Como vengo neciamente repitiendo, el salario mínimo (SM) no sólo es fiel representación del intervencionismo gubernamental castrante sino un instrumento del estado profundo en su permanente afán de imponer la servidumbre a la población. Servidumbre que golpea más a los que menos capacidad de aguante tienen; entre los cuales están los desempleados, los del sector informal, y los pequeños y medianos empresarios y las poblaciones nativas ancestrales a las cuales se les dificulta la evolución cultural.
En 1931 en los EE.UU. se sancionó la ley Davis-Bacon con el propósito de evitar que trabajadores negros del sur, no sindicalizados, le quitaran puestos de trabajo a los sindicalizados del norte. Los defensores del SM entendían muy bien algo que hoy día se nos escapa a la gran mayoría; y es que, a quienes se les aumentan los salarios por la vía de la ley y no del mercado, no necesariamente saldrán beneficiados a más largo plazo, ya que serán reemplazados por trabajadores más calificados que rindan al salario más alto. Por algo hoy día están siendo reemplazados por robots.
Tampoco entienden que montar pequeñas empresas es inmenso reto; cosa que se les resbala a burrócratas gubernamentales que jamás han sido emprendedores. Y no perdamos de vista que esos pequeños emprendedores son el motor de una economía; es decir, que la economía depende de esas pequeñas y medianas empresas.
En los EE.UU., los genios del nuevo desgobierno de supuestos “demócratas”, o liberales que no creen en la libertad, o progresistas que son retrógradas, quieren imponer un salario mínimo de $15 la hora, cuando el mínimo federal anda por los $7.25; incremento casi del 100%. Ni se les pasa por mente que todo empleado que no rinde $15 la hora será sujeto de despido, particularmente en empresas pequeñas y medianas que están luchando por sobrevivir. Tampoco ven que los aumentos en los salarios se traducen en aumentos en los costos operativos que, a su vez, se traducen en aumentos de los precios o la quiebra de las empresas. O… puede que sí entiendan estas cosas y que por razones diabólicas quieren destruir el país para reconstruirlo a la Venezuela.
En Panamá, siempre me ha dejado perplejo cómo las asociaciones del sector empresarial se sientan en una mesa llamada “tripartita” derrochando verborreas estériles que siempre terminan en desacuerdos de manera que la determinación final del SM queda en manos de gobernantes que deciden sobre bases de clientelismo político y no sobre bases de un auténtico interés social. Y hasta se me paran los pelos de punta al usar la frase “interés social”, dado que la misma es comúnmente mal usada como comodín diabólico.
Debería ser más que obvio que con un aumento de precios se dará una disminución en la demanda; la cual, a su vez, repercutirá en una disminución en la producción. Esto se lo explicó a Obama el profesor George Reisman en el 2014, pero la razón económica no puede contra la corrupta razón politiquera. La única manera de lograr sanos aumentos en los salarios es logrando un aumento en la salud del mercado; lo cual no se logra con dementes mandatos centrales. En fin, ¿de qué sirve llegar a casa con más dinero si todos los precios suben? ¡Ha!, es que entonces el gobierno debe instaurar un “control de precios”; tal como lo establece y faculta el Artículo 284 de nuestra perversa constitución panameña.
Resumiendo: Mientras más intervención socialistoide sufre una comunidad, más se dificulta el emprendimiento, a punto que ya no es posible determinar las causas del éxito o del fracaso y toda la actividad económica queda sumida en tinieblas politiqueras.
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