercado y otros expertos destacados”, dijo Yellen en la declaración eliminada. “El Tesoro trabajará para promover un sistema financiero más justo, más inclusivo y más eficiente, mientras se basa en nuestro trabajo continuo para contrarrestar las finanzas ilícitas y prevenir riesgos para la estabilidad financiera y la seguridad nacional”.

    Dice Fortune que si bien la orden ejecutiva coloca a la Casa Blanca en el centro de la criptopolítica, no está claro cuánto progreso se puede lograr dadas las elecciones de mitad de período que se avecinan en noviembre y la posibilidad de que los demócratas pierdan el control del Congreso. Aunque los republicanos han reconocido la necesidad de una regulación, a menudo han abogado por un enfoque menos estricto que sus contrapartes demócratas.

    La orden de Biden fue filtrada

    Por su parte, el medio The Block publicó antes de tiempo -el documento tiene marca de embargo que debe ser respetada por los medios- la presunta orden ejecutiva del presidente Joe Biden sobre cripto que se lanzaría, según dice el documento, ayer en la tarde.

    The Block indica que obtuvo una hoja informativa que describe los puntos clave de la orden, que se describe como el “primer enfoque de todo el gobierno” para supervisar el sector en los EE. UU.

    La hoja informativa define la orden como “que describe el primer enfoque de todo el gobierno para abordar los riesgos y aprovechar los beneficios potenciales de los activos digitales y su tecnología subyacente”.

    La orden, según resume el medio, es bastante benigna en relación a las criptomonedas.

    La orden ejecutiva del presidente Biden, como tal, aún no ha sido publicada en el Registro Federal, sin embargo, la propia Casa Blanca ratificó la noticia. Incluye la exploración de una CBDC estadounidense.

    Según el comunicado, la orden ejecutiva “describe la primera estrategia de todo el gobierno para proteger a los consumidores, la estabilidad financiera, la seguridad nacional y abordar los riesgos climáticos”.

    Liderazgo estadounidense

    La Orden comienza diciendo que “los activos digitales, incluidas las criptomonedas, han experimentado un crecimiento explosivo en los últimos años, superando una capitalización de mercado de USD $ 3 billones en noviembre pasado y de USD $ 14 mil millones solo cinco años antes. Las encuestas sugieren que alrededor del 16 por ciento de los estadounidenses adultos, aproximadamente 40 millones de personas, han invertido, intercambiado o usado criptomonedas. Más de 100 países están explorando o probando las Monedas Digitales del Banco Central (CBDC), una forma digital de la moneda soberana de un país”.

    Asimismo, añade que: “El aumento de los activos digitales crea una oportunidad para reforzar el liderazgo estadounidense en el sistema financiero global y en la frontera tecnológica, pero también tiene implicaciones sustanciales para la protección del consumidor, la estabilidad financiera, la seguridad nacional y el riesgo climático. Estados Unidos debe mantener el liderazgo tecnológico en este espacio de rápido crecimiento, apoyando la innovación y mitigando los riesgos para los consumidores, las empresas, el sistema financiero en general y el clima. Y debe desempeñar un papel de liderazgo en el compromiso internacional y la gobernanza global de los activos digitales en consonancia con los valores democráticos y la competitividad global de EE. UU.”.

    Además, destaca que ante ese panorama, “el presidente Biden firmará hoy una Orden Ejecutiva que describe el primer enfoque de todo el gobierno para abordar los riesgos y aprovechar los beneficios potenciales de los activos digitales y su tecnología subyacente”.

    6 prioridades del gobierno

    La Casa Blanca informa que la Orden “establece una política nacional para los activos digitales en seis prioridades clave: protección de consumidores e inversores; estabilidad financiera; financiación ilícita; liderazgo de EE. UU. en el sistema financiero global y competitividad económica; Inclusión financiera; e innovación responsable“.

    Específicamente, la Orden Ejecutiva exige medidas para que:

    — Proteja a los consumidores, inversionistas y empresas de EE. UU.
    Al “ordenar al Departamento del Tesoro y a otras agencias asociadas que evalúen y desarrollen recomendaciones de políticas para abordar las implicaciones del creciente sector de activos digitales y los cambios en los mercados financieros para consumidores, inversionistas, empresas y economía con crecimiento equitativa. La Orden también alienta a los reguladores a garantizar una supervisión suficiente y salvaguardar contra los riesgos financieros sistémicos que plantean los activos digitales”.

    — Proteger la estabilidad financiera mundial y de EE. UU.
    Además, “mitigar el riesgo sistémico al alentar al Consejo de Supervisión de la Estabilidad Financiera a identificar y mitigar los riesgos financieros (es decir, sistémicos) de toda la economía que plantean los activos digitales y desarrollar recomendaciones de políticas adecuadas para abordar cualquier brecha regulatoria”.

    — Mitigar los riesgos de finanzas ilícitas y seguridad nacional
    También, busca mitigar los riesgos que plantea el uso ilícito de activos digitales “dirigiendo un enfoque sin precedentes de acción coordinada entre todas las agencias gubernamentales de EE. UU. relevantes para mitigar estos riesgos. También ordena a las agencias que trabajen con nuestros aliados y socios para garantizar que los marcos, las capacidades y las asociaciones internacionales estén alineados y respondan a los riesgos”.

    — Promover el liderazgo de EE. UU. en tecnología y competitividad económica
    Además, el documento pide “Reforzar el liderazgo de Estados Unidos en el sistema financiero global al ordenar al Departamento de Comercio que trabaje en todo el gobierno para establecer un marco para impulsar la competitividad y el liderazgo del país y aprovechar las tecnologías de activos digitales. Este marco servirá como base para las agencias e integrará esto como una prioridad en su política, investigación y desarrollo, y enfoques operativos para los activos digitales”.

    — Promover el acceso equitativo a servicios financieros seguros y asequibles
    El gobierno afirma la necesidad crítica de servicios financieros seguros, asequibles y accesibles como un interés nacional de los EE. UU. “que debe informar nuestro enfoque de la innovación de activos digitales, incluido el riesgo de impacto dispar. Dicho acceso seguro es especialmente importante para las comunidades que durante mucho tiempo han tenido un acceso insuficiente a los servicios financieros.

    Asimismo, dice que “la Secretaría del Tesoro, en colaboración con todas las agencias pertinentes, producirá un informe sobre el futuro del dinero y los sistemas de pago, que incluirá implicaciones para el crecimiento económico, el crecimiento financiero y la inclusión, la seguridad nacional y la medida en que la innovación tecnológica puede influir en el futuro”.

    —Apoyar los avances tecnológicos
    También, el gobierno quiere “garantizar el desarrollo y uso responsables de los activos digitales al ordenar al gobierno de los EE. UU. que tome medidas concretas para estudiar y respaldar los avances tecnológicos en el desarrollo, el diseño y la implementación responsables de los sistemas de activos digitales al tiempo que prioriza la privacidad, la seguridad, la lucha contra la explotación ilícita, y reducir los impactos climáticos negativos”.

    CBDC de Estados Unidos

    El último de los puntos de la Orden es explorar una moneda digital del banco central de los EE. UU. (CBDC) poniendo urgencia en la investigación y el desarrollo de una posible CBDC de los Estados Unidos, en caso de que la emisión se considere de interés nacional.

    “La Orden pide al gobierno de los EE. UU. que evalúe la infraestructura tecnológica y las necesidades de capacidad para una posible CBDC de los EE. UU. de una manera que proteja los intereses de los estadounidenses. La Orden también alienta a la Reserva Federal a continuar con sus esfuerzos de investigación, desarrollo y evaluación para una CBDC de EE. UU., incluido el desarrollo de un plan para una acción más amplia del gobierno en apoyo de su trabajo”. Añade:

    Este esfuerzo prioriza la participación de Estados Unidos en la experimentación de varios países y garantiza el liderazgo del país a nivel internacional para promover el desarrollo de CBDC que sea consistente con las prioridades y los valores democráticos de los EE. UU”

    Finalmente, informa que la Administración “continuará trabajando entre agencias y con el Congreso para establecer políticas que protejan contra los riesgos y guíen la innovación responsable, con nuestros aliados y socios para desarrollar capacidades internacionales alineadas que respondan a los riesgos de seguridad nacional, y con el sector privado para estudiar y apoyar los avances tecnológicos. en activos digitales”.

  • El gobierno de Ucrania pide donaciones en criptomonedas para financiarse.

    Las donaciones en criptomonedas como bitcoin y ethereum están llegando a Ucrania a medida que la invasión rusa entra en su segunda semana. La capacidad de crypto para evitar la burocracia es la mejor manera de brindar un servicio inmediato a una población vulnerable, afirman los expertos.

    Se esperaba que la criptomoneda fuera una variable clave en el conflicto, tanto como un vehículo potencial para que Rusia evadiera las sanciones, como una herramienta para que los partidarios financiaran a Ucrania. Pero en los días posteriores a la invasión, la aceptación de las criptomonedas por parte del gobierno ucraniano se ha vuelto más abierta.

    Desde que Moscú irrumpiera el 24 de febrero, más de 102 000 donaciones de criptoactivos, por un total de USD 54,7 millones, se destinaron al gobierno ucraniano y Come Back Alive, una ONG que brinda apoyo al ejército, según nuevos datos de la firma de análisis de blockchain Elliptic.


    Aceptar donaciones en criptografía es nuevo para el gobierno ucraniano. Hasta el sábado, todas las donaciones debían viajar a través de los canales de pago tradicionales, pero el 26 de febrero, el gobierno decidió cambiar su estrategia. Las criptomonedas como bitcoin se han vuelto más populares ya que permiten a los usuarios eludir las instituciones financieras que podrían bloquear los pagos a Ucrania.

    Las cuentas de Twitter pertenecientes al gobierno ucraniano comenzaron a solicitar donaciones de criptoactivos por primera vez. La medida se produjo después de que el Banco Central del país tomara medidas enérgicas contra las transferencias de dinero digital en relación con una declaración nacional de ley marcial.

    Las donaciones han aumentado esta semana, con alrededor de USD 72,000 en los últimos dos días. Hasta el momento, las contribuciones consisten en USD 18,2 millones en ether, USD 17,2 millones en bitcoin y USD 9,5 millones en una combinación de monedas estables vinculadas al dólar estadounidense, entre otras, incluida una donación anónima de USD 1 millón en tether, un token controvertido diseñado para vincularse al dólar estadounidense.

    Algunas de las donaciones en criptomonedas ya se han convertido a moneda tradicional, principalmente euros, según kuna.io, un intercambiador de criptomonedas con sede en Kiev que ayudó al gobierno a configurar y administrar sus billeteras de criptomonedas para donaciones. Posteriormente, el dinero se ha utilizado para comprar suministros críticos como drones, chalecos antibalas, gafas sensibles al calor y gasolina, tanto de actores estatales como del sector privado.

    Las donaciones de tokens no fungibles, o NFT, también han aumentado. Se envió un NFT de CryptoPunk con un valor de más de $200,000 a la cuenta ethereum del gobierno ucraniano, y Elliptic dice que una sola transacción con un valor de $1.86 millones parece provenir de la venta de NFT originalmente destinados a recaudar fondos para el fundador de Wikileaks, Julian Assange.

    Mientras tanto, UkraineDAO ha subastado un NFT de la bandera ucraniana por 6,5 millones de dólares en ether, lo que lo convierte en uno de los NFT más caros jamás vendidos. Elliptic dice que las ganancias se donarán a Come Back Alive.

    “Blockchain nos permite escalar nuestros esfuerzos de una manera que antes no era posible para nosotros”, dijo Nadya Tolokonnikova, portavoz de UkraineDAO, en una entrevista a The New York Times. “Las viejas formas de recaudar dinero a veces son realmente lentas y torpes”.

  • ‘Neuroderechos’: ¿Qué sucede cuando la tecnología aprende a leer nuestra mente?

    La promesa de la neurotecnología de mejorar la vida está creciendo. Esto causa preocupación de que estos adelantos tecnológicos pueda usarse para registrar los datos mentales de las personas, así como para modificarlos, por lo que, ¿necesitamos un nuevo conjunto de derechos para proteger la integridad de nuestras mentes?

    El concepto relativamente incipiente de «neuroderechos», que pretende salvaguardar los «neurodatos» de las personas y establecer límites sobre cómo se pueden analizar y modificar los contenidos del cerebro, sigue una serie de innovaciones médicas recientes, en particular la tecnología de interfaz cerebro-computadora (BCI), que tiene el potencial de revolucionar el campo de la neurociencia.

    La terapia basada en BCI puede ser útil para la rehabilitación motora posterior al accidente cerebrovascular y puede ser un método potencial para la detección y el tratamiento precisos de enfermedades neurológicas como el Alzheimer. Los defensores afirman que, por lo tanto, existe un imperativo moral para usar la tecnología, dados los beneficios que podría traer.

    En esta línea, la empresa Synchron, se convirtió en la primera empresa del mundo, por delante de competidores como Neuralink de Elon Musk, en obtener la aprobación de la Administración de Drogas y Alimentos de los EE. UU. (FDA) para realizar ensayos clínicos de interfaces cerebro-computadora (BCI) en humanos, introduciendo con éxito electrodos en el cerebro de pacientes paralizados a través de sus vasos sanguíneos. Los electrodos registran la actividad cerebral y transmiten los datos de forma inalámbrica a una computadora, donde se interpretan y utilizan como un conjunto de comandos, lo que permite a los pacientes enviar correos electrónicos y mensajes de texto.

    Pero, ¿qué sucedería si tales capacidades pasaran de la medicina a un mundo comercial no regulado? Es un escenario distópico que podría conducir a un deterioro progresivo e implacable de nuestra capacidad para controlar nuestros propios cerebros, pudiendo conducir a excesos corporativos y estatales, incluida la vigilancia policial discriminatoria y las violaciones de la privacidad, dejando nuestras mentes tan vulnerables a la vigilancia como nuestras comunicaciones.

    Incluso la neurociencia ha abierto la posibilidad de diseñar humanos híbridos con habilidades cognitivas mejoradas artificialmente, con el riesgo de alterar los pensamientos de las personas, empleando algoritmos a través de Internet para reprogramar su cableado, para dictar sus intereses, preferencias o patrones de consumo.

    Y si bien es una progresión que sigue siendo hipotética, no es impensable. En algunos países, los gobiernos ya se están moviendo para proteger a los humanos de esta posibilidad.

    Sin ir más lejos, en el conteniente latinoamericano, los legisladores chilenos aprobaron en octubre del año pasado, una ley que establece los derechos a la identidad personal, el derecho a la privacidad mental, el libre albedrío de pensamiento, el acceso equitativo a las tecnologías que aumentan las capacidades humanas y la protección contra la discriminación. Convirtiéndose en el primer país del mundo en legislar sobre neurotecnología que puede manipular la mente.

    Este proyecto de ley, podría ser la base de futuras legislaciones en materia de derechos humanos en otros países ante los avances tecnológicos aplicados a la mente y el cerebro.

    Durante los debates previos a la votación, el senador Guido Girardi, uno de los más acérrimos promotores de la ley, dijo que su objetivo es proteger «la última frontera» del ser humano: la psique humana. «Estamos felices de que este sea el comienzo de una evaluación global sobre cómo se debe usar la tecnología para el bien de la humanidad», dijo Girardi en Twitter.

    La Cámara de Diputados dijo en un comunicado que “la ley de Chile establece que el desarrollo científico y tecnológico debe estar al servicio de las personas y que se realizará con respeto a la vida y a la integridad física y psíquica”.

  • ¿Podría ser la jornada laboral de cuatro días pronto una realidad?

    Una jornada laboral de cuatro días a la semana puede parecer el sueño de muchos empleados, pero, a medida que se pone en marcha una nueva prueba del concepto con la participación de 30 empresas del Reino Unido, podría convertirse en una realidad antes de lo esperado. El ensayo se realizará junto con pruebas similares en Irlanda, EE. UU., España, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

    Este proyecto es parte de un estudio internacional sobre cómo el trabajo flexible puede mejorar la productividad. La prueba, que comenzará en junio de 2022, está siendo coordinada por 4 Day Week Global en asociación con el grupo de expertos británico Autonomy, 4 Day Week Campaign e investigadores de la Universidad de Cambridge, Boston College y la Universidad de Oxford.

    Pasar menos tiempo en el trabajo, o perder menos tiempo en la oficina y trabajar de manera más efectiva, es obviamente un atractivo. La pandemia ha cambiado nuestras percepciones sobre la noción de equilibrio entre el trabajo y la vida personal ligado al hecho de muchas veces tener que realizar jornadas de teletrabajo desde el hogar. Reducir la semana laboral al mínimo y garantizar la máxima «productividad» (en realidad, una medida de nuestra producción económica por hora) es de interés para todos.

    Bélgica se convirtió recientemente en el último país en anunciar una reforma laboral que incluye la posibilidad de reducir la jornada a cuatro días, aunque no se reducen las horas laborales totales. Si alguien trabaja una semana de 40 horas, por ejemplo, tiene la opción de trabajar cuatro días de 10 horas, obtener un día libre adicional o trabajar los cinco días normales.

    Pero esta no es una idea nueva. Microsoft comenzó a usar la semana de cuatro días en Japón en 2019, los experimentos con empresas estadounidenses han estado en curso en los EE. UU. desde los años 90. A principios de este mes, el «Hotel Landmark» en Londres anunció que estaba ofreciendo una semana de cuatro días, con un salario más alto a sus chefs.

    Para las empresas, la mejora real es indirecta. La evidencia anecdótica apunta a una reducción en el número de días libres por enfermedad, o empleados que van alegando “agotamiento”, y las tasas de retención del personal tienden a ser más altas a medida que los trabajadores mencionan menos estrés mental.

    Las encuestas al personal muestran que el 90% de los empleados pueden hacer frente a la misma carga de trabajo en un día menos, mientras que el número de personas que dicen estar estresadas en el trabajo se ha reducido del 43% al 24%. La productividad es un claro beneficiario. En el caso de Microsoft, descubrió que la productividad aumentó en un 40%.

    Más allá del aumento de la productividad, hay otros beneficios como la reducción de las emisiones de CO2, gracias a menos desplazamientos y menos consumo de energía, y algo que es más difícil de medir: el propósito de una empresa cada vez más centrado en la salud y el bienestar de sus empleados.

    Sin embargo, en última instancia, los empleadores deben considerar qué es lo correcto para su negocio. Implementar una semana laboral de cuatro días en algunos sectores, en particular los de fabricación, o los que ya operan en patrones de turno, podría ser un desafío, o las organizaciones con trabajadores que realizan una amplia gama de funciones les podría resultar más difícil cambiar su negocio a una semana más corta.

    Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el exceso de trabajo genera pérdidas de hasta el 3% del PIB. “Hace 100 años pasamos de trabajar seis días a la semana a cinco”, recordó la organización antes de enfatizar que no se debe perder el tiempo en esa discusión: “Ya llegamos tarde para una actualización”.

    El plan piloto del Reino Unido es un buen intento para visualizar ese futuro. Todavía se desconoce si una semana laboral de cuatro días se convertirá o no en la norma para la mayoría de las empresas. Mientras tanto, esperaremos con interés los resultados de los ensayos.

  • El cannabis ha agregado a la economía de Canadá $ 43.5 mil millones desde su legalización.

    Legalizado hace solo tres años, el mercado del cannabis ya hace una contribución económica considerable a Canadá, estima la firma Deloitte en un informe publicado este lunes.

    El informe ofrece una ventana a cómo la industria canadiense del cannabis ha impactado las finanzas del país en los últimos años y, en última instancia, concluye que el sector «ya es una fuente importante de crecimiento económico».

    El cannabis ha impulsado el producto interno bruto de Canadá en $43,500 millones, incluidos $13,300 millones en Ontario desde que se legalizó la marihuana recreativa en octubre de 2018, según la investigación.

    El estudio, publicado junto con el distribuidor provincial de marihuana, Ontario Cannabis Store, dice que por cada dólar en ingresos o gastos de capital, la industria agrega alrededor de $1,09 al PIB de Canadá y $1,02 al de Ontario. En tres años, el sector ha generado ventas de $ 8.700 millones y realizado gastos de capital por valor de $ 22.900 millones.

    El análisis arrojó además que, alrededor de $ 25,2 mil millones de esa contribución provienen de los ingresos laborales y con sus actividades económicas directas e indirectas, la industria del cannabis ha generado 151,000 empleos. Por cada millón de dólares en ingresos o gastos de capital, el sector del cannabis mantiene alrededor de cuatro puestos de trabajo en Canadá y Ontario uno. En dicha provincia, la más poblada y el motor económico del país, el cannabis han creado 48.000 empleos. “En el espacio de tres años, el sector del cannabis canadiense se ha arraigado y emergido como un nuevo motor de crecimiento económico, creando y manteniendo decenas de miles de puestos de trabajo en muchas comunidades de todo el país”, encontró el estudio.


    Fuente: Deloitte

    La investigación también estima que la industria ha generado $15,100 millones en ingresos fiscales canadienses y $3,000 millones para Ontario. Solo las compras de los consumidores generaron $ 2.9 mil millones en impuestos sobre las ventas y el consumo. «El sector también realizó importantes gastos de capital ya que las empresas invirtieron en bienes raíces, infraestructura y tecnología para iniciar operaciones o seguir creciendo», consigna el informe.

    «En el lapso de tres años, el sector del cannabis canadiense encontró su equilibrio y emergió como una nueva fuente próspera de crecimiento económico, creando y apoyando decenas de miles de puestos de trabajo en comunidades de todo el país», dice el informe. «A medida que el sector crece y madura, logrando el retorno de sus importantes inversiones de capital hasta la fecha, debemos esperar que tenga un impacto cada vez más fuerte y positivo en las economías nacionales y provinciales».

    Deloitte define las contribuciones económicas indirectas por la actividad generada en otros sectores, como la construcción y la fabricación, como resultado de la industria del cannabis, mientras que las contribuciones económicas inducidas se definen como el gasto del consumidor derivado de los salarios obtenidos de los trabajos relacionados con el cannabis. «Nuestra esperanza con este informe es que la gente se dé cuenta de que la industria ha hecho mucho más que simplemente proporcionar (a los productores autorizados) $4 mil millones de acceso minorista», dijo Rishi Malkani, socio de Deloitte que dirige la práctica canadiense de cannabis de la consultora. «Ha llenado las arcas del gobierno y ha sido una bendición para la industria de la construcción».

  • Educación estatal, la vaca sagrada de nuestro tiempo

    No resulta posible enseñar libertad sobre la base de la compulsión. Entonces no solo no tienen sentido los llamados ministerios de educación y de cultura, sino que la educación estatal resulta un contrasentido igual que literatura estatal, periodismo estatal, arte estatal y demás dislates. Y no digo «educación pública» puesto que se trata de un disfraz ya que la educación privada es también para el público.

    Hay justificadas quejas por la politización y el consiguiente adoctrinamiento en instituciones de enseñanza y, sin embargo, se acepta que los aparatos estatales impongan criterios curriculares en esos centros, sean estatales o privados, que en este último caso están privados de independencia.

    La característica medular de la educación estriba en un proceso de prueba y error en un contexto evolutivo. Nadie debiera tener la facultad de imponer estructuras curriculares puesto que de ese modo se cierran las puertas y ventanas de un sistema que requiere el máximo oxígeno en un proceso competitivo en el que se establecen auditorías cruzadas para lograr los mayores niveles de excelencia. Uno de los pilares de cualquier educación que se precie de tal consiste en fomentar el pensamiento independiente y en la capacidad de cuestionar el statu quo y despejar telarañas mentales, lo cual pretendemos hacer en esta nota periodística. Los aparatos de la fuerza debieran ser ajenos a la educación. No resulta posible enseñar libertad sobre la base de la compulsión.

    Entonces no solo no tienen sentido los llamados ministerios de educación y de cultura, sino que la educación estatal resulta un contrasentido igual que literatura estatal, periodismo estatal, arte estatal y demás dislates. Y no digo «educación pública» puesto que se trata de un disfraz ya que la educación privada es también para el público.

    No se trata de sostener en modo alguno que en las instituciones estatales no hay excelentes profesores y profesoras. Por otra parte, no sería consistente con mi propia trayectoria fuera de ámbitos universitarios privados si pensara que toda la enseñanza estatal es deficiente ya que también me he desempeñado en universidades estatales. No se trata de refutar el hecho de lo mucho y bueno aprendido en entidades gubernamentales de enseñanza merced a las esforzadas y meritorias tareas de maestras y maestros. Salvando las distancias, tampoco es el caso de discutir en nuestro medio la faena formidable de Sarmiento en un territorio virgen, aun con las críticas por haber desplazado la enseñanza privada debido a la «gratuidad» de su propuesta (recordemos al pasar que nada es gratis).

    A esta altura de los acontecimientos, se trata de revisar el fondo del asunto y no para circunscribirlo al caso argentino, sino para formular un análisis global que cabe a todas las instituciones estatales de educación en todas las latitudes. No es un asunto de mala voluntad, sino de independencia y de incentivos puesto que no es lo mismo cuando uno paga las cuentas que cuando fuerza a otros a pagarlas.

    Las acreditaciones, en los casos en que se requieren, serían realizadas, tal como sucedía originalmente, a través de academias e instituciones privadas que, en el proceso, además, sirven también de auditorías cruzadas y en competencia por la calidad de los programas.

    Por otra parte, es menester contemplar las características únicas de cada uno de los que aplican para la educación formal, que incluso lo son de un modo multidimensional en la misma persona, por lo que se requiere un proceso dinámico y cambiante.

    Debe comprenderse que todos pagamos impuestos, especialmente los más pobres, que pueden no haber visto nunca un formulario fiscal. Esto es así porque aquellos que son contribuyentes de jure reducen sus inversiones, lo cual, a su turno, disminuye salarios e ingresos en términos reales, una secuencia que tiene lugar debido a que las tasas de capitalización constituyen la única explicación por la que se eleva el nivel de vida.

    Más aún, si tomamos en cuenta el concepto de utilidad marginal resulta claro que una unidad monetaria –a pesar de que no son posibles las comparaciones intersubjetivas de utilidad ni tampoco pueden referirse a números cardinales– en general no es lo mismo para una persona pobre que para una persona rica. En el primer caso, manteniendo los demás factores constantes, el efecto negativo del tributo será mayor, lo cual hace que el impacto impositivo recaiga en definitiva con mayor peso en los más pobres como consecuencia de la antedicha contracción en las inversiones.

    Desde otra perspectiva, los costos por estudiante en las entidades estatales de educación son habitualmente más elevados que en instituciones privadas, por la misma razón que opera «la tragedia de los comunes» en cuanto a incentivos que hacen que las mal llamadas «empresas estatales» sean ineficientes. Por ende, debieran venderse las instituciones estatales de enseñanza, por ejemplo, a los mismos encargados de los respectivos claustros con todas las facilidades del caso. Y en la transición, para financiar a los que no cuentan con ingresos suficientes, pero tienen condiciones para aplicar a las ofertas educativas existentes, se ha sugerido el sistema de vouchers en repetidas ocasiones. Este sistema exhibe un non sequitr: esto significa que de la premisa de que otras personas debieran ser forzadas a financiar la educación de terceros no se sigue que deban existir instituciones estatales de educación, ya que el voucher (subsidios a la demanda) permite que el candidato en cuestión elija la entidad privada que prefiera.

    Se ha dicho repetidamente que la educación es un bien público, pero esta afirmación no resiste un análisis técnico ya que no calza en los principios de no rivalidad y no exclusión propios de los bienes públicos.

    También se ha dicho una y otra vez que la educación estatal debe incorporarse porque le da sustento a la idea de la «igualdad de oportunidades». Esta figura, prima facie parece atractiva pero es del todo incompatible y mutuamente excluyente con la igualdad ante la ley. El liberalismo y la sociedad abierta promueven que la gente disponga de mayores oportunidades, no iguales, debido a que las personas son distintas. La igualdad es ante la ley, no mediante ella.

    Se argumenta que los niños debieran contar con un minimum de enseñanza tal como el aprendizaje de la lectura y la escritura, pero si los padres de familia consideran que eso es importante, es eso a lo que se le otorgará prioridad tal como ha ocurrido a través de la historia por medio de pagos directos o por medio de becas. Es muy cierto que la educación es fundamental, pero más importante aún es el estar bien alimentado y ninguna persona de sentido común, a esta altura, propondrá que la producción de alimentos esté en manos del Estado, porque la hambruna es segura.

    Si prestamos atención a los escritos de historiadores, comprobaremos que, comenzando con Atenas, la Roma de la República antes del Imperio, el mundo árabe en España y en el comienzo de las colonias estadounidenses no había interferencia estatal en materia educativa. Cualquiera podía instalar un colegio y competir para atraer alumnos a muy diferentes precios y condiciones, lo cual produjo como resultado la mejor educación del mundo de entonces. Debido a que el control gubernamental poco a poco se fue apropiando de la educación, desde el siglo XVII se instaló el primer sistema estatal en Alemania y en Francia. Ya en el siglo XVIII la mayor parte de Europa estuvo bajo la influencia de este sistema (excepto Bélgica, que lo impuso en 1920).

    Por último, destaco que, en una sociedad abierta, cuando se estima que padres lesionan derechos de sus hijos sea en materia educativa, alimentaria o física, quienes detectan esas conductas pueden actuar como subrogantes ante la Justicia.

  • El veto de varios países de Europa amenaza con estancar la reforma fiscal global.

    La directiva de la UE se enfrenta a la resistencia de Polonia y Hungría, Malta, Estonia y Suecia para implementar una tasa impositiva corporativa mínima del 15%. El desafío pone en duda el objetivo de la comisión de un acuerdo entre los gobiernos de la UE y el Parlamento Europeo bajo la presidencia francesa de la UE para cumplir con la fecha límite acordada a nivel mundial de enero de 2023 para la entrada en vigor de la nueva reforma fiscal global.

    Este martes pasado, 18 de enero, los ministros de finanzas de la UE se reunieron en Bruselas para discutir la directiva propuesta por la Comisión en diciembre del año pasado, luego del acuerdo internacional de la OCDE en octubre para introducir la tasa impositiva corporativa mínima efectiva del 15% para aquellas empresas con una facturación anual superior a 750 millones de euros, teniendo la OCDE como objetivo la eliminación de los paraísos fiscales y la garantía de que las empresas multinacionales del mundo, incluidos los gigantes tecnológicos, paguen sus impuestos.

    El acuerdo de octubre se basó en dos pilares. El pilar uno reasigna una parte de los impuestos pagados por las multinacionales grandes y altamente rentables de la jurisdicción de su sede a la jurisdicción en la que se realiza la facturación, mientras que el pilar dos introduce una tasa impositiva corporativa mínima efectiva del 15%.

    Mientras que para el pilar uno aún no se ha llegado a un acuerdo técnico a nivel de la OCDE, los signatarios del acuerdo fiscal de la OCDE ya pueden implementar el pilar dos. Todos los estados miembros de la UE se encuentran entre los signatarios.

    Tanto la Comisión Europea como el gobierno francés, quieren implementar la directiva lo más rápido posible. El ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, dijo este martes: “Para la credibilidad de todos nosotros en esta mesa […], es importante que adoptemos esta directiva rápidamente”, dijo a sus colegas ministros. Sin embargo, los ministros de Finanzas de Polonia y Hungría, Malta, Estonia y Suecia discreparon. Temen que avanzar demasiado rápido en el impuesto corporativo mínimo podría poner a la UE en una posición más débil para exigir la implementación del pilar 1 del acuerdo fiscal de la OCDE.

    “El pilar 1 y el pilar dos están inherentemente vinculados y no vemos ninguna posibilidad de separarlos dentro de la UE”, dijo el ministro polaco Tadeusz Koscinski a los ministros de finanzas de la UE. “Necesitamos insistir en establecer garantías legales para que se implementen ambos pilares”, dijo Koscinski.

    Lo mismo piensa el ministro húngaro, Mihály Varga, para quien “ambos pilares deben abordarse juntos” y los progresos en el segundo de ellos deben ser “paralelos” a los avances en el primero. “Creemos que las reglas de impuestos mínimos globales solo pueden implementarse si otros países también cumplen con sus compromisos políticos”, dijo Varga.

    “Es muy importante tener en cuenta que se acordó una reforma global que se compone de dos pilares. Creemos que la UE debería trabajar asegurando la aplicación de ambos”, explicó también la ministra de Finanzas de Estonia, Keit Pentus-Rosimannus.

    Por su parte, Suecia compartió su “preocupación” por este calendario que considera apretado y su ministro de Finanzas, Mikael Damberg, avanzó que puede ser un “problema en su país debido a los requisitos constitucionales de elaboración de leyes”, dijo Damberg.

    Mientras tanto, Irlanda respaldó la directiva a pesar de que durante mucho tiempo se había opuesto al acuerdo a nivel de la OCDE, así como España, Países Bajos, Portugal, Grecia, Bélgica, Alemania y Dinamarca, entre otros. «En octubre de este año, 137 países apoyaron un acuerdo multilateral histórico para transformar la tributación corporativa global», dijo a los periodistas el comisionado económico Paolo Gentiloni. «Ya es hora de que cambien los impuestos globales», afirmó.

    Cuando se le preguntó sobre posibles reticencias futuras entre los países de la UE, Gentiloni argumentó que la UE no está armonizando las normas fiscales. «No estamos aboliendo la competencia fiscal. No estamos introduciendo una armonización de los impuestos corporativos en la UE, todavía tendremos diferentes niveles de impuestos corporativos en diferentes países. Estamos introduciendo un techo, un límite a la carrera hacia el abismo». dijo el comisario italiano.

  • Uber lanzará este 2022 sus primeros vehículos de delivery autónomo en California.

    Como sabemos, los servicios de entrega de terceros tuvieron una gran demanda después del inicio de la pandemia y, dado que todavía no estamos fuera de ella, es probable que la entrega de alimentos continúe siendo una opción popular para los clientes que prefieren quedarse en casa. El delivery autónomo ofrece varios beneficios, que incluyen tarifas de entrega reducidas para clientes y restaurantes y un contacto humano mínimo.

    Si el mes pasado hablábamos de la implementación por parte de la empresa de delivery Glovo de pequeños robots autónomos en Madrid como parte de este cambio hacia el futuro de las entregas autónomas, Uber ahora ha ido un paso más allá con su primera asociación con la startup de vehículos sin conductor ‘Motional’, con sede en Boston, para el desarrollo de una flota de automóviles eléctricos autónomos para su servicio de entrega a domicilio. Su primer programa piloto se iniciará en Santa Mónica, California, a principios de este año.

    El robotaxi totalmente eléctrico Hyundai IONIQ 5 de Motional con modificaciones en el vehículo será la próxima generación de automóviles que se utilizará para entregas autónomas. Esta será la primera vez que los vehículos de nivel 4 SAE de la compañía se utilizan para este cometido. El alcance del servicio de delivery será pequeño al comienzo, los vehículos eléctricos solo entregarán kits de comida de algunos restaurantes de Santa Mónica seleccionados por Uber Eats.

    El vehículo especialmente diseñado que ensamblará Hyundai está integrado con la tecnología de Motional, que comprende un conjunto de más de 30 sensores, que incluyen lidar, radar y cámaras visibles en todo el interior y exterior. Según la compañía, este sistema de detección ofrece una vista de 360º y puede ver hasta 300 metros de distancia.

    Karl Iagnemma, presidente y director ejecutivo de Motional, dijo que están orgullosos de que su primer socio de entrega sea Uber, ansioso por comenzar a usar su tecnología sin conductor confiable para ofrecer entregas eficientes y convenientes a los clientes en California a través de su delivery autónomo.

    “Confiamos en que esta será una colaboración exitosa con Uber y vemos muchas oportunidades a largo plazo para implementar aún más la tecnología de Motional en la plataforma Uber”, dijo Iagmema. Cuando se le preguntó si los clientes de Uber Eats tendrían que caminar hasta los vehículos para aceptar sus pedidos de comida, el portavoz dijo que las compañías compartirían más detalles sobre el servicio antes del lanzamiento.

    En una publicación en el sitio web de Motional, Iagnemma citó el rápido crecimiento de los servicios de entrega, que se duplicó aproximadamente desde el inicio de la propagación de Covid-19 y los cierres instigados por la pandemia en marzo de 2020, como la razón por la que la compañía entró en el espacio. Iagnemma predice que el mercado de servicios de entrega de alimentos sin conductor superará los 115.000 millones de dólares para 2030.

    Sarfraz Maredia, vicepresidente y director de Uber Eats en EE. UU. y Canadá, dijo en un comunicado que «sus consumidores y socios comerciales esperan conveniencia, confiabilidad e innovación de Uber, y esta colaboración representa una gran oportunidad para cumplir y superar esas expectativas»

    Tan excepcional como suena la entrega sin conductor y con drones, todavía no ha habido una empresa que realmente haya puesto su concepto en acción, especialmente a gran escala. Varias empresas han tenido la oportunidad de probar sus conceptos durante unos meses o algunos años, por lo que tal vez 2022 sea el año en que veamos una implementación más amplia de esta tecnología.